Jaime de Althaus
Para Lampadia

El gobierno creó la Comisión Consultiva denominada “Comisión de Reforma del Sistema de Justicia”, presidida por Allan Wagner e integrada por Delia Revoredo, Hugo Sivina, Samuel Abad Yupanqui, Eduardo Vega Luna, Ana Teresa Revilla y Walter Albán Peralta.

Notemos, primero, que ha sido creada haciéndola depender directamente de la Presidencia de la República y con una Secretaría Técnica que estará a cargo del Despacho Presidencial. Esto es novedoso. Significa que el Presidente Martín Vizcarra ha decidido liderar personalmente este tema. Lo que está muy bien. Significa que tiene la más alta prioridad política.

Ahora, no deja de llamar la atención el contraste entre esa prioridad y el hecho de que la Comisión tenga solo 12 días para presentar “un primer informe con recomendaciones de medidas urgentes y concretas para la reforma del sistema de justicia. Dicho informe incluirá la propuesta de creación de un mecanismo de coordinación y articulación de los diversos actores del sistema de justicia, que garantice la sostenibilidad de una reforma integral”.

Claro, se trata solo de un primer informe. Probablemente tendrá recomendaciones generales. Todavía no proyectos de ley o de modificación constitucional, sino la indicación de formularlos con determinado contenido. De hecho, luego se dispone que la Comisión continuará funcionando hasta la instalación del mecanismo de coordinación y articulación de los diversos actores del sistema de justicia, oportunidad en la hará entrega de sus recomendaciones finales al Señor presidente de la República, en sesión del Consejo de Ministros.

Sería importante que la Comisión convoque a juristas de pensamiento liberal y a administradores o personas de otras profesiones que puedan ofrecer una visión diferente a la común orientación que parecen tener los comisionados, así como a gremios y a facultades de administración y gestión pública.

Es probable que la comisión tome como referencia dos documentos: uno, el plan propuesto por la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justica (CERIAJUS) el año 2004. Este es un documento muy amplio y muy detallado, que llega incluso a calcular el costo presupuestal de los cambios planteados, que en ese momento estaba alrededor de los 3 mil millones de soles. (ver: Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia). El resumen de las propuestas puede encontrarse entre las páginas 29 y 56 de ese plan. Queda claro, de su revisión, que algunas de ellas han perdido vigencia y otras son discutibles. Pero hay otras tantas que pueden ser recogidas. La más interesante es la propuesta de una Corte Suprema integrada solo por 11 miembros dedicados a establecer jurisprudencia. Un cambio como ese es fundamental.  

Un aporte mucho más sintético pero con ideas claras, que seguramente será tomado en cuenta dado que el presidente de la Comisión es, a su vez, presidente de la Asociación Transparencia, es  la propuesta de reforma institucional formulada por esta institución (ver:  Propuestas de reforma institucional para el fortalecimiento democrático).

En ella no se acoge la idea propuesta por la CERIAJUS de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se haga cargo no sólo de la selección, nombramiento y promoción de los magistrados, sino también del control y régimen disciplinario de todos los jueces y fiscales, eliminando el sistema de control interno que está en manos del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y propone suprimir las ratificaciones de jueces y fiscales cada siete años, pues en la práctica se han convertido en un poder discrecional, absoluto, secreto e incuestionable.

Transparencia plantea también la eliminación de la ratificación cada 7 años, pero no el control externo total. En realidad, dicha ratificación debería ser reemplazada por un sistema de evaluación de desempeño permanente en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, que sea base de los ascensos y del retiro de los magistrados en los casos de incompetencia.

A nuestro juicio, el elemento clave en todo esto es la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros hemos propuesto que se haga mediante un concurso público organizado por una junta de personalidades intachables o alguna otra fórmula que dé garantías de idoneidad. Los consejeros designados por el sistema judicial, universidades y colegios profesionales han demostrado carecer del nivel profesional y ético necesario en una institución tan decisiva como esta.

Es evidente que una reforma del sistema judicial bien hecha tendrá un costo presupuestal. De hecho, la CERIAJUS plantea que el presupuesto formulado por el Poder Judicial no podrá ser observado por el Ejecutivo, salvo que exceda el 4% del monto total del presupuesto general de la República. Si bien 4% parece mucho, sobre todo considerando que hay mucho por ganar en eficiencia de los despachos y en reducción de personal excedentario –¡hay más de 8 administrativos por juez! – y también en el impulso a fórmulas tales como el arbitraje civil y penal que descarguen procesos en el sistema judicial, de todos modos quizá se requiera más jueces en algunas áreas e invertir en diversas mejoras, de modo que la reforma sin duda tendrá un costo.

En ese sentido, la Comisión debería pedir a expertos formulen una propuesta de reducción o eliminación de dependencias y programas inútiles o contraproducentes en el conjunto del Estado, que se han multiplicado en los últimos 20 años. Y el gobierno debería retirar de la administración pública a todos aquellos funcionarios que ingresaron con certificados de estudios y de trabajo falsos, que serían una cantidad apreciable. Y también a todos aquellos que resulten excedentarios luego de los Análisis de Calidad Regulatoria y de Impacto Regulatorio y de la simplificación administrativa en general que está llevando a cabo la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Pues la primera prioridad en un Estado de Derecho es la seguridad física y jurídica, el imperio de la ley.    

A lo largo de estos últimos años Lampadia ha venido formulando propuestas de reforma institucional, particularmente en lo relativo al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Policía. Queremos aportarlas a la Comisión.

En relación al Poder Judicial recomendamos ver las siguientes propuestas:

La impostergable reforma del Poder Judicial

¿Es posible una reforma judicial desde adentro?

En relación al Ministerio Público:

La reforma del Sistema Judicial

Y en relación al Consejo Nacional de la Magistratura:

Reforma del CNM y de la administración de justicia

Aportamos estos escritos a los trabajos de reforma que próximamente se emprenderán.

Nuestra propuesta se puede resumir así:

• Elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura mediante concurso público organizado por una junta de personas intachables (como, por ejemplo, Allan Wagner, Fernando de Trazegniez, Felipe Ortiz de Zevallos, Eduardo Vega, Beatriz Boza, Richard Webb entre otros) o por un organismo o junta de instituciones que ofrezca garantías.  
• Eliminar la ratificación de los jueces cada 7 años por parte del CNM pero reemplazarla por un sistema de evaluación de desempeño de jueces y fiscales aplicado por las propias instituciones que sirva tanto para el ascenso como para retirar de la función jurisdiccional al magistrado incompetente.
• Pasar a una Corte Suprema pequeña y de muy alto nivel dedicada a establecer jurisprudencia a partir de casos emblemáticos.
• Alargar el periodo del presidente del Poder Judicial de dos a cuatro años, empoderándolo tanto a él como al gerente general.   
• Implantación de expediente digital, incluyendo en área penal
• ‘Oralización’ en todas las ramas judiciales
• Impulsar el arbitraje civil y penal
• Llevar a cabo talleres con jueces en todo el país para discutir una versión resumida del libro de Jaris Mujica “Micropolíticas de la corrupción. Redes de Poder y Corrupción en el Palacio de Justicia”, 2011. Lima, Asociación nacional de Rectores, y elaborar cursos de acción y cambio a partir de esa discusión.
• Que la Corte Suprema empodere a un equipo o misión extranjera para llevar a cabo la modernización interna del Poder Judicial.
• Fortalecer la OCMA y a la Fiscalía Superior de Control Interno para que puedan efectuar labores de inteligencia en las Cortes Superiores a fin de identificar nidos de corrupción y de vinculación de jueces con organización criminales, y darles la facultad de firmar convenios con unidades de inteligencia de la Policía Nacional con el mismo objetivo.  
• Exhortar a los estudios de abogados a firmar un código de buenas prácticas que contenga un pacto para no sobornar.
• Distritalizar (en Lima) la justicia penal, juntando en un solo local distrital a un juez, un fiscal y una carceleta para penas cortas a delincuentes menores, a fin de acabar con la impunidad y cortar de raíz el crimen que luego se vuelve organizado. 
• Aprobar una ley de carrera del trabajador judicial que tenga carácter meritocrático, y racionalizar el servicio administrativo del Poder Judicial, donde hay la excesiva cantidad de 8 administrativos por juez.
• Reducir o eliminar dependencias y programas inútiles o contraproducentes en el conjunto del Estado y retirar del aparato público a todos aquellos que ingresaron con certificados de estudios y de trabajo falsos, así como a aquellos que resulten excedentarios luego de los procesos de simplificación administrativa, desregulación y reingeniería, a fin de reorientar esos recursos al fortalecimiento del sistema de justicia.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El tráfico de influencias para nombramientos y decisiones judiciales revelado en los audios publicados por IDL Reporteros es grave no solo porque pone de manifiesto la falta total de idoneidad del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para designar o destituir magistrados, sino porque revela una cultura de decisiones judiciales basada en el intercambio de favores y eventualmente en pagos dinerarios o de otro tipo. Es decir, un funcionamiento esencialmente patrimonialista y eventualmente corrupto de las instituciones vinculadas a la administración de justicia.

