Algo extraño ocurrió con el proyecto de antepuerto (espacio anterior al puerto) del Callao que iba a construirse y funcionar mediante una concesión que se otorgaría en un terreno de la Marina de Guerra del Perú, en una ubicación ideal colindante al propio Puerto. El proyecto fue desarrollado por Pro-Inversión, y contaba ya con cartas de intención de varias empresas extranjeras que mostraban su interés en participar, pero misteriosamente, sin explicación alguna, Pro-Inversión anunció en noviembre del 2015 su suspensión y luego, el 27 de julio de 2016, un día antes del fin del gobierno anterior, anunció su cancelación.
Fuente: www.comunidadandina.org
El proyecto consistía en habilitar y operar un antepuerto en un área de 39 hectáreas perteneciente a la Marina situada a menos de dos kilómetros de los terminales portuarios. Dicho antepuerto permitiría el ingreso, estacionamiento, inspección de aduanas y salida de los camiones desde y al puerto del Callao. Tendría también una Zona Logística para tareas de almacenamiento y otras y una zona administrativa para oficinas públicas y privadas.
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Ubicación estratégica del proyecto
Lo que se conseguiría con este proyecto, según Pro-Inversión, sería ofrecer servicios de apoyo al comercio exterior de manera organizada, integrada y eficiente en una plataforma especialmente concebida para tales fines, con estándares internacionales, ubicación estratégica y gestión integral. La idea fundamental es mejorar la calidad de los servicios relacionados al comercio exterior y agilizar los procesos y el flujo de la carga a fin de reducir los costos logísticos, que en el Perú, como sabemos, son muy altos. De paso, perseguiría mejorar la fluidez y orden del tránsito de vehículos hacia y desde el Puerto del Callao.
Se trataría de una Asociación Público Privada (APP) auto-sostenible sin garantías del Estado, por 30 años, con una inversión de aproximadamente US$ 186 millones. Si ya había postores interesados con esas condiciones, la pregunta es, ¿por qué se canceló el proyecto?
Un ex funcionario del MEF, que prefirió guardar su nombre en reserva, nos dio la siguiente explicación: «El proyecto como estaba concebido requería una legislación ad-hoc (que incluía cambios en la ley de aduanas) y una vía elevada muy costosa. Además la Marina pedía ciertas liberalidades para el uso de los recursos que iba a generar”
El Almirante Carlos Raygada, por su parte, vinculado al proyecto, explica que esa vía elevada es un proyecto adicional que ya existía y que mejoraba el proyecto pero no era indispensable. No estaba considerada dentro de los US$ 186 millones. De hecho, hace dos o tres años el gerente de APM Terminals propuso que varias empresas se juntaran para hacer ese viaducto mediante Obras por Impuestos (OXI), pero la iniciativa no prosperó. Y sin duda podría financiarse parcialmente mediante un peaje.
En cuanto a las “liberalidades” solicitadas por la Marina, estas se refieren a que los ingresos generados por la concesión se destinen a la reubicación de la Base Naval más al norte, liberando una zona adicional para fines portuarios, es decir, para que el puerto del Callao pudiera crecer. Una idea sin duda positiva. Según el almirante Raygada, nunca se les dio la oportunidad de exponer el proyecto en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Por su parte, Alfredo Prado, jefe de prensa de Pro-Inversión, nos informó que el Concurso de Proyectos Integrales de ZALAC fue cancelado “a solicitud de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), al manifestar la necesidad de reevaluar el alcance del referido proyecto”.
Consultada, entonces, Verónica Zambrano, gerente general de la APN, nos explicó que el Proyecto fue cancelado para ser reevaluado “tomando en cuenta que como resultado del estudio de factibilidad se identificó la necesidad de realizar modificaciones a la legislación aduanera, respecto de las cuales el MEF no otorgó opinión favorable y la SUNAT realizó observaciones. Otro aspecto considerado fue la falta de disponibilidad de la totalidad del área necesaria para la ejecución del Proyecto, que actualmente se encuentra en posesión de PetroPerú…” (pero, según Proinversión, dicho terreno fue transferido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para estos fines, aunque al cancelarse el proyecto, el terreno fue devuelto a PetroPerú). Por último, informa Zambrano, “la decisión de cancelarlo contó con la aprobación del MTC”.
No obstante, la gerenta general de la APN termina diciéndonos que “A la fecha la APN se encuentra reevaluando este tema, por ser de nuestro interés y por encontrarse dentro de nuestra política portuaria el que el Callao cuente con una zona de actividades logísticas”.
De modo que debemos suponer que las objeciones que se hicieron eran perfectamente subsanables o fueron pretextos. Sería interesante averiguar qué presiones hubo, de haberlas habido, para cancelar un proyecto autosostenible que, tal como fue presentado, apuntaba a reducir los costos logísticos del comercio exterior peruano y mejorar así nuestra competitividad internacional.
Lampadia
