Ayer el presidente Ollanta Humala salió a los medios a dar la cara por su ministro del Interior, el señor Daniel Urresti, quien se ha convertido en el blanco de muy serias acusaciones. “No vemos su culpabilidad y creemos en la presunción de inocencia”, señaló el mandatario para luego invocar a que “mientras tanto que esto no nos distraiga, nosotros tenemos que luchar contra la inseguridad”.
Desgraciadamente, no distraernos en las acusaciones al señor Urresti es mucho pedir. Y es que estamos hablando de la posibilidad de que quien encabeza la lucha contra la delincuencia en el país haya estado involucrado en crímenes de lesa humanidad.
A fines de 1988, en la provincia de Huanta, un grupo de miembros del Ejército emboscó y disparó a Hugo Bustios Saavedra, corresponsal de la revista “Caretas”, y al periodista Eduardo Yeni Rojas Arce. Las balas de los militares derribaron a Bustios, quien trataba de huir en una motocicleta. Luego, los soldados pusieron una carga explosiva en su cuerpo para asesinarlo. Su compañero, afortunadamente, pudo escapar corriendo. La razón del homicidio, aparentemente, es que Bustios había fotografiado al comandante Víctor La Vera, acusado de la desaparición de 60 personas, facilitando así su identificación por la fiscalía.
En el 2007, el Poder Judicial sentenció a 17 años de cárcel a La Vera y a 15 al capitán Amador Vidal Sanbento por este crimen y ordenó que se determine quiénes serían los otros responsables del mismo. A raíz de esta decisión, en el 2013 se le abrió instrucción al hoy ministro Daniel Urresti, quien ha reconocido que en esa fecha prestaba servicio como jefe de la sección de inteligencia en esa zona, pero niega haber participado en el terrible asesinato. Existen, sin embargo, testimonios de cuatro personas recogidos en el auto de apertura de instrucción que, analizados conjuntamente, darían indicios de que Urresti podría haber participado de la emboscada a los periodistas, liderando la patrulla que actuó como comando asesino.
El ministro se ha pronunciado respecto de uno de esos testimonios (el de La Vera, sentenciado por haber ordenado el homicidio de Hugo Bustios Saavedra y el intento de asesinato de Eduardo Yeni Rojas Arce) indicando que se trata de una venganza personal y de un intento de endilgarle su responsabilidad en estos hechos. Sin embargo, no ha desvirtuado los otros. Por supuesto, esos testimonios no son necesariamente concluyentes, no se pueden determinar responsabilidades hasta que la investigación finalice y al ministro, además, lo ampara la presunción de inocencia. Hay que reconocer también que el ministro fue el primero en dar la cara, incluso antes que el presidente. No obstante, para que la ciudadanía esté tranquila, aún hay indagaciones que deben hacerse, pues la acusación tampoco se presenta –tomando las palabras del señor Urresti– como algo “jalado de los pelos”. Por eso, no es tan sencillo “pasar la página”, como el ministro dice que deberíamos hacer.
Hay algo que nos queda muy claro: el presidente cometió un tremendo error político al designar a este ministro del Interior. El señor Humala conoció que Urresti enfrentaba estas acusaciones antes de nombrarlo y debió prever que las mismas se harían públicas y llevarían a esta crisis política. Una crisis que pone en entredicho la legitimidad del ministro, que distrae a su cartera de la lucha contra el crimen y que le da armas a la oposición para cuestionar las decisiones o medidas que se tomen en materia de seguridad y de protección de los derechos humanos. ¿Acaso el presidente no podía encontrar a otra persona que se encargue de este ministerio y que no tuviese este tipo de flanco débil?
Parece que al señor Humala no le hubiese importado la posibilidad de llegar a fin de año con un séptimo ministros del Interior en lo que va de su mandato. Ni tampoco las implicancias que esta serie de rotaciones supone para aquello que fue una de sus principales promesas de campaña y que hasta ahora es una de sus mayores decepciones: la lucha contra la delincuencia.