Lo primero reclama, fuera de las investigaciones y las sanciones ejemplares que haya que aplicar, una reforma radical del CNM. Lo segundo va más allá y exige una reforma profunda del Poder Judicial y del sistema judicial en general.

Este es el momento para emprender esas iniciativas, y no puede ser desperdiciado. Pero no solo necesitamos voluntad política –que hasta ahora ha sido muy débil- sino ideas claras, que tampoco han existido, como veremos.

La reforma del CNM: concurso público

La necesidad de la reforma del CNM, sin embargo, sí fue planteada por varios partidos políticos en la campaña electoral, y también por el partido de gobierno, que plasmó su propuesta en un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establecía modificar el artículo 155 de la Constitución creando un CNM integrado por cinco miembros:

“Artículo 155.- Composición del Consejo Nacional de la   Magistratura
Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la materia:

1. Uno elegido por el Poder Ejecutivo, designado mediante Resolución Suprema con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
2. Uno elegido por el Poder Legislativo, con el voto de los dos tercios del número legal de congresistas.
3. Uno elegido por el Poder Judicial, entre los magistrados de la Corte Suprema jubilados y en actividad, conforme al procedimiento determinado en la Ley Orgánica del CNM.
4. Uno elegido por el Ministerio Público, entre la Junta de Fiscales Supremos jubilados y en actividad, conforme al procedimiento determinado en la Ley Orgánica del CNM.
5. Uno elegido por los miembros señalados precedentemente de acuerdo a lo que establezca la Ley Orgánica del CNM.

La virtud de este proyecto es que suprime la participación de los colegios de abogados y de profesionales en general, que no ha dado buenos resultados porque no ha servido para elegir consejeros de alto nivel ético y profesional, y establece una composición simple de cinco miembros designados por los poderes del Estado.

Tendría, sin embargo, dos puntos débiles. El primero es que contiene un cierto riesgo de politización de los nombramientos –en la medida en que los dos poderes políticos (Ejecutivo y Congreso) designan sendos consejeros-, que fue lo que se quiso evitar cuando la Constitución del 93 creó el CNM. Aquí hay, sin embargo, una discusión, porque, a la luz de lo visto, el remedio resultó igual o peor que la enfermedad, pues los consejeros designados por la “sociedad civil” y por las instituciones judiciales no tuvieron las cualidades profesionales y de integridad necesarias. Para algunos, entonces, permitir que los poderes políticos –Ejecutivo y Legislativo- designen miembros del CNM sería una forma de sincerar la responsabilidad de la clase política en la salud del sistema judicial, tal como ocurre en otros países como Estados Unidos, por ejemplo.

Por eso mismo, lo que sí sería de todos modos un punto débil de este proyecto, es que las dos instituciones cuestionadas –el Poder Judicial y Ministerio Público- designen también consejeros, lo que contiene el riesgo de mantener la cultura de intercambios patrimonialistas en las designaciones y destituciones de magistrados. Es decir, la perpetuación de lo que acabamos de ver en los audios.

La única manera de salvar los problemas observados en las designaciones efectuadas por estos tres tipos de instituciones, es que todos los consejeros sean seleccionados mediante un concurso público muy bien hecho y realizado por personas e instituciones muy serias.

La propuesta que más se acerca a esta idea es la de la Asociación Civil Transparencia, que es la siguiente:

“Se propone que el Consejo Nacional de la Magistratura se encuentre compuesto por siete (7) miembros que serían seleccionados de la siguiente manera: un miembro designado por el Tribunal Constitucional, un miembro designado por la Defensoría del Pueblo en acuerdo con la Fiscalía de la Nación, un miembro designado por el directorio del Banco Central de Reserva, un miembro designado por la Corte Suprema de la República, y tres miembros seleccionados por concurso público nacional organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el soporte operativo de SERVIR”.

Quizá lo único objetable en esta propuesta, siguiendo el razonamiento anterior, es que la Corte Suprema designe un miembro. A nuestro juicio, elegir por concurso público a todos los miembros del CNM seguiría siendo la mejor opción.

Ahora bien, la Comisión de Constitución del Congreso procesó este proyecto junto con el del Ejecutivo y otros presentados por las distintas bancadas, y produjo un pre-dictamen que termina proponiendo una composición de difícil elección y que, a nuestro juicio, no resuelve los problemas anotados.

“Artículo 155.- Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la materia:

1. Un juez superior o supremo elegido por todos los jueces titulares del país, en votación universal, secreta y libre.
2. Un fiscal superior o supremo elegido por todos los fiscales titulares del país, en votación universal, secreta y libre.
3. Un abogado elegido por los miembros del Colegio de Abogados de Lima, en votación universal, secreta y libre.
4. Un abogado elegido por los miembros de los demás colegios de abogados del país, en votación universal, secreta y libre.
5. Un abogado elegido por los miembros de los demás colegios profesionales del país, en votación universal, secreta y libre.
6. Un docente ordinario principal de la facultad de derecho de universidad pública, elegido por todos los docentes ordinarios de las universidades públicas del país en votación universal, secreta y libre.
7. Un docente ordinario principal de la facultad de derecho de universidad privada que cuente con una antigüedad no menor de treinta y cinco años de creación, elegido por todos los docentes ordinarios de las universidades privadas del país en votación universal, secreta y libre.

En buena cuenta, una composición similar a la actual, pero con una forma de elección distinta: votación universal, secreta y libre en todos los casos. Esta forma de elección sin duda es más democrática, pero no solo es más complicada de realizar, sino que contiene el riesgo inevitable de la politización de los procesos electorales. Los partidos tendrán candidatos, con lo que recaemos en lo que queríamos evitar. Por lo demás, para ganar se hará ofrecimientos, que después habrá que pagar con nombramientos o lo que fuere, con lo que agravamos la característica de las decisiones del CNM como el producto de un mercado de pagos y favores.

Redes de poder y corrupción en la administración de justicia

Lo mejor, entonces, repetimos, es la elección de los miembros del CNM mediante un concurso público muy bien hecho. Esto como punto de partida de la propia reforma judicial como tal, que la segunda gran tarea, cuyo objetivo debiera ser facilitar y acelerar el tránsito de un Poder Judicial y un Ministerio Público basados en relaciones personales de amistad, promoción, compadrazgo o parentesco, que pueden derivar en redes de corrupción interna, a organizaciones basadas en la meritocracia y el cumplimiento de metas. Es decir, de instituciones gobernadas por intereses propios a ser gobernadas por el interés de la sociedad. De organizaciones orientadas hacia adentro o unas orientadas hacia afuera.

El antropólogo Jaris Mujica, en “Micropolíticas de la Corrupción. Redes de Poder y Corrupción en el Palacio de Justicia”, describe detalladamente cómo funciona el sistema.[1] Él distingue tres esferas o ejes en torno a los cuales se organizan redes de poder y corrupción en el Poder Judicial.

La primera, en el nivel más bajo, es la que conecta el mundillo exterior conformado por tramitadores, falsificadores (Azángaro), asesores legales y abogados al paso, con secretarios de los juzgados encargados del archivo y tramitación de documentos, por medio de los encargados de la mesa de partes o de los vigilantes del Palacio de Justicia, con la finalidad desaparecer un expediente para demorar el proceso, o reemplazar un documento por otro falsificado o introducir uno falso.

La segunda esfera es la que se da al interior de los juzgados, donde las relatorías y las secretarías pueden conformar el punto final de la cadena en el tráfico de documentación arriba señalado, o un centro de contactos para influir en las decisiones del juez o para ofrecerle un soborno a fin de orientar una sentencia. Los estudios de abogados conocen a los relatores a los que pueden ‘incentivar’ para conseguir un resultado. Según Giovani Priori, todo estudio de abogados tiene sus “procuradores” que, por lo general, han estudiado Derecho, pero no son abogados, y sin embargo, poseen el activo invalorable de contar con una red de contactos en el Poder Judicial construida sobre la base de relaciones de compadrazgo y amistad con secretarias de la mesa de partes, relatores, secretarios o especialistas, con quienes se reúnen frecuentemente en parrilladas y polladas.

