Por: María Alejandra Campos, Politóloga
El Comercio, 15 de agosto de 2018
El Comercio, 15 de agosto de 2018
Los peruanos que eran mayores de edad en 1992, la última vez que el Perú tuvo un Senado, antes del autogolpe de Alberto Fujimori, hoy tienen al menos 44 años y representan a tan solo el 39% de la población en edad de votar. Por ello, vale la pena hacer un recuento de cómo funcionaba la bicameralidad en los tiempos de nuestros hermanos mayores, padres o abuelos y compararlo con lo planteado en el proyecto de ley presentado por el presidente Martín Vizcarra.
La Constitución de 1979 estableció que la Cámara Baja estuviese compuesta por 180 diputados. Estas curules eran repartidas proporcionalmente según población entre los departamentos del Perú. Algo similar a cómo se elige ahora el Congreso. Según el proyecto de ley presentado por Martín Vizcarra, el Ejecutivo propone que la Cámara Baja esté compuesta por 100 congresistas y que estos sean elegidos a través de microdistritos binominales. En cristiano, que el país se parta en cincuenta pedazos y que cada uno elija a dos representantes.
El Senado solía estar compuesto por 60 personas elegidas a través de distrito único. Es decir, todo el país votaba por los 60. Lo cual hacía que los candidatos limeños tuviesen ventaja, puesto que esta ciudad concentraba una mayor proporción de población que el resto de los departamentos del país. En el último Senado electo, en 1990, fueron elegidos 56 hombres y solo 4 mujeres: Beatriz Merino (Fredemo), Irma Bustamante (Cambio 90), Ana Kanashiro (Cambio 90) y Mercedes Cabanillas (Apra).
En la actual propuesta del Ejecutivo, se plantea que haya 30 senadores y que estos sean elegidos a través de macrodistritos, aunque no se especifica cuántas personas elegiría cada circunscripción. Además, propone que la mitad de los postulantes de cada partido sean mujeres.
Los requisitos para ser senador o diputado eran ser peruano, estar habilitado para votar y tener 35 o 25 años, respectivamente. Hoy se plantean los mismos parámetros para diputados y se añade contar con 10 años de experiencia laboral para senadores.
Uno de los argumentos a favor de la bicameralidad que se esgrimen en la exposición de motivos del proyecto de ley, es el de los “bajos índices de aceptación ciudadana del Congreso de la República”. Sin embargo, esa es una característica que no ha cambiado con el tiempo. Entre enero y abril de 1992, antes del autogolpe, el promedio de popularidad del Parlamento en Lima fue de 18%, de acuerdo a encuestas de Apoyo Opinión y Mercado. Veintiséis años después, según la última medición de Ipsos en julio de este año, la aprobación del Congreso está en 15%.
Es probable que la continuidad en el desprestigio del Parlamento se deba más a la situación de los partidos políticos que lo componen, que a su diseño institucional. Hubo un tiempo en el que los partidos sí eran populares, pero perdieron respaldo vertiginosamente a fines de los 80. En 1987, el 41% de los limeños declaraba simpatizar con alguno; entre 1988 y 1989, la proporción se encontraba algo por encima del 30%; entre 1990 y 1991, había bajado alrededor de veintipocos por ciento; y para abril de 1992 solo 14% afirmaba simpatizar con un partido político.
