Por: Iván Alonso, Economista
El Comercio, 16 de noviembre de 2018
Disculpará el lector que insistamos con el tema de las deducciones tributarias, pero el gobierno está llevando las cosas demasiado lejos. “Cualquier gasto que haga una persona debe significar pagar menos impuestos”, ha declarado el ministro Carlos Oliva. Las deducciones incentivarán a los contribuyentes a pedir factura (o recibo por honorarios). Con eso se dará un “golpe brutal” a la evasión. Quizás. Un golpe brutal a la recaudación, sin duda; y otro a la economía del país, también.
Uno se pregunta para qué quiere el ministro que los evasores declaren sus rentas, si después les va a permitir, como al resto de contribuyentes, deducir todos sus gastos. ¿Sobre qué base tributarán? Si todos los gastos de consumo son deducibles, lo único que queda por gravar es esa parte del ingreso que no se consume y que responde al nombre de ahorro. El Impuesto a la Renta se convierte en un impuesto al ahorro.
La consecuencia inmediata sería una caída en la recaudación tributaria. Como es evidente, el ahorro es una fracción –el 20%, digamos– de los ingresos del contribuyente promedio. La base imponible sería, por lo tanto, menor. Y menor sería también la recaudación.
Pero más importante aún es que la generalización de las deducciones reduciría el ahorro. La gente preferiría consumir más y ahorrar menos porque de esa manera pagaría menos impuestos. Un sol guardado es un sol gravado. Los más dispendiosos o impacientes terminarían pagando menos impuestos que los más frugales y precavidos. El desincentivo al ahorro afectaría a la inversión, y la caída de la inversión, a su vez, afectaría al crecimiento económico. El desincentivo se atenúa, pero no desaparece, en caso los gastos de consumo sean solo parcialmente deducibles.
El MEF parecería haber dado con esta idea por medio de una analogía superficial entre el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas. El IGV funciona con un sistema de crédito fiscal: el impuesto pagado por las compras de insumos se deduce del impuesto calculado sobre los ingresos, de manera que el contribuyente solo paga a la Sunat la diferencia. La deducción del impuesto pagado incentiva al contribuyente a pedirles factura a sus proveedores, lo que ayuda a reducir la evasión y le da al gobierno una base imponible amplia y proporcional al tamaño de la economía.
El MEF asume que la deducción de los gastos de consumo para fines del Impuesto a la Renta surtirá los mismos efectos. Pero hay una diferencia crucial. En el caso del IGV, lo que se paga a la Sunat –la diferencia entre el 18% de los ingresos y el 18% de las compras– es solamente una liquidación del impuesto. La empresa que usa su crédito fiscal, en realidad, está pagando IGV por el total de sus ingresos; pero lo paga en distintos momentos: una parte con cada compra que hace, y lo que queda, a fin de mes, cuando declara sus ventas. La persona que deduce sus gastos, en cambio, no va a pagar Impuesto a la Renta por el total de sus ingresos porque no hace ningún pago a cuenta de ese impuesto cada vez que consume algo. Al final, solamente pagará por aquella parte de sus ingresos que no ha gastado, y el gobierno se quedará con una base imponible reducida e inestable, como lo es el ahorro en proporción al tamaño de la economía.
Creemos, en suma, que esta batalla contra la evasión es una que el gobierno no quisiera ganar.
