No hay control político a ministros
Jaime de Althaus
Para Lampadia
El tan vilipendiado Congreso de la República aprobó una muy buena ley que establece “los requisitos mínimos y los impedimentos para el acceso a los cargos de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción, con el fin de garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de su función”.
Esa ley se aplica a los funcionarios actuales. La disposición complementaria transitoria establece que “para permanecer en el cargo, los servidores en funciones deben adecuarse a los requisitos establecidos en la presente ley, en un plazo máximo de treinta días calendario a partir de su vigencia”.
Lo que deberíamos ver entonces en los próximos 30 días es la renuncia de muchos viceministros, secretarios generales y directores regionales que no cumplen los requisitos exigidos. La ley, sin embargo, no alcanza a cargos como directores generales o asesores, donde se refugiará la caterva de personas sin preparación y hasta con antecedentes policiales y penales designados o contratados por el gobierno.
La destrucción de la calidad del Estado, entonces, no se detendrá. Sobre todo, porque esas designaciones han sido solo un impúdico puntillazo final a la meritocracia en el Estado peruano. La estocada, recordemos, ya la había colocado el congreso anterior al aprobar la ley 31131, llamada ley CAS, que elimina ese régimen y nombra con estabilidad absoluta a quienes estaban contratados con esa modalidad y dispone se incorporen a los regímenes 728 o 276. O sea, ni siquiera al régimen de la ley de Servicio Civil, que es el único meritocrático.
La demanda de inconstitucionalidad contra esa ley logró que se declaren inconstitucionales los artículos que disponían que los trabajadores CAS sean incorporados a los regímenes laborales de los Decretos Legislativos 728 y 276, pero quedó en pie el artículo 4, que les da estabilidad laboral absoluta, debido al voto de los magistrados Blume y Miranda, que lo convalidaron. Así, más de 300 mil trabajadores adquirieron contratos indefinidos sin haber pasado por un concurso público y sin estar sometidos a un sistema de evaluaciones de rendimiento. La mejor receta para el envilecimiento del servicio público y el aumento de la corrupción, porque no se les podrá exigir nada. La ciudadanía quedará en manos de una burocracia todopoderosa e inimputable.
El Congreso, si está realmente preocupado por garantizar un Estado que sea capaz de brindar buenos servicios a la población con funcionarios responsables y calificados, debería modificar la mencionada ley CAS disponiendo que, cuando menos, el personal ex CAS se incorpore al régimen de la ley del servicio civil, que es meritocrático. Es lo mínimo.
De otro lado, la ley de requisitos para los altos cargos tampoco alcanza, por supuesto, a los ministros, que son cargos puramente políticos. En esos casos no funciona la ley sino el control político y mediático.
- Pero vemos que las bancadas del congreso no le están exigiendo al presidente del Consejo de ministros la salida de ministros inaceptables y corrosivos como los de Salud, Transportes, Energía y Minas y Justicia, antes de su presentación en el Congreso para buscar el voto de confianza sobre la política general de gobierno.
- También deben demandarle que el presidente Castillo deje de hacer anuncios demagógicos y absurdos tales como el de invitar a la OEA a investigar y sancionar la corrupción de los gobiernos anteriores y del actual, y de todos los gobiernos regionales y locales.
Basta ya de tonterías. Lampadia
