Politización de la gestión de conflictos hunde a la minería

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Asolan el país en estos momentos sin control ni manejo alguno un conjunto de conflictos que están paralizando la minería y atacando proyectos muy importantes como el de Majes Siguas II. El siguiente cuadro recoge los principales:

• En lo que va de este gobierno, Las Bambas ha sufrido 118 días de bloqueo, equivalentes al 51% del tiempo, lo que pone en serio riesgo su viabilidad.
• Cuajone, que nunca había tenido un conflicto mayor, ahora no solo no puede producir, sino que el campamento carece de agua porque la comunidad ha tomado de manera criminal la represa de agua y ha destruido la línea férrea.

El gobierno no actúa para restablecer el orden e imponer el principio de autoridad. No solo eso. Las oficinas de gestión social de la PCM y del ministerio de Energía y minas no funcionan. Son inútiles. Peor aún, son dañinas.

En lugar de prevenir los conflictos, ayudar a los alcaldes y presidentes de comunidades a conseguir presupuesto para sus proyectos, y explicar los temas mineros a la población, como hacían antes estas oficinas, ahora con frecuencia alientan a los dirigentes y les hacen saber que los van a apoyar en sus demandas a las mineras (cuando por lo general quien no cumple sus compromisos es el Estado).

Este gobierno y sus operadores han generado expectativas que no se pueden cumplir y que han llevado a las dirigencias a pensar que todo lo pueden obtener y que basta la decisión política para ello.

En esas oficinas de gestión social ya no hay técnicos ni especialistas, sino políticos. En el siguiente gráfico podemos ver cómo los puestos claves en la prevención de conflictos han sido tomados por radicales que vienen de Perú Libre o del Frente Amplio, personas con una agenda política y que por lo general no conocen los problemas específicos de la minería y de su entorno:

El ministerio de Energía y Minas se ha convertido en un coto de caza de Vladimir Cerrón y Perú Libre, así como meses atrás lo fue en alguna medida de Guillermo Bermejo. En noviembre del año pasado se designó como jefe de la Oficina de Gestión Social de ese ministerio a Marco Sipán, un hombre que procedía del MAS de Gregorio Santos. Sipán fue el que se puso abiertamente del lado de las comunidades de Chumbivilcas contra Las Bambas, por lo que tuvo que ser retirado por la PCM, que asumió las negociaciones con Mirtha Vásquez a la cabeza. Según algunas fuentes, Sipán, en coordinación con Bermejo, contrató a 110 operadores con la misión furtiva de recoger firmas para inscribir el partido Vamos Pueblo, que llevaría la candidatura de Bermejo a la presidencia.  

Pero la suerte de Sipán no sobrevivió al cambio de ministro y a partir del 22 de febrero asumió esa jefatura Tomás Miranda, recomendado, según informaciones, por la madre de Vladimir Cerrón, con quien habría estudiado una maestría. El hecho es que este señor Miranda ya cesó a 65 de los operadores que puso Sipán y su propósito sería sacar a los 110 para reemplazarlos por personas recomendadas por Cerrón o Perú Libre, aparentemente con la directiva de apoyar la “minería popular” o informal en sus gestiones para que las empresas mineras formales les compren el mineral que producen. No sabemos qué otras consignas reciben.  

Pero el asunto es aún más preocupante. Según versiones que no he podido confirmar hasta ahora, pero que vienen de fuente enterada, los que ingresan a trabajar al Ministerio de Energía y Minas tendrían que pagar el 10% de su sueldo al partido. En ocasiones incluso hay que pagar para ocupar ciertos puestos, y algunos jefes tendrían la consigna de producir determinada cantidad al mes en consultorías u otras modalidades también para el partido. Al estilo de los Dinámicos. Sin contar lo que probablemente se le cobraría a empresas mineras por permisos, licencias u otros conceptos. Sin duda es algo que las autoridades deberían investigar.

El ministerio de Energía y Minas no puede estar en manos de Vladimir Cerrón. El Congreso debe censurar al ministro Carlos Palacios, una persona que, según la Contraloría, no reunía los requisitos ni siquiera para ser director regional de energía y minas, y expresarle al gobierno que el ministro debe ser un independiente preparado y que conozca el sector. De lo contrario, allí va un caso más de incapacidad moral. Los pobres del Perú no pueden darse el lujo de que el país desperdicie el recurso más potente que tiene para salir de la pobreza y alcanzar el desarrollo.  Lampadia