El mayor caso de corrupción en la historia latinoamericana y que abarca prácticamente a toda la región, nació desde el gobierno de la izquierda brasileña, del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Esta calamidad hizo carne en las virginales caretas de las izquierdas de la región, llegando con escándalo y a veces con sorpresa, a Argentina, Uruguay y Chile. El mismo habría afectado también al Perú, empezando por el gobierno municipal de izquierda de Susana Villarán y del mismo modo a los gobiernos nacionales de Toledo, García y Humala.
El caso más publicitado y de múltiples reverberaciones es el de Odebrecht, empresa cuyo CEO ha sido condenado a 19 años por la justicia brasileña y, que en el Perú está vendiendo todos sus negocios.
Últimamente, ha empezado a difundirse con mayor intensidad, las denuncias contra OAS, otra empresa constructora brasileña, que está siendo investigada en Argentina, Uruguay, Chile y Perú, por eventuales ilícitos vinculados al financiamiento irregular de campañas políticas, lavado de dinero y fraude en licitaciones. La firma se encuentra en el centro de una telaraña de ramificaciones del caso Lava Jato (Brasil).
El caso estalló en 2013 cuando la Policía Federal de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero en locales de lavado de autos, investigación que fue creciendo hasta descubrir que existía un completo cuadro de pago de sobornos y blanqueo de capitales a políticos y ejecutivos de Petrobras. Este se ha convertido en el caso de corrupción más grande del país (en el que se habrían desviado unos 10,000 millones de reales -US$ 3,850 millones- en sobrefacturación de obras y contratos de la gigante Petrobras) y a arrasado con el alicaído prestigio en los partidos políticos brasileños, en especial al Partido de los Trabajadores de Lula da Silava y Dilma Rousseff, pero también el de las más importantes empresas del país. (Ver en Lampadia: El Estatismo alienta la corrupción e ineficiencia y Brasil pierde por goleada en corrupción y economía).
Este escándalo llevó al proceso de destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, con el eco del gran descontento y decepción con su peor crisis económica desde 1930. Como hemos comentado anteriormente, los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), del endiosado Lula, han echado por la borda la mejor oportunidad histórica de Brasil para consolidarse como un país desarrollado. Hoy, está profundamente enfrentado y dividido, y podría terminar con el gobierno de izquierda que se veía dominando por mucho tiempo. Ver en Lampadia: El fin de Dilma Rousseff y ojalá de la corrupción política en Brasil
Desde su reelección, la presidenta Dilma Rousseff no ha tenido muchos motivos para sonreír. Todo lo contrario. Y no nos referimos solo al pésimo rumbo de la economía brasileña (con una inflación por encima de lo previsto y en recesión por segundo año seguido), ni porque la caída del precio del petróleo amenaza con golpear aún más al país. Sus preocupaciones se centran en el llamado caso del “Lava Jato” (algo así como lavado de auto, o lavado a chorro) o “Petrolao”. Ver en Lampadia: El escándalo en Petrobras pone contra las cuerdas a Rousseff.
Por su lado, el ex presidente Lula da Silva, viene del noreste brasileño, donde la política ha estado siempre dominada por caciques regionales que adoptaron una serie de acciones de corrupción para controlar y mantener el poder. De alguna manera se puede decir que Lula llevó las prácticas corruptas de sus socios políticos del noreste brasileño al gobierno central, donde entronizó la cooptación de críticos y opositores, y habría participado en el montaje de los circuitos de corrupción de Petrobras y los más grandes grupos empresariales brasileños del sector de la construcción. Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.
Pero el Petrolao no solo ha contaminado a la política y a la economía brasilera, sino que ha revelado ramificaciones en Argentina, Uruguay, Chile y Perú. En nuestro país, empresas brasileras como Odebrecht y OAS habrían otorgado dádivas a figuras políticas (incluso presidenciales y funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y el gobierno municipal de Susana Villarán) para obtener concesiones de obras en el país.
En el caso de nuestro país, hace poco se hizo público un informe de la Comisión Lava Jato que indicaría que la ex alcaldesa Susana Villarán habría recibido aproximadamente unos US$ 1’200,000 por parte de empresa brasilera OAS para apoyar en el financiamiento de la campaña contra su revocatoria. Al menos cuatro ciudadanos brasileños confesaron haber participado como ‘mulas’ llevando dinero por orden de Alberto Youssef llevando no menos de 100 mil dólares en cada viaje desde finales del 2012 (uno de los “doleiros” habría movilizado aproximadamente US$ 900 mil).
