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Y después de la vacancia… ¿qué?

Y después de la vacancia… ¿qué?

Domingo García Belaunde
Para Lampadia

A diferencia de lo que pasaba en años anteriores, hoy en día los temas constitucionales están de moda, en parte por las difíciles circunstancias en que vivimos. Y como quiera que la norma constitucional siempre busca encauzar una acción política, es inevitable que sea el centro de la discusión por todos o casi todos. Lo que es interesante y debería traer como consecuencia un mayor estudio de estos temas.  

Y uno de los puntos clave es, sin lugar a dudas, el tema de la vacancia, sobre lo cual se ha dicho mucho y se ha escrito más, no siempre con buen enfoque. El problema no es complicado: requiere tan solo un poco de lectura y sindéresis. Veamos: 

La constitución peruana tiene, desde 1839, una norma sobre la vacancia del presidente de la República, que pese a su longevidad, sigue siendo discutida. Son muchos los temas que provoca esta vacancia cuando se lleva a cabo, pero solo nos detendremos en un solo punto. Esto es: ¿Qué pasa después de la vacancia?

La norma se encuentra en el artículo 115 de la Constitución, pero no hay que limitarse a su lectura aislada. Ahí se dice que ante la ausencia del presidente (entiendo aquí como vacado) lo sucede el primer vicepresidente y en su defecto el segundo (vicepresidente o vicepresidenta) y en su defecto el presidente(a) del Congreso, quien de inmediato convoca a elecciones. Es decir, solo los vicepresidentes(as) pueden culminar el período gubernativo. No así el titular del Congreso.

Detengámonos en este dato.

El período presidencial o de gobierno es uno solo y dura cinco años. Todo lo que ocurra al interior, como son los cambios de los titulares, se limitan a cumplir el plazo y nada más. Y eso alcanza a los poderes elegidos, o sea, ejecutivo y legislativo.

Y en cuanto a la vacancia del presidente, si este deja el cargo, como queda dicho, lo suceden en su orden los vicepresidentes – los que haya- y de llegar el caso a la presidencia del Congreso, que convoca a elecciones.

Y aquí ha surgido un debate que me parece bizantino. Y es que se duda qué tipo de elecciones se hacen. Algunos dicen que las elecciones son generales y se van todos (algo similar quiso hacer Vizcarra, pero pidió un cambio constitucional, lo cual era lo que hipotéticamente correspondía) o solamente se convoca a elecciones presidenciales, que incluye la plancha presidencial.

Mi punto de vista, expresado en diferentes oportunidades, es que son solo elecciones presidenciales. Me baso en lo siguiente:

a) El que es vacado es el presidente.

b) Los congresistas no son vacados, sino “disueltos” como señala el art. 134 de la Constitución. Más aun, no pueden renunciar al cargo. 

c) El único caso en el cual un congresista es vacado, es cuando fallece. Se le vaca y lo reemplaza el llamado por ley.

d) Los casos de vacancia están contemplados en el apartado dedicado al Poder Ejecutivo.

Y estos cambios se hacen sin mover el calendario gubernativo, de cinco años. El caso actual, es de 2021 a 2026.

Por cierto, que esto puede merecer críticas, provenientes más de un ideal que de una realidad. Pero esto es lo que tenemos y lo que viene de atrás. Y así pasó con la vacancia de Vizcarra: el Congreso se mantuvo…y asumió la presidencia el llamado por ley. Y si bien no hubo elecciones presidenciales como correspondía, estas ya estaban convocadas. Lampadia

Artículo publicado el 23/12/2021
 




¿Por quién cacarean las gallinas? *

¿Por quién cacarean las gallinas? *

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Es una costumbre popular decir, que las gallinas cacarean para que todos sepan que han puesto huevos. Este hábito de las aves de corral se sugiere a los humanos, para que todos sepan de las cosas que han hecho y se las reconozcan.  Sin embargo, son los políticos quienes más usan de esta norma de conducta.

En estos últimos días, tanto el ministro de economía y finanzas, su viceministro de economía y hasta el jefe del gabinete de asesores del MEF, han publicado sendos artículos dando a conocer la magnífica gestión de la cartera ministerial, para alcanzar el crecimiento de 13% del PBI, superior al inicialmente esperado para el año 2021. Ciertamente, le sacan lustre al récord histórico en el crecimiento de la inversión pública (38%), inversión que reportó un monto de S/. 39.1 mil millones, sin mencionar una palabra de los S/. 16.4 mil millones “no ejecutados”.

Obviamente, no han tenido el mínimo decoro de reconocer, en principio, que, si algún mérito hubo, éste correspondía al ministro Waldo Mendoza y su equipo, quienes hicieron un gran esfuerzo por identificar proyectos donde hacer crecer la inversión pública, durante el gobierno anterior. No sólo eso, sino que, durante el último trimestre del año 2021, la inversión pública cayó -8.7%, como resultado acumulado de -7.9% en octubre, -17.2% en noviembre y – 4.8% en diciembre. En resumen, ningún logro, puesto que los crecimientos atribuibles a agosto y setiembre, ya estaban trabajados por el gobierno que salió el 28 de julio.

Respecto al crecimiento de 13% del PBI, sería importante recordar, que este es producto del rebote estadístico tantas veces explicado, luego de la caída de 11.1% en el 2020, por el pésimo manejo del gobierno de Vizcarra. Pero responsabilidades al margen, éste rebote significa un crecimiento de 0.46% respecto al año 2019. Debemos resaltar que el precio del cobre en el 2021, fue 65% superior al del 2019, mientras que el del oro fue 40% superior, consecuentemente, sólo por efecto precio, hay un crecimiento de nuestro PBI de al menos 5% (2021 vs 2019).

Igualmente, decir que “este gobierno ha tenido el mérito de reducir el déficit fiscal” de 8.9% a 2.8%, sin decir que esa reducción se debe únicamente a que, durante el 2021, el sector minero ha pagado el triple de impuestos que en el 2020 y no a que el gobierno haya hecho algún ajuste significativo en el gasto público, habla mucho de los criterios, principios y valores del ministro de economía.

Dicho lo anterior, es importante mencionar que cuando se reporta las cifras de inversión pública, lo que el MEF reporta, son las transferencias de fondos que desde el gobierno central se hace a los gobiernos regionales y municipales. Esto significa, transferencias de dinero y no obra ejecutada, ni brechas sociales cerradas. 

Sería pues muy importante que, los mencionados funcionarios nos informen, no cuales son los importes transferidos (inversión según ellos), sino cual es el avance de las obras ejecutadas, qué problemas reales se han resuelto o, al menos, qué tan cerca tenemos la solución y de qué carencias específicas: escolares, de salud, de agua y desagüe o electricidad. No es posible que tengamos paralizada y por años, la construcción de hospitales, algunos construidos en medio de una ruta de huaico u otros construidos y sin equipar, mientras otros están concluidos, pero sin personal médico asignado. No es posible que, por falta de acción del Estado, sea la empresa privada la que deba construir las facilidades sanitarias que éste no ejecuta y peor aún, que se permita “inversión” en cualquier cosa, aunque no sea necesaria.

En los recientes conflictos sociales en el corredor minero y ante la pregunta periodística respecto a las exigencias a la empresa minera y no al Estado, se escucha a algunos pobladores contestar que, “el Estado no está presente ni hace nada, por eso tienen que reclamárselo a la empresa minera”. Ciertamente esa afirmación, que es una vergüenza, gráfica a las claras la real situación.

En conclusión:

  • Es muy feo tratar de ganarse indulgencias con avemarías ajenas. La honestidad es un valor.

  • Simplificar la estructura del Estado para generar ahorro, eliminando el gasto inútil, que se tenga claramente identificadas las carencias de infraestructura a resolver, los proyectos a ejecutar, tiempos y costos de ejecución, así como sus responsables.

  • Identificar claramente las causas de la inacción del Estado, antes de culpar a los demás.

  • Informar periódicamente el avance físico del proyecto y desviaciones de plazos y montos, debidamente justificadas. 

  • Finalmente, determinar la eficacia de la inversión pública realizada reportada.

