Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 16 de diciembre del 2023
“Tendría sentido que la regeneración nacional nazca de los sectores productivos, por más distancias ideológicas y sociales que haya”.
El problema no es que se hayan derogado las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), sino que la fórmula sustitutoria que se ha aprobado no resuelve el problema del número de participantes en la elección general del 2026, vuelve a cerrar el sistema elevando considerablemente el número de firmas para inscribir un partido y consagra nuevamente el voto preferencial que genera una lucha fratricida entre los candidatos de un partido con el riesgo de llevarlos incluso a buscar fuentes ilegales de financiamiento para obtener más votos.
O sea que terminaremos el 2026 con 30 o 40 candidatos presidenciales y sendas listas al Congreso, una locura inmanejable por el ciudadano común. En tamaña multitud se colarán más que nunca los indeseables, porque no se aprueba la reforma constitucional que impide postular a los que hayan cometido delitos graves, y tampoco estamos yendo a un sistema de distritos uninominales o binominales para poder elegir mejor a los diputados ni hemos restablecido el financiamiento de campañas por empresas formales, dejándoles el campo a las ilegales.
Ilegales que, como sabemos, son las únicas que crecen. La criminalidad organizada avanza y frente a eso no se organiza una fuerza de inteligencia policial potente y lo único destacable son un par de decretos legislativos para que los gobiernos subnacionales inviertan en infraestructura policial y para expulsar a los extranjeros envueltos en delitos.
Pero ya vemos que fiscales o jueces liberan detenidos debido a un Código Procesal Penal que exige pruebas que el sistema no puede dar porque no hay laboratorios de criminalística, y porque la policía no puede avanzar si no tiene al fiscal al lado. El Gobierno había pedido facultades para resolver esto devolviéndole atribuciones de investigación a la policía, pero el Ministerio de Justicia obtusamente ha objetado el proyecto, con lo que la solución queda en manos de un Congreso que más bien prefiere aprobar leyes que le quitan dientes a la persecución del crimen o que le dan patente de corso a la informalidad e incluso a la ilegalidad.
El sistema de justicia, en tanto, yace envuelto en encarnizadas luchas de poder entre dos grupos originadas en una politización de la justicia que produjo abusos innombrables que ahora generan una reacción. Como si fuéramos enteramente predecibles, a este caso se aplica la ley de la física que dice que “a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario”.
Ante la anomia y la anarquía crecientes de la política y la institucionalidad, solo queda la iniciativa de la sociedad civil productiva para recuperar un rumbo sano y un sentido de nación. Pues la economía tampoco reduce la pobreza. Por eso, es alentador y sorprendente que se hayan reunido informalmente dirigentes de la Confiep y de la CGTP para iniciar conversaciones y que, además, varios gremios empresariales y laborales, tradicionalmente incomunicados, hayan convocado una marcha contra la delincuencia y la inseguridad para el próximo 19 de diciembre. Allí se han juntado la Federación de Construcción Civil, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), la CGTP, la Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Asociación de Gremios de Productores Agrarios (AGAP), la asociación de mototaxistas, entre otros.
Tendría sentido que la regeneración nacional nazca de los sectores productivos, por más distancias ideológicas y sociales que haya. Superarlas sería el signo de la viabilidad nacional. El diálogo social es factible y la prueba son los acuerdos orgánicos que se han venido dando entre Capeco y la Federación de Construcción Civil por más de 20 años. Que ese diálogo pudiera extenderse al conjunto para responder a la pregunta de qué tenemos que hacer para volver a crecer a tasas altas sería una verdadera innovación política y social nacional y fuente de esperanza.
