Jaime de Althaus
Para Lampadia

En Cajamarca muchos votaron para gobernador regional por el candidato de Acción Popular, Mesías Guevara, pensando que no tendría una posición anti-minera o contraria a proyectos importantes como Conga y otros. Pero lo primero que ha hecho el candidato electo, es desengañar a sus votantes.

Ver en Lampadia: Comunidades de Cajamarca cercanas a Conga están a favor de la mina – Comuneros de Sorochuco y Huasmín: ¡CONGA VA!

Licencia social

Con los mismos argumentos que usó, sin embargo, debería apoyar ese proyecto, porque la realidad es la opuesta a las afirmaciones que hizo. Declaró, por ejemplo, que Conga seguiría en suspenso y que todavía debe obtener licencia social de su área de influencia. Pero resulta que Conga tiene y siempre tuvo licencia social de las 32 comunidades que conforman su área de influencia. Quienes se oponían eran sectores de poblaciones más lejanas, de las ciudades de Celendín y Bambamarca, por razones políticas e ideológicas. Pero sus alcaldes electos ya no pertenecen a esas corrientes.  

Ecuación Hombre – Agua

Luego explicó que “el partido tiene una conciencia ecológica pues Fernando Belaúnde estableció la ecuación hombre-agua…”. Pero cuando Belaunde habló de dicha ecuación se refería a la necesidad de construir irrigaciones y represar el agua para atender al crecimiento poblacional. Pues resulta que Conga represó la laguna de Chalguagón precisamente para regularla de modo que los campesinos quebrada abajo pudieran tener agua en las épocas de estío. Es decir, creó un activo ambiental e hidráulico contribuyendo a mejorar la ecuación hombre – agua. No solo eso, Yanacocha convirtió un tajo abierto en la gran laguna de San José, que abastece de agua regulada a cientos de familias campesinas.

Compras en la Región

Luego afirmó que “Yanacocha no compra carne ni queso a Cajamarca, ni siquiera un periódico”. Aquí el desconocimiento es monumental. En mi libro “La Revolución Capitalista en el Perú” (FCE, 2007) yo investigué este tema, y me sorprendió encontrar que la minería en Cajamarca ya no era una minería de enclave, sino que estaba muy integrada a la economía regional y nacional. El año anterior la mina había comprado más bienes y servicios en el Perú (516 millones de dólares) que en el extranjero (95 millones). En la región misma había adquirido 103 millones de dólares en bienes y servicios. Esta cifra incluía compras a ferreterías, a empresas constructoras y de movimiento de tierras, a empresas panificadoras y de alimentos, y también la confección de todos los uniformes que se usaban en la mina por un proveedor local, servicios de maestranza, hoteles, bancos, restaurantes, etc.

Las compras de Yanacocha en la región doblaban el monto de todas las compras de leche de Nestlé y Gloria en la cuenca de Cajamarca, que eran del orden de 25 millones de dólares. Existía el caso de un ingeniero cajamarquino que regresó a su tierra, puso una pequeña planta de quesos -la empresa Huacariz-, empezó a venderle a la mina, creció y extendió su mercado a Chiclayo y Trujillo.

Según me informaron luego, hasta el 2016 Yanacocha había destinado más de 2,400 millones de dólares en adquisiciones solo en Cajamarca. Sigue comprando quesos y productos lácteos de empresas cajamarquinas, así como truchas, cuyes, papas, entre otros alimentos. Lo mismo sucede con productos como los relacionados a ferretería o agroquímicos, que en muchos casos no solo se compran, sino que se producen en Cajamarca. 

No solo eso: todos aquellos servicios que pueden ser prestados por empresas locales están 100% contratados en Cajamarca: movimiento de tierras, hotelería, servicios ambientales, limpieza, alimentación, entre otros. Justamente una empresa cajamarquina, Servicios Alimenticios Corporativos (SAC), es la que brinda todos los servicios de alimentación en comedores y campamentos.

Entonces cabe preguntarse cómo es posible que el gobernador electo de Cajamarca, que ha sido congresista y es un hombre culto, esté tan desinformado respecto de las compras de Yanacocha en la región. El volumen de dichas compras es tal que debería llevarlo a pedirle a la empresa que realice la inversión en Conga a fin de favorecer aún más la economía Cajamarquina. Lampadia

La minería moderna crea activos ambientales y en este artículo se propone que ayude a resolver los antiguos pasivos ambientales.

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

En setiembre pasado la ministra de Energía y Minas Cayetana Aljovín dio un anuncio que puede ser muy positivo para la legitimidad de largo plazo del sector extractivo. La ministra dijo: “Vamos a presentar este proyecto de ley al Congreso de la República, es decir, así como se utilizan los impuestos para proyectos de infraestructura se podrán utilizar para remediar terrenos impactados por la minería”.

De ser bien encaminada, la remediación ambiental por impuestos puede afectar de manera relevante la eficacia de la narrativa pro-minera frente a la anti-minera, mejorar las condiciones ambientales degradadas por pasadas malas prácticas mineras y mejorar la viabilidad de las inversiones mineras.

Según el último inventario realizado por el MINEM[i], el Perú tiene 8,854 pasivos mineros. De estos un 76.61% es decir 6,783 se encuentran pendientes de gestión. Los pasivos ambientales mineros funcionan como una oportunidad fantástica para los anti-mineros. Organizan visitas de líderes comunales de aquellas zonas donde se van a asentar proyectos mineros a áreas donde existan pasivos mineros, en estas visitas los activistas anti-mineros fungen de guías y explican cómo ese daño ambiental sería un efecto inevitable de la actividad minera. Por ejemplo, a los comuneros de las inmediaciones del Proyecto Conga se les llevo a la cercana provincia de Hualgayoc, que tiene 885 pasivos mineros originados por operaciones mineras que empezaron en el virreinato. En el extranjero también se da esta práctica, en el Salvador la contaminación del rio San Sebastián producto de antiguas prácticas mineras fue eficazmente utilizada en la difusión de una narrativa que terminó con la prohibición de la minería metálica en todo el país. Imágenes como la superior, referente al rio San Sebastián en el Salvador, son un recurso discursivo más poderoso que cientos de páginas de un EIA realizado bajo los más elevados estándares técnicos.

La minería moderna tiene el nivel tecnológico necesario para controlar y mitigar eficazmente sus efectos medioambientales. Sin embargo, para la mayoría de la población la comprensión de los efectos de la minería se da en función a las consecuencias de las operaciones mineras previas a la legislación ambiental. Es muy difícil para la población entender la magnitud de los cambios tecnológicos en el sector minero cuando la experiencia previa ha dejado ese legado negativo. Los pasivos mineros se convierten entonces en insumos de propaganda de los anti-mineros. En la actualidad se realizan documentales respecto a pasivos ambientales de una corporación con tecnología de décadas atrás y el mismo es presentado a comunidades a miles de kilómetros de distancia con el fin de maximizar el rechazo a la minera.

La idea que la minería genera un legado ambiental irremediable es uno de los principales recursos discursivos de los anti-mineros. La realización de obras por remediación ambiental envía poderosos mensajes a la población. El primero consiste en la viabilidad técnica para la minería moderna de mitigar sus efectos ambientales, el segundo manifiesta el interés y preocupación del sector minero por el medio ambiente y el tercero muestra que el Estado Peruano se preocupa por los efectos de largo plazo de las actividades mineras. Es decir, con ello se incide sobre tres campos de la lucha por la legitimidad de la minería, (a) los efectos ambientales atribuidos, (b) la caracterización ética de las empresas y (c) la credibilidad de la institucionalidad pública dedicada a controlar la actividad minera.

La minería moderna enfrenta un problema de credibilidad respecto a la calidad de sus planes de cierre de mina. Al ser relativamente reciente la aplicación de regulaciones y tecnologías ambientales modernas la inmensa mayoría de minas no ha realizado actividades de cierre significativas, se pide entonces que la población tenga fe respecto a lo que puedan hacer las empresas mineras veinte o treinta años en el futuro. Este acto de fe es difícil cuando se tiene, en el presente, pasivos mineros en las cercanías claramente visibles y que forman parte de la memoria histórica local sobre los efectos ambientales de la minería.

Un programa a gran escala de remediación de pasivos ambientales por impuestos tendría otra gran ventaja puesto que necesitaría hacer uso de profesionales del ambiente que pasarían a estar asociados laboralmente con el sector minero. Estos profesionales podrían ser útiles en la lucha de ideas respecto a la minería y sus efectos ambientales. Podrían ser voceros calificados frente a los medios de comunicación, generar materiales académicos y participar en actividades de incidencia frente a los hacedores de políticas públicas.

Esta iniciativa permitiría presentar a la inversión minera como una actividad con efecto ambiental neto positivo, en el que la afectación propia de la operación sería compensada con creces por los efectos positivos sobre zonas previamente degradadas. Esto sería un poderoso recurso discursivo frente a líderes de opinión y el público en general.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia ratificó en última y definitiva instancia la absolución de la comunera Máxima Acuña Atalaya del delito de usurpación agravada, al declarar infundado un recurso de casación presentado por la empresa minera Yanacocha S.R.L.

A diferencia de lo informado por el diario La República, este proceso penal no se refiere a los derechos de propiedad y posesión del terreno, que será resuelto en la vía civil. Dicho diario desinforma:

El fallo de la corte determina que no se dio el delito de usurpación pues no se logró individualizar a los miembros de la familia Chaupe como autores de actos de violencia durante la invasión del terreno.

Este fallo establece un precedente muy peligroso contra la protección legal de la propiedad privada en el Perú, pues implica que un invasor de alguna propiedad pueda  quedar impune, si la invasión se realiza sin violencia.

Es muy preocupante que un mito debidamente denunciado haya ido recibiendo el apoyo del Estado en distintos momentos y desde distintas instancias, como son el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial.

Esperamos que los ciudadanos tomemos nota de esta situación. Seguidamente incluimos líneas abajo las publicaciones de Lampadia sobre el tema:  

“En estos días estamos siendo testigos de la fabricación de un nuevo mito: “La Hija de la Laguna”. Un documental de Ernesto Cabello que será propalado en los cinemas peruanos con el apoyo del Ministerio de Cultura. La cultura implica la verdad, la rigurosidad y la transparencia. Pues este documental no sigue ninguno de estos preceptos.”