Ciertamente, no podemos dejar de mencionar la convocatoria de este gobierno a la gran inversión privada, motor del crecimiento de nuestra economía. En esa línea, sería conveniente que nos compartan: qué acciones de convocatoria se han ejecutado, qué proyectos de inversión privada estamos promoviendo, de forma que nuestras estimaciones de crecimiento económico y avance en términos de paz social, sean previsibles con algún grado de certeza.

No me molesta que cacareen las gallinas, pero que lo hagan cuando ponen huevos, no por gusto.

*Que me perdone Ernest Hemingway

Lampadia

 



El difícil laberinto de lo “Políticamente correcto”

El difícil laberinto de lo “Políticamente correcto”

Un abuso del lenguaje para impregnar todos los espacios de nuestras vidas con ideologías que pretenden aplanar el conocimiento, el pensamiento y la socialización del ser humano hombre.

Una absurda moda adoptada por los últimos tres gobiernos del Perú, Vizcarra, Sagasti y Castillo; que, en aras de nuestra libertad, rechazamos haciendo uso de nuestra ‘incorrección política’.

Líneas abajo compartimos el análisis de Axel Kaiser, de la Fundación para el Progreso (Chile), un soldado del liberalismo.

Fundación para el Progreso – Chile
Axel Kaiser
Publicado en El Mercurio, 01.08.2021

La transformación de Negrita en Chokita, la advertencia que Disney+ hace antes de ciertas películas —alertando sobre representaciones culturales en algunos de sus filmes clásicos— y el ‘todos, todas y todes’ de los convencionales tienen nexos que los unen. Se enmarcan en un mismo telón de fondo: un debate cultural en torno a conceptos como la identidad, la representación y el lenguaje, uno de los más encendidos de la actualidad.

Son apenas 30 gramos. Una pequeña galleta con crema de vainilla y cobertura de chocolate, cuyos fabricantes decidieron hace algunos días que era momento —’en línea con su cultura de respeto y no discriminación’, comunicaron— de un cambio. La Negrita renacerá como Chokita, para ‘todas y todos’. Pero, así como sostienen algunos que ‘no son 30 pesos, son 30 años’, en este caso podría decirse que no son 30 gramos.

La clásica golosina se convirtió, de un minuto a otro, en una suerte de símbolo de una suma de debates abiertos. La punta de un iceberg, si se quiere, de un campo en que se cruzan discusiones culturales, políticas y sociales. De ahí, por ejemplo, que cuando se comenzaba a hablar de la suerte que corrió la galleta, se terminase dedicando líneas a la Convención Constitucional.

El salto de una cosa a otra no es fácil de seguir y en la maraña conceptual que las conecta se cruzan desde filósofos del posestructuralismo francés, pasando por películas de Disney y los réditos políticos. Los porqués y los cómo, a continuación.

Del meme a la academia

En universidades y centros de estudios, la galleta se masticó más lento. Y dejó sabores distintos. ‘Diría que la cancelación de Negrita lo que refleja es un proceso de profunda descomposición cultural y que amenaza con convertirse casi en una crisis civilizatoria, cuando uno entiende los fundamentos que están detrás de esto’, sostiene el presidente de la Fundación para el Progreso (FPP), Axel Kaiser. ¿Qué corriente es esta? Aquella que han puesto en debate, explica, ‘la necesidad de reflexionar sobre el impacto que tienen ciertos usos lingüísticos, sobre todo en las representaciones de ciertos grupos sociales desaventajados y cómo, entonces, el lenguaje no sería neutro’.

El telón de fondo

Hay veredas distintas desde donde leer el panorama, pero algunos conceptos coinciden: identidades y representación, por ejemplo. Y a su alrededor, se dibujan otros más líquidos como qué es lo políticamente correcto en estos tiempos.

En el esfuerzo de rastrear el origen de esta madeja, varios análisis se remontan décadas atrás. Si se busca una especie de marco teórico, se repiten algunos referentes: el posmodernismo y el posestructuralismo francés de filósofos como Jacques Derrida o Michael Foucault, en que estructuras, palabras y jerarquías se analizan, deconstruyen y cuestionan, dando un lugar preferente a las subjetividades. Enfoques que cruzaron el charco, aterrizaron en los campus estadounidenses y entraron en la misma juguera con otros ingredientes, como los movimientos de protesta y de defensa de minorías. El cóctel resultante es para algunos el terreno en que luego emergerían con fuerza fenómenos como el identitarismo o la corrección política.

Una parte de ese trasfondo fue anticipada por Tocqueville en el siglo XIX: la cultura individualista de la democracia contemporánea, nota él, no lleva solo a una ampliación de las libertades, sino también al reinado de la opinión y eventualmente a un despotismo de la opinión dominante’, sintetiza Manfred Svensson, director del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes e investigador sénior del IES.

Pero, un minuto. ¿Cuándo se importaron estos fenómenos a Chile? Svensson aventura que un factor clave en la irrupción de estas visiones es ‘la nueva izquierda’. ‘La política de identidad entra también por otras vías, desde luego, pero es de la mano de esta izquierda joven que ha adquirido la presencia pública que tiene’, precisa.

Y tanto en el extranjero como a nivel local, los ojos de muchos de quienes les siguen la pista a estos fenómenos se vuelcan en el mismo lugar: los campus universitarios. ‘La cultura de la cancelación se está tomando poco a poco las universidades, incluso con políticas de corte comisarial, disfrazadas de propósitos inclusivos. La obsesión por la inclusión identitaria termina provocando otras exclusiones y se puede hacer cómplice de prácticas tan violentas como las funas’, advierte el escritor Cristián Warnken.

Con pragmatismo

Por otro lado, dice, ‘los grupos que sostienen políticas de identidad tienen un punto al dar cuenta de que esos grupos normalmente han sufrido de una discriminación que si no es considerada en las prácticas políticas, entonces luego solo se eterniza’, agrega.

LOS MÁRGENES DE LA CORRECCIÓN

¿Aceptado o cancelado?

‘Neoinquisición’. Ese es el concepto que ha trabajado Axel Kaiser —de hecho, le dedicó un libro— en torno a lo que, a su juicio, es la derivación más dura de la llamada corrección política. ‘Estamos entrando en una era de irracionalidad completa, porque la tesis central de esta filosofía, que creo firmemente que es el posmodernismo, es que no hay una verdad. Todo es un discurso, narrativas’, dice. ‘Esta es la gran ironía. Pretendiendo negar que existe una verdad, que se puede conocer a través de la razón, mediante la lógica y la evidencia, planteas al mismo tiempo una verdad que es absoluta. Primero, que no existe esa verdad y segundo, que todo es opresión’, agrega.

Lo vincula —como recoge el ‘Decálogo de la neoinquisición’, que creó la Fundación para el Progreso— con la llamada ‘cultura de la cancelación’, en que aquello que escape a los parámetros trazados por estas miradas o que resulte ofensivo, se vuelve un blanco. Para muchos, un eco de la ficción que planteaba ‘La mancha humana’, de Phillip Roth. ¿Algunos ejemplos? Libros, películas y otras creaciones que miradas bajo ópticas de estos días, no pasan la prueba. Como ‘Lo que el viento se llevó’, cuestionada por su tratamiento de la esclavitud y plantear estereotipos racistas.

Para Kaiser, esto es ‘completamente incompatible con la democracia liberal. Las ideologías identitarias que son colectivistas son incompatibles con la idea de un ciudadano que tiene idénticos derechos a los otros (…). Eso es una sociedad opresiva, ahora sí de verdad, porque estás utilizando la ley y el poder político para crear grupos que tengan jerarquías o estatus distintos’.

En primera persona

¿Cómo define lo políticamente correcto? Para el escritor, es ‘una expresión de la peligrosa tendencia a la unanimidad que comienza a extenderse en el ámbito universitario, político e intelectual. Nada más asfixiante y empobrecedor del debate de ideas que la unanimidad’.

‘Eso va a formar generaciones que nunca se verán enfrentadas a pensamientos distintos, con baja tolerancia a la discrepancia’, advierte.

Y sostiene: ‘Me resisto a callarme por miedo a ser funado o linchado en las redes sociales y siento que esto está ocurriendo con muchos intelectuales y profesores universitarios que practican una vergonzante y humillante autocensura’.

