Roberto Abusada Salah, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 27 de diciembre de 2016
El esperanzador mensaje con el que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) eligió inaugurar su mandato fue el de encender el crecimiento económico y dar inicio a una revolución social.
Una ciudadanía cansada del mediocre gobierno saliente reaccionó con gran entusiasmo y expectativa. Sin embargo, transcurrido medio año de gobierno, muchos opinan que poco ha cambiado, que el gobierno parece no tener rumbo definido, y que el presidente continúa siendo perjudicialmente confrontacional.
No cabe duda de que PPK ha cometido errores serios. Se equivocó al designar a dos o tres colaboradores, quitándole tempranamente lustre a su gobierno. En lugar de rápidamente tender puentes hacia una oposición a la que arrebató el triunfo por azar, cometió el error de pulsearla contribuyendo a politizar en extremo el ‘affaire’ Saavedra. El presidente tampoco ha mostrado mucha destreza para impedir el a veces deplorable comportamiento de algunos miembros de su exigua representación parlamentaria.
Pero nada de lo dicho impide que el gobierno tenga eventualmente un desempeño económico brillante. Más aun, en medio de una herencia complicada el gobierno ha expuesto un diagnóstico adecuado y se ha propuesto objetivos correctos: promover la inversión privada, facilitar la inversión pública de calidad, cerrar las brechas sociales más apremiantes (como la desnutrición infantil o la falta de agua y saneamiento), y disminuir el alto nivel de informalidad. Pero la sensación de inacción parece haberse ya instalado en la mente de muchos.
Terminado el período para dictar leyes durante 90 días otorgado por el Congreso, el gobierno tiene una oportunidad única para retomar la iniciativa y ‘resetear’ su relación con Fuerza Popular. Debe mostrar y explicar cada uno de los más de 100 decretos legislativos que habrá promulgado al expirar el plazo señalado por el Congreso y mostrar que estos, en efecto, servirán para iniciar el período de reconstrucción que todos esperaron al final del régimen anterior. Los temas de seguridad, empleo y crecimiento son sin duda los más apremiantes. La lucha por hacer retroceder la inseguridad tomará tiempo y requerirá de intervenciones complejas al interior de varias instituciones, en particular en el Poder Judicial y la policía. Devolver al Perú a una senda de crecimiento con creación de empleo demandará igualmente un esfuerzo de gerencia sin precedentes dado el lastre burocrático-administrativo que pesa sobre la economía.
No solo se ha desacelerado el crecimiento, sino que el propio patrón de crecimiento ha cambiado para peor y de manera radical. En los diez años que terminaron en el 2013 la demanda interna crecía casi en 8% por año, y el componente de inversión privada dentro de ella aumentaba a una tasa anual promedio de más del 13%. Hoy la demanda crece al raquítico ritmo de 1% por año y la inversión privada, lejos de crecer, se ha desplomado en los últimos tres años.
El gobierno, por lo tanto, no tiene otra salida distinta a la de hacer crecer la inversión privada y pública. La caída de la inversión privada este año restará 1,4 puntos porcentuales al crecimiento. En otras palabras, si la inversión privada hubiera permanecido constante (con crecimiento cero) en lugar de caer 6%, la economía este año estaría creciendo por encima del 5%, la creación del empleo formal no se habría detenido, la pobreza continuaría decreciendo, y el clima económico sería uno de amplio optimismo.
Varios de los decretos legislativos promulgados están dirigidos a atacar la maraña burocrática que es causa importante de la desaceleración, y ello ayudará a frenar la caída en la inversión. El más importante es sin duda el Decreto Legislativo 1272 que modifica nada menos que 64 artículos de la Ley del Procedimiento Administrativo General promulgada durante el gobierno de transición y que en mi columna anterior llamé “la carta magna de la república burocrática del Perú”.
Simultáneamente, el Ministerio de Economía y Finanzas ha procedido a publicar tres decretos legislativos para acelerar las asociaciones público-privadas, las obras por impuestos y los procesos para la ejecución de la obra pública. Al mismo tiempo, ha reorganizado y empoderado a Pro Inversión para poner en marcha decenas de proyectos inexplicablemente frenados durante el gobierno anterior. De otro lado, ha promulgado diez decretos legislativos que adecúan los regímenes tributarios para alinearlos a los objetivos de dinamizar y formalizar la economía. Estos decretos abarcan aspectos que van desde la actuación de la Sunat hasta beneficios especiales para pequeñas empresas, y mejoras sustanciales en el tratamiento tributario aplicable en el mercado de capitales.
Leyes, sin embargo, no bastan. El presidente y sus ministros tienen que evitar confrontaciones y compensar el enorme déficit de liderazgo que dejó el anterior gobernante.
