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Home Análisis

Voten NO
Rechacen el mamotreto

Pablo Bustamante Pardo Por Pablo Bustamante Pardo
7 de julio de 2022
en Análisis, Política

Pablo Bustamante Pardo
Director de
Lampadia

Esta vez coincidimos con The Economist, los chilenos deben rechazar la nueva constitución esculpida por la malhadada convención, que dio mucho espacio a izquierdistas radicales, ecologistas primitivos y movimientos étnicos.

Rechacen el mamotreto

El mamotreto de 178 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias, cae en infinidad de excesos que harían difícilmente gobernable a Chile. Pretende dar derechos a la naturaleza, al deporte, ampliar y des focalizar las funciones del Banco Central, permitir expropiaciones antojadizas, malogra el Senado, debilita el ejecutivo otorgando iniciativa de gasto al Congreso y da mucho espacio a un asambleísmo congresal, entre otras figuras creativas.

El presidente Boric ya se jugó por la aprobación del proyecto y seguramente usará todo el poder del Estado y del presupuesto público para influir en la votación del próximo 4 de setiembre.

Hasta ahora, tanto la aprobación de Boric como el rechazo de la constitución parecen definir una fuerte crítica al gobierno y al trabajo de la convención. El siguiente cuadro muestra la evolución del promedio de todas las encuestas analizadas hasta el 4 de julio pasado:

Líneas abajo compartimos el análisis de The Economist:

Gran error

Los votantes deben rechazar el nuevo proyecto de constitución de Chile

Es un desastre progresista y fiscalmente irresponsable

The Economist
6 de julio de 2022

Cuando los manifestantes enojados y ocasionalmente violentos tomaron las calles de Santiago, la capital de Chile, en 2019 y 2020, sus quejas fueron múltiples. Los estudiantes marcharon contra la costosa matrícula; otros se manifestaron en contra del sistema privado de pensiones del país y el servicio de salud raído. Muchos culparon de los males de Chile a un documento: la constitución adoptada en 1980 bajo Augusto Pinochet, el dictador que gobernó de 1973 a 1990.

Para sofocar las protestas, en las que murieron al menos 30 personas, el gobierno de centro-derecha de entonces acordó redactar una nueva constitución. Se eligió una asamblea constituyente de 154 personas, la mayoría de ellos de movimientos sociales en lugar de partidos establecidos. El resultado final de su regateo se hizo público el 4 de julio. Es absurdamente largo, con 388 artículos. También es fiscalmente irresponsable y excesivamente progresista.

Para ser justos, omite algunas de las peores ideas ventiladas en la asamblea, que estuvo dominada por izquierdistas. Estos incluyeron la nacionalización de todos los recursos naturales (la minería genera el 12% del pib) y la eliminación de la cámara alta. El banco central conserva su independencia, aunque su mandato se ha ampliado para incluir «la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente y el patrimonio natural».

Algunas ideas son loables. El documento requeriría la devolución de algunos poderes a las regiones y otorgaría a los pueblos indígenas el derecho a que se les enseñe en sus propios idiomas en las escuelas. Parece requerir que se aprueben leyes para legalizar el aborto y el suicidio asistido.

Pero, en general, el borrador es un lío confuso, lleno de lenguaje confuso que más o menos garantiza décadas de disputas sobre lo que realmente significa. Se darían derechos a la “naturaleza”. El borrador menciona “género” 39 veces. Las sentencias judiciales, la policía y un sistema nacional de salud tendrán que operar con una “perspectiva de género”, que no define.

El documento es mucho menos favorable a las empresas o al crecimiento que la constitución actual. Otorga a los sindicatos el derecho exclusivo de representar a los trabajadores, les garantiza una voz en la toma de decisiones corporativas y les permite declararse en huelga por cualquier motivo, no solo relacionado con el trabajo. Dice que toda persona tiene “derecho al trabajo” y que “todas las formas de precariedad laboral están prohibidas”. Eso podría hacer que sea bastante difícil despedir a alguien. Los propietarios de tierras, como los agricultores, podrían perder potencialmente los derechos de propiedad sobre el agua en sus tierras. La compensación por la tierra expropiada no sería a un precio de mercado sino al que el Congreso considere “justo”.

El borrador crea una cartera de derechos socioeconómicos que podría hacer estallar el presupuesto. Requiere el establecimiento de varios organismos nuevos, como un servicio nacional de salud y un sistema de atención desde la cuna hasta la tumba, sin pensar mucho en cómo se financiarían. El estado supervisaría la provisión de vivienda, a la que dice que toda persona tiene derecho. La especulación inmobiliaria estaría prohibida. Lo mismo ocurriría con la educación con fines de lucro.

Los controles y equilibrios legales sobre el gobierno se diluirían. Un nuevo consejo tendría poder sobre todos los nombramientos judiciales; anteriormente la Corte Suprema, el presidente, la corte de apelaciones y el Senado tenían un rol. El borrador da un vuelco al proceso presupuestario al otorgar al Congreso nuevos poderes para proponer proyectos de ley de gastos.

El documento es ridículamente amplio. Dice que el Estado debe “promover el patrimonio culinario y gastronómico” de Chile y reconocer “la espiritualidad como elemento esencial del ser humano”. Toda persona tiene “derecho al deporte”. Los no humanos también echan un vistazo: el estado «promoverá una educación basada en la empatía… por los animales».

La antigua constitución de Chile no era perfecta. De hecho, ha sido enmendado casi 60 veces. Pero en comparación con su reemplazo propuesto, es un modelo de claridad. Más importante aún, el antiguo modelo para gobernar funciona. Desde que se restableció la democracia, Chile ha sido un éxito latinoamericano. El pib por persona se ha triplicado desde 1990 y la pobreza ha disminuido.

En lugar de desechar la antigua constitución, los chilenos deberían desechar la nueva. Cuando el borrador sea sometido a referéndum en septiembre, deberían rechazarlo. Entonces se mantendría la constitución actual, y el Congreso mantendría el poder de revisarla gradualmente, por ejemplo, para facilitar la construcción de un estado de bienestar fuerte. Tal enfoque puede sonar poco inspirador para quienes salieron a la calle en 2019 y 2020. Pero a la larga es mucho más probable que haga que Chile sea próspero y gobernable. Lampadia

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