ESCAÑOS RESERVADOS, CUOTAS Y OTROS MECANISMOS

Una era marcada por las identidades

Una pieza clave en este debate cultural es la llamada política de la identidad. La define Peña en su libro como un término acuñado para ‘describir la presencia en la esfera pública de cuestiones en apariencia diversas como el multiculturalismo, el movimiento feminista, el movimiento gay, etcétera, esas diversas pertenencias culturales en torno a las cuales las personas erigen su identidad’.

‘La idea subyacente es que los seres humanos en realidad no comparten una misma naturaleza, sino que se forjan al amparo de distintas culturas a las que la cultura dominante habría subvaluado como una forma de someter y dominar a sus miembros’, complementa. Se configura así, escribe el rector de la U. Diego Portales, ‘un extraño fenómeno consistente en que la identidad queda atada a alguna forma de daño que convierte al sujeto en víctima y a la condición de víctima en la fuente de reclamos contra el discurso ajeno. La etnia, el género, la preferencia sexual son, por supuesto, factores sobre los que suele erigirse alguna forma de dominación; pero una cosa es identificarlos de esa manera y otra erigirlos en fuentes de la propia identidad y reclamar para que se los proteja contra el discurso ajeno’.

Mientras que algunas interpretaciones valoran que la paridad sea ‘un piso y no un techo’, como plantearon varios convencionales, otros ven en este tipo de medidas un dejo de ‘victimismo’.

Manfred Svensson, investigador del IES, profundiza en este último concepto. Para él, no es claro que este enfoque permita avanzar de forma efectiva en los objetivos que se propone. ‘Obviamente hay un sentido positivo de la preocupación por la inclusión y la tolerancia. Pero no creo que esas prácticas vengan de la mano de la política de identidad, sino que más bien responden a una mentalidad opuesta: las culturas victimistas son por definición culturas de baja tolerancia. Por lo demás, es interesante que por mucho que se hable de ‘visibilizar’ a los postergados, esta mentalidad en los hechos vuelve invisibles a quienes no se ajustan a sus estrechas categorías’, sostiene.

La tensión también la han mirado intelectuales en el extranjero. Douglas Murray, pensador británico, advirtió en estas mismas páginas que ‘en el momento en que se llega a la igualdad, cuando por fin se la alcanza, no pueden vivir en ella. Los movimientos de minoría no son capaces de vivir en ambientes de igualdad’. En una veta política distinta, Camille Paglia, quien se describe como trans, también ha sido crítica de estas miradas.

Una cancha distinta

Otro debate reciente en la Convención también muestra la tensión en torno a quiénes deben estar representados en cargos de poder. Aunque finalmente se aprobó la propuesta de la mesa, que por la vía de patrocinios permitía llegar a la vicepresidencia a distintos sectores, hubo críticas de convencionales sobre la posibilidad de que la derecha llegara a estar representada.

Sobre la paridad, destaca que ‘más que si es piso o techo, me acomoda que haya un marco de discusión nuevo, donde se tiene que ir ajustando el funcionamiento, pero la cancha es distinta y eso lo celebro’.

LA DISCUSIÓN ABIERTA EN TORNO AL LENGUAJE INCLUSIVO

Del todos y todas, a ‘les compañeres’

Corría el segundo período de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet cuando el tema se instaló con fuerza.

El mundo se movió rápidamente y apenas un par de años después, en 2018 —el mismo en que la ola feminista desbordó las universidades— tanto Bachelet como el Presidente Piñera dieron un paso más allá.

Tres años más y Chile ve conformarse a su Convención Constitucional un domingo 4 de julio. Su vicepresidente, el abogado Jaime Bassa, hace uso de la palabra y cuando acude a la primera persona plural, instala la expresión que mantiene hasta estos días: nosotras.

¿Doblado, con ‘e’ o con ‘x’?

En Chile —en España también, en todo caso— está lejos de generar consenso, pese a lo extendidas que varias de estas expresiones están en algunos segmentos, como los grupos más jóvenes o los movimientos de izquierda.

Todavía genera ruido en algunos sectores.

La cientista política y directora ejecutiva del think tank Espacio Público, Pía Mundaca, pone el foco en que ‘no hay que tenerle miedo a discutir lo que está sobre la mesa’.

Sobre el lenguaje, en particular, añade: ‘Creo que nada de lo que está pasando está establecido (…) vamos a ir construyendo’.

‘Sería un engendro’

El escritor Cristián Warnken argumenta que desde el punto de vista lingüístico no hay ‘ningún fundamento para imponer en instancias tan importantes como la Convención un lenguaje ‘otro’ que no sea el español que conocemos. Ese uso arbitrario no solo es molesto, sino incorrecto. ¿Por qué tendríamos que aceptarlo?’.

Los cambios morfosintácticos del idioma, continúa, ‘demoran siglos en producirse; no es una élite —cualquiera esta sea— que puede arrogarse el derecho a destruir y maltratar las bases morfosintácticas de un idioma que es de todos, de una comunidad y de un país’.

‘Una Constitución redactada con ese lenguaje sería un engendro que solo generaría rechazo y escarnio en gran parte de la población que no se sentiría representada por él. Lampadia




Desubicados

Desubicados

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Según la RAE, “Dicho de una persona: Que no se comporta de acuerdo con las circunstancias y hace o dice cosas inoportunas o inconvenientes”.

A menos de tres semanas con PC (Pedro Castillo) al frente del ejecutivo, no se me viene a la mente otro adjetivo para describir lo que ocurre con ciertos personajes. El solo hecho de convocar al gabinete, a numerosos individuos con antecedentes suficientes como para no ser contratados en ninguna organización que deba sujetarse a códigos de ética, demostrar valores y regirse por normas de cumplimiento (“compliance” como se conoce en el ámbito empresarial), es serio. No uno, ni dos, sino varios:

  • unos con antecedentes por asesinato y terrorismo (dizque “guerrillero” en los 60s), acusados de apología del terrorismo otros,
  • despedidos de sus puestos de trabajo en el Estado por faltar al trabajo e incumplir con sus responsabilidades otro,
  • una pareja de terrorista del MRTA,
  • otra sinvergüenza que no renuncia a su puesto en un organismo electoral, a la que le admitieron participar y ser proclamada sin renunciar y “exigir” ahora una licencia de 5 años (esta va a los de Ripley),
  • un ministro del interior que asume siendo fiscal, cuando además su primo es parte de una banda norteña dedicada a la invasión de terrenos,
  • un ex suboficial PNP dado de baja por medida disciplinaria, como ministro de defensa y que ahora pide “certificado de trabajo limpio”, etc.

Por Dios, como se preguntaba una periodista caviar, ¿qué pecado estamos pagando los peruanos para estar sometidos a esto? Me parece que ya es demasiado tarde para hacernos una pregunta tan tonta, cuando los responsables saben, in pectore, lo que hicieron el día de las elecciones.

Por supuesto que al mejor estilo del delincuente Vizcarra, ya empezaron a pregonar que no permitirán la corrupción, que no dejarán ni un milímetro de espacio para el crimen dentro del Estado. Pero en menos de dos semanas,

  • ya otorgaron dos concesiones de comunicaciones por 20 años cada una a dos “empresas”, recién creadas y sin capacidades ni experiencia en la actividad.
  • Ya empezaron a dar facilidades para el desarrollo de extracción ilegal de minerales, flexibilizando requisitos y exigencias que son de elemental cumplimiento.
  • Ya empezaron a convocar “ronderos” para las zonas urbanas, exigiendo presupuesto público y tratando de formar una fuerza paramilitar, al mejor estilo de Cuba y Venezuela.

PC es tan desubicado, que ha ido al Congreso, específicamente a plantearle a la mesa directiva, que a su partido le den la comisión de educación (tema que se maneja por votos en la junta de portavoces del Congreso). Ya sabemos lo que la izquierda ha hecho con la educación de nuestros niños y jóvenes durante los últimos 25 años. Ya es conocido el adoctrinamiento al que estos han sido sometidos, especialmente en el ámbito rural. Ya sabemos la forma como se gestionó la construcción y mantenimiento de los colegios y escuelas urbanas y rurales durante esas dos décadas, razón por la que están en estado de abandono. Obviamente, si van a manejar todo eso desde el ejecutivo, no quieren que nadie los fiscalice desde el Congreso.