Mujica también observa que las redes que se activan para mover las cosas suelen conformarse sobre la base de relaciones familiares o amicales gestadas en la universidad. Los abogados que trabajan en las relatorías (encargadas de los aspectos jurisdiccionales de los casos) acceden a ellas “…a través de los concursos públicos, pero la mayoría manifiesta haber llegado gracias a una recomendación de un juez (amigo, familiar o profesor), a quien le deben solidaridad y reciprocidad”. “Todos tienen sus padrinos. Si no tienes padrino, no llegas al puesto”, explica un abogado de relatoría (p.117). Este “padrinazgo” implica, además, la filiación a una red y a ciertas relaciones de poder, y también actos de corrupción tales como convertirse en el medio para ofrecer un soborno a un juez o para influir en su decisión.

Mujica precisa, sin embargo, que estas prácticas corruptas no pueden ejecutarse todo el tiempo, ante cualquier oferta, porque pondrían en riesgo todo el sistema al hacer demasiado evidentes las relaciones informales o ilegales.

La tercera esfera reseñada por Jaris Mujica estaría dada por los jueces, particularmente los Superiores y Supremos. Explica que la cúpula del Poder Judicial está integrada por jueces Superiores o Supremos que han estudiado en universidades del Estado principalmente (San Marcos y Villareal, aunque también algunos en la San Martín de Porres, que es privada) y que en muchos casos han ingresado a la judicatura gracias a contactos gestados en la vida universitaria. Pero también gracias a conexiones familiares. Se dice en el Poder Judicial que hay cargos que son hereditarios. Muchos hijos, sobrinos u otros parientes de jueces de primera instancia o de jueces superiores o supremos entran a trabajar como auxiliares en virtud de un sistema de trueque: un juez contrata al familiar de otro juez, y este hace lo propio con el primero, a fin de eludir la norma del nepotismo. Según Priori, la manera de llegar a los jueces Superiores y Supremos es a través del esposo o esposa u otro familiar, que trabajan también en el Poder Judicial.

La reforma

Entonces, si queremos empezar a cambiar todo esto, que se manifestó claramente en los audios presentados, es necesario cambiar la manera de elegir a los miembros del CNM, y hacerlo por concurso público. Luego de ello, sería bueno adoptar otra recomendación de la Asociación Transparencia:

“Se propone la eliminación del proceso de ratificación de jueces cada siete (7) años por considerar que favorece círculos de corrupción y el sistema de evaluación no es adecuado. Sin embargo, se mantendría la posibilidad de sancionar o destituir a un juez ante la comisión de cualquier infracción legalmente prevista”.

Esto supone, sin embargo, sustituir la ratificación de los magistrados cada 7 años por un sistema de evaluación de desempeño de jueces y fiscales aplicado por las propias instituciones que sirva tanto para el ascenso como para retirar de la función jurisdiccional al magistrado que resulte desaprobado. Este sistema de evaluación de desempeño es algo que debe ser construido.

Luego resulta fundamental adoptar la recomendación que en su momento formuló la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS), de pasar a una Corte Suprema de muy alto nivel integrada por solo 11 miembros dedicada a establecer jurisprudencia a partir de casos emblemáticos. Esto es fundamental para establecer predictibilidad en las sentencias –y en esa medida reducir la corrupción- y para crear una cabeza de alto valor profesional y ético que sirva de ejemplo al conjunto del cuerpo judicial.

También debe acogerse la recomendación de alargar el periodo del presidente del Poder Judicial de dos a cuatro años, empoderándolo tanto a él como al gerente general.

Estas dos últimas medidas dependen de decisiones del Congreso. ¿Existirá la voluntad política para hacerlo?

Para cerrar el círculo, la firma por parte de los estudios de abogados de un código de buenas prácticas que contenga un pacto para no sobornar, sería fundamental. Si los Estudios toman la iniciativa de hacerlo, tendrán la autoridad moral para demandar la reforma del CNM y las vinculadas a la administración de justicia que estamos resumiendo.

Por supuesto, está el asunto del expediente judicial digital, que debe incorporar el ámbito penal.

Y distritalizar (en Lima) la justicia penal, juntando en un solo local distrital a un juez, un fiscal y una carceleta para penas cortas a delincuentes menores, a fin de acabar con la impunidad y cortar de raíz el crimen que luego se vuelve organizado. Las municipalidades son las principales interesadas y contribuyen donando el local. Es cuestión de concertar. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Estado peruano adolece de un serio problema de priorización del gasto: hay servicios que tienen que ver con la razón misma de ser del Estado, como la seguridad y la justicia, que claman por recursos, al mismo tiempo que se gasta en burocracia innecesaria creada por la profusión normativa y en servicios o funciones estatales que no son prioritarios.

Los ingresos, como sabemos, no alcanzan, hay un déficit fiscal y el ministerio de Economía está tratando de incrementarlos subiendo el selectivo al consumo y con otras medidas que aún no salen por temor político. Al mismo tiempo, está reduciendo gastos llamados no esenciales, tales como viajes, cocteles o consultorías. Pero la mayor reducción estaría, como veremos, en la sobre burocracia y en oficinas o entidades duplicadas o poco necesarias.

Si hay una reforma que es absolutamente fundamental para recuperar capacidad de crecimiento y por lo tanto aumentar los propios ingresos fiscales, y por supuesto para civilizar el país, es la del sistema judicial y la seguridad. Sin seguridad jurídica e imperio de la ley, habrá cada vez menos inversión, en un país asolado crecientemente por mafias y corrupción de todo tipo. El gasto –bien hecho- en dichas reformas debería ser, pues, absolutamente prioritario.

Mega-operativos y NCPP sin presupuesto

Pues bien, la señal de alarma más clara de que ello no es así la dio el lunes pasado, en entrevista que le hiciera en El Comercio, al fiscal Jorge Chávez Cotrina, cuando reveló que al Ministerio Público ya se le acabó el presupuesto que les habían dado para los mega-operativos y que necesita una ampliación de 15 millones de soles. Uno de las pocas acciones exitosas del Estado peruano en la lucha contra el crimen organizado, ¡sin presupuesto! Algo más grave aún fue la revelación de que el éxito de los mega-operativos se ve mermado porque parte de los 1,193 criminales presos preventivamente como consecuencia de ellos ¡siguen operando desde las cárceles!, pues no funciona el bloqueo de celulares en los penales y no hay política penitenciaria. No puede haberla porque al suprimirse los beneficios penitenciarios para muchos delitos e incrementarse las penas, entran cada vez más presos pero no salen.     

Chávez Cotrina también explicó que la razón por la que de los 1,637 detenidos por pertenecer a organizaciones criminales, solo 143 tengan sentencias condenatorias, se debe a que los procesos -pese a que se llevan a cabo dentro del Nuevo Código Procesal Penal, que es más ágil-, avanzan lentamente por escases de jueces. Según él, hay Cortes Superiores que están colapsadas. Faltan jueces. Eso también es presupuesto, aunque habría que revisar la gestión de las audiencias para ver si realmente se está optimizando el tiempo de los jueces. De repente hay también un problema de organización.

No solo eso. Tampoco hay presupuesto para implementar el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en las Cortes de Lima. Recientemente una nota periodística daba cuenta de que el presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, pedía al Ejecutivo voluntad política para concluir la implementación del NCPP en el año 2020, algo que debió estar concluido el 2013. El NCPP es importante porque entraña un verdadero cambio cultural en la judicatura penal y permite procesos más rápidos y más certeros.

Plan Cuadrante Seguro no funciona sin jueces y cárceles distritales

Recientemente el ministro del Interior, Mauro Medina, anunció que desde el 1 de junio entraba en aplicación el Plan Cuadrante Seguro, una nueva estrategia contra el robo callejero que divide a Lima y Callao en cuadrantes, cada uno con un número de policías fijos que coordinan labores de prevención e inteligencia con los vecinos. Es decir, la policía comunitaria, por fin, que, de paso, permitirá que los agentes lleguen en un tiempo de 5 a 6 minutos a un hecho criminal.