El negocio de la fabricación de mitos (07/08/2015)

“Este es claramente el caso del ‘documental’ de la Hija de la Laguna en que un documentalista pertinaz sigue consiguiendo apoyo financiero del Estado para falsear la realidad en la forma de un documental. Además, un jurado compuesto de extranjeros otorga el premio al ‘documental’ que considera inacabado pero “necesario y urgente” de [difundir], jurados a los que ya ha recurrido anteriormente el Ministerio de Cultura.”

Manipulación política de la cultura (8/09/2015)

“En el importante programa de cierre de semana de Canal 4, ‘Cuarto Poder’, se entrevistó a Máxima Acuña de Chaupe. En la entrevista se presentó a la señora Chaupe como una víctima de la abusiva minera. No se comunicó a los televidentes que habían razones objetivas para dudar de los reclamos de la señora, como que su caso fue presentado, difundido y defendido por la nada objetiva ONG Grufides, la plataforma del ex cura Arana, verdadero dueño de Tierra y Libertad, que sin embargo fue ampliamente derrotado en Cajamarca en las últimas elecciones por Gregorio Santos.”

¿Cuarto poder o ‘Poder de Cuarta’? (29/04/2016)

El caso Máxima es un caso interesante de construcción mediática de un agravio. Un análisis de la evidencia daría cuenta de las sistemáticas mentiras de la señora Chaupe y de quienes la enaltecen. Sin embargo, se ha convertido en consenso entre gran parte de los periodistas y líderes de opinión que Máxima es víctima de los constantes abusos de un “monstruo”.

No dejemos la mentira sobre la mesa (10/05/2016)

“Descrito de una manera sencilla, lo que Máxima Chaupe y sus asesores están intentando hacer, es ampliar el territorio que han ocupado a través de actividades agrícolas, fuera del área actualmente en disputa, para así poder reclamarlo frente a las autoridades en el juicio civil.  Estos esfuerzos se están realizando fuera del territorio que están disputando en el fuero civil con Yanacocha.  La empresa tiene 15 días para ejercer una defensa posesoria (es decir remover las actividades que extraños pueden hacer sobre su terreno).” 

Otra Máxima Mentira (Chaupe -Grufides- vs. Minería) (22/09/2016)

“La utilización del caso Máxima Acuña como mecanismo de hostilización a la gran inversión minera se mantiene con el beneplácito de gran parte de la prensa nacional que -en el mejor de los casos- ejercen el papel de tontos útiles de ONGs anti-mineras que han armado una farsa[i] alrededor de un caso fundamentado en mentiras fragantes y medias verdades. Ahora han dado rebote mediático a la campaña “Máxima No está Sola” desplegada por Amnistía Internacional [ii].”

“Por otro lado están quienes apoyan la campaña “Maxima no Está Sola” a sabiendas de que se trata de una gran mentira. (…)En su esquema ideológico consideran que el propagar el caso Máxima es un mecanismo de “visibilización” ante el gran público, de los “ejes de injusticia” que consideran intrínsecos al desarrollo capitalista. Ideas como: abusos del patriarcado, el extractivismo, el colonialismo eurocéntrico y el capitalismo transnacional pueden comunicarse al público en una manera simple entendible y emocionalmente efectiva a un amplio público, con la figura de una persona.”

La Máxima (mentira) no está sola (05/12/2016)

Marisol Pérez-Tello: ¿Ministra con agenda propia? (03/03/2017)

Lampadia

La utilización del caso Máxima Acuña como mecanismo de hostilización a la gran inversión minera se mantiene con el beneplácito de gran parte de la prensa nacional que -en el mejor de los casos- ejercen el papel de tontos útiles de ONGs anti-mineras que han armado una farsa[i] alrededor de un caso fundamentado en mentiras fragantes y medias verdades. Ahora han dado rebote mediático a la campaña “Máxima No está Sola” desplegada por Amnistía Internacional[ii].

Lamentablemente varios medios de comunicación y líderes de opinión que han tratado el tema se han comportado de dos maneras. Por un lado están aquellos que divulgan la versión del caso Máxima, planteando que los anti-mineros creen que están defendiendo a una mujer víctima de abusos, pero que no han realizado el más mínimo esfuerzo por verificar si aquello es verdadero o es una farsa. Estos medios están renunciando a la aplicación de las buenas prácticas periodísticas y en especial al principio de escuchar a ambas partes[iii]. En este grupo se incluyen a periodistas que no comparten la ideología Pos-extractivista pero deciden quién es la “victima” y quien el “victimario” en función a las quienes son los protagonistas. El caso se presenta como el de una gran empresa minera trasnacional (Yanacocha) contra una mujer campesina (Maxima Acuña). Tan apegados están al guión que les resulta irrelevante que las evidencias estén del lado de la empresa, y que la mujer campesina resulte diciendo mentiras  sistemáticamente. Para estos líderes de opinión las identidades de las partes enfrentadas determinan quien tiene la razón y la realidad no es algo a constatar. Están tan convencidos que la empresa minera es, por definición un ente malvado, que no consideran necesario conocer su versión, es sorprendente que tampoco les interese comunicarse con los campesinos de la zona, que conocen muy bien quién es la señora Máxima Acuña y de qué vive, para saber cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira en la historia que están propalando.

Por otro lado están quienes apoyan la campaña “Maxima no Está Sola” a sabiendas de que se trata de una gran mentira. En este grupo se encuentran aquellos que están involucrados en el tema por razones ideológicas. Dadas las sólidas evidencias de que el caso Chaupe es un fraude, es muy difícil que alguien que investigue el caso no se dé cuenta de que se trata de un montaje. Este grupo, que incorpora a ONGs que se definen como “defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente” y su entorno, impulsa el caso Máxima Chaupe en la medida en la que el mismo les permita avanzar en el logro de sus intereses ideológicos y económicos.

En su esquema ideológico consideran que el propagar el caso Máxima es un mecanismo de “visibilización” ante el gran público, de los “ejes de injusticia” que consideran intrínsecos al desarrollo capitalista. Ideas como: abusos del patriarcado, el extractivismo, el colonialismo eurocéntrico y el capitalismo transnacional pueden comunicarse al público en una manera simple entendible y emocionalmente efectiva a un amplio público, con la figura de una persona. Para estos grupos el caso Máxima es una efectiva herramienta para la lucha política en contra del modelo económico de libre mercado. Para ellos sacrificar la verdad es un precio menor que se justifica frente al “bien mayor” de impulsar las transformaciones sociales deseadas, una especie de maquiavelismo mediático.

A los grupos ideologizados, ligados al pos-extractivismo, no se les puede demandar que dejen de ser cómplices de la mentira. Ellos son “mercaderes de la moralidad” y la invención de mitos es parte importante de su negocio. Dejar de hacerlo implicaría renunciar a su razón de ser, sacrificar su imagen, alejarse de sus redes sociales, abandonar su posicionamiento social e incluso su bienestar económico. Sin embargo, la propagación de mentiras perniciosas como las de Máxima Acuña, también depende de quienes, siendo parte de los medios de comunicación, no practican los principios del periodismo independiente para beneficiarse con el facilismo de historias del abuso del grande versus el pequeño. Sorprendentemente, no les importa que de ellos, termine dependiendo la campaña de deslegitimación de un modelo de desarrollo que  impacta favorablemente en el bienestar de la población, reduciendo la pobreza y la desigualdad, y abriendo nuevas posibilidades de futuro para el Perú. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

En ‘El Arte de la Guerra’, Sun Tzu dice: “Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro; si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra; si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla”.

Introducción

En los últimos 10 años se observa un crecimiento de los conflictos mineros en el país. Ese incremento está relacionado a la efectividad de las estrategias conflictivas desarrolladas por los grupos anti-mineros. Estas, hoy sistematizadas en sus manuales y cursos de formación de activistas[1], reflejan décadas de aprendizaje nacional e internacional en ese campo. Por ello es muy importante entender cuáles son y cómo funcionan.

Aclaración: Los conflictos mineros no surgen con las ONGs y partidos políticos que hoy viven de la conflictividad. Hacen muchas décadas que asistimos movimientos políticos y gremiales contrarios a las empresas mineras. Además, ya se sabe que la conflictividad social está ligada a las deficiencias institucionales del país, y que son esas deficiencias lo que hace que estos conflictos sean en gran medida, negocios muy rentables, económica y políticamente. Sin embargo, con las estrategias conflictivas desarrolladas por los anti-mineros, el problema se ha vuelto más complejo. Por ello, vamos explicar muy brevemente cuál es la lógica detrás de algunos de estos casos.

Dos tipos de conflictos

El uso de las estrategias para expandir la conflictividad depende del tipo de conflicto que los anti-mineros estén promoviendo. La experiencia de los últimos años permite identificar dos tipos:

1. Los primeros, los conflictos de bloqueo, pretenden bloquear proyectos nuevos. Como ejemplo tenemos los casos de Tambogrande, Majaz, Santa Ana, Conga, Tía María, y otros. En estos casos se busca impedir la realización de los proyecto extractivos.
2. Los segundos, los conflictos de desgaste, pretenden desgastar operaciones existentes, como en los recientes conflictos contra Xstrata en Espinar y contra MMG en Las Bambas.

Aún que sus intensidades son muy distintas, como las enfermedades agudas son distintas de las crónicas, ambos tipos de conflictos dificultan el desarrollo minero del país y alejan las inversiones.

En los “conflictos de desgaste” los anti-mineros tienen dos objetivos principales: El primero es propiciar una redistribución agresiva en favor de sectores de la población local afines a ellos. Esa redistribución agresiva, de darse, generaría un sistema de incentivos que estimularía aún más la conflictividad.  El segundo objetivo es llevar a la empresa minera a enfrentar un “cerco social” que impida cualquier potencial expansión de un proyecto recortando severamente la duración del mismo. En el Perú hay un grupo de empresas mineras que están hoy bajo cerco social y enfrentan grandes dificultades para dar continuidad a sus operaciones en el largo plazo. (Yanacocha y Cerro Quilish, por ejemplo).

