María Isabel León, Presidenta de Confiep
Gestión, 26 de abril del 2019
Hace 51 años, cuando se instalaba en el Perú el gobierno dictatorial del general Juan Velasco Alvarado, se inició un régimen de “Capitalismo de Estado” que reformó estructuralmente la industria, el agro, la minería, entre otros importantes sectores. Entonces, el Estado asumió la responsabilidad de organizar la producción y la expansión de diversas áreas de la economía nacional.
Así, se consumó el control estatal de las exportaciones, importaciones, crédito bancario, inversión y empleo. Resultado: un déficit fiscal de dos dígitos del PBI y un Banco Central de Reserva que no dudó en generar dinero e inflación. El manejo de la economía de entonces, nos llevó a tener décadas de deterioro y pérdidas que recién pudieron revertirse muchos años después.
El “buque insignia” de este periodo de nuestra historia lo constituyó, sin duda alguna, la Reforma Agraria, imposición dictatorial que violó los derechos de propiedad de unos para favorecer a otros, sin tener en cuenta de que toda legislación que quita a un ser humano parte de su propiedad, a la fuerza y sin su consentimiento, para dárselo a un tercero, está violando la libertad individual, cometiendo un robo y, por tanto, un acto inmoral. La sociedad ideal no es, ciertamente, aquella donde el gobierno se convierte en un ente asistencialista que subordina a sus ciudadanos, sino en aquel en el que cada ser humano pueda alcanzar el ingreso suficiente que le permita disfrutar de la libertad suprema: la de “elegir” qué hacer con él. Las importantes reformas llevadas a cabo a inicios de los años 90, como bien señala Fernando Zavala en la presentación del “Informe de Competitividad 2019” del Consejo Privado de Competitividad, hicieron que la economía peruana registrara tasas de crecimiento por encima de nuestros pares en América Latina en los últimos 25 años. En los últimos cuatro años, sin embargo, el crecimiento del Perú ha venido decayendo y, a pesar de encontrarse en ratios ligeramente mayores a los de muchos países de la región, se encuentra en una etapa que algunos economistas denominan como “meseta”, que no nos permite continuar. ¡Pero debemos hacerlo! Debemos continuar con el crecimiento sostenido, creando riqueza, fuentes de trabajo y recursos para la redistribución, reducción de la pobreza y bienestar nacional.
Decir que el modelo económico ha fracasado y que necesitamos un nuevo “pacto social”, porque la coyuntura nos ofrece una foto de inseguridad y corrupción, es negar el enorme avance y crecimiento que hemos registrado en los últimos años y el progreso en la reducción de las tasas de pobreza y pobreza extrema en realidad. Solo en el 2004 teníamos 58.7% de pobres y hoy la cifra bajó a 20%.
La explosión del escándalo “Lava Jato” iniciado en Brasil por el caso de la constructora Odebrecht desnudó los escándalos de empresas constructoras que pagaban millonarias coimas y sobornos desde un escenario inicial liderado por un presidente llamado “de los pobres”, de origen sindical, perteneciente al Partido de los Trabajadores del Brasil, y que significó –solo para dicho país- más de 349 millones de dólares de dinero mal habido que terminó en bolsillos de muchos corruptos y que salpicó a muchos países de la región. Si bien debemos condenar enérgicamente y en voz alta todos los actos de corrupción e ilegalidad en los que puedan estar involucrados de alguna manera, algunos sectores del Estado y del empresariado nacional, ello no es sinónimo de que todo el sector está corrompido y que pueda o deba ser metido en el mismo saco de linchamiento mediático. La corrupción está enquistada, lamentablemente, en la mente y en el corazón de muchos ciudadanos del país, algunos en el sector privado, otros en el público.
Hoy, resulta interesante resaltar y recordar la frase utilizada recientemente por los campesinos de la comunidad de Nueva Fuerabamba, cuando al referirse al fundo Yavi Yavi, donde se desarrolla un conflicto en vías de solución, se refieran a este como “mi propiedad privada”, término además, utilizado recientemente por la excandidata presidencial de izquierda, Verónica Mendoza, para identificar el derecho de estos mismos comuneros a disfrutar lo que por ley les pertenece como “propiedad privada”.
Es decir, avanzamos en reconocer, desde distintos espacios políticos y sociales, que el derecho de “propiedad”, consagrado en nuestra Constitución, debe respetarse para todos los peruanos, y claro está, para todos por igual.
Los empresarios privados, pertenecientes a los más importantes sectores de la economía nacional, agremiados en la Confiep, estamos decididos a continuar contribuyendo con el crecimiento y desarrollo del país, afirmando decididamente el sistema de libre empresa e inversión privada -grande, mediana, pequeña y micro-, sobre la base de la libertad personal y dentro de una economía social de mercado, tal como señala la Constitución, pero constituyéndonos como empresarios del siglo XXI, es decir, aquellos que fomentamos, además de legítimos réditos económicos, beneficios tangibles para nuestros colaboradores y para nuestra comunidad, fomentando una cultura de responsabilidad social que propugne un desarrollo que genere no solo utilidades, sino principalmente prosperidad y felicidad, y señalando enfáticamente que: Todas las empresas deben respetar los derechos de los trabajadores, pero también, que toda ley debe respetar los derechos de aquellas para lograr equilibrio y paz.
