Jaime de Althaus
Para Lampadia
Una de las razones por las que la alianza entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón será difícil de romper es la misma por la que el gobierno reparte puestos en ministerios, organismos reguladores y empresas públicas a personas que no reúnen los requisitos profesionales establecidos: reciprocidad y, en muchos casos, complicidad.
Se trata de empresarios populares, constructores, transportistas y otras personas que apoyaron y financiaron la campaña y que han hecho sus pequeñas o medianas fortunas contratando con gobiernos regionales y locales y en algunos casos lavando dinero procedente del narcotráfico o de la minería ilegal en empresas de diverso tipo, incluidas constructoras, transportistas, etc., precisamente.
El caso de los Dinámicos del Centro es el de la utilización directa de un gobierno regional y gobiernos locales desde adentro, para obtener recursos ilegales.
En ciertos casos lo que tenemos son dineros de origen oscuro que ingresaron a la campaña, y Pedro Castillo debe retribuirles con puestos públicos, o con contratos. Debe tenerlos contentos para que no se escape una infidencia o una delación.
- De allí la permanencia del ministro Silva en Transportes, pieza clave en este esquema de reciprocidad cómplice.
- Y la del ministro Geiner Alvarado en Vivienda, menos notorio pero dedicado en parte al mismo encargo.
- Tampoco escapa a este sistema la designación de Ricardo Soberón en Devida, que ha ofrecido todo lo que los dirigentes del Fepavrae, que sin duda colaboraron con la campaña, demandan.
- El actual ministro del Interior, Alfonso Chávarry, fue uno de los directores del exministro Barrenzuela, aquel que prometió eliminar la erradicación y empadronar a todos los cocaleros.
Como sabemos, el crecimiento económico de los últimos 30 años ha generado esta burguesía popular, por lo general informal y en algunos casos originada en actividades ilegales. Parte importante de ella prosperó capturando -sea como alcaldes, funcionarios, proveedores o contratistas- los gobiernos regionales y locales que, como consecuencia del crecimiento económico y de una mala ley, tuvieron como nunca ingentes recursos que se convirtieron en un apetitoso botín laboral y presupuestal. Esto fue un círculo vicioso porque esos funcionarios impusieron peajes y pago de comisiones para otorgar licencias de funcionamiento o de construcción, encareciendo aun mas la formalidad. Y lo podían hacer impunemente porque los ingresos de los gobiernos regionales y locales no son localmente recaudados, sino que vienen transferidos desde el gobierno central, como maná que cae del cielo. No hay entonces ciudadanos fiscalizadores del uso de los impuestos que pagan. Y entonces las autoridades se convierten en reyezuelos clientelistas que no le rinden cuenta a nadie.
En reciente entrevista en El Comercio a Carlos Meléndez, el periodista le recuerda el diagnóstico que el politólogo había formulado en un podcast: que tras el shock del 90 vino un crecimiento, pero con reglas de la selva… “Así nació el capitalismo popular que halagan los defensores del modelo; así también se fue precarizando nuestra calidad de vida, como critican sus detractores”. Y le pregunta: ¿Castillo no es precisamente una consecuencia de esto? Y lo que respondió fue esto:
“El llamado ‘milagro peruano’ no fue solo de los tecnócratas, fue un milagro de la gente. Nuestras élites en realidad no vienen de lo que esperarían los ‘Chicago Boys’, una clase media que ha llevado a sus hijos a la universidad y estos se convierten en los CEO de las grandes transnacionales, sino en una ‘lumpenburguesía’ –es un término de Hugo Neira– que compra títulos en universidades que no pasan por la Sunedu, y que evaden impuestos a la Sunat. Nuestro shock neoliberal no previó que podía surgir la representación de este informal con plata. Aunque esto suene marxista, la clase política es el resultado de lo que pasó en la economía en los últimos 30 años. Y el ‘output’ político de una sociedad informal es el populismo.”
Es verdad, pero lo que hay que señalar acá es que el carácter informal de esta burguesía no es consecuencia del “modelo”, sino de la manera como el Estado se descentralizó y cómo reguló las actividades económicas, imponiendo requisitos, obligaciones y costos que expulsaron a estos empresarios emergentes de la formalidad. Tuvimos los polos opuestos de un sector formal hiperregulado y, del otro lado, la ley de la selva, efectivamente, consecuencia de esa sobrerregulación. Un Estado legal y socialmente excluyente que, sin embargo, ofreció arcas abiertas sin fiscalización ciudadana a los sectores emergentes y a las pocas elites regionales o locales que había que, con excepciones, las aprovecharon no para mejorar los servicios sino como medio de acumulación económica.
Lo que necesitamos es una reforma profunda de la formalidad y de la descentralización. Si queremos construir una república de ciudadanos. Lampadia
