Ian Vásquez
El Comercio, 17 de febrero del 2026
“Difícilmente Venezuela llegue a su potencial mientras un gobierno ilegítimo siga haciendo cambios”.
Cuando Estados Unidos capturó al dictador Nicolás Maduro en Venezuela el mes pasado, el presidente Trump anunció que su gobierno trabajaría con los líderes que quedaron del régimen, pero que desde entonces él gobernaría el país caribeño.
Ciertamente ha habido cambios positivos en Venezuela y la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, los está implementando bajo órdenes de Washington, aunque finja hacerlos por iniciativa propia. Por ejemplo, se ha empezado a liberar presos políticos y se ha aprobado una nueva ley de hidrocarburos que pone fin no solo a las políticas expropiatorias y arbitrarias que empezaron con Hugo Chávez respecto al petróleo, sino que también termina con el monopolio estatal petrolero que viene de 50 años atrás.
El gobierno de Trump dice que un nuevo flujo de petróleo beneficiará a ambos países e impulsará una recuperación económica en Venezuela que eventualmente llevará a una transición democrática. Queda claro, sin embargo, que la dictadura de Delcy es la que manda y que su incentivo es postergar cualquier transición mientras fortalece su posición económica y política.
El régimen venezolano, por lo tanto, está aplicando la vieja estrategia cubana de ganar tiempo, con la esperanza de que Washington redirija su enfoque a otros problemas que puedan surgir a lo largo del año. Desafortunadamente, no queda claro que Trump entienda que prima el tiempo en Venezuela si es que realmente le interesa establecer una democracia capitalista y no solo el negocio petrolero. Al final del día, como observa “The Wall Street Journal”: “La intervención de Trump en Venezuela no se medirá por el número de barriles de petróleo producidos. Su éxito dependerá de si el país vuelve a ser una democracia estable y proestadounidense”.
El régimen está haciendo lo mínimo posible para satisfacer a Washington y mantener mayor control a la misma vez. Bajo órdenes de Estados Unidos, ha liberado 444 presos políticos. Pero eso es de un total de más de 1.000 presos y en realidad el régimen había prometido liberar a todos para el 13 de febrero.
No solo va lento el proceso. Muchos de los que han sido liberados lo han sido bajo condiciones restrictivas. No se han levantado sus casos, por ejemplo, o no pueden expresarse libremente, o tienen que reportarse a las autoridades de manera regular. Algunos, como el líder opositor Juan Pablo Guanipa, fueron liberados, pero están ahora bajo arresto domiciliario y con grillete electrónico en el tobillo. No es exactamente lo que Estados Unidos tuvo en mente cuando mandó a liberar presos.
También está en proceso un proyecto de ley de amnistía general que cubre el período en el que el chavismo ha estado en el poder. Sin duda representa un avance. El problema, sin embargo, es que no se propone una amnistía general, según el experto legal José Ignacio Hernández. La ley se aplica a 10 hechos específicos, como por ejemplo “los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos en agosto del 2004”. En realidad, la ley se trata de una amnistía parcial.
Además, la ley trata a la oposición encarcelada como si representara el extremismo político. Caracteriza a la amnistía “como una suerte de clemencia frente a una radicalización política”, algo que “no ayuda a superar la crisis”, según Hernández. ¿Es esto lo que Estados Unidos mandó a hacer?
Podría ser tentador pensar que está mandando Estados Unidos en Venezuela, sobre todo si se incrementan los flujos de petróleo. Pero evidentemente no es el caso y difícilmente se generarán las inversiones necesarias para que Venezuela llegue a su potencial mientras un gobierno ilegítimo siga haciendo cambios que podrán ser cuestionados en el futuro. Cuanto más se colabore con la oposición legítima para acelerar la transición democrática, mejor.