“La comisión investigadora, en base a las declaraciones dadas por estas personas que se han acogido a la delación premiada, estima que en esta quincena se habría podido trasladar desde Brasil un aproximado de US$ 1’200,000 para ser entregados, posiblemente, para la campaña de la revocatoria municipal de Lima”, indica el informe.
Recordemos que OAS, al igual que otras constructoras brasileñas, ha jugado un rol clave en la realización de proyectos de inversión pública en el Perú, particularmente en infraestructuras, sucesivamente, durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-06), Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2011-16). Por su lado, Susana Villarán habría favorecido a la empresa OAS con la construcción del proyecto Línea Amarilla (en ese momento denominado Vía Parque Rímac) y del Proyecto Río Verde. El protagonismo de OAS en las obras de infraestructuras en Perú es sorprendente dadas sus deudas en Infocorp (según América Televisión).
Ante las contundentes pruebas de corrupción en contra de OAS y las demás empresas implicadas, esperamos que continúen las investigaciones de presuntas coimas a los funcionarios de los gobiernos indicados y a Susana Villarán, mencionada específicamente en las últimas denuncias; quien, tras el fracaso de su gestión, perdió al íntegro de sus regidores en el proceso de revocatoria, que solo la dejó a cargo para gobernar con sus opositores.
Por su lado, otros países en Sudamérica no se libran de problemas de corrupción relacionados a OAS. En Argentina, se han iniciado investigaciones por acusaciones de sobornos a casi 100 empresas, entre ellas varias de origen brasileño, por sospecha de «algún tipo de réplica en las maniobras de cartelización que hubo en Brasil». Entre las casi 100 empresas involucradas están también las brasileñas Andrade Gutierrez, OAS y Camargo Correa. La Fiscalía ya pidió a la Tesorería General de la Nación los pagos realizados a las empresas involucradas durante el período 2006/12 y luego analizará las licitaciones.
En Uruguay, el Congreso abrirá una comisión investigadora por irregularidades en la construcción de una planta gasificadora. La constructora OAS desarrolló varias obras en el país pero sus problemas la llevaron en abril del año pasado a pedir protección patrimonial y a incumplir su contrato con el consorcio gasífero GNLS, que actualmente está paralizada. El diputado nacionalista, Pablo Abdala, ha denunciado que, tras la rescisión del contrato de OAS por parte de GNLS, la firma brasileña incumplió pagos, a su vez, con 380 empresas uruguayas por más de US$23 millones. OAS quedó debiendo dinero a constructoras, empresas de telefonía celular, imprentas y agencias de viajes. «Se fueron sin pagar las comunicaciones celulares», dijo el diputado.
El escándalo de corrupción vinculado a Petrobras también envuelve a otras grandes constructoras además de OAS, como Camargo Correa y Odebrecht. Esta última habría pagado en 2009 y 2010 sobornos al ex secretario de Transporte de Argentina, Ricardo Jaime, por adjudicarse obras ferroviarias en las cercanías de Buenos Aires.
En Chile también se ha destapado un escándalo de corrupción. El diario La Tercera, afirmó el 11 de julio que el ex director de Asuntos Internacionales de la constructora OAS, Augusto César Ferreira e Uzeda, reconoció que el jet privado que utilizó el político izquierdista y al candidato antisistema a la presidencia Marco Enríquez-Ominami (durante la campaña electoral de 2013) pertenecía a la empresa brasileña OAS. La gravedad de este acto es que la ley electoral chilena prohíbe expresamente donaciones extranjeras a campañas políticas. Además, según El País de España, «el Ministerio Público indaga el pago de alrededor de medio millón de dólares de SQM a una sociedad vinculada a la campaña del exdiputado.»
Como señaló la columnista de Veja, el mayor semanario brasileño, Joice Hasselman, el Petrolao es más que un caso de corrupción ordinaria; es un intento de corromper la democracia. El esquema es el peor y más peligroso tipo de corrupción que existe, porque va más allá de llenar los bolsillos de los corruptos. Por un lado los corruptos (funcionarios) y los corruptores (empresarios) trabajan en conjunto para beneficiarse, pero el dinero de la corrupción va a los partidos, financia sus campañas y la compra las voluntades ciudadanas. “Eso es un ataque directo a la democracia”, señala. Y es cierto. La democracia de Brasil y de varios países de Sudamérica está a prueba.
Lamentablemente los políticos están perdiendo legitimidad. Esperamos que esta sea la oportunidad para limpiar las casas de todos los países implicados en el mayor escándalo de la historia de Latinoamérica, empezando por supuesto, por el malévolo diseño corruptor de la izquierda de Brasil y sus soberbias empresas constructoras.
Lampadia
