Los derechos a informar y ser informado son dos principios esenciales del sistema democrático. La Constitución Peruana lo ratifica al señalar que toda persona tiene derecho “a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento […] por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura”. Sin embargo, si El Comercio publicara hoy una encuesta de intención de voto sería severamente sancionado, ya que la ley electoral determina que solo se pueden publicar encuestas “hasta el domingo anterior al día de las elecciones”.
La censura de la que somos víctimas producto de esta norma afecta no solo el derecho de la prensa a informar sino, sobre todo, el derecho de la ciudadanía a ser informada. El argumento por el cual los legisladores formularon esta disposición proviene de una idea parcialmente cierta: que las encuestas influyen; y una idea esencialmente errónea: que esta influencia es perjudicial para los electores.
La influencia de las encuestas es indiscutible, aunque ciertamente no es mayor que una primera plana en los diarios o un reportaje en la televisión; los que felizmente no están sujetos a ninguna censura. Lo que está menos claro es en qué sentido influyen. La creencia de que influyen a favor del puntero es errónea. De la misma manera que un titular agresivo en contra de un candidato puede terminar beneficiándolo al victimizarlo, la aparición de un candidato en el primer lugar en las encuestas puede perjudicarlo al desgastarlo. Lo que sí sabemos es que las encuestas tienden a focalizar la atención en quienes van en los tres o cuatro primeros lugares y en los temas que más preocupan a la opinión pública.
Las encuestas sí son perjudiciales para los que van rezagados en la intención de voto, ya que afectan el estado anímico de sus huestes y reducen la atención que les brindan los medios de comunicación. Sin embargo, en una democracia esta información no es perjudicial para los electores. Por el contrario, los puede ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, una encuesta puede orientar a los indecisos a votar por el que va segundo si les parece un mal menor frente al que va adelante. Esta decisión es legítima y saludable para el sistema democrático.
Como se vio en el reciente referéndum para la independencia de Escocia, las democracias más avanzadas permiten la publicación de encuestas hasta el mismo día de las elecciones. En el Perú y otros países de América Latina las encuestas siguen circulando hasta el final, pero no pueden ser difundidas en los medios de comunicación masivos con el inconveniente de que al no ser públicas la ciudadanía no sabe si lo que circula en las redes sociales proviene de encuestas verdaderas o falsas.
Nos guste o no, en el siglo XXI se viene produciendo el crecimiento exponencial de la comunicación inmediata y la transparencia informativa. La anacrónica disposición que prohíbe la difusión de encuestas durante una semana no se condice con la expansión de las redes sociales y debe ser derogada porque es una censura que afecta la libertad de prensa y el derecho de los electores a estar bien informados. Además, el mundo digital genera espacios que no habían sido contemplados por los legisladores del siglo pasado. La página de El Comercio en Facebook, por ejemplo, tiene más de un millón de seguidores. Cualquiera de ellos puede publicar encuestas como comentario a cualquier noticia y sería una tarea titánica bloquearlas. Las páginas web de la prensa extranjera ya publican encuestas peruanas y no hay manera de evitarlo.
El siglo XX sufrió un exceso de producción legislativa que se ha venido extendiendo hasta nuestros días. Cada vez es más claro que esta maraña de normas fomenta la informalidad y debe ser desbrozada. La censura de las encuestas es una de esas leyes que debe ser derogada no solo porque afecta a empresas formalmente constituidas sino porque, de la misma manera como ocurre en otros campos donde reina la sobrerregulación, la principal perjudicada es la ciudadanía.
