Editorial El Comercio, 17 de febrero de 2020
En este Diario publicamos ayer un informe que daba cuenta de la alta rotación ministerial que sufre el país desde el retorno a la democracia en 1980. Así, se evidencia que, en promedio, los gobiernos sufren una baja ministerial cada 25 días. En el caso particular de la actual administración del presidente Martín Vizcarra, los ministros duran en promedio siete meses, y se tiene un recambio en el Gabinete cada 22 días.
Las razones de la baja permanencia en el cargo durante las últimas décadas son diversas. Aquí se incluyen las puyas internas, la confrontación con el Congreso, las acusaciones de malas prácticas o los eventos inesperados que –por desidia o por incapacidad– demandan responsabilidades políticas. Sin embargo, la razón más recurrente es también la más simple: falta de idoneidad para ejercer el cargo de ministro de Estado.
En ocasiones, esta falla en la selección se hace evidente solo luego del nombramiento. Alguien con un buen perfil y correcta trayectoria profesional, ya en la cancha, puede resultar inadecuado para el puesto. Ello, por supuesto, no exime de responsabilidad por la mala decisión al presidente ni al primer ministro de turno, pero ciertamente la aligera.
Otra es la reflexión cuando la persona elegida no cumple con los requisitos para ostentar un fajín ministerial, y aún así se le concede. Es este el caso de la nueva titular de Energía y Minas, Susana Vilca. Como se recuerda, la hoy ministra estuvo a cargo del Viceministerio de Minas en el 2011, en el primer equipo de gobierno de Ollanta Humala, pero se vio obligada a renunciar en enero del 2012 luego de revelarse que era propietaria de 17 concesiones mineras no declaradas ante la contraloría. A la señora Vilca se la vinculó también con la minería informal.
Cuestionado sobre el asunto, la justificación del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, fue sorprendente. “Hubo dos observaciones [sobre la ministra Vilca] por estar comprometida aparentemente con minería informal y otra formal que no hubiera declarado. Por esto último, se vio obligada a retirarse del cargo de viceministra el 2011; han pasado cerca de 10 años, todos tienen derecho a rehabilitarse”, indicó Zeballos.
Es verdad que todos tienen derecho a rehabilitarse. Pero un alto cargo político, precisamente a la cabeza del sector de donde nacen los cuestionamientos, no es la ocasión para hacerlo. Un ministro no tiene que ser del agrado de todos, y en su trayectoria puede tener experiencias, en mayor o menor medida, controversiales. La designación de la señora Vilca, sin embargo, puede ser interpretada como un acto de negligencia en la revisión de antecedentes, como una muestra de desinterés por el sector, como un indicador dramático de la falta de cuadros del gobierno o como una combinación de estas explicaciones.
Y tan legítimas como puedan ser las aspiraciones de resarcimiento de la señora Vilca, estas no tendrían que estar por encima de las que tenemos los más de 30 millones de peruanos de contar con un funcionario respetable, ecuánime y cuya transparencia no evidencie ni un solo rasguño de duda. Toda vez que, como se ha recordado también en los últimos días, en el 2007 la hoy ministra fue denunciada por dos trabajadores de su entonces despacho congresal por haberlos obligado a que depositen la mitad de sus sueldos en la cuenta de uno de sus hijos. Vale preguntarse entonces si, en realidad, en todo el país no había otro funcionario que pudiera asumir la cartera…
Lo cierto es que la imagen que transmite el gobierno con esta elección, complementada con la singular defensa del presidente del Consejo de Ministros a este nombramiento, no deja de ser preocupante. Sectores claves para la economía nacional, como los de energía y minería, merecen gestiones ajenas a cuestionamientos serios y conflictos de interés o, por lo menos, explicaciones que estén a la altura del problema. Si el gobierno lo entiende de modo diferente, su alta rotación ministerial tiene, a estas alturas, poco misterio.
