Jaime de Althaus
El Comercio, 4 de abril del 2026
“Fue muy sintomático que el tema de salud no fuera considerado en los debates. Los partidos no quisieron”.
Para resolver los problemas estructurales del Perú, quien gane requerirá un mandato claro para aplicar las reformas necesarias. Pero, salvo excepciones parciales, no hemos visto en la campaña ni en los debates llamados claros en esa línea.
Del lado de la izquierda las propuestas que se esgrimen más bien servirían solo para agravar los problemas estructurales del país. Ataques a las grandes empresas mineras y agroexportadoras, al sistema de concesiones mineras y al modelo capitalista o de mercado solo conducirán, si se aplican, al incremento de la pobreza y de la minería ilegal. Aumentar impuestos y regulaciones sectoriales y laborales solo llevarán a más informalidad, a menor inversión privada y a un Estado aún más excluyente y sin recursos para combatir la criminalidad. Excluir al sector privado de los servicios públicos y satanizar los negocios solo llevará a un Estado cada vez más corrupto e ineficiente.
Del lado de la derecha, centro-derecha y hasta del centro varios candidatos hablaron de simplificación de trámites, ventanilla única, digitalización del Estado, interoperabilidad y menos trabas municipales. Solo uno o dos de la necesidad de un shock desregulatorio masivo, para facilitar la inversión y el crecimiento, pero ninguno ofreció desregular el mercado laboral formal para que sea más inclusivo. Sin eso, no reduciremos la informalidad laboral, que es la gran injusticia estructural del país. Ningún candidato se siente con la elocuencia suficiente para explicar que reducir los costos legales del trabajo y eliminar la estabilidad laboral absoluta es lo que requiere para que muchos más peruanos tengan derechos y mejores salarios. Aquí falta un Milei. A lo más que llegaron un par de candidatos fue a proponer un incremento gradual de cargas tributarias y obligaciones laborales, y créditos a las Mype a cambio de formalización.
Dos o tres prometieron reducir impuestos y ministerios, y en esto López Aliaga fue el más radical y casi el único que puso énfasis en la necesidad de retirar del Estado a toda esa capa de personas que han entrado por vara, sin mérito, y que son la fuente de la corrupción y de la degradación de los servicios públicos. Nadie planteó fortalecer Servir para implantar la meritocracia a todo nivel, lo que implica la salida de los que no reúnen las calificaciones. Sin esto, no se podrá recuperar y mejorar los servicios públicos.
Fue muy sintomático que el tema de salud no fuera considerado en los debates. Los partidos no quisieron, seguramente porque saben que las reformas que requiere ese sector chocarían con la resistencia de los sindicatos, que se han apoderado del servicio para su propio beneficio, a costa del usuario. Por eso nadie mencionó la necesidad de introducir gestión público-privada a todo nivel –como los hospitales Kaelin y Barton que funcionan a la perfección– y separar financiamiento de prestación para que el usuario pueda escoger libremente donde atenderse, sea en un establecimiento público o privado, para obligar así a los estatales a ser eficientes para poder competir. Nadie quiso dirigirse a los usuarios para hacerles ver cuánto mejor atendidos estarían con estos cambios.
Si en la segunda vuelta no se abordan estas reformas, no cambiaremos nada.