Muy bien. Pero de poco servirá esta estrategia si no existe en cada distrito un fiscal, un juez y una carceleta distrital en la que se pueda castigar a los delincuentes callejeros atrapados en el Plan Cuadrante a penas cortas de semanas o pocos meses, con asistencia de sicólogo y asistente social para su resocialización. De lo contrario, los ladrones serán capturados y puestos en libertad a las pocas horas, como ocurre en la actualidad. O lanzados a las grandes cárceles, donde de primarios se convierten en delincuentes avezados al cabo de un tiempo de permanencia en ellas. Los locales para este servicio distritalizado de justicia penal pueden ser construidos y financiados por los gobiernos locales, tal como ya lo están haciendo algunas municipalidades para las fiscalías distritales. Pero en ellos falta el juez y el centro de detención. Requiere un presupuesto, pero sobre todo requiere, como lo dijo el fiscal Chávez Cotrina, decisión política, porque las municipalidades están colaborando.

Chávez Cotrina nos dijo además que tampoco existe presupuesto para enfrentar la trata de personas, que es un delito que está adquiriendo proporciones preocupantes en el sur del país.

Aplicar Análisis de Impacto Regulatorio y digitalización para reducir burocracia

Lo cierto es que al mismo tiempo que falta recursos y decisión política para estos temas cruciales, que tienen que ver con la función medular del Estado, se gasta en burocracias innecesarias creadas para gestionar la aplicación de regulaciones excesivas que inhiben la inversión, restando ingresos para financiar al Estado, y se gasta también en oficinas y entidades inútiles o que duplican funciones.

 Para lo primero, es hora de empezar a aplicar de manera consistente un programa de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) de las normas en todos los sectores, para ver en cada caso si la norma se justifica, si resuelve un problema o lo crea, si su costo de implementación por parte de los regulados es alto incentivando la informalidad o desincentivando la inversión, etc.

Ya habido un cierto avance: el MEF está haciendo un piloto, con la OECD, en cinco ministerios. Se entrenó equipos que hicieron el análisis, pero aún faltan las propuestas de reducción de normas que se derivan de ese análisis, y qué implica eso en términos de eventual reducción o reasignación de personal. La Secretaria de Gestión Pública, Mayen Ugarte, nos informa que el próximo año habrá un préstamo del BID para llevar a cabo esto de manera más amplia. Dicho préstamo servirá también para culminar los Análisis de calidad Regulatoria (ACR) que sí se están llevado a cabo, y que consisten en revisar no las normas como tales sino los procedimientos o trámites que tienen que ver con el público, también con la finalidad de eliminarlos o simplificarlos.

Y se supone que todo procedimiento o trámite que pasa el ACR, pasa luego a su digitalización. La propia digitalización del Estado, en la medida en que implica revisión ya no solo de los trámites sino de los procesos para simplificarlos, y en la medida en que reemplaza personal por comunicación directa, ayudaría a reducir burocracia.

Mayen Ugarte nos informa que se han formado “Swat teams”, equipos de tres personas con metodologías de innovación que empiezan a revisar procesos. Reconstruyen hacia atrás a partir de las necesidades de los usuarios. Hasta digitalizar esos procesos.

Un ejemplo de cómo se puede reducir burocracia es la VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior), que trabaja con 15 entidades, cuyos trámites condensa. Comienzan con un ACR (si tiene sentido el trámite, si los requisitos que se piden son razonables, cuánto le cuesta al ciudadano, a la empresa, si se justifica esa carga administrativa). Luego pasan a simplificación de procesos y digitalización. El equipo de la VUCE funciona con fondos del BID. Y cuando está listo el trabajo, todo va a gob.pe, una plataforma para hacer los trámites de manera virtual.

Todo eso debería ahorrar burocracia. Se está planificando sacar ventanillas únicas según eventos de vida: qué programas le corresponden al que nace en condición de pobreza hasta que ingresa a colegio, cómo lo gestiona para no tener que ir a cada entidad. O todo lo que le interesa y debe obtener el que cumple 18 años. En una sola ventanilla. O todos los trámites necesarios a partir de la muerte de una persona (partida de defunción, curatela, pensión, registro de los bienes, etc.), que pueden llegar a involucrar a más de 20 entidades.

Los Tupas estandarizados para obtener licencias de construcción y de funcionamiento, próximos a salir, también deben aligerar la burocracia en las municipalidades.

Por supuesto, esto debería hacerse al mismo tiempo que las entidades hacen el tránsito al régimen de la ley de Servicio Civil, que también implica revisión de los procesos para hacer un mapeo de estos y de los puestos realmente necesarios para llevarlos a cabo, e implica una carrera meritocrática que supone evaluaciones de desempeño. 

Dependencias estatales sobrantes

Pero, además, debería hacerse un análisis de consistencia de las distintas dependencias estatales. Muchas podrían ser eliminadas o fusionadas, porque hay mucha superposición o inutilidad.

Basta mirar el organigrama del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, para detectar la existencia de una serie de “proyectos especiales” que datan cuando menos de los años 80 y sobreviven como fósiles porque nadie se anima a cerrarlos o fusionarlos. Allí están los proyectos especiales Sierra-Centro-Sur, Jaén-San Ignacio-Bagua, Alto Huallaga, Pichis Palcazu y otros seis más, cada uno con su propia administración, multiplicando gasto inútilmente. Hay una Dirección General de Infraestructura y Riego, y al mismo tiempo dos programas de riego. Hay una Dirección de Políticas Agrarias y otra Dirección de Seguimiento y Evaluación de dichas políticas. Hay una Dirección de Estudios e Información Agraria, y una Dirección de estadística Agraria.

En el ministerio de Educación hay una Dirección General de Educación Superior Universitaria y está, al mismo tiempo, la SUNEDU. Hay una Dirección General de Becas y Crédito Educativo, y está, de otro lado, PRONABEC. Una Dirección General de Infraestructura Educativa, y está el PRONIED.

Y así en casi todos los ministerios. Además, hay superposición entre ministerios: Agricultura con el MIDIS, el MIDIS con Salud, Ministerios y gobiernos regionales, etc. Debería hacerse un análisis de la cadena de valor de cada servicio público para eliminar las superposiciones y distribuir cada función o parte del proceso al nivel que las pueda ejecutar mejor. Es decir, una reingeniería de la descentralización.

Tenemos, como si fuera poco, dos niveles municipales, provincial y distrital, multiplicando profusamente la burocracia. Bastaría con uno solo, el provincial, con oficinas distritales, aunque sería muy difícil que una reforma como esta se apruebe.   

Como fuere, lo cierto es que es hora de racionalizar y simplificar el Estado y concentrar recursos en lo realmente prioritario, como la justicia y la seguridad, que son sectores que tienen el potencial de crear las condiciones para que haya mucha más inversión que permita generar los recursos para invertir en los sectores sociales y en infraestructura. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Un acto más en la destrucción mutua. No sabemos si por venganza o por qué oscuras motivaciones, la comisión permanente del Congreso aprobó en primera votación la ley que prohíbe al Estado poner publicidad en los medios privados, exonerándola, además de la segunda votación.

Solo se exceptúa dicha limitación para el caso de desastres o emergencias nacionales y campañas de educación electoral. Y, aun en esos casos, se fija como tope máximo de la campaña el 10% de la facturación total del medio, y siempre y cuando no supere el 0.25% de la partida presupuestal de la entidad estatal anunciante.

En el contexto de una dinámica política y mediática que tiende a ser de por sí autodestructiva, campañas estatales motivadoras con mensajes constructivos, integradores y transformacionales son lo único que puede contrarrestar la tendencia natural al escándalo, a la pelea, a la mentira y a la disolución social.

Con una ley absurda como esta, el Estado no podrá llevar adelante campañas educativas orientadas a:

• Reducir la anemia y otros males de salud pública
• Motivar a las personas a denunciar los actos de abuso sexual y violencia familiar
• Desarrollar valores de solidaridad, respeto cívico y cambiar conductas en diversos frentes, desde la manera de conducir hasta la forma de recibir a los turistas pasando por hacer respetar los derechos del ciudadano ante policías e instancias gubernamentales
• Motivar una sana competencia entre los colegios y profesores por una mejora sustancial de la calidad educativa
• Impulsar una corriente masiva de denuncias de actos de corrupción en todas las instituciones por parte de los ciudadanos
• Promover reformas importantes que requieren respaldo social para luchar contra intereses creados tales como:

– El impulso a la meritocracia en todo el Estado con la difusión de la ley de servicio civil, mostrando ejemplos positivos de instituciones que ya han hecho el tránsito
– Una reforma laboral que permita la incorporación de las mayorías a la formalidad y rompa con la exclusión legal existente
– Una reforma del sistema judicial y policial que involucre a los ciudadanos y la sociedad civil

Parece que no hay conciencia de lo que está pasando. En circunstancias en las que, luego de las declaraciones de Barata, la clase política entera corre el riesgo de ser despedida y reemplazada por Dios sabe qué aventureros políticos, no se le ocurre mejor idea a esa clase política que eliminar una de los pocos instrumentos que puede tener el Estado para mantener niveles mínimos de credibilidad en las instituciones y en la acción colectiva.

