Por: Charo Camprubí
Para Lampadia
Varias polémicas de distinta índole están agitando la vida política española. De todas ellas la que se lleva la palma es la del juicio a los independentistas catalanes. Se acaba de anunciar que la fiscalía pide 25 años de cárcel para el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, por considerar que hubo delito de rebelión, mientras que la Abogacía del Estado pide 17 años, por sedición (las penas para los demás independentistas son inferiores). Por lo tanto, hay diferencia de criterio entre ambas instituciones a la hora de valorar si los acontecimientos que llevaron a la declaración unilateral de independencia (DUI) fueron actos constitutivos de rebelión, lo que implicaría violencia armada según el Código Penal español, o de sedición que implicaría acto tumultuario.
Son muchos los juristas que piensan que no se produjo rebelión porque las acciones en las que incurrieron los independentistas no alcanzaron el nivel de violencia que conlleva este concepto.
Sin embargo, el Partido Popular y Ciudadanos han saltado a la yugular de Sánchez, acusándole de haberle pedido a la Abogacía del Estado que rebaje las penas. Estos partidos quieren que el Tribunal Supremo les aplique el delito de rebelión y que no se les conceda el beneficio del indulto previsto en la Constitución.
En el extremo opuesto se sitúa el Presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. Este pretendía que Sánchez hiciera presión sobre la fiscalía para que se liberara a los presos. Que se soliciten penas por rebelión y por sedición es algo inaceptable para él. Ya ha anunciado que, en represalia, no votará los presupuestos generales del Estado que presenta el Gobierno. Sánchez es como un boxeador que está en el ring recibiendo golpes de los que quieren más penas y de los que quieren que no haya pena alguna.
Sin embargo, los independentistas tienen que reconocer que lo mejor que les puede pasar es tener a Sánchez en la Moncloa y no al tándem Partido Popular/Ciudadanos. Sánchez busca el diálogo; alerta de que la prisión preventiva ya está durando demasiado; quiere que las penas no sean excesivas y esboza la posibilidad de un indulto. No se le puede pedir más, ya que los actos que cometieron fueron gravísimos y tienen que ser tratados como tales. Los independentistas saben que si dejan caer al gobierno de Sánchez los primeros en pagar el pato serían ellos mismos.
Y, mientras tanto, Puigdemont está en libertad, ya que el Tribunal alemán de Schleswig-Holstein no concedió su extradición a España ni por rebelión ni por sedición sino tan solo por malversación. Demasiado poco para el juez Llarena que prefirió retirar la solicitud de extradición. Ahora Puigdemont vive en Bruselas y acaba de constituir un movimiento llamado la Crida cuyo objetivo es la unión de todos los independentistas bajo su égida. Su caudillismo crea anticuerpos, incluso dentro de su propio partido, pero nadie se atreve a atacarlo de frente porque se ha apoderado de la llama del independentismo. Su última hazaña ha sido la de crear un “Consejo para la República”, fundación privada de derecho belga desde el cual pretende gobernar Cataluña en paralelo. Está claro que uno de los peores errores de Rajoy fue el de no haber sabido evitar su fuga.
Otra polémica candente es la de la exhumación de los restos de Franco que reposa desde hace 43 años en el “Valle de los Caídos”, obra faraónica construida por los perdedores la guerra civil sometidos a trabajos forzosos y en la que muchos de ellos perdieron la vida. La familia de Franco, después de oponerse a la exhumación, ha solicitado ahora que se trasladen los restos a la Catedral de la Almudena. Dicha catedral está en el corazón de Madrid y podría convertirla en un lugar de peregrinación de todos los nostálgicos de la dictadura franquista, lo cual es inadmisible para el Gobierno. El tema fue tratado en el Vaticano entre la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el Secretario de Estado de la Santa Sede, con el propósito de buscar una solución aceptable para ambas partes.
Por si presos y exhumaciones no fueran suficientes, hay también chantajes e insultos. El chantajista es Villarejo, un ex policía corrupto. Grababa sus conversaciones con altos personajes de la política y ahora, desde la cárcel, las saca a la luz. Primero se cebó en el rey emérito; después en la Ministra de Justicia y ahora en la ex-secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Las grabaciones muestran que Cospedal se vio varias veces en secreto con Villarejo para preguntarle lo que se sabía sobre el caso Gürtel (por el que cayó Rajoy) y si convenía que la instrucción del caso se retrasase “todo lo posible”. Intentó pues interferir en la investigación de la justicia. Además, cuando fue interrogada por un juez, pretendió desconocer lo le había dicho a Villarejo y que sale en las grabaciones.
El insulto lo profirió el nuevo líder del Partido Popular, Pablo Casado, cuando acusó a Sánchez en el Congreso de ser: “responsable y partícipe del golpe de Estado que se está perpetrando en España”. Sánchez le solicitó que retirara la acusación de golpista y Casado no lo hizo. La consecuencia ha sido la ruptura de relaciones entre el gobierno y Casado.
Por último, la Monarquía como institución, ha sido reprobada tanto por el Parlamento catalán como por el Ayuntamiento de Barcelona que ha apostado por su abolición. Nadie se salva. Todo es materia de polémica en España ante la perspectiva de las diversas elecciones que se avecinan. Lampadia