En esencia, no quieren tener fiscalización, ni control político de sus actos en el poder ejecutivo. Vienen igual paseando a la Contraloría General de la República y a la Defensoría del Pueblo, puesto que, con los nombramientos de ministros, viceministros y directores de ministerios, el ejecutivo no ha aplicado el más mínimo filtro (mínimo antecedentes policiales y judiciales). Ahora, lo que está haciendo el gobierno, es pagar favores en gobiernos regionales y municipales y, sin controles, empieza a dar dinero y sin planes a ejecutar (la mayor fuente de corrupción), quieren preparar el terreno para las elecciones regionales y municipales próximas.

Uno de los temas más preocupantes es, no sólo una ratificación temporal del presidente del BCRP y la jefatura de la SBS, sino la definición del equipo de directores, por lo menos los designados por el ejecutivo, y del presidente del BCRP por los próximos cinco años. Lo mismo se debe presentar respecto a las autoridades de la SBS, caso contrario, la incertidumbre de los agentes económicos continuará y ya es tiempo de “tranquilizar las aguas” o no podremos recuperar el paso en el ámbito económico.

Pero desubicados tenemos por todas partes en esta viña del señor, la presidente del Congreso, ante la sarta de tropelías y mensajes inaceptables de los ministros y congresistas miembros de PL, entre otros, no se le ocurre mejor cosa que, invocar vía twitter a PC, para que convoque al “Concejo de Estado”, para revisar una agenda nacional y dialogar. Para todos está claro que, esa entelequia a la que llaman “Concejo de Estado”, no existe en nuestra legislación y no tiene, ni tendría ninguna autoridad respecto a sus miembros, ya que nada de lo que conversen ahí sería vinculante ni mandatorio y consecuentemente, estaría facilitando una gran mecida de la izquierda radical al Perú democrático.

Bien haría la señora Alva, en acoger la propuesta de ley hecha por el Defensor del Pueblo, para que el ejecutivo esté obligado a aplicar control constitucional previo, respecto a las calidades y méritos de los candidatos a ser miembros del gabinete, que garanticen la correcta aplicación de los principios de administración pública, la eficiencia, eficacia, probidad y ética pública, lo que debe incluir, que los investigados y sancionados por terrorismo o apología del terrorismo, estén impedidos de acceder a cargos públicos.

Esta señora, en lugar de buscar reuniones intrascendentes, debiera tener ya encaminada y en debate, la ley que impida que desde el ejecutivo, se atrevan a proponer un gabinete que más parece “la banda del choclito”, jugando a que el Congreso los censure y avanzar en sus propósitos desestabilizadores del Congreso del Perú.

Finalmente, pero muy importante, prepararse desde el Congreso y la ciudadanía para un posible proceso de vacancia, puesto que están amenazando el futuro de nuestro país, el que nos legaron nuestros antepasados y que estamos obligados a entregar intacto a nuestros descendientes. Lampadia




La Pfizer de Vizcarra

La Pfizer de Vizcarra

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Una de las más persistentes campañas de difamación que desarrolló la coalición vizcarrista durante el proceso electoral, fue la que tuvo como blanco al doctor Ernesto Bustamante y al periodista Beto Ortiz.

Los acusaron de menospreciar la vacuna china Sinopharm que supuestamente era de muy buena calidad y, peor aún, de llamar a la población para que no se vacune. Incluso los acusaron de ser culpables de la ola de muertos que asoló el país durante los primeros meses del año.

En verdad, las críticas que desarrollaron Bustamante y Ortiz, primero al fracasado ensayo clínico de la vacuna china en el Perú, y luego a la poca eficacia de esa vacuna, eran absolutamente ciertas.

El hecho de que Martín Vizcarra y sus familiares, que se vacunaron clandestina e ilegalmente antes que todos los peruanos con la vacuna china, ahora se hayan inoculado la Pfizer, es una prueba más de esa realidad. Casi nadie confía ahora en la vacuna china.

Y, como era de esperarse, nadie agradece a Bustamante y Ortiz el hecho que, si hoy día millones de peruanos se están vacunando con Pfizer, es gracias a lo que ellos hicieron.

En efecto, a principios de año Francisco Sagasti y su Gobierno aseguraron que se iba a comprar 38 millones de dosis de Sinopharm, persistiendo en afianzar las negociaciones que había iniciado el Lagarto. Pero ante las críticas que recibieron luego de las revelaciones de Bustamante y Ortiz, recularon en silencio y adquirieron las Pfizer, de mayor calidad y menor precio.

Naturalmente, ninguno de los difamadores de la coalición vizcarrista -políticos, periodistas, ONG- se ha rectificado ni lo va a hacer. Están acostumbrados a mentir con desfachatez e impunidad, porque controlan el poder y muchos medios de comunicación. Y, a salirse con la suya. Es decir, a embarrar a personas y grupos, sin que, cuando se descubre la verdad, esta tenga ni la milésima parte de difusión que tuvo la mentira que ellos comunicaron. Así, en gran parte de la población, lo que queda fijado son los embustes y calumnias de la coalición y no la verdad.

Por eso ellos no se rectifican nunca. No les importa la verdad -con la que se llenan la boca- sino sus intereses políticos y económicos, que defienden con ahínco y sin pudor.

Ahora sostienen en todos los tonos que no hay fraude, al tiempo que se niegan a revisar actas y padrones, a que se realice una auditoría independiente, etc. No porque eso sea cierto sino porque conviene a sus intereses.

Para derrotar a la coalición vizcarrista se requiere, entre otras cosas, desmontar persistentemente sus campañas de falsedades. Lampadia




Todo sobre el covid-19 y las vacunas

Datos demasiado grandes para el formato del archivo




Excesos presidenciales e infantilismo congresal

Excesos presidenciales e infantilismo congresal

EDITORIAL DE LAMPADIA

En plena crisis sanitaria y económica, poderes públicos agravan crisis política

Vizcarra y el Congreso: dame que te doy

El presidente Vizcarra arremetió ayer contra el Congreso acusándolo de haber traicionado al pueblo por no haber alcanzado 87 votos para eliminar la inmunidad parlamentaria y no haber puesto en agenda el impedimento a postular al Congreso a todo aquel que tenga sentencia en primera instancia. El Congreso entonces decidió devolver el golpe y aprobó anoche por 110 votos una ley de reforma constitucional que le quita inmunidad al Presidente (Art. 117 de la Constitución), pues podrá ser acusado por delitos contra la administración pública durante su mandato, y le quita a los ministros el antejuicio por “infracción a la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado” (Art. 99).

Presidente, ministros y congresistas necesitan protección constitucional

Esto puede tener efectos muy nocivos para la gestión pública, pues si los ministros no van a tener esa protección, ninguna persona de prestigio va a aceptar una cartera porque no va a poder gestionar y va a salir de cargo con decenas o centenas de juicios. Lo mismo en el caso del Presidente de la República. Pero los congresistas también necesitan una protección, porque de lo contrario pueden ser amedrentados y anulados. La reforma aprobada elimina la inmunidad (la Corte Suprema ve directamente cualquier acusación por delito común), pero sí mantiene una protección al establecer que los parlamentarios no pueden ser procesados por las acciones legislativas o fiscalizadoras “u otras inherentes a la labor parlamentaria”. Tendría que precisarse los alcances de esta protección para que no sea usada para cubrir el tráfico de influencias, por ejemplo.   

Asimetría, excesos presidenciales e infantilismo congresal

Sin embargo, se ha creado una asimetría a favor de los congresistas: al Presidente y a los ministros se les elimina la protección constitucional por delitos de función, pero a los congresistas no: se les mantiene la protección del art. 99. Lo que hemos tenido aquí es un doble exceso presidencial (al apelar al manido recurso confrontacional cuando el Congreso ya iba a reconsiderar los temas, y al convocar a referéndum para aprobar la reforma de la inmunidad parlamentaria, algo que no está entre sus atribuciones), respondido con infantilismo congresal, pues la respuesta es muy destructiva. Aunque todavía falta la segunda votación, por cierto. Ojalá se retome la cordura.