¿Cuándo optan los grupos conflictivos por el bloqueo o el desgaste? Los conflictos de bloqueo se aplican cuando los proyectos están todavía en sus fases de exploración, de tramitación o de construcción.  Los conflictos de desgaste se promueven cuando no ha sido posible bloquear los proyectos y ellos ya están en operaciones.

Los grupos conflictivos también clasifican los conflictos mineros en esas dos categorías, pero eufemísticamente los llaman conflictos de rechazo y conflictos de convivencia. En su lógica interesada, la promoción de conflictos sociales es la forma más efectiva de establecer una convivencia pacífica. Recuerdan a quienes promueven guerras diciendo que buscan la paz. Para esos grupos los conflictos mineros no son materia de preocupación. Al revés, ellos promueven y celebran los conflictos sociales pues consideran que, al margen de sus costos económicos y sociales, los conflictos son oportunidades para el logro de sus objetivos ideológicos y de interés de grupo.

Los conflictos orientados al bloqueo de los proyectos son los preferidos de esas fuerzas políticas y sus ONGs, pues encajan mejor con su filosofía post-extractivista, permiten consolidar sus relaciones con sus donantes y generan ganancias económicas y políticas importantes en unos pocos años. Como ejemplos tenemos que uno de los líderes anti- Conga se ha reelegido Gobernador Regional (Gregorio Santos), ha encabezado una lista presidencial, casi pasó la valla, y ya sueña con el 2021; y que el otro líder anti-Conga ha salido del anonimato, ha logrado financiar la inscripción de su partido político, se ha elegido congresista de la República y también ya sueña con 2021 (Marco Arana).

La alta rentabilidad económica y política de los conflictos de bloqueo a los proyectos mineros es muy clara. El problema es que los proyectos mineros posibles de bloquear se están volviendo escasos. En cierta medida estos grupos están siendo víctimas de su propio éxito al haber podido imponer un riesgo tan alto a los nuevos emprendimientos mineros que han llevado a que todos los nuevos emprendimientos en el país enfrenten un “riesgo Perú” asociado a la conflictividad social, llevando a que muchos inversionistas prefieran dirigirse a otros países.

En la falta de nuevos proyectos mineros, posibles de bloquear, y ante la abundancia de empresas mineras operando en el país, los conflictos de desgaste están incrementando su importancia en la agenda de esos grupos. Hoy los conflictos de desgaste constituyen la principal forma de dificultar el desarrollo de la minería en Perú.

Las estrategias

Las estrategias que presentamos líneas abajo son aplicadas tanto en los conflictos de bloqueo como en los de desgaste, aunque con pesos diferenciados según los casos.

1. Propagación de temores ambientales: Su propósito es generar temores ambientales en la población local y en la opinión pública nacional. Impactada por esos temores, la población se queda más vulnerable a su narrativa contra la minería. Con la justificación de la necesaria educación ambiental de la población, esos grupos propagan ideas de que la minería está contaminando el ambiente, especialmente las aguas, y que esta contaminación está generando enfermedades en la población, en los animales y en los cultivos. Para ellos, la veracidad y representatividad de las historias e imágenes difundidas es secundario, lo importante es que sirvan a la propagación de los temores en la población local, pues los temores aumentan su disposición hacia la conflictividad. Una táctica recurrente en esta estrategia consiste en proveer con un discurso de denuncia ambiental a los grupos que están reclamando un beneficio económico a las empresas mineras: contratos, empleos etc.

2. Estímulo a los sentimientos de exclusión: Estimular el sentimiento de exclusión en poblaciones de comunidades y distritos que, estando próximos a las actividades mineras, no son parte de las áreas de influencia directa de los proyectos (AID) y promover su participación en los conflictos. El objetivo aquí es incrementar el número de personas dispuestas a movilizarse en contra de las empresas mineras con la expectativa de obtener algún beneficio. Para los sectores que se sienten excluidos de las AID el conflicto es la única opción para lograr su inclusión entre los beneficiados. Si la empresa define su AID por anillos, los anti-mineros buscan movilizar la población de nuevos anillos. Si la definición es por distritos, ellos buscan movilizar otros distritos o movilizar la provincia en su conjunto. Lo importante es ampliar las movilizaciones conflictivas para presionar a las empresas.

3. Reclamo de condiciones de impunidad: Aunque los anti-mineros lo nieguen, la violencia es un componente indispensable de los conflictos que promueven. En los comunicados y entrevistas ellos hablan de manifestaciones pacíficas, pero en esas “movilizaciones pacíficas” siempre hay un grupo más radical entre los participantes de los conflictos, un grupo interesado en destruir las instalaciones de las empresas, secuestrar a su personal y agredir violentamente a la Policía. Los conflictos combinan esas dos modalidades de acción (pacífica y violenta) para maximizar el impacto negativo hacia las empresas y hacia el gobierno nacional. Por la necesidad del uso de la violencia, los anti-mineros buscan la impunidad para las personas que aplican la violencia. Al uso de la ley contra los violentos le llaman criminalización de la protesta social, como si el Estado fuera represivo y estuviera criminalizando manifestaciones pacíficas. Su aspiración de largo plazo es lograr que las poblaciones de las zonas mineras adquieran el status de poblaciones indígenas bajo el Convenio 169 de la OIT y que, estando al margen del sistema jurídico nacional, alcancen niveles de impunidad mucho mayores.

4. Producción de una cobertura técnica: En las fases preparatorias de los conflictos, los anti-mineros producen abundante material técnico que es utilizado para promover una interpretación de los problemas que están detrás de los conflictos, futuros o presentes. Uno de los propósitos de esos estudios técnicos es sustentar los temores ambientales y descalificar a los EIA (Estudios de Impacto Ambiental) y a sus procesos de aprobación. Otro propósito es ganar respetabilidad técnica para sus instituciones y voceros ante los medios, y los órganos públicos y privados que pueden influenciar el desenlace de los conflictos y así maximizar los recursos que logren extraer de las empresas mineras. El rigor investigativo de esos materiales puede ser muy cuestionable[2], y las exageraciones son muy frecuentes, tanto como el uso de falacias analógicas, o menciones a la existencia de riesgos sin mencionar su intensidad. Aquí lo más importante para los anti-mineros es su utilización como material de propaganda o de incidencia política.

5. Descalificación del Estado y las empresas: La descalificación ética del Estado y de las empresas cumple un rol fundamental para los anti-mineros. Lo que buscan es generar un clima de desconfianza y de polarización hacia las instituciones públicas, el gobierno nacional y las empresas mineras. Las instituciones públicas son presentadas como corruptibles y serviles a las empresas mineras, y como irresponsables hacia el país y su población. Sus resoluciones son presentadas como resultado de ese servilismo con el poder económico. Las empresas son presentadas como entes corruptores, que no respetan al ambiente, las aspiraciones, ni los derechos de la población. Sin poder confiar en las instituciones ni en las empresas, la movilización social, a los ojos de la población local, se vuelve la única forma de protegerse. La siembra de dudas y la descalificación de los procesos de aprobación de los EIA es un tema predilecto de los anti-mineros. Sus materiales “técnicos” son muy útiles aquí.

6. La difusión de una narrativa conflictiva: Los sentimientos negativos, para durar, necesitan de una explicación. Estabilizar la influencia sobre la población requiere entonces de la difusión de una interpretación de los conflictos, de sus actores y sus actividades, y de la misma actividad minera. Esta narrativa permite pasar de una emotividad a una forma de pensar, una racionalidad sobre la realidad. Para los anti-mineros es importante que líderes y grupos locales aprendan y posteriormente difundan ese entendimiento de los conflictos mineros. Para ello, y con el apoyo de sus aliados europeos y americanos, han elaborado una serie de videos, manuales, historietas, y cursos. Esa labor de difusión de su narrativa es realizada por los anti-mineros meses, o a veces años antes que los conflictos eclosionen. Cuando los conflictos ocurren, ellos ya disponen de un número significativo de activistas capaces de argumentar a favor del conflicto y en contra de las empresas y del Estado.

7. El manejo del marco institucional local: Los conflictos de desgaste tienen momentos de confrontación y momentos de negociación. En los momentos de negociación los anti-mineros buscan que el marco institucional sea lo más negativo posible para las empresas mineras. Buscan maximizar el número de representantes con postura negativa hacia las empresas, y excluir o minimizar el número de actores con postura amigable hacia la empresa y hacia la minería. El nombre, la composición, la agenda y las reglas de funcionamiento de las mesas de diálogo buscan aumentar la capacidad de presión sobre la empresa, antes que generar acuerdos que den perspectivas de largo plazo a la actividad minera en la zona. Mientras más precaria sea la institucionalidad local, más decisivo se vuelve el marco institucional que canaliza el conflicto. Las Mesas de Dialogo y sus mecanismos de funcionamiento pueden ser de gran importancia y volverse un permanente campo incidencia de los anti-mineros.[3]

8. Generar una resonancia mediática: Los anti-mineros están ligados a organizaciones políticas que se benefician de la conflictividad y para ellas los conflictos son instrumentos de propaganda. Son plataformas para ganar espacios gratuitos en los medios, y los mensajes que se propagan son lo más importante. Por ello esas organizaciones se han vuelto expertas en generar versiones interesadas de los conflictos. Cuando un conflicto es desencadenado, vemos o escuchamos a los voceros anti-mineros dando su versión de lo que está sucediendo. Su imagen como analistas imparciales es fundamental para sostener esa presencia en los medios y poder ejercer una influencia significativa en la opinión pública. Más allá de los detalles es posible encontrar un patrón en sus interpretaciones: (1) ellos y los grupos conflictivos son los buenos, (2) las empresas son los malos, y (3) el conflicto ocurre porque las empresas no quieren respetar los derechos de las comunidades locales. Observando su actuación en los medios y visitando sus páginas Web podemos ver que ellos tienen una serie de materiales y protocolos ya preparados para ampliar y alimentar la resonancia mediática nacional e internacional de los conflictos locales.

