Gonzalo Prialé aborda en la siguiente entrevista el déficit de infraestructura que enfrente nuestro país, la importancia de las asociaciones público-privadas (APP) como herramienta fundamental para superar ese problema, y las trabas que impiden el avance de las APP en la ejecución de los proyectos de infraestructura nacionales.
¿Cuál es la importancia de las APP (Asociaciones Público-Privadas) en la solución de los problemas de infraestructura?
Hay una brecha de US$88,000 millones en los diversos sectores. Esto se puede tratar de cubrir en los próximos diez años, hay mucho esfuerzo que hacer, debe ser un reto conjunto para el sector privado y para la administración pública. Un vehículo valioso para atacar este problema de la brecha es la utilización de Asociaciones Público-Privadas (APP) para concursar y luego ejecutar proyectos con mantenimiento asegurado a 30 años. Esa es la gran diferencia entre una obra público-privada y una obra pública que no tiene mantenimiento asegurado y termina perdiéndose lo invertido. Es la historia del Perú: carreteras rotas, obras destrozadas o inútiles, y ese capital perdido se debe a la falta de mantenimiento. Las APP son el vehículo que le permitiría al país atacar este problema con la mayor celeridad, y en conjunto debería invertirse 6% del PBI (Producto Bruto Interno) cada año en infraestructura, tanto en obras públicas probablemente para obras pequeñas, y en APP para obras mayores. El esquema es conocido, hay experiencia, hace años que se aplica, se va mejorando. Justamente problemas del pasado sirven de lección para mejorar los contratos. Para esto se necesita proyectos, interés de los inversionistas y recursos financieros. Y justamente en este momento las tres cosas están a la mano: Hay una gran cantidad de proyectos esperando materializarse, suman más de US$56,000 millones de dólares, son los que han sido encargados a Pro Inversión y otros más. Hay gran interés de los inversionistas en participar, hemos recibido delegaciones europeas y de otros países explorando el mercado, y hay recursos no solo del financiamiento internacional -debido a la crisis en los países ricos hay mucho dinero buscando una oportunidad para invertir – sino que también hay mucho dinero en el país: En este momento el estado tiene recursos propios de libre disposición por más del 14% del PBI. Esto supera los US$20,000 millones y es plata «bajo el colchón del MEF» (Ministerio de Economía y Finanzas) que debiera usarse para fines productivos. Nos preocupa que ante la falta de posibilidad de la inversión porque no avanzan estos proyectos de APP se plantee la posibilidad de pre pagar deuda pública con estos recursos «sobrantes».
¿Por qué no se están implementando más Asociaciones Público-Privadas? ¿Por temas regulatorios o por la actitud del gobierno)
En primer lugar los procesos son bien engorrosos y toman años. Estudios efectuados demuestran que, en promedio, estos proyectos de APP toman entre cinco y seis años entre que se da la partida y se concursa. Ni siquiera que se ejecuta sino que se concursa. Esto responde al temor a tomar decisiones que prevalece entre los funcionarios, pesa mucho. Algunos dicen que si se aumentaran los sueldos este temor disminuiría, pero lo encuentro dudoso. Por otro lado, el perfil de los funcionarios encargados de la promoción de los proyectos de inversión no es el adecuado: generalmente se trata de excelentes funcionarios con experiencia fiscalista en controlar gasto, en lo que ellos denominan evitar que se gaste mal y gastar al menor costo posible, y eso es justamente lo que no hay que hacer. Hay que promover buenos proyectos, bien y rápido, con calidad en el gasto y en los controles. La actitud tiene que ser promotora, para ejecutar cosas, no para evitar que se gaste mal porque eso es sinónimo de «cuidado, mejor no hagamos nada». Por otro lado, la mayoría de los grandes proyectos en las regiones, que es lo que más urge, son co-financiados, es decir requieren un apoyo del estado porque el mercado allí no está desarrollado y no se sustenta la obra por sí sola, necesita un apoyo estatal. Y esto limita mucho la posibilidad de desarrollar proyectos porque parece que hubiera tanto temor a tomar decisiones como, peor todavía, tener que tomar decisiones para cofinanciar, es decir para dar un aporte del estado, eso les complica todavía más la vida. Entonces estamos en este momento en un entrampamiento porque los grandes proyectos son cofinanciados, como por ejemplo la Línea 2 del Metro de Lima, toda la red del Metro de Lima, las grandes carreteras, la Longitudinal de la Sierra y las carreteras de penetración mayormente cofinanciadas. Lo que estamos sugiriendo es que se reglamente las iniciativas privadas cofinanciadas – que pueden ser una gran herramienta -, que se pongan en marcha más concursos de Pro Inversión, aunque sean cofinanciados, para lo cual sugerimos que el factor de competencia sea primero establecer un cofinanciamiento tope, y luego que el concurso se oriente a quien ejecuta la obra por el menor cofinanciamiento posible. De esta manera se puede encontrar al mejor postor, pero no se puede estar con la política del avestruz, simplemente dilatando procesos para evitar tener que tomar decisiones y el país sigue esperando una solución.
