Esta noticia extraordinaria llega a tiempo para modificar completamente la geografía política del país antes de las elecciones de 2016. Pero todo depende de que el Perú lo sepa.
Algunas veces en la historia de la humanidad una situación de conflicto larvado que se ha arrastrado por siglos sin solución cobrando vidas humanas ha sido modificada completamente por un descubrimiento, una nueva tecnología o innovación que lo transforma todo, lo revoluciona todo de la noche a la mañana.
Pues bien, dos ingenieros peruanos y un empresario que cree en ellos han descubierto algo que puede cambiar al Perú.
En las elecciones regionales de hoy, a lo largo de los Andes desde Puno hasta Cajamarca, hay un conflicto que domina el escenario. Es el del enfrentamiento entre las comunidades andinas y las empresas mineras. Los casos de éxito en el contrato entre comunidades y minas –el contrato comunal-privado, digamos– son probablemente muchos más que los fracasos. Los encabeza quizás el “modelo” de la comunidad de Ollachea, en Carabaya, Puno, que es hoy socia en la propiedad de un porcentaje de las acciones de la empresa creada por la minera canadiense IRL, que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, para explotar el recurso natural en sus tierras.
Pero nosotros tenemos ante los ojos, desde las elecciones de 2011, el caso de la mina Santa Ana en Puno: 63 millones de onzas de plata en un cerro invadido por mineros informales dirigidos por Walter Aduviri, quien es candidato hoy mismo al gobierno regional de Puno. Y delante de los ojos también el caso de Conga, en Cajamarca, devastada posteriormente por la gestión de Gregorio Santos, preso por secuestro agravado y corrupción, y aun así candidato hoy mismo igualmente al gobierno regional de Cajamarca.
Todo ese poder político local está construido sobre el miedo. El temor de las comunidades, multiplicado por los fantasmas de la agitación política en las regiones, al daño de la contaminación causada por la actividad minera sobre las poblaciones, el agua y la tierra. Por el uso de cianuro especialmente, un químico tóxico que genera gases, que puede flotar como polvillo en el aire, y que requiere por lo tanto transporte y almacenamiento especializado al alcance solo de la minería formal. La doble vara de la manipulación política la demuestra precisamente el hecho de que la minería informal no tiene modo de proteger a la población ni al ambiente de esa misma contaminación.
De punta a punta del Perú, desde Puno hasta Cajamarca, el temor a la contaminación tiene paralizados desde hace años miles de millones de dólares en inversión minera y se ha convertido en un instrumento de manipulación política de las poblaciones en favor de líderes radicales antisistema que, como Santos y Aduviri, esperan su turno para asaltar el poder. El panorama de las elecciones regionales de hoy es alarmante. Siempre está más oscuro antes del amanecer, sin embargo.
La noticia es que un empresario y dos ingenieros peruanos han descubierto la solución tecnológica que cambia la geografía del problema. Han hallado la forma de sustituir el cianuro por un derivado orgánico del maíz.
Lo han bautizado con el nada glamoroso nombre de RA-CN300. No es tóxico, es líquido, no genera gases, no flota en la atmósfera, no requiere transporte ni almacenamiento especializado, permite tener relaves mineros libres de cianuro y es totalmente biodegradable. El producto se halla a prueba en este momento en una gran minera peruana y dos chilenas. Los resultados son positivos. Sandro Pachoné, Alfredo Ortecho y Felipe Rey se llaman estos héroes tecnológicos anónimos hasta hoy, que trabajaron por años en las minas peruanas y que en silencio podrían cambiar al Perú con su descubrimiento si solo pudiéramos hacerle llegar a los comuneros andinos la evidencia real de que no hay nada que temer en el camino para llegar con las minas al contrato comunal privado que destrabe las capacidades embalsadas y ponga de nuevo el nombre del oro del Perú en los mercados financieros del mundo.