9. Cumplir un rol mediador en el conflicto: Siempre que hay un conflicto minero, los anti-mineros se ofrecen como mediadores, como personas que buscan viabilizar una negociación justa que permita concluir el conflicto. Ellos justifican su accionar diciendo que el conflicto ocurre por falta de respeto a los derechos de la población (sus ideologías determinan el entendimiento de los derechos y a quienes se le aplican) y que las empresas deben aceptar las exigencias que les son hechas para viabilizar una convivencia pacífica. Naturalmente, los anti-mineros silencian su participación activa en la promoción y preparación del conflicto, buscando darse la imagen de ser una entidad pacífica, imparcial y promotora del diálogo. Para ellos, los conflictos son oportunidades y lo dicen en sus documentos. Leyendo sus documentos se puede ver que ellos están conscientes de que sus organizaciones se benefician y crecen con los conflictos. No por nada los casos como los de Quilish o de Espinar en el que se les permitió intervenir como mediadores terminaron con la paralización de los proyectos o con altos niveles de violencia.

Con ese rol mediador ellos logran varios objetivos simultáneos: logran credibilidad en los medios para difundir su perspectiva del conflicto, influencian el proceso de diálogo y en su desenlace, y se legitiman antes los donantes y organismos internacionales.

Conclusiones

Esta lista de las estrategias o de las grandes líneas de acción utilizadas para promover la conflictividad rescatan aspectos comunes de lo que ha ocurrido en más de una docena de conflictos mineros en el Perú y en otros países de América Latina.

Estas estrategias han sido desarrolladas a lo largo de muchos años, y se mantienen porque han demostrado una buena efectividad. Los anti-mineros, además, se reúnen periódicamente para intercambiar experiencias, afinar y ajustar sus estrategias. Esta es una especie de carrera evolutiva en que minería y anti-mineros evolucionan juntos, pero en la que los anti-mineros van claramente por delante.

Quienes creen que la minería puede cumplir un rol positivo en el desarrollo del país, especialmente quienes tengan en sus manos proyectos u operaciones mineras que están siendo afectadas por conflictos, de bloqueo o de desgaste, necesitan entender bien como esas estrategias son desplegadas en cada caso.

Igualmente, los medios serios deben internalizar las lógicas de los conflictos. En este aspecto hay una gran responsabilidad de los gremios empresariales y think tanks, que debieran hacer una tarea permanente de investigación, difusión y educación.

Más allá de sus discursos, los anti-mineros no pueden ofrecer mucho a la población que afirman defender. Su portafolio de ofertas contiene temores, resentimientos, ideologías, búsqueda de rentas y conflictos.

La minería tiene una gran ventaja, puede ofrecer a la población y a las regiones una ruta real de progreso. Con entendimiento e inteligencia es posible neutralizar esas estrategias conflictivas y construir en las regiones mineras una amplia coalición social orientada al desarrollo compartido.

Datos demasiado grandes para el formato del archivo

En las siguientes líneas presentamos una comparación entre Cajamarca y Apurímac, a la luz del desarrollo de la frustración de los proyectos mineros de la primera y del éxito de Las Bambas en Apurímac. El proyecto, propiedad la empresa china MMG y dirigido por  gerentes australianos, cobra especial importancia por su envergadura, impacto en la región y en la economía peruana y, por ser, lamentablemente, el último proyecto minero nuevo que logró evitar los conflictos socio-políticos de los anti mineros, que paralizaron los proyectos que seguían en el ‘pipeline’.  

Hasta hace pocos años, Cajamarca era la región con mayor potencial de crecimiento del país y, de haber consolidado una vocación pro inversión y desarrollado, los cuatro grandes proyectos que estaban en marcha antes de la caída de los precios de los minerales, la pudieron haber convertir en la región más rica del Perú.

Lamentablemente, la penetración anti minera paralizó primero la ampliación de Yanacocha en el Cerro Quilish y luego en el proyecto de Conga, que contaba con el favor de las comunidades de su área de influencia. Luego se cayeron los demás proyectos y se diluyó la posibilidad de construir el ferrocarril a la costa.

En ese ambiente se enseñorearon los activistas anti mineros, llegando a establecer el terror como arma de presión política. Ver en Lampadia: Stalinismo en Cajamarca (enero de 2013).  Este violento proceso pasó mayormente desapercibido en Lima, pues además de amedrentar a la prensa local, se amenazó a los corresponsales de la prensa nacional, que no pudo reportar la consolidación de las afrentas contra la inversión privada, que después se exportó a otras regiones del país. Para esto, el gobierno nacional había perdido autoridad moral con “el oro no se come” y las empresas mineras ni su gremio, fueron capaces de contrarrestar la ola que, sin el conocimiento de la ciudadanía, pretendía imponer las absurdas ideas del pos-extractivismo que Lampadia identificó más adelante. Ver: Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento.

Mientras tanto, al sur del Perú se consolidaba la inversión minera más importante de la historia del país, el Proyecto de Las Bambas. Un proyecto que había dormido por 40 o más años y que en los 80s fue objeto de una oferta de inversión de un grupo minero internacional con operaciones en el Perú, por US$ 1,000 millones con un 20% libre para el Estado. Pero, al igual que una oferta similar por Antamina, hecha un año después, fue rechazada por el segundo gobierno de Belaunde.

Evidentemente, el desarrollo de Las Bambas, se benefició de las experiencias previas, se negoció un adelanto de canon, en línea con lo que el partido de PPK llama ahora ‘adelanto social’ y, los anti mineros llegaron cuando el proyecto ya estaba en las fases finales de desarrollo.

Aún así, pusieron en agenda su oposición al mineroducto que iba hasta la planta de molibdeno a construirse en Espinar (Cusco). Ver: Mineroducto Las Bambas.  

Lo curioso es que, aunque no debiera llamar la atención, el mismo Cooperaccion, que criticó el mineroducto, pretendió descalificar el proyecto, cuando se dejó de lado la planta en Espinar y el tubo para el mineral.

A pesar de todo, el proyecto pudo ir adelante iniciando sus embarques de exportación desde las nuevas facilidades de Tisur en Matarani en enero del presente. Medio año después, la producción de cobre de Las Bambas llegó a 86,000 TMF, alcanzó el 9.4% del total nacional y desplazó del cuarto puesto a Moquegua.

Este resultado se enmarca en una cierta recuperación de la economía, que se debe, fundamentalmente, al crecimiento de la producción minera. En 2015, Apurímac fue la región de mayor crecimiento, exceptuando a Madre de Dios, que está muy influido por la producción ilegal de oro. Ver el ICAE 2015 del IPE:

Pero lo más importante para el entendimiento de las relaciones causa-efecto por parte de los ciudadanos, es comparar los resultados de la reducción de la pobreza en Apurímac y Cajamarca, como lo hizo con destreza, hace unos días, José Carlos Saavedra de Apoyo Consultoría. Veamos el cuadro resumen que presentó en el SAE de mayo pasado y su artículo de El Comercio, bajo el título: La historia de dos regiones.  

La historia de dos regiones: Apurímac versus Cajamarca

José Carlos Saavedra

Director de Análisis Macroeconómico de Apoyo Consultoría

22 de mayo, 2016

El Comercio

Glosado por Lampadia

Entre el 2011 y el 2015 la pobreza en Apurímac disminuyó 18 puntos básicos, mientras que en Cajamarca se estancó.

¿Qué factores explican esta situación?

Hace unas semanas, el INEI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del 2015, la más valiosa y completa fuente de información pública para entender la evolución de los indicadores sociales en el Perú. Los resultados de este estudio muestran diferencias importantes en la reducción de la pobreza entre Apurímac y Cajamarca. La historia de estas dos regiones es útil para ilustrar la importancia del crecimiento económico en la mejora de las condiciones de vida de la población.

Apurímac ha sido una de las regiones del Perú con mayor reducción de la pobreza en los últimos cinco años. El porcentaje de pobres en esta región pasó de 57% de la población a 39% entre el 2011 y el 2015. En contraste, en Cajamarca la pobreza prácticamente se estancó durante el mismo periodo y se mantuvo por encima de 50%. Así, el año pasado, Cajamarca se consolidó como la región más pobre del país. Apurímac –que tiene un tercio de la población de Cajamarca– logró sacar a más personas de la pobreza que la región del norte.

¿Qué explica esta importante diferencia? Un primer candidato podría ser que el crecimiento de los programas sociales fue más fuerte en Apurímac. Sin embargo, en los últimos años, las transferencias de Juntos y Pensión 65 por habitante han crecido a tasas similares en ambas regiones. La explicación no viene por ahí.

En realidad, la principal explicación de las diferencias entre estas dos regiones es la dinámica de la inversión. En Apurímac, el flujo de inversión pública y privada creció 20% en promedio cada año entre el 2012 y el 2015, debido, principalmente, al inicio de construcción del megaproyecto minero Las Bambas. Este proyecto demandó una inversión total de US$ 7,000 millones, equivalente a nueve veces el PBI de Apurímac en el 2011. Además, producto de un acuerdo entre el gobierno nacional, regional y la empresa minera, se adelantaron las transferencias por canon minero, lo cual permitió financiar el crecimiento de las obras de infraestructura pública en la región. En contraste, en Cajamarca la inversión pública y privada cayó 20% en promedio cada año durante el mismo período, sobre todo por la paralización de grandes proyectos de inversión minera. Adicionalmente, la inversión pública se vio afectada por la caída del canon, producto de la menor producción de las minas existentes y del ajuste en los precios de los metales.

A su vez, el desempeño diferenciado de la inversión impactó en la creación de empleo y crecimiento de los ingresos en ambas regiones. El fuerte dinamismo de la inversión permitió que en Apurímac el empleo dependiente aumente en 50% y que los salarios crezcan 30% en términos reales entre el 2011 y el 2015. En Cajamarca, en cambio, el empleo dependiente se contrajo y los salarios reales se estancaron durante el mismo periodo.

La historia de estas dos regiones muestra claramente la importancia del crecimiento de la inversión y del empleo de calidad para mejorar las condiciones de vida de la población. Esta es una lección para quienes suelen “ningunear” la importancia del crecimiento económico.

Lampadia

Esta cuarta publicación sobre nuestras propuestas para reducir la conflictividad anti minera, desarrollada en colaboración con Sebastiao Mendonça Ferreira, del Centro Wiñaq, está referida a las condiciones políticas y sociales que hoy se hacen indispensables para el desarrollo de los numerosos proyectos  mineros que pueden contribuir al crecimiento de la economía en su conjunto y, también, contra lo que se ha predicado por parte de los grupos anti mineros, al bienestar de las poblaciones más vinculadas al sector.