¿Será que el hecho de que sean los periódicos y canales de televisión los que denuncian los actos de corrupción de los políticos, haya provocado, como reacción, una ley como esta? El tufillo a castigo es inocultable. Lo curioso es que el autor de la ley, Mauricio Mulder, es uno de los mayores beneficiarios de la transformación de los medios en escenarios del espectáculo de las denuncias y las confrontaciones.

Porque ese es el fenómeno que hay que entender. Aquí se da una relación simbiótica y perversa entre medios y políticos: ambos viven del rating, y entonces la tendencia en los medios es invitar a los políticos más grandilocuentes, agresivos o demagogos para levantar precisamente su audiencia y así captar más publicidad, lo que lleva a los políticos a acentuar las mencionadas características que garantizan el éxito mediático. Es un círculo vicioso que lleva no solo a la degradación de la política sino a la percepción por parte de la opinión pública de que hay mucha más corrupción, desorden e ineficiencia de la que realmente hay.     

Si esa es la tendencia natural en toda democracia en la que hay libertad irrestricta de prensa, ello en el Perú se agrava debido a que el Congreso está en manos distintas al Ejecutivo, de modo que lo que tenemos no es una relación de cooperación entre ambos Poderes, como ocurre en las democracias parlamentarias o en la mayor parte de las presidencialistas, sino una relación de confrontación sorda o abierta que no ofrece esperanzas para la construcción acordada de un destino común.

Si el sentido colectivo y la democracia misma son mellados permanentemente por las noticias de corrupción y de enfrentamientos políticos, la credibilidad de la población en la democracia y las instituciones –ya no solo en los políticos- se reduje a niveles que pueden volver insostenible el propio sistema democrático, incubando demandas por una propuesta autoritaria que ponga orden o cambie las cosas en el peor sentido posible.  

En medio de un escenario de descomposición social y política como ese, el único elemento que puede contrarrestar esa entropía negativa es el factor aglutinador que pueden significar campañas de comunicación en torno a los temas arriba señalados u otros similares. Y ese instrumento, que en realidad el gobierno ni siquiera explota en la medida en que debiera, queda impedido ahora con una ley insensata como esta.

Pero eso no se resuelve prohibiendo la publicidad estatal en los medios privados. Dichos gobiernos optarán entonces por contratar directamente a dichos periodistas o a dichos medios con otros disfraces. La regulación de la publicidad estatal está pendiente, pero debe hacerse bien, tomando en cuenta, entre otras cosas, el alcance del medio.    

Cooptación de periodistas y medios

Cierto es que hay entidades públicas y gobiernos regionales y locales que han mal utilizado presupuestos de publicidad sea para comprar el apoyo de determinados medios y de periodistas, sea para auto promocionarse encubriendo deficiencias de gestión. La cooptación de periodistas y medios que realizan los gobiernos sub-nacionales, en un mercado abierto de compra venta de apoyos, es escandalosa. Ver en Lampadia: Las relaciones del Estado con los medios de comunicación.

Pero eso no se resuelve prohibiendo la publicidad estatal en los medios privados. Dichos gobiernos optarán entonces por contratar directamente a dichos periodistas o a dichos medios con otros disfraces. La regulación de la publicidad estatal está pendiente, pero debe hacerse bien, tomando en cuenta, entre otras cosas, el alcance del medio.    

Las redes

La ley cree que las redes sociales pueden sustituir a los medios. Pero eso no es cierto, y lo ha explicado claramente Alfredo Torres (El Comercio, 25-2-18). No obstante, si dejamos de poner publicidad estatal en los medios y la colocamos en las redes, lo que sí vamos a lograr es acelerar el proceso por el que las redes, que son el escenario de la posverdad, de las verdades emocionales, de las noticias falsas, de los insultos anónimos y la difamación impune, van depredando la lectoría y la audiencia de los medios serios que sí verifican la información antes de publicarla. Juan Luis Cebrián, presidente ejecutivo del grupo Prisa y ex director del diario El país de España, explicaba que en España en los últimos 10 años 15 mil periodistas se han quedado sin trabajo. En la medida en que los medios serios tienen menos ventas y menos publicidad, ya no pueden pagar a sus buenos periodistas y entonces decae la calidad informativa de los únicos informativos y periódicos que contrastan las informaciones y las analizan con seriedad.

Es increíble que el Congreso de la República se sume a ese proceso de depredación. La libertad de expresión supone también responsabilidad. No es libertad para difamar, mentir, insultar, lanzar rumores o inventar hechos que no son ciertos. Debemos escapar de ese destino con todas nuestras fuerzas si queremos preservar la salud de nuestra democracia. Lampadia

Una de las funciones más sagradas que puede ejercer un ser humano es la de juez. Juzgar a otro ser humano, sus actos y determinar la suerte de su vida y la de sus familiares es una responsabilidad que debe abrumar a quién la tiene y llevarlo al máximo grado de consecuencia moral y profesionalismo.

En el Perú esto suena a ciencia ficción, aunque, como ya casi vivimos en ciencia ficción, diremos que es iluso y utópico. No por eso, sin embargo, debemos renunciar a predicar los principios que deben regir tan sagrada función.

En nuestras lecturas, hemos dado con un magnífico artículo de Francesc De Carreras, publicado por El País de España, el 10 de abril pasado. Su tema es: ¿Qué es politizar la Justicia? En Lampadia, hemos rescatado sus sentencias sobre la naturaleza de las decisiones del juez.

Veamos lo que nos dice De Carreras sobre las funciones del juez (citas textuales)

• El juez argumenta desde la racionalidad jurídica.
• El juez actúa en el curso de un proceso, dotado de garantías constitucionales.
• En sus resoluciones está absolutamente sometido a las leyes.
• En las resoluciones y sentencias, no se argumenta de acuerdo con los personales criterios de justicia del juez sino con aquello que la ley establece.
• En eso, precisamente, consiste la independencia judicial.
• El juez es independiente de todos los demás poderes pero está absolutamente sometido a la ley, no puede escapar de lo que prescribe la misma.
• Juzgar no es hacer justicia según la voluntad del juez sino de conformidad con la ley, aunque el juez, como es frecuente, esté en desacuerdo con ella.

“Dictar una sentencia presupone, precisar los hechos, encontrar en el ordenamiento las normas aplicables, e interpretarlas de acuerdo con métodos preestablecidos”.

“Esta limitación de los métodos interpretativos es una garantía de la seguridad jurídica: el juez no puede utilizar cualquier método para interpretar el significado de una norma sino sólo aquellos aceptados por la comunidad jurídica. La principal garantía de que el juez se atiene a la ley en sus resoluciones está en la motivación de las mismas, argumentada en los fundamentos jurídicos. Una sentencia será buena o mala, no porque el fallo se ajuste o no a nuestras convicciones sobre la justicia como valor, sino por los argumentos jurídicos —basados en hechos y en normas— que la motivan”.

Cómo podemos ver de los preceptos anteriores, solo se justifica la plena autonomía del juez, en la medida de que esté absolutamente sometido a las leyes y los procedimientos jurídicos, incluso si se trata de la ley de leyes, la Constitución. El juez no puede ejercer su función según su criterio, así sea de conciencia.

Una de las grandes carencias institucionales del Perú es la calidad de nuestros ‘sistema judicial’, que abarca al Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional y a los profesionales del Derecho. Empecemos, en la sociedad civil, por tomar conciencia de los principios básicos que deben regir la administración de justicia, para saber que exigir a nuestros gobernantes. Lampadia

Según Sergio Moro, el juez brasileño responsable, en gran medida, del exitoso proceso judicial del Lava Jato, para enfrentarlo, hubo que priorizar las siguientes estrategias:

• Independencia política del sistema judicial
• Respaldo de la opinión pública
• Colaboración eficaz
• Prisión preventiva

Ver mayores detalles en Lampadia: Los factores que permiten luchar contra la corrupción.

Pues, así como Moro se nutrió de la experiencia italiana para organizar su proceso, la fiscalía peruana, en buena hora, se estaría empoderando con la experiencia brasileña.

Así lo explica Jaime de Althaus en su revelador artículo, que presentamos líneas abajo. Althaus también pondera la necesidad de que el proceso se maneje cautelando una estrategia que evite se desbaraten las pruebas y los activos, como también la necesaria autonomía judicial, sin interferencias políticas o mediáticas, ni de los otros poderes del Estado, a los que les toca respaldar sin ambages, el proceso incoado por la justicia.