Presunción de inocencia

De otro lado, el Presidente anunció que enviaría un proyecto de ley para que quien tenga sentencia en primera instancia por delito doloso no pueda postular a ningún cargo electo. A nuestro juicio tal proyecto hubiese sido inconstitucional, pues afectaba el derecho fundamental a la presunción de inocencia, derecho que no debe ser recortado en un país donde muchas personas condenadas en primera instancia luego son absueltas en segunda instancia, y donde los jueces pueden estar al servicio de intereses delictivos o políticos. No obstante, el Congreso aprobó por 111 votos una modificación constitucional en ese sentido, y sin ninguna limitación. Todavía falta segunda votación también, pero si se aprueba podrá ser usada para sacar de carrera a políticos incómodos o rivales. 

Salida política

Si el Presidente realmente piensa que “Ningún país en el mundo puede salir de la pobreza con instituciones débiles”, como dijo, debería centrar sus arengas en que se elimine el voto preferencial -por donde se cuelan las mafias- y aprobar las reformas de gobernabilidad como la bicameralidad y la de elegir el Congreso junto con la segunda vuelta. Pero ni las mencionó. Como siempre, su anuncio de referéndum y su requerimiento al Congreso fue también una salida política para escapar del tema del coronavirus, donde no le están saliendo las cosas al punto que hasta el alcalde Jorge Muñoz ha pedido un cambio de gabinete, para retornar a la arena que siempre le fue rentable: confrontar al Congreso. Ojalá lo hiciera por las leyes populistas que se aprueban.

Lampadia




Entre la República o la Autocracia

Entre la República o la Autocracia

Fausto Salinas Lovón
Exclusivo para Lampadia

La amenaza del presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar de que el gobierno “no se quedará con los brazos cruzados” frente a la decisión de la Comisión de Constitución del Parlamento de archivar el inconstitucional proyecto de adelanto de elecciones y su llamado, (pálidamente correspondido la noche ayer), a que se movilicen los ciudadanos en contra de la decisión del Congreso de la República, abre nuevamente las puertas a la inestabilidad y  la confrontación política en el mejor de los casos, si es que no es la antesala misma de una maniobra en ciernes de ruptura del orden constitucional y las reglas de juego democráticas.

Esta situación, genera un inevitable parte aguas en la coyuntura política nacional.

Los aliados del presidente Vizcarra no se han hecho esperar y aparecieron en primera plana en los medios aliados al gobierno, arengando a la movilización callejera y exigiéndole que patee el tablero democrático y altere el mandato popular de las urnas de abril de 2016. Para ello, Mendoza, Arana, Guzmán y Lescano, la falange roja del presidente, le abre el terreno político por el extremo izquierdo exigiéndole no sólo la disolución del Congreso, sino el cambio de Constitución. Los aliados menores, esos que consigue con favores presupuestales, apoyan desde sus regiones, en tono un poco más moderado.

Del otro lado el presidente del Congreso Pedro Olaechea se ha convertido en la figura que encarna la resistencia republicana, democrática y constitucional, haciendo respetar la Constitución y la voluntad soberana de las urnas del 2016 que Vizcarra traiciona y desoye. Olaechea, sin provenir de canteras políticas ni tener oficio partidario, ha sacado a relucir una estirpe constitucionalista encomiable, que lo lleva a defender mejor que muchos fujimoristas el orden Constitucional vigente, sin por ello dejar de tender puentes al Gobierno para voltear la página y construir una agenda común. “Presidente le sigo extendiendo la mano”, ha dicho el jefe del Parlamento, por tercera vez y en un reiterado gesto dialogante que sólo la necedad, el odio o los intereses de seguir acaparando el poder y sus granjerías pueden dejar de ver.

Ha llegado entonces la hora de optar.

Cuando las aguas se dividen, cuando de un lado queda la República y del otro lado su negación, y su desmontaje, hay que tomar partido. Hay quienes lo hemos hecho hace mucho tiempo: Una reflexión necesaria antes del Referendum (Lampadia 07 de diciembre de 2018) y El presidente va por más. (Lampadia 03 de enero de 2019), para citar las columnas más remotas. Sin embargo, hay quienes no lo han hecho aún, por su aversión al fujimorismo, por su afán de ser políticamente correctos o por muchas otras razones que les impiden ver lo que hay detrás del supuesto afán moralizador del gobierno y sus aliados. Para estos últimos, unas citas muy pertinentes, que les harán ver los riesgos del cambio de las reglas de juego democráticas, extraídas de un libro cuyo título no necesita explicaciones: Como mueren las democracias. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt:

Las democracias pueden fracasar a manos no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes, de primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder. Algunos de esos dirigentes desmantelan la democracia a toda prisa, como lo hizo Hitler… Pero, más a menudo, las democracias se erosionan lentamente, a pasos apenas apreciables[i]

“En Venezuela, por ejemplo, Hugo Chávez era un político marginal que clamó contra lo que describía como una élite gobernante corrupta y prometió construir una democracia más auténtica (…) Empatizó hábilmente con la ira de los venezolanos de a pie…”

“La senda electoral hacia la desarticulación es peligrosamente engañosa. Con un golpe de estado clásico como ocurrió en el Chile de Pinochet, la muerte de la democracia es inmediata y resulta evidente para todo el mundo. (…) Por la vía electoral en cambio… la Constitución y otras instituciones nominalmente democráticas continúan vigentes. La población sigue votando. Los autócratas electos mantienen la apariencia de democracia, a la que van destripando hasta despojarla de contenido”.

 “… un conjunto de cuatro señales conductuales que pueden ayudarnos a identificar a una persona autoritaria cuando la tenemos delante. Deberíamos preocuparnos en serio cuando un político: 1) rechaza, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego, 2) niega la legitimidad de sus oponentes, 3) tolera o alienta la violencia o 4) indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores”.

Es hora de tomar partido entre la República o la autocracia en ciernes. La República, democrática, imperfecta, incompleta y mal representada es preferible, sin ninguna duda a la autocracia del señor Vizcarra y sus aliados. Lampadia

[i] Como mueren las democracias. Steven Levitsky y Daniel Ziblat. Barcelona: Planeta, Primera edición 2018. Pp 11 y siguientes..




El liberal en su laberinto

David Belaunde
Para Lampadia

“La vocación de los políticos no es ser liberales” (Guy Sorman, La Solution Libérale, 1984)

La revelación, hace ya un mes, de los audios de Vizcarra en el caso Tía María demostró, para quienes no quisieron hacer caso de señales anteriores, que tenemos un presidente no solo corroído por peligrosos instintos plebiscitarios sino mal predispuesto hacia el sector privado. Esto es exactamente lo contrario de lo que los peruanos elegimos abrumadoramente en el 2016. ¿Qué pasó? ¿Y qué se puede hacer?

1. Los mayores culpables de que hoy tengamos un gobierno anti-empresa son paradójicamente las élites que se consideran liberales

Descartamos de plano la hipótesis de que un vuelco tan súbito refleja la “voluntad popular”. Como afirmaba Bertrand Russel, un gobierno puede eficazmente controlar a la opinión pública manipulando los estímulos emocionales correctos – a corto plazo por lo menos. Desde ese punto de vista, el nuestro ha realizado, a través de los medios, una labor admirable.

La verdadera responsabilidad recae en quienes formaron el gobierno de PPK, y esto por las razones siguientes:

Como consecuencia, en un país donde una economía de mercado funcional e intervención estatal contenida han sido históricamente más la excepción que la regla, se desperdició una magnífica oportunidad de reformar la economía en un sentido más liberal.

2. El fondo del problema: el neoliberal que se quiso vestir de progre (o “el nuevo traje del emperador”)

¿Pero cómo pudieron estos “liberales” abandonar sus supuestos objetivos económicos tan fácilmente?

A – Una confrontación innecesaria y debilitante con las fuerzas conservadoras en torno a cuestiones no económicas

El equipo de PPK en la elección del 2016 se definía por oposición al fujimorismo. En la conocida matriz de Nolan, los fujimoristas se considerarían liberales en lo económico y conservadores en aspectos socioculturales. Los PPKausas estarían alineados con ellos en lo económico, pero serían más “abiertos” en lo sociocultural. El gráfico de abajo, adaptación de dicha matriz, resume esta idea.

No obstante, era posible defender posturas abiertas en importantes temas socioculturales sin entrar en colisión frontal con el fujimorismo u otras agrupaciones del cuadrante superior derecho. ¿Cómo? Quedándose dentro de los límites de una tradición filosófica liberal que va de Locke y Hume a John Stuart Mill y Tocqueville, y que busca garantizar la libertad individual mediante instituciones sólidas, en condiciones de igualdad legal y con el mínimo grado posible de coerción gubernamental.