Lamentablemente, ante la debilidad de nuestras instituciones políticas, gremiales, académicas y mediáticas, los anti mineros han logrado convertir los mitos anti mineros en una suerte de ‘breviario’ de lo políticamente correcto. No solo el gobierno actual ha abdicado de sus responsabilidades y, ha permitido que sus otrora socios de la anterior campaña política paralicen buena parte del sector, el 100% de los candidatos a la Presidencia de la República, los 19 que arrancaron y los dos que quedan, han expresado distintas formas de desconocimiento, sometimiento a lo ‘políticamente correcto’ y han caído en propuestas de corte populistac.

Estamos a menos de un par de meses del cambio de mando y si el próximo gobierno quiere emprender las reformas pendientes y reactivar la economía, tendrá que desarrollar una estrategia para hacer viables los proyectos, debilitando los aprontes políticos de sus opositores y logrando el apoyo de la sociedad en su conjunto y de los pueblos  de las regiones y provincias mineras.

En las siguientes líneas presentamos algunos lineamientos para ilustrar este importante cometido. Ver los tres primeros capítulos de este desarrollo en Lampadia, Recursos Naturales y Desarrollo.

Consenso para el Desarrollo Compartido

(Propuestas para Reducir la Conflictividad, 4 de 6)

Sebastiao Mendonça Ferreira

Centro Wiñaq

El inicio de un gobierno ofrece una oportunidad para hacer cambios en las políticas públicas y retomar el desarrollo perdido en la actividad minera durante los últimos años. En los próximos meses, el nuevo gobierno deberá diseñar una serie de iniciativas que desaten el nudo Gordiano de la conflictividad social ligada a la minería para destrabar la puesta en marcha de los proyectos mineros hoy paralizados. Si queremos que la actividad minera sea sostenible, es decir, que sea parte del presente y del futuro del país, su reactivación debe tener legitimidad social, es decir debe ser lograda en acuerdo con las poblaciones de las regiones mineras.

Este artículo busca dar algunas ideas en ese campo. Partimos del supuesto de que la minería tiene defensores y detractores y, que estos últimos han logrado paralizar decenas de miles de millones de dólares en proyectos, han bloqueado la generación de miles de puestos de trabajo, han quebrado a muchas empresas locales, y han sido exitosos en impedir que la población de la regiones mineras reciba algunos miles de millones de dólares en obras públicas producto de impuestos y canon. También asumimos que, si hacemos bien las cosas, la minería podría ser nuevamente uno de los principales motores del desarrollo nacional para los próximos 35 años.

Anti-mineros y polarización política

El reciente proceso electoral, en su 1ª vuelta, ha evidenciado una alta correlación entre la fuerza electoral de las organizaciones políticas anti-sistema y la conflictividad social. La conflictividad es alta justamente donde esos grupos tienen sus fuerzas políticas desarrolladas, y sus fuerzas se desarrollan mejor donde logran desencadenar procesos de conflictividad social. 

Es muy importante entender la dimensión política de la conflictividad social, porque la estrategia de los grupos anti-mineros es crecer en la conflictividad. Es decir, para ellos es más fácil lograr presencia mediática y la atención pública a través de los conflictos. Toda vez que se abre un conflicto ellos obtienen, gratuitamente, presencia mediática, presentándose como las voces autorizadas para hablar de conflictividad y de su resolución. 
No es coincidencia que los líderes anti-mineros más conocidos (candidatos en el reciente proceso electoral) han adquirido su notoriedad provocando y/o participando en grandes conflictos sociales hostiles a la minería: Gregorio Santos y Marco Arana en Cajamarca y Verónika Mendoza en el Cusco. Hablando en términos biológicos, la conflictividad social es el eco-sistema preferido de los anti-mineros. La efectividad de esa estrategia se evidencia en el mapa de los resultados del reciente proceso electoral. Ello se ha evidenciado a lo largo de toda la cordillera Andina.
Lo interesante es que los resultados electorales de los distritos y provincias mineras, han sido independientes de las opciones políticas de sus regiones. Por ejemplo: Cajamarca es una región anti-minera, entonces no sorprende la influencia electoral de los anti-mineros en las provincias y distritos Cajamarquinos. Piura es una región pro-desarrollo, donde ganó Fuerza Popular, pero en la provincia piurana de Majaz, los anti-mineros obtuvieron 59%; y en Lambayeque, en Cañaris, obtuvieron 47%. Todos distritos en que ocurrieron los conflictos mineros [1].  
Los anti-mineros aceptan una parte de la relación expresada en el gráfico superior: ellos tienen fuerza política donde hay conflictividad social (la conflictividad social favorece su expansión); pero buscan ocultar la otra parte de la relación: donde los anti-mineros tienen fuerza política la conflictividad social es más alta. Ellos buscan ocultar que su presencia genera y/o aumenta la conflictividad. 
Con las evidencias de las recientes elecciones (ver en Lampadia: Rebelión, de Richard Webb), colapsan los intentos de presentar la conflictividad minera como resultado exclusivo de la mala relación entre las comunidades locales y las empresas mineras. Ya no se puede  reducir el tema de la superación de la conflictividad a una cuestión de distribución de los beneficios de las actividades extractivas o del manejo de los impactos sociales y ambientales de la minería, o por la presencia del Estado, sin considerar el rol de todos los actores políticos que operan en la zonas mineras. En realidad, los actores políticos anti-mineros tienen un rol crítico en coordinar y escalar pequeños conflictos y para transformarlos en una  perturbación mediáticamente visible que les genere protagonismo a nivel nacional. 

Esos resultados confirman el marco interpretativo que hemos presentado en artículos previos de esta serie, donde explicábamos que los conflictos mineros están relacionados a la influencia política de organizaciones hostiles a la minería y a su accionar.[2] En esos artículos explicábamos que la posibilidad de un proceso de desarrollo compartido, dinamizado por la minería, depende del accionar de cuatros actores: las empresas mineras, la sociedad regional, las instituciones públicas y los grupos anti-mineros. El descuido del rol de cualquiera de esos actores genera propuestas inviables. Si queremos reducir la conflictividad necesitamos poder afectar la conductas de todos ellos, y no solo de las empresas o del estado.

¿Es suficiente la Inversión Pública?

La gran mayoría de la población peruana espera que el nuevo gobierno sea capaz de reabrir la ruta del desarrollo del Perú, y para ello se hará necesario reactivar la inversión en la minería. Pero si queremos aprovechar esa oportunidad y construir regionalmente un ambiente social y político favorable a un desarrollo compartido en que la minería cumple un rol dinamizador, necesitamos entender bien los factores que están detrás de la conflictividad.

Hay quienes creen que será suficiente que el nuevo gobierno se encargue de poner en marcha algunos grandes proyectos de infraestructura, con impacto en la economía local. Sería excelente que ello fuera así, pues hacer obras es más fácil que influenciar sociedades. Las obras serían suficientes si las poblaciones naturalmente se dieran cuenta que las obras son efectos positivos de la actividad minera sobre el desarrollo local. Pero, la experiencia reciente muestra el tema de la conflictividad es más complejo.

En los últimos 10 años han sido transferidos, mediante el canon, S/. 36,200 millones a las regiones mineras del Perú, equivalente a US$ 11,104 millones, por concepto de canon minero a las regiones (Una cantidad fabulosa de recursos!) y su reconocimiento por las poblaciones locales como contribución de la minería al desarrollo es muy discutible.[3] Si esa relación estuviera clara para la población, los anti-mineros no habrían obtenido tanto apoyo político en las zonas mineras en estas elecciones. Los votantes de los anti-mineros no entienden que los recursos que reciben vía canon proviene de la minería, no saben que el canon minero es el 50% de los impuestos pagados por las empresas mineras.

Sólo Minera Yanacocha ha realizado un aporte de US$ 1,711 millones por concepto de canon al desarrollo de Cajamarca. Además del canon de esa empresa en particular está el canon aportado por las otras empresas mineras (Gold Field, Tantahuatay, etc.), los aportes por cientos de millones de dólares en diversos proyectos locales, y las inversiones del gobierno nacional, financiadas con impuestos de la actividad minera. [4]

Sin embargo, en Cajamarca los grupos anti-mineros juntos (Democracia Directa y Frente Amplio) han obtenido más del 50% de los votos en las recientes elecciones generales, y sus campañas fueron enfocadas en oponerse a la minería, especialmente a Minera Yanacocha, pero también a Gold Field y a la minería como actividad productiva. Hay distritos en Cajamarca, en donde los anti-mineros han obtenido más del 80% de respaldo político, independiente de la existencia o no de alguna actividad minera en su área. Ello evidencia que hay un sistema de creencias y de alineamiento político de la población en Cajamarca que les impide imaginar su desarrollo en una relación sinérgica con la minería.

Podríamos considerar que las autoridades locales y regionales no han hecho un uso óptimo del canon minero, dados los montos gigantesco de las contribuciones fiscales de la minería y los índices actuales de pobreza de algunas regiones beneficiadas por el canon, pero independiente de las explicaciones de la ineficacia del canon, importantes segmentos de la población no relacionan minería, canon y desarrollo. En algunas regiones, la población cree que la paralización de la minería no tendría mayor impacto en sus actividades económicas, e incluso, podría ser bienvenida por algunos segmentos sociales significativos. Solo así se explica ese grito que decía: “Canon sí, minería no”.

Hacia un nuevo consenso social y político

Hay que tener claro que, haga lo que haga el nuevo gobierno para reactivar la minería, las organizaciones anti-mineras van buscar descalificar las iniciativas y van intentar crear un movimiento de oposición en las regiones, en los medios nacionales y en el Congreso de la República (junto con rebotes internacionales tácticos). El nuevo gobierno, por lo tanto, no deberá enfocar su estrategia de reducción de conflictos sociales en la realización de obras, sino con la creación de condiciones sociales y políticas que viabilicen la inversión y las actividades mineras. Las obras serán efectivas en la medida en que sirvan como instrumento para este objetivo.

La reactivación de la minería necesitará ser un proceso no solo económico sino principalmente social y político, tanto en el ámbito regional como nacional. Por ejemplo: los Cajamarquinos necesitarán evaluar su experiencia con la minería, tanto en período del auge minero (2003-2013) como en su actual período de reducciones y cierres. Los líderes regionales y la población necesitarán repensar sus aciertos y errores, e imaginar cómo pueden combinar la actividad minera con sus otras actividades económicas, para volver a ser una región atractiva para las inversiones mineras.

