Por Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia
La ley de prescripción (Nº 31751), que está beneficiando a los políticos delincuentes, fue promovida por Perú Libre, la pandilla que encabeza Vladimir Cerrón, quien fue precisamente uno de los primeros en acogerse a la prescripción, evitando ser sentenciado a cinco años de prisión por uno de los numerosos delitos que, según la fiscalía, cometió siendo gobernador de Junín.
El presidente del Congreso, Alejandro Soto, también se acogió a la ley por la cual votó, y se salvó de una posible condena de ocho años de cárcel, que es lo que la fiscalía pedía en su acusación.
Como es sabido, uno de los mecanismos favoritos utilizados por malhechores de toda laya, es obstruir los procesos judiciales en los que están involucrados, usando mil argucias para retrasarlos. Hay que precisar que jueces y fiscales contribuyen entusiastamente a la exasperante lentitud con que funciona el aparato de justicia, a veces por intereses subalternos, en ocasiones por simple incapacidad y siempre ateniéndose a formalismos absurdos, que parecen diseñados para entorpecer una rápida administración de justicia.
El hecho es que la ley ha sido utilizada inmediatamente por los políticos que la promovieron y consiguieron su aprobación (obtuvo 88 votos de 11 grupos en el Congreso).
Varios destacados juristas defendieron la ley argumentando que los procesos judiciales no deben ser eternos y que hay que ponerles un límite. En teoría el razonamiento es impecable, pero en la práctica peruana ya se están manifestando sus primeros indeseables resultados.
El remedio sería, sin duda, que el sistema judicial se desempeñara con plazos razonables, pero a estas alturas eso parece ser una utopía inalcanzable. Todas las reformas que se han emprendido han fracasado y la última, diseñada por la coalición vizcarrista, ha sido una de las peores.
Allí los caviares, aupados al Lagarto, impusieron sin discusión una Junta Nacional de Justicia que se ha convertido en su instrumento para seguir manipulando el sistema. (Y luego tienen la desfachatez de acusar a los que no se someten a sus órdenes de “dictadores”).
En suma, una evidencia más de que lo que en teoría puede parecer una idea sensata, se convierte en la realidad en un instrumento, que en manos de los facinerosos que dominan la política y las instituciones, sirve para proveerles de escandalosa impunidad.
Por supuesto, ellos están curtidos en estos menesteres, y les importa un rábano lo que opine la gente. Se siguen enriqueciendo ilícitamente y burlándose del mundo entero.
Los peor, todavía hay ilusos que creen que esta democracia fallida puede ser reformada con sus propios mecanismos, que son manejados precisamente por sus destructores. Se niegan a admitir lo evidente, se requieren soluciones radicales.
Invocando a Bukele
Sorpresivamente el presidente del Poder Judicial Javier Arévalo, hizo el lunes pasado un llamado para aplicar en el Perú los métodos utilizados por el presidente salvadoreño Nayib Bukele para derrotar a las maras, las violentas y numerosas pandillas que dominaban la vida del país centroamericano.
Una muestra de que el imparable avance de la delincuencia en el Perú, está convenciendo hasta autoridades de ese nivel de la necesidad de actuar con firmeza y energía contra el crimen.
Luego el PCM Alberto Otárola se subió a la ola y en una ambigua declaración pareció admitir también esa perspectiva.
Desgraciadamente esa es una posibilidad prácticamente nula en el Perú, con un Gobierno débil y precario, que pide perdón a los delincuentes y se allana a las infames recomendaciones de la CIDH, que es precisamente un organismo que ataca sañudamente a Bukele.
Mientras más se demore en emplear métodos duros en el Perú, más elevado será el costo a pagar.
Lampadia
