Por: Jaime de Althaus, Analista político
El Comercio, 28 de mayo de 2021
Seguimos discutiendo sobre cómo hemos llegado hasta aquí y cuáles fueron las fallas del modelo o del Estado que llevaron a que pueda eventualmente triunfar una opción radical, sin percatarnos de que un gobierno de Pedro Castillo hará que esas fallas se multipliquen por cien y que el país ingrese al pantano de la penuria económica terminal y el caos político y social.
Me sorprende que columnistas, politólogos y personas informadas no adviertan las consecuencias de “nacionalizar” los recursos, prohibir la importación de alimentos y bienes industriales, desaparecer las AFP, anular los tratados de libre comercio, revisar las concesiones de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, etc. y de todas las empresas que fueron privatizadas, revisar el acaparamiento y monopolio de tierras y otras medidas.
Todo está escrito en el plan de Perú Libre (Cerrón) y también en el que publicó recientemente el propio Castillo. Y lo dice en sus discursos de plaza. Para no hablar del “equipo técnico” que reclutó a última hora y cuyo desempeño vimos en el debate del domingo pasado.
La propia propuesta de una asamblea constituyente conformada por las organizaciones populares es la crónica de un megaconflicto político anunciado. Habría que modificar la Constitución para habilitar esa vía y es obvio que eso no va a ocurrir. ¿Entonces declarará la guerra civil para imponerla?
El Perú ya ha pasado por esto. Velasco estatizó la economía y la cerró. Recién el 2006 recuperamos el PBI per cápita de 1975. Perdimos más de 30 años. Hoy seríamos un país desarrollado. Y nunca habíamos crecido ni reducido la pobreza como pudimos hacerlo a partir de los 90. ¿Vamos a volver a repetir la historia, esta vez como farsa, como diría Marx?
¿Es tan difícil advertir las consecuencias de un gobierno de Castillo? Es cierto que la pandemia ha borrado toda objetividad y hay rabia. Pero también lo es que la izquierda ganó la batalla cultural. Batalla que ni siquiera se peleó. Durante décadas se entregó el terreno a los predicadores de la lucha de clases. Los beneficios sociales del crecimiento económico parecían tan obvios que nadie se molestó en percatarse de qué era lo que se enseñaba en las aulas públicas. Ningún maestro fue jamás capacitado en economía social de mercado. El empresariado y los partidos de centro y derecha no estuvieron.
Lo irónico es que la triunfante ideología de izquierda es la causante de los males que denuncia. La causa de los dos problemas que el modelo no pudo resolver -la informalidad y la mala calidad de los servicios públicos-, es la misma: un Estado patrimonialista dominado por una cultura política reivindicativa que encubre redes de corrupción y grupos de interés que han capturado el Estado y que no solo lo gestionan mal –para sí mismos – sino que producen una profusión de normas y cargas que solo pueden ser absorbidas por las grandes empresas y que son peajes a la actividad privada para beneficiarse con poder y con fuentes de ingreso.
Avanzar a un Estado moderno, meritocrático, facilitador e incluyente era la gran tarea pendiente, el gran objetivo nacional. En lugar de eso, Castillo propone un Estado aún más interventor y obstruccionista. ¡Qué desastre!
