Javier Cipriani Thorne
Expreso, 20 de julio del 2025
En el Perú, a menudo, las grandes decisiones parecen ir en contra del sentido común. Mientras millones de peruanos caminan horas para conseguir agua o pasar interminables horas en un bus para llegar a su trabajo, hay soluciones posibles… pero trabadas. Es ahí donde se revela una profunda paradoja: tenemos los medios, pero nos falta voluntad.
Un ejemplo claro y esperanzador de eficiencia y colaboración es el Programa Agua de Emergencia, una iniciativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima liderada por el alcalde Rafael López Aliaga, ejecutada por la Fundación Lima con apoyo técnico de SEDAPAL y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). En un contexto donde más de 1.3 millones de personas en Lima no tienen acceso formal al agua potable, este programa actúa con rapidez, innovación y una clara vocación social.
Mediante la perforación de pozos, instalación de sistemas de distribución comunitaria, con participación activa de la población necesitada y el apoyo comprometido del sector privado y empresarios anónimos, se está logrando lo que durante décadas parecía imposible: llevar agua segura y asequible a los cerros de Lima. Es un modelo replicable, eficiente y tecnológicamente sólido. Y sobre todo, profundamente humano. Se está beneficiando ya a más de 600,000 personas.
Ahora bien, contraste este esfuerzo con lo que ocurre en el sector transporte. La Municipalidad de Lima ha gestionado 90 vagones de pasajeros y 19 locomotoras donadas en excelente estado provenientes del estado de California y la empresa Caltrain. Una oportunidad única para mejorar el transporte urbano de manera rápida, sostenible y a bajo costo. ¿Quién se opondría a eso?
Pues, increíblemente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En lugar de facilitar, bloquea. En vez de allanar el camino para que miles de ciudadanos viajen mejor, se opone. ¿Por qué? ¿A quién beneficia la inacción? Esta resistencia revela no solo un problema de gestión, sino una crisis de prioridades. ¿Cómo se puede rechazar una solución funcional cuando la gente clama por dignidad y eficiencia?
Lo que está en juego no es solo la movilidad o el acceso al agua. Está en juego el modelo de país que queremos construir. Un país donde el sector público y el privado no se enfrentan, sino que colaboran con propósito y empatía. Donde las soluciones no se enredan en la burocracia, sino que fluyen con la lógica de la urgencia social. Donde los valores cristianos —solidaridad, compasión, justicia— se traducen en obras concretas.
Hoy más que nunca, el civismo no se trata solo de votar o pagar impuestos. Se trata de involucrarnos, de apoyar, de sumar. Todos, desde nuestros espacios, podemos y debemos contribuir a hacer posible lo que es necesario. Porque si no priorizamos a los más vulnerables, no habremos entendido nada.
La resiliencia de nuestro pueblo merece autoridades a su altura. Merece un Estado que funcione. Merece trenes que anden y agua que corra.