En cuanto al cuidado de los activos y las fuentes de reparación económica, así como lo concerniente al cuidado de los inocentes, en Lampadia hemos propuesto la figura de los interventores, ver: Despacio que estamos apurados – La crisis de corrupción requiere rigor y tranquilidad. 

¡Tenemos Fiscalía!

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La inminente orden de captura internacional y pedido de prisión preventiva de 18 meses para Alejandro Toledo es, duele decirlo pese a todo, una gran noticia, porque significa que los peruanos empezamos a sentir que hay justicia en nuestro país y que esta alcanza también a los peces gordos. Empezamos a tener una sensación que es una mezcla de indignación y asombro creciente frente a las revelaciones escandalosas de corrupción por todas partes, y de reparación a la sociedad por los delitos cometidos contra ella por lo menos en este caso.

Fuente:  peru21.pe

Y, tan interesante como lo anterior, empezamos a constatar que tenemos institucionalidad en el Ministerio Público. Tenemos un equipo liderado por el fiscal Hamilton Castro que funciona y produce resultados, desvirtuando con ello las críticas ligeras que se le ha estado haciendo tales como debilidad, lentitud, parsimonia e incompetencia. Pues para solicitar una orden de captura internacional y pedir prisión preventiva de 18 meses, la fiscalía está obligada a tener elementos graves y fundados de convicción, más aun tratándose de un ex Presidente. Los fiscales, pues, han hecho su trabajo y lo han hecho bien. Y esto es solo el comienzo.

Según los trabajos de la fiscalía, Toledo habría recibido 20 millones de dólares de parte de Odebrecht por la carretera Interoceánica en las cuentas de su amigo íntimo Joseph Maiman. De esos 20 millones, ya se ha identificado claramente 11 millones. Es una vergüenza.

Suiza

¿Cómo hizo el fiscal Hamilton Castro para reunir esos elementos? Parte de esta información la obtuvo en Suiza, donde viajó junto con parte de su equipo luego de enterarse de que allí se había descubierto nada menos que el registro de coimas de Odebrecht. En efecto, como parte de la investigación a Petrobras abierta por la fiscalía Suiza el año pasado, se encontró en documentos de Odebrecht un pago por el servicio de mantenimiento a servidores de esa empresa en Suiza. El fiscal Stephan Lenz acudió entonces a la empresa de mantenimiento y esta le entregó el servidor que contenía toda la información de la perversa ‘división de operaciones estructuradas’.

Antes de su viaje, el fiscal Castro remitió una carta rogatoria con preguntas. Una vez allá, el equipo peruano se sentó en una mesa de trabajo junto con fiscales suizos para recibir y analizar las respuestas y de esa mesa de trabajo surgieron más preguntas y pistas cuyas respuestas llegarán en marzo o abril. Es posible que aparezcan evidencias relativas a otros peces gordos, aunque la información resulta muy difícil de desentrañar porque existen hasta cuatro capas de ocultamiento de off shores receptoras de pagos.

El acuerdo de colaboración

El otro vehículo, muy efectivo, ha sido el acuerdo de colaboración de la fiscalía con Odebrecht. Este acuerdo ha sido criticado porque solo ha recabado 30 millones de soles y porque, en virtud de él, se le habría negado a la UIF y a la Procuraduría Anticorrupción pedidos de allanamiento y congelamiento de cuentas, pero lo concreto es que gracias a dicho acuerdo se pudo obtener la declaración de Jorge Barata que revela el espectro completo de los pagos a Toledo, así como las informaciones que permitieron  detener a varios de los que fueron sobornados por Odebrecht para ganar la licitación de la Línea 1 del Metro, entre ellos al ex vice ministro de Transportes Jorge Cuba, cuyo ministro era Enrique Cornejo.

La estrategia del equipo de Hamilton Castro con Jorge Cuba es clara: se le aceptará su pedido de colaboración eficaz siempre y cuando delate, con pruebas, a personas de una jerarquía superior a la suya. Concretamente, al ministro de entonces, Enrique Cornejo, o al ex presidente Alan García. De no acogerse a ese procedimiento, podría recibir una pena de hasta 28 años de cárcel. Si realmente tiene información valiosa en esos términos, lo más probable es que se acoja a la colaboración eficaz porque, según fuentes de la Fiscalía, Cuba se encuentra espiritualmente “quebrado” por la situación en la que colocado a su pareja Jessica Tejada, y por las sospechas de que compras hechas por su hijo, el futbolista Rodrigo Cuba, pudieran haber sido hechas con dinero de los sobornos. Sin duda la detención preventiva de Jessica Tapia por 18 meses, podría influir en el ánimo de Cuba para negociar una colaboración eficaz a cambio, entre otras cosas, de un trato benevolente para ella también.

Respecto de la imputación de que la Fiscalía solo ha logrado un pago de 30 millones de soles, la respuesta de los fiscales es que este es un pago a cuenta del que tengan que hacer por devolución de ganancias ilícitas, cuyo monto no se ha definido aún, y que no es cierto que en Panamá, por ejemplo, Odebrecht haya pagado 59 millones de dólares: recién están negociando y no ha habido pago alguno ni en ese país ni en ningún otro, tampoco en Estados Unidos, donde el abono se hará en junio. La Fiscalía peruana es la única que ha recibido ya un pago.

El acuerdo de colaboración y la Procuraduría

El acuerdo con Odebrecht ha sido criticado, ya vemos que sin  fundamento, por el propio procurador anti corrupción Amado Enco y por congresistas, sin conocer en realidad sus términos, que no han sido revelados. Pero, según explicaciones dadas a esta columna por el fiscal de la Nación, Dr. Pablo Sánchez, y el propio Hamilton Castro, estamos ante una suerte de acuerdo de colaboración eficaz. Su argumento es que una persona jurídica puede acogerse a la colaboración eficaz o a la terminación anticipada, en la misma medida en que puede ser sometida a un proceso penal en el que las sanciones no son la pena privativa de la libertad obviamente, sino multas, clausura, suspensiones, etc.   

Los fiscales explican que se enfrentaron a un dilema: o allanaban la empresa y los proyectos, congelaban sus cuentas y otras medidas similares solicitadas por la Procuraduría, con lo que se hubiese impedido el pago de los 30 millones y la colaboración eficaz que están dando y ha sido realmente efectiva, o se abstenían de adoptar esas medidas y se garantizaba que den la información. Obviamente la Fiscalía se decidió por lo segundo. Fue una decisión correcta.

Lo que no obsta para que la Procuraduría, por su parte, pueda solicitar las medidas necesarias para asegurar la reparación civil, la indemnización, que es lo que le corresponde. Para ello podría solicitar embargos, cartas de garantía o la designación de interventores, u otras medidas, pero en lugar de optar por alguna de estas líneas, dudando de la efectividad del acuerdo de colaboración, le demanda a la fiscalía acciones tales como allanamientos o congelación de cuentas o incautaciones con fines de decomiso o el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Odebrecht en todo el mundo, que son medidas –algunas inejecutables- que tienen que ver con el aspecto penal, que es competencia exclusiva de la Fiscalía.

Es más, según los fiscales, en el acuerdo con Odebrecht se estableció una cláusula obligatoria para que la Procuraduría se siente a negociar con la empresa el monto de la reparación civil. Pero eso no ha ocurrido. La Procuraduría, al parecer, optó por una actitud reivindicativa y tutorial con la Fiscalía en lugar de coordinar visiones y acciones y asumir su propia responsabilidad.

El Procurador Enco le pidió a la Fiscalía, por ejemplo, que incluya a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, cuando eso es algo que depende de la evolución y la estrategia de las investigaciones, que la Procuraduría desconoce, y cuando de hecho la investigación está abierta contra los que resulten responsables. Tal como va, la Procuraduría anti corrupción es un obstáculo más que una ayuda en la investigación.

El problema aquí es que el gobierno no ha encontrado [nota al pie] hasta ahora la persona que acepte hacerse cargo de la Procuraduría ad hoc para este caso, que requiere de un abogado de peso que conozca de derecho empresarial o comercial y pueda aportar a una estrategia inteligente conversada con el Ejecutivo y con la Fiscalía para tomar todos los recaudos necesarios pero intentando afectar lo menos posible la continuidad de los proyectos y las operaciones. Al parecer, la Procuradora Julia Príncipe no vería con buenos ojos una coordinación con el Ejecutivo para buscar a la persona idónea, porque se sentiría afectada en su autonomía. Pero este un asunto de tal importancia que no deberían caber remilgos de esa naturaleza.

