El día martes, mientras el Perú luchaba contra la corrupción, un grupo de comuneros de Fuerabamba (la comunidad que fue reasentada en otra zona por la minera Las Bambas) bloqueó la carretera, se enfrentó a la policía dejando 11 policías heridos –2 de gravedad– e incendió el campamento policial. Por supuesto, no hay nadie detenido ni denunciado.
Los comuneros de Fuerabamba no solo recibieron en su momento una cuantiosa compensación por el reasentamiento y se les construyó una nueva ciudad fabulosa, sino que tienen contratos de abastecimiento de diversos servicios –desde hotelería y restaurantes hasta transportes y maquinaria– con la minera. Recientemente, sin embargo, la nueva directiva contrató a unos conocidos abogados extorsionadores para que la asesore.
Es lo que están haciendo ahora casi todas las comunidades que bordean la carretera, desde que el entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra, resolvió como resolvió el conflicto con las comunidades de Choqueja-Antuyo, Pumamarca, Quehuira y Allahua que, impulsadas por estos mismos abogados, habían bloqueado con zanjas la carretera de salida del mineral reclamando un pago por el paso de dicha vía. Pues bien, el entonces ministro aceptó darles 25 soles por el m2 de servidumbre, cuando en la sierra ese pago no pasa de 30 céntimos por m2. A ese exorbitante precio, una hectárea de cultivo valdría 250 mil soles, cuando las mejores tierras agrícolas del Perú no superan los 40 mil soles la hectárea.
Fueron decenas de millones de soles para las cuatro comunidades, de los cuales los hermanos abogados se embolsicaron algunos millones. Habían encontrado el negocio del siglo, la verdadera mina de oro. Por supuesto, todas las comunidades que bordean la carretera quieren ahora lo mismo, de modo que los benditos hermanos van de comunidad en comunidad ofreciendo sus servicios extorsivos: azuzan la destrucción de la carretera y luego exigen el pago. Y el Estado no es capaz de armarles un proceso ni denunciarlos. Menos aún a los ejecutores. Si la vía tiene más de 200 km, la servidumbre potencial ascendería a cerca de 200 millones de soles.
En este caso, además, hubo negligencia punible, pues normalmente el personal de la Oficina de Gestión Social del MEM, que está siempre en el campo para detectar cualquier problema desde su gestación, se hubiese enterado de los preparativos y hubiese podido prevenir los hechos. Pero al parecer el ministerio le había cortado los recursos para los gastos logísticos y no pudo hacer su trabajo. No hubo alerta temprana. Y de inteligencia policial, ni hablar. No existe.
Tampoco el Estado es capaz de usar el dinero de las regalías y el canon para hacer desarrollo integral en las comunidades. Ese dinero se entrega a los alcaldes para que no se gaste o se malgaste en obras corruptas –casi todos los alcaldes terminan presos–, en lugar de formar un fideicomiso o una autoridad o contratar una PMO capaces de ejecutar un plan de desarrollo rural integral.
Nos damos el lujo de sembrar conflictos en lugar de prevenirlos. De derramar corrupción para luego decir que luchamos contra ella. La lenidad es nuestra divisa. Mientras tanto, la pobreza ya no cae, aumenta.
Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 11 de enero de 2019
