Enrique Felices
Ingeniero
Para Lampadia
Durante décadas la profesión de ingeniero fue muy acreditada y atrajo a los mejores egresados de la secundaria. Las acciones que emprendió el Estado hace 160 años, venciendo adversidades políticas e intereses particulares, dieron impulso inicial a la formación profesional. Se fundó la UNI en 1876, hasta hoy su principal centro de enseñanza, y nacieron entidades como los Cuerpos de ingenieros del Estado, de Ingenieros de Minas y Aguas, y de Ingenieros de Caminos, cuyos aportes al desarrollo nacional están vastamente publicados. La formación profesional avanzó hasta fines de los 60 y retrocedió, como casi todo, hasta la década del 90. Pero en ese lapso, a contracorriente del declive general, la base creada hasta los 60 permitió formar una creciente capacidad nacional de ingeniería. Después, y a contracorriente del ascenso de la economía, comenzó a declinar. Esa es la tendencia por revertir.
En los 90 las nociones de Economía del Conocimiento y Sociedad del Conocimiento ya estaban universalmente afianzadas y los albores del internet auguraban un futuro radiante. El Perú no podía quedarse al margen, pero, según el más común de los lugares comunes de entonces, el escollo para la ciencia, la tecnología y la innovación era que el país tenía más abogados que ingenieros. El gobierno y el Congreso intervinieron, a su manera. Crearon cientos de universidades, con filiales y sucursales que dispensan sin exigencias títulos de ingeniero válidos para colegiarse y acceder a puestos públicos. Nos llevaron a las antípodas: a una sociedad donde priman las credenciales con que el Estado certifica que ingenieros titulados tienen conocimientos que en realidad no poseen.
Esto es crítico para el desarrollo nacional, porque es imposible gobernar sin buenos equipos profesionales. Las políticas públicas se concretan mediante inversiones y fracasan si los proyectos carecen de adecuada concepción y desarrollo. El Estado no tiene capacidad para planificar y priorizar inversiones ni contratar su ejecución. Para agravar las cosas, este último bienio se crearon 36 universidades públicas que titularán nuevos miles de ingenieros.
En el Perú actual, quien lo desee se convierte fácilmente en ingeniero.
Hay casi 380,000 colegiados, cifra inaudita para una población de 33 millones y mayoría refractaria a las matemáticas.
El Perú tiene más ingenieros con licencia para ejercer que Francia y el Reino Unido sumados, o que Alemania.
Y esa masificación existe porque no se evitó a tiempo.
El 2006 el decano del CIP, Héctor Gallegos Vargas, advirtió sobre su gravedad, cuando había 90,000 ingenieros colegiados frente a 8,000 de Colombia y 18,000 de Chile.
Ahora se necesita remediar el daño causado por leyes que autorizan la fabricación ad libitum de títulos profesionales, el cual se refleja en miles de proyectos públicos sin sentido, paralizados o inconclusos.
Para hacerlo hay el ejemplo de la historia peruana y de la regulación profesional en otros países.
La historia enseña que a inicios de la república el Estado no tenía un solo ingeniero que no fuera militar, y cuando pudo hacer obras con ingresos del guano, contratistas inescrupulosos, autodenominándose ingenieros, medraron por la falta de oficinas técnicas. Lo informó en 1864 el primer director de Obras Públicas, Mariano F. Paz Soldán, con palabras de validez actual:
“El que viaja por nuestro país ve por todas partes puentes caídos, puentes sin ríos, calzadas que son atolladeros, caminos que son precipicios, muelles cuyas reparaciones han ocasionado más gastos que los de su instalación, obras iniciadas en las cuales se han empleado grandes capitales sin obtener ningún resultado, obras en que se gastaba tres y se pedía doce, en fin obras en que a primera vista se conoce la ignorancia, el descuido y la mala fe”.
Para acabar esos vicios se reglamentó en 1873 el Cuerpo de Ingenieros del Estado, marcando claros requisitos de formación y exámenes de conocimientos para el ingreso y ascenso. Sus ingenieros diseñaron y supervisaron la construcción del ferrocarril central, la obra de mayor costo y complejidad jamás emprendida. Su examen de ingreso era la prueba nacional de aptitud profesional: quien no alcanzaba vacante recibía un certificado estatal de validez general. De esa manera el Estado peruano implantó, hace 153 años, un sistema de regulación profesional semejante al que existe en USA. Lo puede hacer nuevamente, con voluntad política, y lo necesita porque ya no tiene oficinas técnicas de calidad.
Los problemas de la ingeniería comienzan en las universidades, que otorgan títulos profesionales “A Nombre de la Nación” con valor oficial para colegiarse.
En los países desarrollados las universidades no otorgan títulos profesionales: sólo grados académicos (bachiller, magister, doctor) y a su nombre, no de la nación.
No es lógico hacer lo contrario a los países avanzados. En el sector privado los títulos profesionales son irrelevantes para la selección de personal, porque a la entrevista individual llegan solo los egresados de las contadas universidades con prestigio.
En el sector público, en cambio, los títulos son determinantes porque la colegiatura es requisito básico para un puesto o contrato estatal. Y las plazas estatales (salvo las inferiores) están parceladas en favor de los 35 colegios profesionales creados por ley. En los países desarrollados no hay masificación de la ingeniería porque su ejercicio está regulado: por el Estado, o por la autorregulación de sociedades profesionales que garantizan la idoneidad de sus miembros.
La regulación estatal existe en USA, Canadá, Japón y otros países (obviamente, China).
En USA el graduado de un programa académico acreditado (licenciado) que desee ejercer la profesión debe aprobar dos exámenes post-universitarios presenciales, con tres intentos permitidos para su aprobación. Son obligatorios para todos los graduados, de la primera a la última universidad del ranking.
El primer examen, de Fundamentos de la Ingeniería (FE), prueba si el postulante posee conocimientos académicos suficientes para iniciarse en la profesión.
El segundo, de Principios y Práctica de la Ingeniería (PE) es para los aprobados del FE, después de un mínimo de cuatro años de trabajo supervisado por ingenieros profesionales.
Aprobado el PE se obtiene la licencia estatal.
En Japón las exigencias son aún mayores.
La autorregulación profesional es efectiva en países como el Reino Unido y Australia donde las sociedades profesionales exigen a sus miembros pruebas periódicas de aptitud, y es inexistente en países como el Perú, donde para el ejercicio profesional basta la colegiatura. Eso se debe a diferencias de concepción.
En el Reino Unido las sociedades profesionales siguen las pautas éticas de The Institution of Civil Engineers (ICE), fundado en 1818, con la misión de defender a la sociedad de la mala ingeniería.
En el Perú y otros países, a semejanza española, existen colegios profesionales cuya misión principal es la defensa de sus intereses institucionales, y solo tienen como requisito para la membresía el título universitario.
El CIP está legalmente impedido de poner condiciones adicionales para la colegiación.
Además, el Estado sanciona como barrera burocrática de acceso al mercado cualquier exigencia en pro del ejercicio calificado y ético de la profesión (por ejemplo, aranceles), considerando al CIP como institución gremial, no deontológica.
El Estado necesita elevar el nivel académico de las universidades y exigir conocimientos mínimos para la colegiación. Eso es indispensable para planificar y ejecutar la inversión pública.
Además, dado que es impracticable examinar a los ya colegiados, la ley debería autorizar una certificación especial, voluntaria, que obtengan mediante examen los colegiados que se consideren competentes en las especialidades que intervienen en la formulación, diseño y ejecución de proyectos.
El mercado de trabajo premiaría esa certificación. Lampadia