En los hechos, sin embargo, ppkausas y afines asumieron consignas y esquemas mentales propios de la izquierda. Para esta, las relaciones sociales son una lucha entre opresores y oprimidos en la que no rige el principio de igualdad ante la ley, por lo que el “oprimido” solo puede ser liberado de su condición si la ley, más que proteger, lo favorece.

Así, por ejemplo, las mujeres son “victimas” estructurales (no específicamente aquellas que han sufrido ataques, sino todas) y el culpable no es un individuo concreto sino los hombres en general, su “masculinidad toxica” y el patriarcado institucional. La solución pasa por legislación que atenta contra los principios de la presunción de inocencia y de igualdad jurídica, entre otros. Problema real, diagnóstico errado, solución inadecuada.

B – Una adhesión menguante al liberalismo económico

La aceptación de la narrativa izquierdista de la conflictividad esencial en los fenómenos sociales y culturales conlleva a su aplicación inevitable al ámbito económico. De ahí que los pobladores de zonas aledañas a proyectos mineros y que se oponen a los mismos sean percibidos como “víctimas” históricas (soslayando el hecho de que no es la mayoría de los pobladores la que se opone sino grupúsculos de activistas, respaldados por ONG). Así, es comprensible que la ley no se aplique a los agitadores, y el principio de seguridad jurídica del que deberían gozar el empresario minero y sus múltiples contratistas se torne irrelevante.

Esta contaminación ideológica que sufren los “liberales” da pie a contradicciones, vacilaciones y componendas que oscurecen su discurso como una alternativa al estatismo izquierdista, y les impiden formular un proyecto coherente de desarrollo. Su ilusorio “nuevo traje progre” los despoja del “liberal”.

3. Los liberales debemos reenfocarnos y aliarnos con todos aquellos que defienden la economía de mercado, dejando de lado por el momento las discrepancias sobre otros temas  

Como se recomienda en toda crisis existencial, es vital que quienes se dicen liberales hagan un poco de “soul searching”, redescubran sus raíces y desarrollen herramientas conceptuales autónomas respecto de las visiones maniqueas provenientes de sectores más conservadores o de la izquierda. También es importante que sean más disciplinados al establecer sus prioridades.

A – Reinventarse en torno a la noción de claridad de reglas

En lo económico, afirmar los principios liberales no implica una búsqueda dogmática del “todo privado”. La historia de las relaciones sociales en el Perú desde el virreinato desafía la noción hayekiana de Kosmos (el orden espontáneo, por oposición a Taxis u orden impuesto), por lo que nunca nos libraremos del intervencionismo estatal, cuyo alcance siempre será materia de discusión y de negociación.

No obstante, hay una idea básica no negociable: las reglas de juego deben ser claras, y su aplicación garantizada por el Estado (en vez de ser abandonadas al pie de un montículo de llantas quemadas). Es necesario, además, tener en cuenta, como señalaron Brennan y Buchanan en su libro The Reason of Rules (1985), los costes de toda transición normativa. Por ende, toda evolución de las reglas debe ser progresiva y darse únicamente luego de un estudio objetivo de los resultados y consecuencias económicas, sociales, medioambientales, etc. Violentar el principio de claridad, de estabilidad y de ejecución garantizada de las normas, quiebra el contrato social y nos aboca progresivamente al caos y a estancarnos en el subdesarrollo.

Limitar su propia discrecionalidad puede parecer antinatural para un gobernante y hasta frustrar a la población a corto plazo (de ahí la frase de Sorman, citada en epígrafe). Sin embargo, en aras del desarrollo a largo plazo, es indispensable.

B – Dejar de lado los debates socioculturales que nos enfrentan a otros partidarios de la economía de mercado

Creemos que aplicando la noción de claridad de reglas (y sus derivadas, como el principio de especificidad del delito) y demás principios clásicos de libertad y de igualdad ante la ley se puede abordar temas socioculturales sin generar un enfrentamiento abierto con fuerzas más conservadoras.

Pero, sobre todo, es importante priorizar: si los temas socioculturales nos enfrentan a agrupaciones políticas que estén a favor de una economía ordenada, y es de importancia vital luchar por esta última, entonces estos debates deben ser puestos de lado hasta que se haya restablecido la funcionalidad del marco jurídico en el ámbito económico.

Y así, quizás, tras estos años de escapismos y enredos ideológicos, cada uno llegue, o regrese, al lugar que le corresponde, y el país se encamine de nuevo hacia el desarrollo, la riqueza y el bienestar general. Lampadia




Constitución y Leyes Madre

Constitución y Leyes Madre

Es imposible trazar una línea recta entre el Perú de 2019 y el de 1990. Hoy, a pesar de nuestras limitaciones, somos largamente superiores al país de la última década del siglo pasado. En los años 90 hubo un gran punto de inflexión, un quiebre, que permitió que pasáramos de la condición de un ‘Estado Fallido’, a una suerte de ‘Estrella Internacional’.

Ese quiebre lo dio la Constitución de 1990 y las Leyes Madre: la Ley del Banco Central, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, la Ley General de Minería, la Ley de Promoción Agraria, y otras leyes generales de igual importancia.

Gracias a ese conjunto normativo dejamos de ser un país pobre y nos ubicamos como un país de ingresos medios, pasando de un PBI per cápita de US$ 968 (1990), a uno de US$ 14,200 (2018) PPP. Veamos el siguiente cuadro que compara el Perú del año 1990 y el de 2011:

A pesar de los evidentes éxitos del modelo económico y social generado en los 90s, hay algunos grupos de políticos ideologizados que hablan de cambiar la actual Constitución. Ellos pretenden desconocer los indicadores de bienestar viendo un vaso medio vacío, en vez de uno medio lleno.

Una de las consecuencias principales de la Constitución de 1990, fue el regreso de la inversión privada, que había, prácticamente desaparecido. Esta se consolidó como producto de la Leyes Madre, especialmente en la minería y el agro.

La Ley de Promoción Agraria ha permitido crecer, exportar y generar empleo rural formal de buen nivel de ingresos. Sin embargo, hay quienes pretenden suspender el régimen.

En cuanto a la minería, el presidente Vizcarra ha cometido un tremendo despropósito planteando la necesidad de diseñar una nueva ley de minería. Además, lo ha hecho en medio de un ambiente levantisco y a puertas de un proceso electoral. Una barbaridad sin nombre.

Ya hoy tenemos propuestas de cambio que pretenden regresar la minería a la actividad del Estado, aumentar la tributación minera, que ya llega al 47% de las utilidades, acortar los períodos de concesiones, eliminar la devolución del IGV, dar participación accionaria a las comunidades y delegar el control normativo ambiental a los gobiernos regionales.

Quienes plantean estos desatinos no quieren entender la realidad del bienestar producido por la minería y el gran potencial que nos ofrece. Ver en Lampadia: Para superar la pobrezaLo que necesitamos es más Minería.

Así como tenemos que cuidar la Constitución de 1990, tenemos que cuidar nuestras Leyes Madre, que son el marco normativo que trae a la inversión privada a cumplir su rol social, invertir, dar empleo de calidad y generar recursos fiscales.

Hoy más bien hay que recuperar la salud de nuestras Leyes Madre, podando la maraña regulatoria que las ha asfixiado, restableciendo la libertad económica y modernizando la normatividad laboral para volver a crecer.

El Estado debe promover la inversión privada y cautelar que opere, respetando las normas correspondientes. Sin inversión privada no hay crecimiento posible, y sin crecimiento no habrá mejoras sociales. Lampadia




Un presidente NINI

Fausto Salinas Lovón
Exclusivo para Lampadia

Se denomina Generación NINI a los jóvenes de 15 a 29 años que ni estudian, ni trabajan.
En los países del hemisferio norte como Inglaterra, Francia o Estados Unidos, también existen jóvenes en esta situación, a quienes se denominaba Neet (not in employment, education or training).

Los estimados del IPEA de Brasil para toda América Latina, a diciembre de 2018, daban cuenta de que el 21% de los jóvenes eran NINIs. En el Perú, según datos del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, la cifra de NINIs llega a 1´345,000 jóvenes, la mayoría mujeres.

