Por: Mario Zúñiga
El Comercio, 2 de abril de 2021
Como es usual en campaña, no faltan en el menú electoral promesas de nuevos derechos. Entre ellos, por supuesto, el derecho al Internet, un servicio que se ha vuelto, cómo negarlo, central en nuestras vidas (especialmente en tiempos de pandemia). Como tantas otras en campaña, sin embargo, se trata de una propuesta que no es novedosa (existen varios proyectos de ley al respecto); y que resulta innecesaria en el mejor de los casos, o peligrosa en el peor.
El acceso a Internet tiene un impacto muy positivo. Según el Banco Mundial, posibilitar que el 75% de la población de los países en desarrollo acceda a Internet (hoy accede aproximadamente el 35%) añadiría US$2 billones a sus PBI agregados, y crearía más de 140 millones de trabajos. En el Perú llegamos al 40,1% según el INEI (y esto es un promedio, en el ámbito rural el porcentaje es mucho menor). Según la CEPAL, aproximadamente 115 millones de niños dejaron de asistir a clases en 2020, pero más de 20 millones no pueden conectarse desde casa a las clases virtuales que las reemplazan. Esto, por supuesto, justifica que tengamos una política pública que fomente el acceso a Internet. Pero otorgar un derecho constitucional es solo un tipo de política pública, que muchas veces termina siendo meramente declarativa.
Debemos implementar medidas que tengan un impacto real en el acceso. Mucho más impacto tendría, por ejemplo, remover las barreras legales e institucionales que impiden o retrasan el despliegue de infraestructura (obtener una licencia municipal para instalar una antena de telefonía móvil requiere tanta paciencia y recursos, y tiene tantas idas y venidas, que trae a la mente el castigo de Sísifo). Debe implementarse una política educativa que enseñe a nuestros estudiantes a sacarle el mejor provecho posible al Internet. Se puede subsidiar la oferta (vía FITEL por ejemplo), pero de manera focalizada y sin distorsionar en la competencia. Mucho cuidado con inversiones ineficientes como la red dorsal.
Sería importante también derogar regulaciones como la “neutralidad de red”; innecesarias y que reducen la capacidad de generar valor de los dueños de redes y, por lo tanto, reducen los incentivos para invertir en ellas.
La declaración de derecho conlleva, además, algunos riesgos. Puede, para empezar, ser pretexto para que se permita la prestación estatal del servicio en violación del principio de subsidiariedad; o para generar regulaciones proteccionistas (ya hay proyectos de ley de ese corte) como controlar precios y/o condiciones de comercialización, o extender plazos de pago; todo ello en detrimento de la inversión y, por ende, de la calidad y alcance futuros del servicio. Es relevante mirar el caso argentino, donde la regulación de precios de incluso servicios minoristas (razonablemente competitivos) está afectando la inversión y la calidad del servicio.
Hace un par de semanas siete niños se perdieron en Canchaque (Piura) por buscar una mejor conexión a Internet para conectarse a su clase. Una antena cerca de sus casas haría más por ellos que una frase en la Constitución.
