Jaime de Althaus
El Comercio, 14 de marzo del 2026
Nuestro sistema político se volvió parlamentarista cuando el Congreso eligió como jefe de gobierno –presidente– al congresista Francisco Sagasti y luego desde que eligió a José Jerí y después a José María Balcázar. Pero, a diferencia del parlamentarismo propiamente dicho, donde los ministros son congresistas de la mayoría, el nuestro es clandestino. Muchos ministros y altos funcionarios son colocados por las bancadas que eligieron al presidente, pero nadie sabe qué bancada puso a quién.
Se trata entonces, más bien, de una apropiación del Ejecutivo, de un copamiento o “captura”, para tener acceso al manejo presupuestal y beneficiar a las propias clientelas de distinto tipo. Se ingresa no por mérito, sino por relaciones. El resultado es la degradación creciente de los servicios públicos.
Esto ya se venía dando de manera fatal en los gobiernos subnacionales, verdaderos botines presupuestales. Pero Castillo llevó esas prácticas al gobierno nacional, y luego de él, desde Dina Boluarte, es el Congreso quien administra esta captura del Ejecutivo, dañando incluso a islas de excelencia tecnocrática como el MEF.
Pero el problema va más allá. Los partidos en el Congreso no solo ponen funcionarios, sino que regalan nombramientos y aumentos de sueldos masivos sin control. Los CAS, temporales por definición, se vuelven permanentes y acaban de recibir tres sueldos adicionales al año por más de 3.000 millones. A maestros y militares se les obsequia cédula viva. Y así sucesivamente. El aumento desmedido del gasto rígido en personal ha generado un riesgo estructural (David Tuesta), el de un déficit fiscal inmanejable e irreversible.
La rigidez no es solo fiscal. Es laboral, de gestión. Porque esos nombramientos no se dan dentro del meritocrático régimen Servir –con evaluaciones de desempeño–, sino con estabilidad laboral absoluta sin capacidad de exigirle nada al personal. Así es imposible mejorar los servicios públicos.
Este clientelismo irresponsable comenzó con fuerza desde el Congreso de transición que sucedió al disuelto por Martín Vizcarra. La disolución del Congreso es también una práctica parlamentarista, pero se hace para buscar una nueva mayoría, a fin de que el Ejecutivo pueda gobernar. Vizcarra disolvió el Congreso, pero carecía de partido y no buscó una mayoría propia. Fue un acto puramente político, para aumentar su popularidad. Sin embargo, esa frivolidad le costó la presidencia. El nuevo Congreso lo vacó. Pero también, sin contrapeso, aprobó leyes clientelistas que abrieron el proceso de inviabilidad fiscal.
El próximo presidente de la República deberá contar con mayoría parlamentaria para poner fin al ciclo anárquico, retirar del Ejecutivo a los funcionarios incompetentes colocados por el parlamentarismo clandestino e implantar una meritocracia absoluta en la que solo permanezcan los capaces.
Esa reestructuración profunda del Estado, que incluye una desregulación radical de la actividad económica, es la reforma más importante que deberá abordar el próximo gobierno, y no solo para conjurar y revertir el peligro mortal del déficit estructural, sino para tener servicios eficientes para la población y una formalidad inclusiva.
La bicameralidad va a ayudar a limitar los excesos clientelistas y populistas de diputados, pero se requiere aumentar el número de votos necesario para que el Congreso pueda insistir en una ley observada por el Ejecutivo. El presidente debe tener poder de veto. Otra reforma pendiente.