En ese proceso de creación de un nuevo consenso deben participar tanto los sectores rurales como urbanos. Este proceso no debe reducirse a una negociación entre las empresas mineras y las comunidades vecinas a sus operaciones, de espaldas a los demás actores. Esta clase de negociación estimula la conflictividad y la búsqueda de rentas económicas de parte de algunos dirigentes y sectores sociales, como sucedió recientemente en Arequipa y anteriormente en Espinar, y de rentas políticas por parte de aventureros locales y nacionales. El consenso social a crearse debe involucrar a todos los actores de la sociedad regional, y no solo a las fuerzas en conflicto.

El desarrollo regional compartido, y el rol de la minería en ese desarrollo, interesa a todos los segmentos de la población, y también a las empresas e instituciones de la región. Las actuales mesas de concertación, creadas para manejar conflictos, son insuficientes para canalizar las expectativas y hacer cumplir los compromisos de todos los sectores y actores institucionales y empresariales cuyo presente y futuro serán afectados por la paralización o desarrollo de la minería.

Los sectores medios de las sociedades regionales deben tener espacios en que puedan expresarse libremente, sin la hostilización de los grupos anti-mineros. La diversificación de las economías regionales dependerá críticamente del desarrollo de las empresas locales. Además, son esos sectores medios que pueden evitar la polarización social que tanto buscan los anti-mineros para generar una dinámica de conflicto en la cual su postura extremista pueda fortalecerse “pulverizando el centro”. Los sectores medios regionales deben ser empoderados para hacer posible que los intereses de los sectores menos conflictivos, que apuestan por la creación de riqueza y no por el conflicto rentista o ideológico, puedan expresarse en libertad.

Son los sectores medios quienes pueden generar una diversidad de oportunidades para que los sectores de menores ingresos saquen provecho de la minería sin tener que utilizar la conflictividad como mecanismo principal de disputa de las rentas mineras. Es importante que las empresas mineras fortalezcan las cadenas de valor locales, pero el desarrollo compartido requiere más que esto. Si queremos democratizar las oportunidades de desarrollo, necesitaremos que los sectores medios (rurales, urbanos y peri-urbanos) progresen económicamente y generen oportunidades de empleo, y demanda de productos y servicios a los demás sectores sociales.

La victoria electoral en esta 2ª vuelta, sea de quien sea, le va entregar al nuevo gobierno un gran capital político, un capital que no debe ser desaprovechado. El gobierno deberá enviar las señales políticas, definir las reglas del juego, ofrecer el marco institucional, y crear las condiciones para que el proceso de creación de ese nuevo consenso social y político avance en las regiones mineras. Las experiencias exitosas de desarrollo minero, como la de Botsuana, África, muestran que el uso efectivo de los recursos generados por la minería (canon, impuestos, regalías, etc.) ha sido un factor importante del éxito de esos países (Acemoglu et al, 2001, p. 19).[5] Estos últimos 10 años de canon y desarrollo regional muestran que el aprovechamiento de las rentas mineras en el Perú es muy deficiente, y esta ineficiencia contribuye al incremento de la conflictividad.

Todo el proceso debe realizarse estando consciente que se requiere fortalecer a una red de actores locales que visualizan en el desarrollo compartido dinamizado por la minería como su ruta de progreso. Esos actores locales, con un apoyo del Estado y de políticas públicas, serán quienes podrán encontrar las rutas de prevención y/o de solución a los conflictos que pueden darse en las zonas de actividad minera.

No es cuestión de reunir a los anti-mineros para ver si se logra convencerlos a abandonar su estratégica de promoción de conflictos, ni mucho menos ofrecerles protagonismos y beneficios con la ilusión de ganarlos o neutralizarlos. Ellos ya saben como obtener beneficios de la conflictividad, lo vienen haciendo por décadas, y tienen una ideología de polarización social (son, en un 90%, anti-sistema). Ellos solo van dejar de promover conflictos cuando sus métodos comiencen a fracasar, es decir, cuando la población comience a rechazar sus iniciativas y pongan sus esperanzas en otra dirección.

¿Por donde empezar?

Cada región del Perú va ser un caso específico, con su historia de conflictividad, con una institucionalidad local particular, con un clima social específico, y con una situación económica y política pero todas deberán ser parte de una propuesta de alcance nacional.

No hay que empezar por abordar los problemas más difíciles, sino por solucionar aquellos casos que, siendo viables en un plazo breve, pueden asumir un rol demostrativo del tipo de solución posible en los casos más difíciles. También se puede comenzar desde ahora operando en las regiones con los casos más conflictivas, pero debemos hacerlo abordando los temas en los cuales ya hay elementos de consenso social, como la reparación de los pasivos mineros.

Las iniciativas a poner en marcha deberán ser acciones simbólicas para que la población local pueda comenzar a imaginar como sería el desarrollo en su zona, y así puede comenzar a creer en la sinergia entre la minería y sus otras actividades económicas. El propósito de las primera acciones será crear confianza, en como podría ser un proceso de desarrollo compartido, y gradualmente generar entusiasmo en la población.

La población se va convencer por más los ojos que por los oídos, es decir, los avances logrados en algunas zonas van servir de referencia de lo que podría suceder en otras zonas. No hay que reinventar la rueda ni la pólvora. Hay que identificar las iniciativas de desarrollo compartido que ya están en proceso. Hay que generar espacios regionales y nacionales en que puedan ser visualizadas, compartidas y potenciadas. Hay que mapearlos a nivel nacional, visibilizarlos y extraer lecciones de cómo podrían se generalizados y/o ampliados. A nivel local, mucha gente creativa ya ha venido progresando en armonía con la minería, tipo ferias de innovación para el desarrollo compartido. Estos casos deben inspirar nuevas iniciativas e ilustrar lo que puede ser en la escala regional. Estos casos, además, van a servir como prueba de lo que se puede lograr con el apoyo de políticas nacionales adecuadas.

Naturalmente, se van a requerir reformas en las instituciones públicas nacionales ligadas a la actividad minera y al desarrollo regional. Será necesario además crear el marco institucional regional para que los sectores medios (empresas, universidades, instituciones privadas, etc.) tengan voz. Esos cambios en el marco institucional necesitarán ser bien pensados, para reducir la generación de espacios para la disputa social y para propiciar la difusión de una narrativa que legitime la actividad minera y la iniciativa empresarial regional.

Lampadia

[1] http://www.lampadia.com/analisis/mineria/conflictos-mineros-y-resultados-electorales

En nuestra biblioteca virtual sobre Recursos Naturales y Desarrollo hemos depositado múltiples informes, incidiendo de manera importante en los aspectos vinculados a la conflictividad social. Esta, aunada al débil liderazgo gubernamental, ha logrado parar varios proyectos mineros, operativos como la ampliación de Yanacocha en el Cerro Quilish de Cajamarca y la mina Santa Ana de Bear Creek en Puno y; entre otros, dos proyectos que estaban a punto de caramelo como Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa.

Como hemos publicado en varias ocasiones, esto nos ha hecho perder hasta tres puntos de crecimiento del PBI en 2014 y 2015 según el IPE[1], nos llevó a desaprovechar la cola de los buenos precios para terminar inversiones que hoy estarían produciendo, con la consiguiente frenada de la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Después de las divagaciones sobre las propuestas de diversificación productiva, hoy ha quedado muy claro que nuestros principales motores de crecimiento son la minería, la agroexportación, el desarrollo forestal, la acuicultura y el turismo. De ellos, la minería es el más importante y el próximo gobierno tendrá que hacer aproximaciones inteligentes y serias para que nuestra población pueda tener una correcta apreciación de sus impactos positivos, así como de los requisitos sociales y ambientales que deben velarse. En este proceso habrá que evidenciar la naturaleza de los conflictos impulsados por los anti mineros, que muchas veces obedecen a objetivos subalternos a los de la creación del bienestar general.

Con mucho sentido de importancia, el último debate electoral incluyó una sección sobre los recursos naturales y la conflictividad. Con el apoyo de nuestros colaboradores del Centro Wiñaq, hemos preparado el siguiente análisis de los comentarios de los candidatos.

La cobertura periodística respecto al reciente debate presidencial se ha focalizado en los ataques y críticas mutuas entre los candidatos. A pesar de ello, a través de las propuestas brindadas, ha servido para tener una buena impresión respecto a los consensos y disensos sobre cómo enfrentar varios de los más agudos problemas del país.

La viabilidad de las propuestas sobre el aprovechamiento de los Recursos Naturales  dependerá, en gran medida, de la efectividad con que se reduzca la Conflictividad Social. Por lo tanto, no podemos tratar estos dos temas de forma separada. En este artículo trataremos los consensos y discrepancias entre los candidatos en estos dos aspectos, y evaluaremos el impacto esperado de las medidas propuestas sobre la conflictividad social.

Los Consensos y sus Limitaciones.

Ambos candidatos se refirieron a la consulta previa como un mecanismo efectivo de reducción de la conflictividad social. A primera vista, esto es bastante obvio. Si las comunidades, tras un proceso de negociación e información aprueban un proyecto, el mismo podrá llevarse a cabo sin que exista un proceso de resistencia social.

El problema estriba en que no existe una definición inequívoca respecto a quienes son y quienes no son “la comunidad,” donde están sus límites geográficos  y en qué consiste la “consulta previa”. Si consideramos como “la comunidad” a la población del entorno directo de un proyecto minero, de haberse realizado la consulta previa sobre el proyecto Conga en Cajamarca o Santa Ana en Puno, se hubieran viabilizado. En ambos casos las comunidades del área de influencia directa de estos proyectos eran claramente favorables a los mismos. Fue la movilización de la resistencia de comunidades más alejadas, que no se beneficiaban tanto de su implementación, la que inviabilizó los proyectos.

Si se expande el ámbito de la consulta, se generaría un nuevo espacio de disputa que debe ser evaluado con cuidado. Tanto los grupos interesados en beneficiarse con la minería como los grupos interesados en promover la conflictividad van buscar estar incluidos en “la comunidad” que apruebe la consulta previa. Los criterios técnicos no son suficientes, pues todos los grupos de interés utilizarán criterios “técnicos” en su discurso, se requiere entender los intereses en purga detrás de los argumentos técnicos.

