Por Guillermo Cabieses
(El Comercio, 17 de septiembre de 2015)
Se está discutiendo la necesidad de establecer límites a la extensión de tierras agrícolas que una misma persona o grupo económico pueda tener. Esta posición se basa en tres tipos de consideraciones.
Ideológicamente, estiman que la propiedad privada debe servir a la colectividad y no al propietario.
Creemos, no obstante, que si estuviésemos hablando de la propiedad de estas personas y no de la de otros, la aproximación sería distinta.
En lo jurídico sostienen que el Estado tiene la potestad de fijar los límites de la tierra agrícola. Sobre la base de una cuestionable interpretación de un artículo constitucional que señala que la “ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona”.
No obstante, la propia Constitución consagra en varios otros artículos la inviolabilidad del derecho de propiedad, así como el deber del Estado de garantizar la libre iniciativa privada, la libertad de contratar y la libertad de adquirir, transferir, explotar o poseer bienes (salvo en situaciones excepcionales). Una interpretación sistemática de esta carta debería guiarnos en la dirección contraria.
En lo económico, consideran que es eficiente restringir la cantidad de hectáreas de uso agrícola que una misma persona puede tener para asegurar la “seguridad alimentaria” del país, amenazada por los latifundios. La concentración de tierras pondría en riesgo la “seguridad alimenticia” de un país. Serían preferibles las pequeñas extensiones de tierra pertenecientes a distintas personas que compitan entre ellas.
Están mezclando papas con camotes. Que una misma persona tenga una gran cantidad de tierra agrícola no significa que tenga el poder de mercado para fijar el precio de los alimentos. Esta aproximación económica al tema yerra al tratar la tierra agrícola como el bien que la gente consume y no como el medio de producción de los alimentos, que son los bienes que son finalmente consumidos. La concentración en sí, en este caso, no es un problema, pues incluso quien concentra, lo hace para producir bienes distintos que compiten entre sí y con los demás alimentos que se transan en el mercado gracias al comercio internacional de alimentos.
No obstante, no es ese el único error que cometen quienes proponen esta violación a la libertad de las personas. Si lo que se quiere es proteger la “seguridad alimentaria” del país, tiene más sentido permitir que quienes pueden producir a menor costo mediante economías de escala lo hagan. Esto asegura que la población tenga acceso a alimentos a un menor precio. Los alimentos tienen muchos sustitutos entre sí, por lo que si el vendedor de zanahorias sube mucho su precio, la gente puede comprar tomates; si estos suben demasiado, la gente se desplazará hacia otros alimentos.
Por otro lado, si lo que se quiere es promover la pequeña y mediana agricultura, nada peor que esta fórmula condenatoria del éxito. Lo que esta norma genera es el incentivo para no ingresar a esta industria y darle a las tierras agrícolas un uso distinto. El empresario que quiere empezar un negocio no lo hará si su posibilidad de crecimiento está limitada y no la de los que ya participan en ese mercado. El pequeño agricultor estará peor si le impide vender su tierra pero aun así seguir trabajándola ya no como dueño sino como socio minoritario o empleado.
En conclusión, de ser aprobada esta norma, se obtendría un efecto inverso al deseado.
