Franco Giuffra, Empresario
El Comercio, 02 de enero de 2017
No estoy de acuerdo con que los contribuyentes peruanos regalemos plata a los partidos políticos. No, por lo menos, en las circunstancias actuales.
Va a ocurrir a partir de este año. En virtud de una ley del 2007, los partidos representados en el Congreso van a distribuirse unos 14 millones de soles anualmente, aplicando una fórmula preestablecida. Un primer tramo para todos en partes iguales y uno segundo en función de los votos obtenidos.
Los fondos, en principio, solo podrán usarse en gastos ordinarios, capacitación y formación. No para costear campañas electorales.
En teoría, el uso de dinero público para financiar agrupaciones políticas formalmente constituidas es una práctica difundida mundialmente. Dicen que fortalece la democracia, brinda transparencia a las fuentes de financiación y reduce la necesidad de recaudar platas sospechosas.
No me lo creo. Eso es más un deseo que una realidad comprobada. Un número importante de países de América Latina tiene alguna forma de financiación pública de partidos políticos, pero no hay evidencia cierta de que ello haya disminuido el ingreso irregular de fondos privados. Como ejemplo, pensemos en Brasil, el ahora campeón mundial de la financiación cutrera de campañas electorales.
Además de que se trata de algo que no tiene comprobación empírica, el financiamiento público de partidos en el Perú sería una forma de premiar la impunidad.
Ninguna agrupación política cumple hoy con las normas sobre divulgación de sus ingresos. Simplemente se sientan en las autoridades electorales. Ni respetan los plazos, ni incluyen todo, ni cuadran sus cifras. Reportan, literalmente, lo que les da la gana. O no reportan nada.
Tampoco tienen gerente general o tesorero formal a quien las autoridades puedan emplazar. Cuando salta alguna trafa, los candidatos no saben nada, los congresistas no saben nada, los dirigentes no saben nada. Siempre se pasan la pelota con generalidades del tipo “yo no veía nada de eso”, “eso lo manejaba fulano con mengano”. Las multas por estas mecidas simplemente son ignoradas.
Agregar plata de nuestros impuestos no va a solucionar nada. Menos aún que se restrinja a ciertas actividades y no a otras. Es una ilusión imaginar que un partido dirá “ya no vamos a pedir plata porque ahora tenemos la que nos brinda el Estado”. El dinero, además, es fungible: lo que tenían para una cosa lo usarán para otra.
Tal vez este buen deseo de finanzas ordenadas y transparentes funcione en Suecia, donde los ciudadanos están cableados de otra manera y donde las instituciones funcionan. Aquí será como pagar una ronda más de cerveza a una manga de borrachos impenitentes.
Antes de regalar la plata de nuestros impuestos, debemos exigir que los partidos cumplan con las normas que ya existen. Además, que nombren un funcionario con la responsabilidad civil y penal de informar, como lo hacen las empresas que cotizan en la bolsa, y que sus cuentas sean auditadas por una firma externa.
Finalmente, cabe exigir que las multas sean efectivas e inhabilitantes. No como ocurre ahora, que los partidos son como comités de microbuseros, que se mantienen activos, presentan candidatos y participan en elecciones sin pagar las multas electorales que llevan acumuladas.
Los contribuyentes deberíamos protestar para que no se destine dinero del Tesoro a fin de solventar actividades de organizaciones políticas que se zurran en el cumplimiento de la ley. Que cumplan con sus obligaciones primero y después conversamos.
