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Lima-Perú, 27/11/2017 a las 10:11am. por Lampadia

Brasil corrompe política y negocios

Y nosotros disparamos fuera del objetivo

Como explicamos la semana pasada, la crisis política y económica que está interrumpiendo nuestro desarrollo es producto de los escandalosos niveles de corrupción diseñados y ejecutados por el ‘putch’ imperialista de la izquierda brasileña, comandada por el ‘gran Lula da Silva’ y sus socios del chavismo y del castrismo. (Ver en Lampadia: Dios perdona el pecado, pero no el escándalo).

Fuente: youtube.com

Efectivamente, la estructura de corrupción diseñada por el Partido de los Trabajadores y las empresas constructoras brasileñas, con cuentas especiales y diversos mecanismos para la canalización de fondos, tenía tres propósitos fundamentales:

  • Apoyar la consolidación en el poder, de las izquierdas latinoamericanas.
  • Comprometer a políticos, periodistas y empresarios, en redes de corrupción, por el activismo de las empresas brasileñas,.
  • Multiplicar la participación de las constructoras brasileñas en obras que puedan retroalimentar fondos para profundizar los circuitos de la corrupción.

Este gran desarrollo mafioso fue felizmente desbaratado por los notables jueces brasileños y el sistema judicial estadounidense. Algo que debemos agradecer y ponderar; y en todo lo posible, imitar; tal como se hizo en Brasil con el ejemplo de ‘Manos Limpias’ en Italia.

Apenas estalló el escándalo de Lava Jato en el Perú, nuestra primera preocupación fue cómo separar la paja del trigo, cómo evitar que el remedio hiciera daño, afectando nuestra debilitada economía.

Es claro que hay que cortar la enfermedad de raíz, pero no podemos matar al paciente: nuestra economía. Los daños de la enfermedad se propagan por una serie de vericuetos que habrá que dilucidar, pero hay muchos inocentes que rescatar.

  • Entre ellos el personal peruano de las empresas brasileñas en el Perú, que han mostrado niveles de profesionalismo muy depurados y que, en su inmensa mayoría, no tienen nada que ver con las expresiones de corrupción.
  • Muchos funcionarios públicos de segundo nivel, que tampoco estarían involucrados en los malos manejos.
  • Las mismas obras que, desarrolladas o en desarrollo, son necesarias para seguir construyendo y otorgando mejores servicios a los ciudadanos.
  • Las empresas y profesionales peruanos que pueden haber estado vinculados comercialmente a los corruptos, pero no necesariamente a los actos de corrupción.

Esto configura una situación muy difícil de manejar. Hay que separar la paja del trigo y, para ello, se necesita enfrentar esta crisis con mucha seriedad, sin cacería de brujas, que nos pueda llevar a apuntar a elementos 'distractivos' o ‘scapegoats’, en lugar de los peces gordos.

En nuestra opinión, en vez de jugar a la ‘gallinita ciega’, una delicia para los medios irresponsables, debemos empezar a tomar medidas drásticas alrededor de la mata de corrupción, por ejemplo: por necesidad moral de la República, el gobierno debe intervenir las empresas brasileñas involucradas en la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha singularizado a corruptos y corruptores.

(Ver en Lampadia: A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente).

Lamentablemente, el gobierno no quiso escuchar, y la desenfocada ex ministra de Justicia, Marisol Pérez, diseñó el Decreto de Urgencia 003, que ha terminado trayendo más problemas que soluciones. Este decreto ha determinado la parálisis de obras muy importantes, la dificultad de transferir el control de proyectos a nuevos operadores, y, como temíamos, ha interrumpido los flujos de caja de una serie de proyectos, afectando severamente a miles de trabajadores peruanos, a subcontratistas, y al propio Estado, que no ha podido dirigir sus cuidados a acciones efectivas de resarcimiento.

Últimamente, Fuerza Popular propuso extender los alcances del Decreto de Urgencia 003, para comprender específicamente a las empresas peruanas que se asociaron con Odebrecht, como es el caso de Graña y Montero.La semana pasada, el Congreso promulgo la Ley que modifica el 003 que, como explica el especialista en Derecho, José Antonio Payet, es una ley con nombre propio que incurre en una serie de vicios constitucionales.

Julio Luque ya nos había alertado, en su artículo, El futuro de Graña y Montero, sobre la necesidad de tomar nota de importantes antecedentes internacionales, para evitar cometer errores innecesarios y costosos.

¿Qué tienen en común Siemens, Walmart, Daimler, Glaxo, British Aerospace, Avon, ABB y Alcatel, además de ser empresas globales líderes? Durante la década pasada, todas fueron halladas culpables de corrupción y soborno de funcionarios estatales en diversos países. (…) hoy todas han logrado sobreponerse al escándalo generado por sus malas prácticas.

¿Funciona, entonces, una especie de impunidad empresarial a nivel global? En absoluto. Todas estas empresas pagaron un alto costo. En el caso de Siemens, multas por más de 1.600 millones de dólares, además de cárcel para los directivos hallados culpables. Pero en ningún caso se pensó que el castigo debía ser la quiebra o el cese de operaciones. Las empresas son mucho más que sus accionistas y sus principales directivos. Cuando se comprueban casos de corrupción, se busca que caiga todo el peso de la ley sobre los culpables, pero se hace lo posible para no afectar al resto de stakeholders.

Estamos pues, llevando el escándalo más allá de lo adecuado a los intereses del país, pensando que al generalizar la lista de culpables hacemos justicia, cuando más bien se están pisoteando todos los derechos procesales. Incluso se está condenando sin que se hayan abierto investigaciones, y muchos menos, acusaciones.

Por otro lado, y más allá del caso de Graña y Montero, en el Perú se está asumiendo que las declaraciones de Marcelo Odebrecht sobre temas peruanos, también están enmarcadas en su convenio de beneficios penitenciarios con la justicia brasileña. ¿Es efectivamente así?

Mientras tanto, la primera ministra, Mercedes Araoz dice que la norma violaría presunción de inocencia y afectaría la cadena de pagos. “No soy abogada, pero sí creo que hay que respetar el tema de presunción de ino­cencia. Acá no estoy defen­diendo a nadie, si hay que investigar a algún funcio­nario de una determinada empresa que haya hecho un acto de corrupción, que se investigue”, dijo Aráoz.

Esperamos que este asunto encuentre la mayor sensatez y que sepamos preservar los mejores intereses del país. Lampadia

 

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