La condición NINI tiene varias causas y explicaciones. Existen NINIs que lo son por causas internas como la propia decisión o la falta de motivación. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la condición de NINI tiene causas externas como la falta de recursos para acceder a los estudios, la ausencia de oportunidades de empleo, la baja calificación laboral, problemas de violencia o inseguridad, marginalidad o discriminación por género originada por ejemplo por maternidades prematuras, entre otras causas.

Como lógica consecuencia de lo anterior, la tarea de la sociedad y en particular de los gobiernos es enfrentar las causas de este problema, particularmente las causas externas antes mencionadas, que tienen origen en condiciones materiales que es potestad y obligación de los gobiernos revertir. De lo contrario, se condena a estos jóvenes a la marginalidad, la violencia, la frustración y se deja de utilizar su fuerza laboral en bien de la sociedad.  En el Perú, la cifra mencionada de NINIs es cercana al 5% de la población.

Cabe preguntarse entonces. ¿Que hace el gobierno del presidente Vizcarra frente a este problema?

  • ¿Estará mejorando los ingresos de la población para permitirle a los jóvenes acceder a estudios superiores o no desertar de la escuela?
  • ¿Estará fomentando la generación de puestos de trabajo para jóvenes?
  • ¿Estará aplicando sus políticas de competitividad en el ámbito laboral para mejorar la empleabilidad de los jóvenes?
  • ¿Estará mejorando la seguridad ciudadana?
  • ¿Estará desalentando la violencia?
  • ¿Estará mejorando las condiciones de jóvenes y mujeres para evitar su marginalización?

NADA DE NADA

  • El más pobre crecimiento del PBI se ha registrado en este gobierno: 0,02% en abril pasado, menos del 4% el 2018 y una proyección de apenas 3% para el 2019. Sin crecimiento no hay desarrollo, sin crecimiento no hay más ingresos para enviar a los hijos a estudiar. El gobierno hace lo contrario de lo que nuestros NINIs necesitan.
  • Ni el pro chavista señor Ollanta Humala dio puntapiés tan serios a la inversión privada como el Presidente Vizcarra. Primero lo ahuyenta con su permanente confrontación política. En más de un año No logra atraer un solo proyecto nuevo de gran escala y el único que tenía ad portas (TÍA MARIA) lo quema él mismo. Sin inversión privada no habrá puestos de trabajo ni oportunidades para los NINIs.
  • De empleabilidad y competitividad ni hablar. Tiembla de sólo pensar en los efectos en las encuestas de tomar alguna medida que reduzca los sobrecostos laborales y en la reacción de sus aliados sindicales y de la izquierda, a quienes necesita para apretar al Congreso y perforar la Constitución. No le importa que 1´345,000 jóvenes no consigan empleo mínimamente decente con una legislación rígida como la que tenemos.
  • Sobre seguridad y violencia, la estrategia del señor Vizcarra es muy sencilla: los conflictos sociales, las tomas de carreteras, la radicalización de la protesta las alienta el mismo, no hay siquiera delegación o encargo. Si no lo cree, revise los audios de Arequipa. Sobre seguridad, el asunto termina en culpar a los venezolanos de todo. El relato parece decir que la delincuencia no existió sino desde que ellos aparecieron. Solo en Arequipa las medidas de fuerza alentadas por el propio presidente han dejado miles de desempleados y 800 millones de dólares en pérdidas.
  • Sobre marginalidad y discriminación destacan dos grandes medidas: lenguaje inclusivo y mandiles rosados a los militares. Todo un éxito de la política pública. Con esos mandiles, probablemente muchas jóvenes NINIs podrán conseguir empleo, adquirirán autoestima y no serán marginalizadas.

Es decir, NADA de NADA para enfrentar las causas de la juventud NINI. Sólo confrontación, amenaza al Congreso que le pide construir agenda común, arengas públicas y amenazas a opositores.

Todos los países tenemos NINIs y es nuestro deber de padres, sociedad y autoridades, combatir las causas de esta situación. Ningún país se puede dar el lujo de abandonarlos, menos el nuestro.

El PERU no se puede dar el lujo de tener NINIs, mucho menos de tener un presidente NINI: que ni gobierna,  ni dialoga, ni se va.

Los jóvenes NINIs no pueden renunciar a su futuro. Usted si Señor Vizcarra. Lampadia




El rol de las empresas

El rol de las empresas

En el mundo se discute hasta donde debe llegar el rol de las empresas en la sociedad, tal como lo presenta The Economist en el artículo que presentamos líneas abajo. En el Perú lamentablemente, se dificulta el accionar de las empresas y hasta se pretende sustituirlas por empresas públicas mediante un cambio de Constitución.

The Economist comenta que “más de 180 empresarios, incluidos los jefes de Walmart y JPMorgan Chase, anularon tres décadas de ortodoxia para prometer que el propósito de sus empresas ya no era servir solo a sus propietarios, sino también a clientes, personal, proveedores y comunidades”.

Un gran propósito como dice la revista: “eso suena bien, pero el capitalismo colectivo sufre dos trampas: la falta de accountability [responsabilidad y rendición de cuentas] y la falta de dinamismo”. 

“La rendición de cuentas solo funciona si hay competencia. Esto reduce los precios, aumenta la productividad y garantiza que las empresas no puedan mantener durante mucho tiempo ganancias anormalmente altas. Además, alienta a las empresas a anticipar las preferencias cambiantes de los clientes, trabajadores y reguladores, por temor a que un rival llegue primero”.

“De todos modos, la reacción popular e intelectual contra el valor de los accionistas ya está alterando la toma de decisiones corporativas. Los jefes respaldan causas sociales que son populares entre los clientes y el personal. (…) Todo esto presagia un sistema en el que las grandes empresas establecen y persiguen objetivos sociales amplios, no su estrecho interés propio”.

Excelente análisis, pero nadie discute que las empresas privadas son la base de las economías de sus países.

Lamentablemente acá, no queremos tener las cosas claras y siempre estamos discutiendo lo mismo y hasta tropezando con las mismas piedras.

Nuestros políticos populistas, por no decir todos nuestros políticos, se la pasan criticando a las empresas privadas, y con la ayuda, inconsciente e inconsecuente, de los medios de comunicación, han devaluado la imagen de las empresas. Hoy día, en el sector público y en los medios, se mira al sector privado como una suerte de fuerza de invasión extranjera. Veamos la siguiente información de Vox Populi:

En el Perú, el 80% del empleo lo da el sector privado, responde por el 80 a 90% de la inversión y genera el 90% de los recursos fiscales. La salud del sector privado, que es la suma de grandes, medianas y pequeñas empresas, es crucial para el bienestar de la población.

Hoy, gracias a los gobiernos de Humala, PPK y Vizcarra, la inversión privada está deprimida. Lo mismo pasa con la inversión pública.

En la cola del círculo virtuoso de la primera década del siglo, el 2013, la inversión total llegó al 25% del PBI, unos US$ 55,000 millones. Con inversión pública de US$ 12,000 millones, inversión extranjera de otros US$ 12,000 millones y US$ 31,000 millones de inversión de empresas peruanas, en gran medida medianas y pequeñas.

Hoy día la inversión es menor en unos US$ 20,000 millones anuales, una inmensa diferencia que se puede restar directamente a la lucha contra la pobreza.

Veamos el artículo de The Economist sobre el rol de las empresas en los países más ricos. Lampadia

Grandes empresas, accionistas y sociedad
Para qué son las empresas

La competencia, no el corporativismo, es la respuesta a los problemas del capitalismo.

The Economist
22 de Agosto de 2019

A lo largo de Occidente, el capitalismo no funciona tan bien como debería.

  • Los empleos son abundantes, pero el crecimiento es lento
  • La desigualdad es demasiado alta
  • El medio ambiente está sufriendo.

Es de esperar que los gobiernos promulguen reformas para lidiar con esto, pero la política en muchos lugares está estancada o es inestable. ¿Quién, entonces, irá al rescate? Un número creciente de personas piensa que la respuesta es recurrir a las grandes empresas para ayudar a solucionar los problemas económicos y sociales. Incluso los jefes despiadadamente famosos de Estados Unidos están de acuerdo.