Conflicto con el Congreso

El otro tema es la relación conflictiva que se ha establecido entre la Fiscalía y el Congreso. Todo comenzó con la invitación de la Comisión Lava Jato al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Obviamente el Dr. Sánchez no podía responder a la mayor parte de las preguntas que le formulaban, porque no podía revelar nombres ni estrategias ni tampoco el contenido del acuerdo con Odebrecht. Entonces comenzó a recibir ataques. Se le dijo que la Fiscalía era muy lenta, débil y no estaba haciendo lo que debía. Hubo expresiones despectivas y ridiculizantes que el Fiscal resintió. Se sintió maltratado. La consecuencia fue que cuando la Comisión solicitó la presencia del Fiscal Hamilton Castro, el Fiscal de la Nación respondió con un oficio explicando que los procesos son reservados y que por lo tanto no correspondía que el Fiscal Hamilton Castro acudiese a la Comisión. Por supuesto, la reacción fue virulenta y se llegó a amenazar al Fiscal de la Nación con acusarlo constitucionalmente y con traer al fiscal Castro “de grado o fuerza”.

La pregunta de fondo aquí es si tiene sentido que cuando una investigación está ya judicializada, y más aún si lo está de una manera tan seria y concentrada y en conexión con investigaciones similares en otros países, como en este caso, que el Congreso se aboque a la misma causa.  Es claro que ante una investigación tan profunda y bien estructurada como la que lleva a cabo la Fiscalía, es muy difícil, si no imposible, que la comisión del Congreso obtenga información relevante por sus propios medios. La tendría que obtener de la propia Fiscalía, que no la puede dar. La salida, por lo tanto, estaría en delimitar bien el objeto de la comisión investigadora del Congreso: quizá abocarse a una reflexión mayor acerca de las condiciones estructurales e institucionales que facilitaron esos niveles de corrupción a fin de proponer las reformas necesarias para prevenir actos como esos en el futuro.  Pero, claro, una labor como esa es menos atractiva mediáticamente y más exigente intelectualmente. Casi imposible. Lampadia

NOTA: Al cierre de edición, el gobierno ha nombrado a la doctora Katherine Milagros Ampuero Meza, como Procuradora Pública Ad Hoc para el caso Odebrecht, y a la doctora Liliana Elizabeth Meza Quito como Adjunta 

Como explica nuestro colaborador, Sebastiao Mendonca, líneas abajo, la gesta contra la corrupción en Brasil, liderada por el juez Sergio Moro, se ha nutrido minuciosamente de la experiencia italiana de Mani Pulite (Manos Limpias) en el caso de Bettino Craxi.

Fuente:  The Economist

No ha sido fácil crear este proceso en Brasil, que incluye acusaciones directas contra Lula da Silva, uno de los presidentes más populares y poderosos de suhistoria. Ello ha requerido la acción de un conjunto de jueces y fiscales con sentido de misión y entereza de carácter.

Las 48 leyes del poder. Ley 26: MANTENGA SUS MANOS LIMPIAS. 
Fuente: elartedelaestrategia.blogspot.com

Para afrontar tremenda tarea, Moro priorizó las siguientes estrategias:

• Independencia política del sistema judicial
• Respaldo de la opinión pública
• Colaboración eficaz
• Prisión preventiva

Estas últimas dos son las que permitieron la multiplicación de  confesiones y delaciones

Muy lamentable la muerte ayer, de Teori Zavascki, un juez muy importante en el proceso que estaba a cargo de la relatoría de Lava Jato, y según Moro, ha sido un factor decisivo de los éxitos logrados hasta hoy. Esperamos que este sea solo un accidente y que no tengamos que lamentar, en Brasil, situaciones parecidas a las del juez Nisman en Argentina.

Lava Jato: ¿Por qué está funcionando?

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Como ya expliqué en un artículo anterior sobre el Petrolão, el Brasil es un país de nivel medio de desarrollo con un nivel alto de corrupción. Es un país en que las técnicas y los hilos de la corrupción se heredaban, y todavía se heredan, en familia, empresas y grupos políticos. La tranquilidad con que los corruptos actuaban en Brasil, hasta pocos meses atrás, era total. Antes de Lava Jato, la impunidad de los criminales de cuello blanco, especialmente los políticos, era un dogma indiscutible. Pareciera que nunca les pasaría nada. Fue así, hasta que un rayo cayó en medio de cielo azul.

En solo 33 meses, Lava Jato generó un terremoto en los palacios de la corrupción. Se ha instaurado 1,434 procesos, se ha condenado a 120 criminales a 1,257 años de cárcel, se está demandando pagos por US $12 mil millones y se ha repatriado cientos de millones de dólares de bancos extranjeros, especialmente suizos.

¿Porqué? ¿Qué hizo posible un sueño imposible? Para entender Lava Jato, veamos como Sergio Moro organizó el proceso.

Moro se inspiró en la experiencia italiana Manos Limpias (Mani Pulite). Moro, además, estudió dicha experiencia en detalle y publicó luego (2004) un artículo que hoy es la referencia en Brasil para entender las estrategias de Moro en Lava Jato. Considerações sobre a Operação Mani Pulite.

Manos Limpias, se inició en febrero 1992 y mostró números muy parecidos a los de Lava Jato: En dos años hizo casi 3 mil mandatos de prisión, investigó a 6 mil personas, incluidos 872 empresarios y 438 congresistas, y desbarató gran parte del sistema de corrupción imperante en Italia. La operación afectó seriamente las imágenes éticas de los Partidos de izquierda,

especialmente el Socialista y Demócrata Cristiano; modificando el mapa político italiano establecido en el post-guerra.

La dinámica política de Manos Limpias también tuvo que enfrentar resistencias como Lava Jato lo está haciendo en Brasil. El primer ministro y el Congreso de Italia intentaron bloquear el proceso sistemáticamente, pero la reacción de la opinión pública desbarató sus intentos.

Sobre el tema, Sergio Moro decía el 2004:

Es ingenuidad pensar que procesos criminales contra personas poderosas, como autoridades gubernamentales o empresarios, puedan ser conducidos normalmente, sin reacciones. Un judiciario independiente, tanto de las presiones externas e internas, es condición necesaria para soportar acciones judiciales de esa especie. Entretanto, la opinión pública, como ilustra el ejemplo italiano, es esencial para el éxito de la acción judicial.

Para Moro, la independencia del judiciario y la mayor legitimidad de los jueces respecto a los políticos, fueron factores importantes en el caso italiano. Sin embargo, en el caso de Brasil esos dos factores no fueron suficientes. El respaldo de la opinión pública, incluidas las marchas multitudinarias lideradas por los jóvenes liberales (6 millones de manifestantes), fueron fundamentales para evitar la paralización de los procesos.

La colaboración eficaz fue otro factor identificado por Moro en la experiencia italiana y también aplicado extensivamente en Brasil. Él explicaba que la colaboración eficaz no ocurre espontáneamente. Tiene que ser lograda por medio de una acción decidida de los investigadores y fiscales. Moro decía:

La prisión [preventiva] previa al juicio es una forma de destacar la seriedad del crimen y evidenciar la eficacia de la acción judicial, especialmente en sistemas judiciales morosos…

Las prisiones, confesiones y la publicidad conferida a las informaciones obtenidas generaron un círculo virtuoso, consistiendo en la única explicación posible para la magnitud de los resultados obtenidos por la operación Mani Pulite.

En su análisis, Moro concluyó que los corruptos no tienen incentivos para confesar ni para incriminar a sus colegas de delito. Es solamente cuando ellos se ven frente al Dilema del Prisionero que ellos comienzan a confesar. Por ello, Lava Jato hizo uso extensivo de detenciones preventivas e interrogatorio de los corruptos, cuidando de que ellos no pudieran comunicarse entre si, pero autorizando la difusión en los medios de comunicaciones de noticias que estimularan a que los demás quisieran colaborar.

En el caso del asesor de marketing electoral de Lula y Dilma, Joao Santana, y pieza clave en los planes de expansión de la influencia política del PT, fue su esposa, responsable del manejo financiero de la pareja, quien decidió colaborar con la justicia, llevando a Santana a colaborar, pues con la confesión de su esposa su propio silencio se hizo inútil.

En el caso de Marcelo Odebrecht, Sergio Moro solo aceptó tratar la colaboración eficaz después de haberlo condenado a 19 años y 4 meses de prisión. Fue en esa situación que el gerente general de Odebrecht aceptó las duras condiciones de la fiscalía que exigía que 78 ejecutivos de su empresa ingresaran a una propuesta de colaboración eficaz. Situaciones similares de condenas previas a los acuerdos de colaboración eficaz están funcionando ahora con Camargo Correo, Andrade Gutierres, OAS y varias otras compañías.