Los anti-mineros pretenderán dar representatividad a aquel grupo que se movilice contra algún proyecto y dirán que el mismo representa a las “comunidades afectadas” independientemente de su cercanía al proyecto y o del real involucramiento en las consecuencias del mismo. Lo único que les importará será que la movilización de los insatisfechos tenga relevancia política y mediática. Mientras existan condiciones para generar conflictividad social en alguna zona la aplicación de la consulta previa, su realización no será un mecanismo efectivo para evidenciar la aceptación social de los proyectos.

El otro punto de consenso de los candidatos fue el énfasis que se dio en que las actividades extractivas generen desarrollo local. Sea mediante un mayor grado de inversión pública (Keiko Fujimori) o mediante un “adelanto social” (PPK). Este desarrollo local es un fin loable desde el punto de vista humano, económico y político. Si bien la minería debe servir al desarrollo de todos los peruanos, y no solo a quienes estén cerca de una mina, debemos estar claros que la persistencia de la pobreza adyacente a la enorme riqueza de las actividades extractivas genera condiciones óptimas para la conflictividad social.

Si bien el desarrollo local es condición necesaria, los estudios muestran que no suficiente para que las actividades extractivas sean viables. Una investigación del BID[2] respecto al impacto sobre el desarrollo local de las actividades mineras en el Perú encuentra que las zonas mineras manifiestan una reducción más rápida de la pobreza y de la desigualdad que zonas (comparables) sin actividad minera. Es decir, la minería en el Perú no solo reduce la pobreza en su entorno sino también la desigualdad, siendo estos hallazgos claramente opuestos a las creencias comunes brindadas respecto a las causas de la conflictividad en las zonas mineras. No hay que olvidar que las zonas mineras han recibido, vía canon, regalías y derechos de vigencia, más de 40 mil millones de soles, entre 2005 y 2014.[3]

Un problema objetivo es que los beneficios locales de los proyectos mineros, se dan con un importante desfase en el tiempo, pues estos se dan mayormente durante la etapa productiva de los mismos. El canon llega cuando las empresas producen utilidades y, eso ocurre algunos años después del inicio de operaciones, luego de absorber las pérdidas pre-operativas. En consecuencia, si el Estado no se las ingenia para acompañar el desarrollo de los proyectos (en su fase previa al canon) con inversiones sociales, productivas y de infraestructuras, la espera de los beneficios crea un espacio de vulnerabilidad hacia los conflictos.

A pesar de todos los beneficios generados por la operaciones mineras, los resultados electorales evidencian una fuerte presencia de la ideología de la conflictividad justo en las zonas más beneficiadas. Ello muestra que el beneficio económico no es suficiente para reducir la conflictividad. No hay que olvidar que algunos grupos promueven la conflictividad justamente porque es posible obtener rentas económicas y políticas por medio del conflicto.

Para ser efectivo, el desarrollo local debe aumentar la legitimidad del sector extractivo. La población necesita visualizar claramente que los beneficios obtenidos tienen su origen en la actividad minera. Es necesario que la población local atribuya el desarrollo traído por este sector a las operaciones extractivas y las empresas que las realizan. Sin ese entendimiento la narrativa anti-minera socava la legitimidad de la minería como motor del desarrollo, y vamos a escuchar consignas absurdas como “Canon sí, Mina no”.

Respecto a la minería informal ambos manifiestan una postura expectante a la misma, posiblemente dado el importante bolsón electoral que este sector representa. Sin embargo, hay que considerar que la fiscalización ambiental efectiva a miles de unidades económicas de pequeña minería resultara un esfuerzo mucho más complejo que la fiscalización a la gran inversión minera con procedimientos de control y reporte mucho más estandarizados. A su vez, la presión tributaria que se puede ejercer sobre la pequeña minería es claramente menor que la que se puede dar sobre las grandes empresas. En este aspecto hay que desarrollar nuevas estrategias para, por ejemplo, concentrar el procesamiento del mineral en instalaciones limpias y formales.

Las Diferencias.

Keiko Fujimori hizo hincapié en el rol de árbitro que debe jugar el Estado entre las comunidades y las empresas mineras. Por otro lado, considera que son las comunidades afectadas las que deben recibir las multas generadas por las infracciones ambientales. Ambas medidas tienen un potencial positivo en la medida que este rol de árbitro sea respetado y considerado como legitimo por parte de las poblaciones locales y supere la persistente campaña de desconfianza que promueven los anti mineros. Respecto a la entrega de las  multas a las comunidades afectadas, esto debe verse con mucho cuidado, esto puede responder a un principio de justicia, sin embargo el proceso de fiscalización ambiental tiene que obedecer a criterios puramente técnicos para evitar que las denuncias ambientales se vuelvan mecanismos de presión política de comunidades deseosas de fondos.

Pedro Pablo Kuczynski planteo un adelanto social como mecanismo de generación de confianza, esto permitirá mostrar realidades que faciliten socavar parte de la estrategia política anti-minera en los momentos previos a la implementación de un proyecto extractivo, el momento más vulnerable de un proyecto, tal como hemos planteado líneas arriba.

PPK propone un Banco de Fomento Minero con la idea de propiciar la formalización del pequeña minería, ello sin embargo implica poner en riesgo fondos públicos con fines que siempre terminan siendo sobrepasado por la política. Dada la nefasta experiencia del Estado con la banca de fomento sectorial, esta opción debe ser considerada como riesgosa.

En Conclusión.

Las propuestas evidencian intenciones positivas y avances sobre la situación actual, pero los planteamientos adelantados por ambos candidatos, evidencian una comprensión limitada respecto a la naturaleza de conflictividad social como fenómeno político. Las medidas en favor de minería informal parecen, por ahora, más impulsadas por criterios electorales que de formalización efectiva.

Ambos han presentado diversos mecanismos para amplificar los efectos de las actividades extractivas sobre el desarrollo en el entorno de los proyectos. Estas medidas, con un mejor entendimiento de las cuestiones políticas, tienen el potencial de reducir la conflictividad social y reabrir la puerta del desarrollo minero en Perú.

Algo que debió estar presente en el debate, es el inmenso impacto positivo de los grandes proyectos mineros, tanto los suspendidos, como los de desarrollo potencial, en el conjunto de la sociedad a través de sus encadenamientos productivos, la generación de empleo de calidad (directo e indirecto) y el aporte de divisas y recursos fiscales, que hacen posible una acción efectiva del Estado para derrotar la pobreza y superar las brechas sociales que nos aquejan. Lampadia

Datos demasiado grandes para el formato del archivo

El domingo pasado, en el importante programa de cierre de semana de Canal 4, ‘Cuarto Poder’, se entrevistó a Máxima Acuña de Chaupe, la campesina cajamarquina que mantiene una agria disputa con la compañía minera Yanacocha, una empresa formal que es monitoreada por diversas instituciones, desde bolsas de valores a sofisticados analistas, al haber ganado el premio ambientalista Goldman.

En la entrevista se presentó a la señora Chaupe como una víctima de la abusiva minera. No se comunicó a los televidentes que habían razones objetivas para dudar de los reclamos de la señora, como que su caso fue presentado, difundido y defendido por la nada objetiva ONG Grufides, la plataforma del ex cura Arana, verdadero dueño de Tierra y Libertad (Arana: “Verónika solo es vocera del Frente Amplio”), que sin embargo fue ampliamente derrotado en Cajamarca en las últimas elecciones por Gregorio Santos. Tampoco se indicó que después de las denuncias de la señora Chaupe, que reclamaba que la minera quería dejarla sin su única propiedad, se probó que ella y su marido tenían nueve otras propiedades.

Además, Cuarto Poder le dio el espacio a la señora para que haga otra denuncia falsa, esta vez una muy extremista: que la empresa quería asesinarla y que habían disparado a su familia y a su propiedad.

Canal 4 no contrastó nada de esto con la otra parte o con terceros. Finalmente, los conductores del programa se deshicieron en elogios melosos y exagerados a una figura cuestionada por personas respetables, ajenas a la empresa minera.    

Curiosamente, La República, 18 de abril del 2016, socio de Canal 4 y enemigo del grupo de El Comercio, difundió la noticia del premio con el mismo espíritu que dicho canal, propiciando el mito a pesar de haber publicado en sus páginas, un año antes, el informe de Ricardo Uceda que glosamos líneas abajo. La República informó: “La campesina peruana se hizo merecedora del premio por su defensa del medio ambiente en el conflicto con la empresa minera Yanacocha”.

Contrariamente a ‘Cuarto Poder’ y a La República, RPP (19 de abril 2016) se refirió al tema dando el contexto correcto: ¿Quién es Máxima Acuña y por qué su premio genera tanta polémica? “Tras recibir el premio Goldman (el Nobel medioambiental) su causa ha generado opiniones divididas”.

Ningún medio puede alegar ignorancia sobre el tema, veamos:

En julio del  2015 publicamos en Lampadia: El negocio de la fabricación de mitos: En estos días estamos siendo testigos de la fabricación de un nuevo mito: “La Hija de la Laguna”. Un documental de Ernesto Cabello que será propalado en los cinemas peruanos con el apoyo del Ministerio de Cultura. La cultura implica la verdad, la rigurosidad y la transparencia. Pues este documental no sigue ninguno de estos preceptos. En esta nota comparamos el mito de Máxima Chaupe con el de la guatemalteca Rigoberta Menchú (no dejen de leer la denuncia de Xavier Sala i Martín).

En agosto del 2015 publicamos en Lampadia el artículo de Camilo Ferreira y Franco Olcese: ‘Documental’ con agenda ideológica oculta – Manipulación política de la cultura: “La Hija de la Laguna: se consigue apoyo financiero del Estado para falsear la realidad”.

Además, los productores y conductores de Cuarto Poder podrían también haberse informado con la nota de Ricardo Uceda, el periodista de investigación más respetado del país que escribe sus informes en La República. Ver: El pantanoso caso Chaupe, 24 de febrero del 2015: (Glosado por Lampadia)

La versión de Grufides [por los Chaupe]

La historia fue explicada oficialmente por la ONG Grufides, fundada por el dirigente de Tierra y Libertad Marco Arana. (…) Los Chaupe lo compraron legítimamente a un tío. Pruebas: un certificado de posesión sobre dieciocho hectáreas otorgado por la comunidad campesina de Sorochuco (…). Después la empresa adquirió tierras colindantes. Y con el mayor descaro, pretendió apropiarse de la propiedad de los Chaupe. En forma ilegal y abusiva, Yanacocha intentó desalojarlos mediante salvaje actuación policial.

