La rotura de la cadena de pagos es un fenómeno creciente de paralización de la economía de un país, normalmente producido por problemas de liquidez del sector financiero, que genera un corte drástico del crédito y que impacta de sector en sector productivo, hasta abarcar toda la economía.
También puede romperse por agudos problemas financieros de un sector importante de la economía, que tenga importantes encadenamientos con el resto de la economía, especialmente si el fenómeno coincide con un período de debilidad económica.
La rotura de la cadena de pagos puede graficarse como el despliegue de un ‘hongo atómico’ que crece hacia abajo y va paralizando, uno a uno, los distintos componentes de la economía. La dificultad de manejo de este fenómeno es que, una vez que se gatilla, es prácticamente imposible de parar, pues el Estado no tiene la capacidad de dar crédito a todos los afectados; solo queda esperar que el hongo se consuma y reconstruir lo que quede. Su impacto genera un choque recesivo que eventualmente puede afectar hasta la capacidad del Estado de sostener los programas sociales. Ver ilustración:
Esto ya sucedió en el Perú entre 1998 y 2002 y tuvo tremendos impactos en la economía.
Efectivamente, el 10 de octubre de 1998, 3pm, en las oficinas del BCR, el Ministro de Economía y Finanzas, Jorge Baca Campodónico, con Germán Suarez, el Presidente del BCR, a su costado, anunció que, desde ese día, el BCR decidiría cada día, si facilitaría crédito al sistema financiero.
Las inmediatas protestas fueron desoídas, y a los bancos no les quedó otra cosa que cortar drásticamente el crédito, pues ninguno podía correr el riesgo de liquidez. Como entonces, el 80% de los depósitos bancarios era a 90 días plazo, la cadena de pagos se empezó a cortar muy rápidamente, y una vez desatada, no fue posible evitar el daño en todos los sectores de la economía, hasta entrado el siglo XXI.
Por ejemplo, entonces:
- Una zapatería de la calle Shell, no pudo conseguir crédito para pagar al productor de zapatos de Trujillo
- Este a su vez, no pudo pagar al proveedor de cuero de Caquetá
- Y este no pudo pagar a sus trabajadores
- Que no pudieron pagar al bodeguero de la esquina por los tarros de leche fiados, unos, y otros por pasta y frejoles a granel
Ese corte de la cadena de pagos llegó hasta el último rincón de la economía, y malogró los resultados de la economía en los importantes años 90, pues la recesión con la que terminó la década figuró, punta a punta, una década de logros muy pobres, a pesar de los éxitos del 93 al 97, años en que crecimos 7.5% en promedio.
Hoy , después de muchos años, nuestra economía está muy débil. El crecimiento económico está muy por debajo de lo necesario para la buena salud de la sociedad; la inversión privada recién ha empezado a crecer después de haber caído por tres años seguidos; el crédito al sector privado lleva creciendo alrededor del 5% (cuando la economía demanda un crecimiento de dos dígitos) y la inversión pública recién vuelve a sacar la cabeza después de graves problemas de crecimiento.
Además, en estas circunstancias, como producto del escandaloso afán imperialista brasileño (ejecutado por sus brazos empresariales), tenemos que enfrentar la parálisis de una serie de proyectos vinculados a Lava Jato. Situación que ya ha puesto en situación muy difícil a muchas empresas y trabajadores peruanos.
Ahora, de manera inentendible y con especial saña, Fuerza Popular (FP) pretende extender la parálisis del escándalo de Lava Jato a las empresas peruanas que tuvieron asociaciones o consorcios con Odebrecht. Esto, sin tomar en cuenta si las empresas peruanas se desvincularon de Odebrecht o si las empresas cambiaron sus equipos directivos, como es precisamente el caso de Graña y Montero; que parece representar nominalmente la inquina de FP.
Como hemos dicho con anterioridad, los eventuales actos dolosos, serían responsabilidad de las personas que podrían haberlos cometido, no de las empresas que tenían bajo su control, y mucho menos de sus trabajadores, proveedores, contratistas, e incluso del país en su conjunto, dado el riesgo de la ruptura de la cadena de pagos.
De promulgarse la ley que modifica el DU 003, que comprende a las empresas peruanas en las medidas intervencionistas, se haría un grave daño a muchos inocentes, y eventualmente, se podría generar un colapso de la economía, agravando el corte de la cadena de pagos. Un acto de irresponsabilidad extrema.
Es, pues, muy lamentable que por un mal diseño del gobierno (Marisol Pérez en el MINJUS) para enfrentar el escándalo de Lava Jato (ver en Lampadia: Y nosotros disparamos fuera del objetivo), por el que se dejó de poner interventores que cautelaran los intereses del Estado y se permitió un proceso desordenado de intervenciones descoordinadas y sin sentido práctico y equilibrado, por parte de la Fiscalía, el Poder Judicial, la Procuraduría, y la Sunat; que junto al afán sensacionalista de los medios, y de los políticos irresponsables, han creado un ambiente de linchamiento popular, que está haciendo daño a diestra y siniestra.
Ojalá podamos todavía recuperar la sensatez y lograr detener esta guerra mediática y política que puede hacer inmensos daños al país. Lampadia