Esta semana, más de 180 de ellos, incluidos los jefes de Walmart y JPMorgan Chase, anularon tres décadas de ortodoxia para prometer que el propósito de sus empresas ya no era servir solo a sus propietarios, sino también a clientes, personal, proveedores y comunidades.

Los motivos del CEO son en parte tácticos. Esperan evitar ataques a las grandes empresas desde la izquierda del Partido Demócrata. Pero el cambio también es parte de una agitación en las actitudes hacia los negocios que ocurren en ambos lados del Atlántico. El personal más joven quiere trabajar para empresas que adopten una postura sobre las cuestiones morales y políticas de la época. Los políticos de varios tonos quieren que las empresas traigan empleos e inversiones a sus hogares.

Por bien intencionada que sea, esta nueva forma de capitalismo colectivo terminará haciendo más daño que bien. Se arriesga a afianzar una clase de CEOs inexplicables que carecen de legitimidad. Y es una amenaza para la prosperidad a largo plazo, que es la condición básica para que el capitalismo tenga éxito.

Desde que se otorgó a las empresas responsabilidad limitada en Gran Bretaña y Francia en el siglo XIX, ha habido discusiones sobre lo que la sociedad puede esperar a cambio. En las décadas de 1950 y 1960, Estados Unidos y Europa experimentaron con el capitalismo gerencial, en el cual las empresas gigantes trabajaron con el gobierno y los sindicatos y ofrecieron a los trabajadores seguridad laboral y ventajas. Pero después del estancamiento de la década de 1970, el valor para los accionistas se apoderó, ya que las empresas buscaban maximizar la riqueza de sus propietarios y, en teoría, maximizaban la eficiencia. Los sindicatos declinaron y el valor para los accionistas conquistó América, luego Europa y Japón, donde todavía está ganando terreno. A juzgar por las ganancias, ha triunfado: en Estados Unidos han aumentado del 5% del pib en 1989 al 8% ahora.

Es este marco el que está bajo asalto. Parte del ataque se trata de una disminución percibida en la ética empresarial, desde los banqueros que exigen bonos y rescates al mismo tiempo, hasta la venta de miles de millones de píldoras de opioides a los adictos. Pero la queja principal es que el valor para los accionistas produce malos resultados económicos. Las empresas que cotizan en bolsa están acusadas de una lista de pecados, desde obsesionarse con las ganancias a corto plazo hasta descuidar la inversión, explotar al personal, deprimir los salarios y no pagar las externalidades catastróficas que crean, en particular la contaminación.

No todas estas críticas son correctas. La inversión en Estados Unidos está en línea con los niveles históricos relativos al PBI, y es más alta que en la década de 1960. El horizonte temporal del mercado de valores de Estados Unidos es tan largo como siempre, a juzgar por la parte de su valor derivado de las ganancias a largo plazo. Las empresas Jam-tomorrow como Amazon y Netflix están de moda. Pero algunas de las críticas suenan ciertas. La participación de los trabajadores en el valor que las empresas crean ha disminuido. Los consumidores a menudo obtienen un mal trato y la movilidad social se ha hundido.

De todos modos, la reacción popular e intelectual contra el valor de los accionistas ya está alterando la toma de decisiones corporativas. Los jefes respaldan causas sociales que son populares entre los clientes y el personal. Las empresas están desplegando capital por razones distintas a la eficiencia: Microsoft está financiando $ 500 millones en nuevas viviendas en Seattle. El presidente Donald Trump se jacta de jefes desconcertantes sobre dónde construir fábricas. Algunos políticos esperan ir más allá. Elizabeth Warren, una contendiente demócrata para la Casa Blanca, quiere que las empresas tengan una licencia de constitución federal para que, si abusan de los intereses del personal, los clientes o las comunidades, sus licencias puedan ser revocadas. Todo esto presagia un sistema en el que las grandes empresas establecen y persiguen objetivos sociales amplios, no su estrecho interés propio.

Eso suena bien, pero el capitalismo colectivo sufre dos trampas: la falta de accountability [responsabilidad y rendición de cuentas] y la falta de dinamismo.

Considere accountability primero. No está claro cómo los gerentes deberían saber qué quiere la “sociedad” de sus empresas. Lo más probable es que los políticos, los grupos de campaña y los directores ejecutivos mismos decidan, y que la gente común no tenga voz. En los últimos 20 años, la industria y las finanzas han estado dominadas por grandes empresas, por lo que un pequeño número de líderes empresariales no representativos terminarán con un inmenso poder para establecer objetivos para la sociedad que van mucho más allá de los intereses inmediatos de su empresa.

El segundo problema es el dinamismo. El capitalismo colectivo se aleja del cambio. En un sistema dinámico, las empresas tienen que abandonar al menos algunas partes interesadas: una cantidad debe reducirse para reasignar capital y trabajadores de industrias obsoletas a nuevas. Si, por ejemplo, se aborda el cambio climático, las empresas petroleras enfrentarán enormes recortes de empleos. Los fanáticos de los gigantes corporativos de la era gerencial en la década de 1960 a menudo olvidan que AT&T estafó a los consumidores y que General Motors fabricaba automóviles obsoletos e inseguros. Ambas empresas incorporaron valores sociales que, incluso en ese momento, eran tensos. Fueron protegidos en parte porque cumplieron objetivos sociales más amplios, ya sea trabajos para toda la vida, ciencia de clase mundial o apoyo al tejido de Detroit.

La manera de hacer que el capitalismo funcione mejor para todos no es limitar la responsabilidad y el dinamismo, sino mejorarlos a ambos. Esto requiere que el propósito de las compañías sea establecido por sus dueños, no por ejecutivos o activistas. Algunos pueden obsesionarse con los objetivos a corto plazo y los resultados trimestrales, pero eso generalmente se debe a que están mal administrados. Algunos pueden seleccionar objetivos caritativos, y buena suerte para ellos. Pero la mayoría de los propietarios y empresas optarán por maximizar el valor a largo plazo, ya que es un buen negocio.

También requiere que las empresas se adapten a las preferencias cambiantes de la sociedad. Si los consumidores quieren café de comercio justo, deberían obtenerlo. Si los graduados universitarios evitan las compañías poco éticas, los empleadores tendrán que ponerse en forma. Una buena manera de hacer que las empresas sean más receptivas y responsables sería ampliar la propiedad. La proporción de hogares estadounidenses con exposición al mercado de valores (directamente o mediante fondos) es solo del 50%, y las tenencias están muy sesgadas hacia los ricos. El sistema tributario debería alentar una mayor participación en las acciones. Los beneficiarios finales de los planes de pensiones y los fondos de inversión deberían poder votar en las elecciones empresariales; este poder no debe ser subcontratado a unos pocos barones en la industria de gestión de activos.

La rendición de cuentas solo funciona si hay competencia. Esto reduce los precios, aumenta la productividad y garantiza que las empresas no puedan mantener durante mucho tiempo ganancias anormalmente altas. Además, alienta a las empresas a anticipar las preferencias cambiantes de los clientes, trabajadores y reguladores, por temor a que un rival llegue primero.

Desafortunadamente, desde la década de 1990, la consolidación ha dejado a dos tercios de las industrias en Estados Unidos más concentradas. Mientras tanto, la economía digital parece tender hacia el monopolio. Si las ganancias fueran históricamente normales y los trabajadores del sector privado obtuvieran el beneficio, los salarios serían un 6% más altos. Si echa un vistazo a la lista de los 180 signatarios estadounidenses esta semana, muchos están en industrias que son oligopolios, incluidas tarjetas de crédito, televisión por cable, venta minorista de drogas y aerolíneas, que cobran demasiado a los consumidores y tienen una reputación abismal de servicio al cliente. Como era de esperar, ninguno está interesado en reducir las barreras de entrada.

Por supuesto, una economía sana y competitiva requiere un gobierno efectivo, para hacer cumplir las normas antimonopolio, para acabar con el cabildeo y el amiguismo excesivos de hoy, para abordar el cambio climático. Esa buena política no existe en la actualidad, pero la respuesta no es empoderar a los jefes de las grandes empresas para que actúen como un conveniente sustituto. El mundo occidental necesita innovación, propiedad ampliamente difundida y empresas diversas que se adapten rápidamente a las necesidades de la sociedad. Ese es el tipo de capitalismo realmente ilustrado. Lampadia