Jaime de Althaus, Antropólogo y periodista
El Comercio, 18 de diciembre de 2015
La lucha contra la corrupción se está convirtiendo en un tema acuciante en el país y en la propia campaña. Como sabemos, el gobierno de Humala resultó una decepción completa en este terreno: nunca sacó adelante la autoridad autónoma de gobierno abierto a la que se había comprometido y terminó despidiendo a valientes procuradoras. Una de ellas, Julia Príncipe, se incorporaría al plan de gobierno de PPK y la otra, Yeni Vilcatoma, ha aceptado liderar el equipo anticorrupción de Keiko Fujimori con una propuesta novedosa y potente: darle autonomía constitucional a la Procuraduría del Estado, con procuradores nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Pero, ya sabemos, el CNM tampoco es ninguna garantía. Dos de sus consejeros están seriamente cuestionados y anteayer ha designado a sabiendas como fiscal supremo a un fiscal superior investigado por la Fiscalía Suprema de Control Interno por peculado y contra la fe pública. A este señor el fiscal de la Nación anterior le encargó trabajar la relación entre la justicia comunal y la fiscalía. Le daban dinero para viajar al interior y organizar reuniones con las rondas campesinas, etc. Resulta que, según la denuncia, cobraba por reuniones que no había hecho y enviaba informes con firmas supuestamente falsas de cientos o miles de comuneros. Una denuncia grave que fue puesta en conocimiento del CNM, lo que no le impidió nombrarlo fiscal supremo, contaminando una Junta de Fiscales Supremos que hoy goza de muy buena reputación tras la salida de Ramos Heredia. Es francamente desalentador.
No obstante, solo un partido –PPK– ha propuesto, hasta ahora, reformar la absurda y feble composición del CNM. Pero tampoco bastará con un nuevo CNM reformado, ni con una procuraduría o una comisión anticorrupción constitucionalmente autónomas y con facultades investigadoras, aunque serían un avance importante. Ni siquiera con una presidida por un funcionario extranjero designado por las Naciones Unidas, como ocurre en Guatemala.
Pues la corrupción ha crecido patológicamente en el Perú los últimos ocho años por dos razones principales: la precipitada descentralización sin controles y con mucho dinero producto de transferencias y no de recaudación propia (sin contribuyentes fiscalizadores), que convirtió a los gobiernos subnacionales en botines presupuestales asaltados por políticos aventureros sin partido, mafias de proveedores, de construcción civil y otras. Surgieron como hongos bandas extorsionadoras predatorias de la obra pública y privada y mafias de usurpación de terrenos, que captaron a policías, fiscales y jueces para protegerse. Y en los territorios de frontera usaron a los gobiernos regionales para legalizar la tala y la minería ilegales.
La segunda razón es la opuesta: el exceso de regulaciones confiscatorias en todos los sectores de la economía, en el trabajo y en las municipalidades, con el efecto de obligar a pagar para avanzar un trámite o evitar una sanción, o sencillamente de impedir el crecimiento de las empresas en la formalidad.
La solución, por lo tanto, es compleja: pasa por la reconstrucción de un sistema de partidos, de la capacidad de control, intervención y recaudación en los gobiernos subnacionales, de la desregulación radical, profesionalización y digitalización de los tres niveles y poderes del Estado, y de una profunda reforma policial-judicial que incluya a los colegios y estudios de abogados.
