Ha llegado la hora de hacer un balance serio sobre la situación de Petroperú, su clamoroso descuido del Oleoducto Norperuano, el gigantesco proyecto de ‘modernización’ de la refinería de Talara y de su privilegiado estatus corporativo que le dio licencia para operar sin ningún control de parte del Estado, su accionista en nombre de todos los peruanos.
La semana pasada, el Oleoducto Norperuano sufrió su tercer derrame este año en Loreto por una nueva ruptura de la tubería. Más indignante aún es que Petroperú bombeó petróleo sin autorización, ya que su funcionamiento se suspendióhace más de cuatro meses para realizar las reparaciones ordenadas por Osinergmin para evitar que se repitiera el desastre de febrero pasado, cuando unas rupturas causaron el derrame de 3,000 barriles de crudo en la región amazónica, contaminando dos ríos utilizados por pueblos nativos como fuente de agua y dañando el medio ambiente.
Este último derrame muestra el nivel de ineptitud de la estatal Petroperú. Tras 16 años de falta de mantenimiento y 73 fallas identificadas (hasta ahora), queda claro que se ha llevado al Oleoducto Norperuano a prácticamente terminar su ciclo de vida.
Hace más de tres meses, publicamos en Lampadia: Se le acabó la ‘Tina’ a Petroperú, en donde explicamos que la paralización del oleoducto tendría para rato pues éste ya había agotado su ciclo de vida. Afirmamos que su nivel de corrosión debía ser altísimo y que por ello se habían multiplicado las fallas, cada vez, con más severidad. Para ilustrar la nota utilizamos el gráfico de líneas abajo que muestra que al inicio de operaciones de estas obras se generan fallas de alta severidad y frecuencia. Al asentarse las instalaciones, las fallas disminuyen sustancialmente por un largo tiempo, el período de vida útil. Sin embargo, si no se hace el mantenimiento adecuado y no se reemplazan los materiales desgastados o corroídos, las instalaciones entran en una nueva fase de fallas con alta frecuencia y severidad. Esta suerte de curva se llama: ‘Tina’.
Es justamente por estas continuas irresponsabilidades de la empresa estatal que en Lampadia consideramos fundamental que el sector privado tenga un rol más activo en la empresa. Recordemos que esto se intentó a finales del 2013 con la Ley 30130, la cual autorizaba que las nuevas inversiones en la modernización de la refinería de Talara y otras operaciones de Petroperú deberían hacerse con participación privada, bajo el esquema Asociaciones Pública Privadas (APP). La norma incluía un plan muy agresivo para introducir buenas prácticas de gestión y gobierno corporativo. Comprendía además, la intención de abrir el capital de la empresa a socios privados hasta por un 49% de sus acciones, que se cotizarían en la Bolsa de Valores.
Sin embargo, nada de eso se dio. Inocentes nosotros en no haber entendido que, detrás de esas palabras, solo había una estrategia para mantener el estatus de una empresa emancipada.Como señaló Iván Alonso, “vencido el plazo, lo que ha logrado la empresa para reorganizarse integralmente ha sido otro chiste de humor negro. En primer lugar, en materia financiera, pasó de ganar unos ínfimos 92 millones de soles en el 2013 a perder 95 millones en el 2014”.
Tras la aprobación de orientación populista, de la norma del Congreso para que Petroperú explote el Lote 192, lo que se ha logrado es deshacer uno de los fundamentos principales de la Ley 30130: no alentar la actividad empresarial por parte del Estado. Ya entonces se había exceptuado a Petroperú de la obligación de pasar sus compras, adquisiciones y contratos por el aro del Organismo Supervisor de Compras Estatales (OSCE), retirarla del ámbito de control de la Contraloría y del control del holding estatal de las empresas públicas, Foncodes; lo que le ha permitido a Petroperú actuar discrecionalmente. Primero con la intención de emular a Aramco de Arabia Saudita, bajo la presidencia de Humberto Campodónico, y luego, bajo la dirección del renunciante German Velásquez que manejo la empresa con una prepotencia de tufo velasquista. Y bueno, tras tanto secretismo sobre el proyecto de Talara y de la cadena de derrames, que ya no pueden llamarse accidentes ni movimientos del terreno (como declaró Arturo Melgarejo), se convierten más bien en actos de punibles irresponsabilidades. ¿Qué se debe hacer ahora? Está claro que la empresa estatal no está funcionando. Lo que se necesita es una reestructuración completa de Petroperú y ver de convocar al sector privado para abrir su capital, establecer el gobierno corporativo y desarrollar APPs para sus distintos proyectos.
Una reciente publicación del Cato Institute titulada ‘Opciones para la privatización Federal y Lecciones de Reformas del extranjero’ detalla que las mayores ventajas de una mayor participación privada en una empresa estatal es el incentivo de mayor eficiencia e innovación y una mejora en la inversión de capital.
Las empresas privadas en los mercados abiertos y competitivos, respondiendo a la naturaleza de la propiedad, tienen fuertes incentivos para incrementar la eficiencia, producir más y mejores productos a menores costos. En palabras del Cato Institute, “Las empresas buscan ganancias, que son una medida de creación de valor neto. Si una empresa no hace las cosas bien, perderá dinero y tendrá que cambiar de rumbo para evitar declararse en bancarrota.”
Además, el sector privado tiene incentivos para mantener sus instalaciones en buen estado y para invertir y satisfacer las demandas crecientesde sus clientes y de la sociedad. Para financiar expansiones, reinvierten sus ganancias y se financian en los mercados de deuda y capital. Por el contrario, las entidades gubernamentales a menudo consumen su financiación en temas burocráticos, descuidando el importantísimo mantenimiento y mejoras.
Petroperú está muy lejos de siquiera soñar ser una empresa eficiente y rentable. Como hemos mencionado anteriormente en Lampadia, Petroperú es más bien una OPP, una ‘Organización Para-Política’. Un ente que está al servicio de los políticos que ostentan la administración del Estado y sus agencias, como hemos visto a lo largo de todos los últimos gobiernos.
Petroperú no tiene gobierno corporativo (dicen que está en desarrollo, como si acabara de ser fundada), no tiene directores independientes, no tiene acciones en la bolsa y por lo tanto no tiene los controles básicos para una ‘empresa’ de ese tamaño. Ver en Lampadia: Petroperú no es una empresa, es una OPP.
Si de verdad queremos tener una empresa viable y manejar eficientemente sus proyectos, es indispensable lograr una asociación con el sector privado. Eso requiere el desenvolvimiento de un gobierno con visión, capacidad de comunicación y liderazgo, capacidades que esperamos adornen al nuevo gobierno.
Lampadia