Jaime de Althaus
Para Lampadia
La coyuntura política en el Perú es adictiva, adrenalina pura, y por eso los temas de fondo, que es en lo que deberíamos estar concentrados para sacar el país adelante, parecen aburridos y carecen de interés. También es cierto que no hay tema porque no se avanza nada, sino que se retrocede en todo. O casi todo.
Porque hay un programa de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM que, milagrosamente, ha logrado sobrevivir y asentarse de alguna manera. Se trata de la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) a las normas que emite el Ejecutivo para evitar normas contraproducentes o inaplicables o contradictorias o innecesarias.
Desde el 1º de julio, 14 entidades públicas remiten obligatoriamente sus proyectos de normas a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (integrada por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), para someterse al AIR. Este proceso irá incorporando progresivamente a todas las entidades públicas del gobierno central, según se puede ver en el siguiente cronograma:
Esta reforma es fundamental para evitar que se de normas que obstruyen la libre iniciativa de los ciudadanos sin razón valedera. Implica que los servidores civiles deberán pensar y evaluar otras alternativas de solución, antes de emitir una norma. Supone un cambio de mentalidad en los funcionarios públicos. Según la Secretaría de Gestión Pública, a la fecha han sido capacitados 360 servidores civiles en la aplicación de esta herramienta.
En este caso sí hay que aplaudir a la PCM por no haber puesto dificultades a un programa que viene de años atrás porque se inició con la aplicación de otra metodología, los Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), a los procedimientos administrativos o trámites de las entidades públicas, que culminó hace un par de años con la eliminación o simplificación de 1,880 requisitos y con la eliminación de 1,300 procedimientos administrativos o trámites.
Lamentablemente el AIR llega un poco tarde en algunos casos.
El más grave es el relativo a las normas que emite el Ministerio de Trabajo, que recién va a ingresar a este programa a partir de enero del 2023. Si hubiera estado vigente desde este año, con toda seguridad el MINTRA no hubiese podido dictar los decretos supremos que restringen la tercerización y que facilitan las huelgas. El AIR hubiese saltado inmediatamente no solamente porque hubiesen tenido que ser normas con rango de ley, sino que habrían causado muchos más problemas a la economía y a los trabajadores que los que querían resolver.
De hecho, la aplicación del primero de esos decretos, si llega a darse, dejaría en la calle a decenas de miles de trabajadores que laboran en empresas tercerizadas, y afectará severamente la productividad de las empresas centrales que tendrán que realizar por sí mismas, sin el conocimiento especializado correspondiente, tareas que las empresas especializadas realizan con mucha mayor productividad. Y en el caso de la otra norma, es claro que un incremento de la conflictividad laboral no hará sino retraer las inversiones y el empleo, en perjuicio de los trabajadores.
Por eso mismo, nos parece un milagro que ese programa, requisito para acceder a la OCDE, haya empezado a aplicarse por fin. Sin embargo, nos preguntamos qué será de él cuando empiece a rechazar normas contraproducentes de ese tipo.
En realidad, deberíamos demandar que el AIR empiece a aplicarse también al stock de normas de los Ministerios más vinculados a la producción y al trabajo. Para ir desmontando ese intervencionismo de baja intensidad que se ha instaurado en nuestro país en los últimos diez años. Es fundamental si queremos volver a crecer a tasas altas, para reducir nuevamente la pobreza y generar empleo de calidad. Lampadia