La versión de Yanacocha

En 1996 y 1997, Conga compró 496 hectáreas a la comunidad campesina de Sorochuco. Comprendía el predio que los Chaupe reclaman como suyo. Las tierras le pertenecían a esa comunidad, con títulos irrefutables. Los documentos de compraventa fueron firmados por sus representantes calificados, incluyendo a Samuel Chaupe, padre del esposo de Máxima, avalando la transferencia de Tragadero Grande. Evidencia fotográfica satelital demuestra que es falso que el terreno en disputa haya estado ocupado por los Chaupe desde 1994. Estos recién ingresaron ilícitamente en agosto del 2011, cuando estalló el conflicto de Conga.

Cuando los Chaupe quisieron invadir sus terrenos en 2011, la empresa los denunció penalmente y pidió a la policía desalojarlos. Existe un video demostrativo de que no hubo la violencia que se denuncia.

Todos somos Máxima

Pero la fuerza moral de la denuncia procede del testimonio de Máxima. Es convincente su discurso de que la explotación de esas tierras es el único recurso de su familia para subsistir. Máxima, La Dama del Lago, es una víctima: una campesina indigente que lucha por sobrevivir.

Es la versión de los Chaupe y de sus defensores. En agosto del 2013, en la víspera de que un juzgado de Celendín los sentenciara por usurpación, Máxima Chaupe declaró al canal Portafolio Periodístico que recibía amenazas de Yanacocha, y que si la empresa la mataba quería ser enterrada en Tragadero Grande. “Es el único terreno que tengo”, añadió. Después de esta sentencia, su abogada Mirtha Vásquez, de Grufides,  dijo que los Chaupe defendían su única propiedad, y que no tenían otro lugar adónde ir.

Nueve propiedades

Por eso fue pasmosa la revelación que hizo el 9 de febrero, en TV Norte, el periodista cajamarquino Luis Mego. Los esposos Chaupe tenían título de propiedad de seis predios en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín: Chilin, Agenco I, Agenco II, La Tuna, Aluche. Además, poseían otros tres –Sigues, La Playa de Sigues y La Nueva Chica– en el distrito de Huasmín. No es que sean terratenientes ni mucho menos: las chacras, en conjunto, suman solo diez hectáreas.

Los títulos de dominio en favor de los Chaupe en la SUNARP indican que en cada caso acreditaron “posesión directa, continua, pacífica y pública” por ese tiempo. Y que fue constatada la explotación económica de los predios. Los registros fueron obtenidos en 2004 y 2005. ¿Cómo, durante el lustro anterior, estuvieron ocupando estos terrenos y al mismo tiempo Tragadero Grande?

La otra vía

Mirtha Vásquez, de Grufides, abogada de los Chaupe, respondió que estos terrenos eran “una herencia”. Mego dijo que los documentos de SUNARP  demuestran lo contrario. Vásquez también señaló que las propiedades carecían de valor. Pero la inspección del Ministerio de Agricultura reporta tierras cultivadas y cría de animales. Cualquier agrotécnico demostraría que estas chacras son mejores que el duro y helado territorio de Conga. 

Los Chaupe están en todo su derecho de hacerse de predios ocupados por cinco años. Pero haber mentido acerca de su “única propiedad” echa sombras sobre toda la historia y deja mal paradas a organizaciones de derechos humanos que los defendieron.

Es una lástima que algunos de los programas periodísticos del país, a pesar de contar con los mejores recursos y capacidades habidas y por haber, asuman posiciones tan irresponsables como la exhibida por Cuarto Poder, el último domingo. También es lamentable la falta de reacción de la clase dirigente peruana, que ve pasar mitos elefantiásicos por sus puertas, sin indignarse y comunicar sus pareceres a la opinión pública.

‘Por esto y muchas cosas más’, nos parece que Cuarto Poder se está ganando el sobrenombre de “Poder de Cuarta”. Lampadia

“La minería no genera mucho empleo en el Perú. Vamos a definir dónde minería, dónde agricultura, priorizando las actividades productivas que generan más empleo”. Verónika Mendoza, candidata del Frente Amplio.[1]

Esta visión se encuentra extendida en amplios sectores de la sociedad y es políticamente funcional a aquellos proyectos políticos que consideran que el Perú tiene un modelo económico “primario exportador” que requiere ser combatido. Si se cree que el sector minero genera poco trabajo y que su expansión se hace a costa de la agricultura, entonces el obstaculizarlo implica un bajo costo social, y comparado con la generación de empleos agrícola podría hasta ser económicamente positivo.

Sin embargo, esta visión no condice con la realidad. La minería es uno de los sectores más dinamizadores de la economía y del empleo en el país. El Estudio del IPE “Efecto de la minería sobre el empleo, el producto y la recaudación en el Perú” [2] nos demuestra, aplicando la matriz insumo producto de la economía peruana, que los empleos directos generado en minería tienen un efecto multiplicador en otros sectores económicos. Lo que ocurre es que esos empleos son menos visibles en las operaciones mineras, porque en su mayor parte están en otros sectores. Un trabajador minero gasta su salario, de los más altos del país, en un conjunto de bienes y servicios; las empresas mineras realizan compras de insumos en el mercado nacional, requieren de servicios del sector construcción, del sector metal mecánico, del sector de las industrias químicas, etc. Todos ese consumo, ligada a las actividades mineras, desencadena una dinámica económica y una gran cantidad de empleo fuera del sector estrictamente minero.

El IPE estima que cada empleo directo en el sector minero genera nueve empleos en otros sectores. En cambio la agricultura, una actividad, que lamentablemente, en promedio es de muy bajo nivel tecnológico y productivo, que en gran medida es de autoconsumo, está asociado a tan solo un sexto de puestos de trabajo indirectos en otros sectores. Es decir, se necesitan 6 empleos directos en el sector agrícola para generar un solo puesto de trabajo adicional en otro sector. Los efectos dinamizadores sobre el empleo en otros sectores de un trabajador minero son 54 veces los efectos los de un trabajador agrícola.

Por este efecto multiplicador de la minería, en el año 2009 un total de 2,5 millones de peruanos tuvieran su sustento basado en la minería.[3]

Un ejemplo de cómo la minería desencadena crecimiento y genera empleo en otros sectores nos da el caso de la industria metal mecánica para la cual la minería ha sido uno de sus principales dinamizadores y que en la actualidad genera 50 mil empleos directos. Otra forma de visualizar la generación de empleo por la minería puede ser la caída dramática del empleo urbano en Cajamarca resultado de la paralización de Conga y de la reducción de las operaciones de Minera Yanacocha.

El atribuido antagonismo entre minería y agricultura es uno de los pilares de esta visión ideológica. Este antagonismo le visualiza claramente en el mensaje “Agro sí, Mina no” que fue la consigna más repetida por los manifestantes durante el conflicto Tía María. Obras como el reservorio Chailhuagón, construido por Yanacocha en Cajamarca, que brinda agua a los campesinos inclusive en la estación seca; o la planta de tratamiento de agua de mar que la Southern Copper Corporation (empresa Mejicana) planea construir para sus operaciones, demuestran que el antagonismo entre la minería y la agricultura es una falacia, y que los recursos generados por la minería pueden ser direccionados hacia un aumento del acceso de la población al agua, contribuyendo así a mejorar la productividad en la agricultura y al bienestar de la población local.

No se puede negar que para realizar sus actividades, la minería necesita utilizar superficie de tierra, y que esta superficie podría ser utilizada con fines agrícolas. Comparemos entonces los efectos relativos de la minería y la agricultura en la generación de empleo. Es decir, cuál actividad genera más empleo por hectárea?. Combinando los datos del INEI y el estudio del IPE encontramos que la minería hace uso de 891 mil hectáreas de territorio nacional y genera 2.2 empleos directos e indirectos por hectárea,[4] mientras que las actividades agropecuarias hacen uso del 3,089 miles de hectáreas y generan 1.4 empleos directos e indirectos por hectárea.[5] Es decir, la minería genera 57% más empleo por hectárea que la agricultura. Hay que agregar que las actividades mineras se encuentran normalmente en zonas alto andinas de baja o nula productividad agrícola, por lo que este cálculo posiblemente esté sesgado en favor de la agricultura.

Por el lado de la productividad vemos que la minería es mucho más productiva que la agricultura. En cada hectárea dedicada al agro se genera, en promedio, una producción de 7,334 soles mientras en que en una hectárea dedicada a la minería se generan una producción de 57,363 soles, casi 8 veces la productividad de la agricultura, generando un empleo de calidad muy superior al empleo agrícola [6].

La evidencia nos señala que la minería, además de la renta, genera altos niveles de empleo. No se encuentra un antagonismo intrínseco entre minería y agricultura. Inclusive en los casos en los que en efecto se desplazara la actividad agrícola por una expansión de la minería, el efecto neto sobre la producción y el empleo sería positivo, generando mayores beneficios para la comunidad del área de influencia. La gente de la zona lo sabe, y es por esto que se dan manifestaciones de apoyo como se puede ver en el siguiente artículo: Comuneros de Sorocucho y Huasmín: ¡CONGA VA!.  Las declaraciones de la candidata de los grupos anti-mineros parten de una visión ideológica y no condicen con la realidad. 

Si fuera coherente con el texto de sus declaraciones, “priorizando las actividades productivas que generan más empleo”, la Sra. Mendoza tendría que promover a la minería. Pero su ideología es contraria a esa actividad. Entonces la candidata de los antimineros va tener que ser incoherente con esta parte de su discurso, pues la realidad muestra que rechazar minería en nombre de la agricultura (obedeciendo a un antagonismo ficticio) es un retroceso en la generación de empleo y un gran retroceso en los ingresos de la población. La información sobre empleos, superficie y productividad muestra que la promoción de la minería aumenta el empleo, los ingresos, y las oportunidades para la superación de la pobreza. Lampadia