En su investigación, Moro encontró que la corrupción había costado a Italia, entre 1980 y 1990,  un billón (millón de millones) de dólares en sobre-costos de las obras públicas, en los contratos con las empresas constructoras: líneas de metros, estadios, etc. En el caso de Lava Jato, los daños al patrimonio público hasta ahora son del orden de miles de millones de dólares, pero la suma sigue creciendo en la medida en que la investigación sigue avanzando.

Extrayendo lecciones de la experiencia, Moro señala:

Tal vez, la lección más importante de toda esa experiencia [Manos Limpias] es que la acción judicial contra la corrupción solo resulta eficaz con el apoyo de la democracia. Es ésta que define los límites y posibilidades de la acción judicial. Mientras la acción judicial cuente con el apoyo de la opinión pública, ella tiene condiciones de avanzar y de presentar buenos resultados. Si esto no ocurrir, difícilmente tendrá éxito.

Para Moro, las principales barreras para el éxito de una investigación de la corrupción son:

1. la falta de independencia de los jueces y fiscales a cargo de la investigación,
2. la existencia del foro privilegiado que protege a los políticos en el poder,
3. el predominio de una práctica judicial poco rigurosa contra la corrupción, especialmente respecto a los crímenes de cuello blanco,
4. el laberinto de las normas burocráticas y judiciales,
5. la dificultad para construir una carga probatoria necesaria para sustentar una sentencia de condena a los corruptos,
6. la existencia de una diversidad de mecanismos jurídicos que facilitan la prescripción de los juicios por corrupción, y
7. los incentivos del sistema político que favorecen al corrupto en la lucha por el poder, generando un proceso evolutivo nefasto.

La reflexión final de Moro sobre la experiencia italiana es que la corrupción de los políticos y las empresas contamina la democracia y termina haciendo a los jueces del país corresponsables de ese mal. Es decir, afecta moralmente a toda la sociedad.

Fue con esas ideas en la cabeza que Sergio Moro aceptó el desafío de liderar la Operación Lava Jato, ingresando a una batalla diaria contra los corruptos, todos sus juegos de astutas maniobras por bloquear el avance moralizador. La manera como Moro está conduciendo la Operación Lava Jato recoge mucho de lo que él ha aprendido de la experiencia italiana.

Sin dudas, uno de los factores del éxito de lava Jato fue que Mora ha estudiado cuidadosamente la experiencia de Manos Limpias para rescatar las lecciones aprendidas y evitar la repetición de los errores.

Ahora que el escándalo de Odebrecht se está propagando por América Latina, muchos se preguntan si sus efectos en esos países vecinos van ser pasajeros, o si la opinión pública y las instituciones de esos países van reaccionar lo suficiente para generar réplicas locales de ese proceso moralizador. Lampadia

La semana pasada ha traído una serie de golpes a Venezuela. Primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la “ola de amenazas, detenciones, allanamientos y aperturas de procesos penales en contra de miembros de partidos políticos opositores, manifestantes pacíficos y periodistas” y las “restricciones al ejercicio de derechos fundamentales” en Venezuela. Y, más importante aún, fue la decisión de los fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) de bloquearle la presidencia rotativa del bloque. Parece que, por primera vez en años, se estaría exponiendo al gobierno socialista al aislamiento. En palabras de Francisco Belaúnde, “los países dejaron de ser tibios”. El último refugio de Maduro es el obsoleto Movimiento de Países No Alineados, que acaba de celebrar su pseudo cumbre en la Isla Margarita.

Foto: elvenezolano.com

Las políticas y discursos populistas, arropadas en promesas redistributivas, más los circuitos de corrupción han llevando a Venezuela una crisis imposible de imaginar. No solo ha colapsado la economía, las condiciones sociales no pueden ser peor. La escases de alimentos y medicinas ha llegado a tal nivel que se ha desatado una inocultable crisis humanitaria que está costando la vida de muchos inocentes. Además, el autoritarismo chavista ha devenido en una dictadura abusiva e insensible, que cada día acosa con mayor desparpajo a los opositores políticos y a los pobladores que reclaman una solución al empobrecimiento generalizado que los está llevando a la desesperación.  

Todo esto empezó con una serie de medidas económicas heterodoxas que incluyen: la expansión del gasto del gobierno, el control de precios y medidas proteccionistas a la industria nacional, siempre y cuando fuera propiedad de los amigos del régimen. Estatizaciones, confiscaciones y regalos de petróleo y divisas a los países del circuito pro cubano, del llamado socialismo del siglo XXI. Basados en la proverbial riqueza de Venezuela, no midieron las consecuencias y generaron una inflación galopante, escases de divisas y energía, déficit fiscal, el colapso de la industria petrolera, escases de alimentos y divisas y, la entronización de las mafias del narcotráfico y la corrupción en las vísceras del régimen.

Además se ha tomado el control de todos los poderes del Estado: Congreso, Sistema Judicial y Electoral, más el de las fuerzas armadas y policiales. Esto solo ha facilitado la corrupción, ha arruinado la economía y ha desarrollado una tremenda represión que crece con la impopularidad del régimen.

Lo más vergonzoso es que, hasta hace pocos meses, la mayoría de los países de Latinoamérica  no habían levantado su voz y condenado la falta de democracia a Venezuela, incluyendo al gobierno de Humala y al FREN.A, con expresiones de apoyo de la propia Verónika Mendoza y del ex Cura Arana. 

Así se dio luego de la invocación de la Carta Democrática (que se solicita cuando se considera que en un país de la organización “existe una alteración constitucional que afecta gravemente al orden democrático”) del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Ante ello, solo se pudo concluir que los embajadores tomaran nota y monitorearan la situación.

Sin embargo, hay que destacar las expresiones de Mauricio Macri en Argentina y de Pedro Pablo Kuczynski en el Perú, que luego de elegidos tomaron inmediatamente una posición crítica, a la que se suma ahora el merecido desplante del Mercosur.

Parece que por fin esto está cambiando. La oposición venezolana agradeció a los países fundadores del Mercosur por su “apoyo a la lucha por la democracia”, países que han acordado asumir de forma coordinada la presidencia del mismo y poner a Venezuela la fecha límite del 1 de diciembre para que cumpla con sus “obligaciones”, como ponerse al día con su homologación de la normativa del bloque. Venezuela ingresó al bloque en 2012 y desde aquella fecha debe normalizar la legislación. Pese al tiempo transcurrido se estima que apenas el 30 por ciento del trabajo legislativo necesario se ha cumplido. Venezuela debe aprobar aún 300 normas del bloque, y le resta adecuar su legislación a 30 tratados internacionales.

Sin la participación de Venezuela, los demás países acordaron impulsar las negociaciones comerciales con la Unión Europea (UE). Los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay “examinaron la agenda de negociaciones comerciales externas del bloque” durante una reunión al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Foto: revocalo.com

Esto ocurre tan solo días después que la ONU criticó a Venezuela por vetar a la Comisión de Derechos Humanos por la permanente negativa de autorizar la visita de expertos en garantías fundamentales, a pesar de las graves alegaciones sobre abusos cometidos por el régimen venezolano en los últimos tres años.

Algunos líderes regionales, como el ex presidente de Colombia, Belisario Bentancur, y el de México, Vicente Fox, han afirmado que, tras lo sucedido con el Mercosur, confían que el camino emprendido lleve al “cambio”, “pacíficamente” y por “la vía democrática”. Betancur agregó que se está llevando a cabo desde las “propias instituciones que el chavismo se dio a sí mismo para mantenerse en el poder” y que ahora se vuelven contra él como un “boomerang”.

El Perú también se ha unido en contra de la dictadura en Venezuela. El día de ayer, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), durante su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), invocó a un diálogo interno en Venezuela a fin de resolver la crisis política, económica y social que enfrenta ese país.

Recordemos que nuestro país ya sufrió las nefastas consecuencias de los ‘experimentos económicos’ generados por dictaduras de izquiera (Velascato), que niegan el poder del mercado como eficiente asignador de precios, y minimiza las consecuencias de elevados déficit fiscales, así como de inflaciones fuera de control. Hoy contamos en el Perú, con una de las menores inflaciones del planeta, y las finanzas públicas están sustancialmente controladas, mientras que el Estado se dedica a regular algunos mercados. La mayor parte de nuestros políticos parecen haber aprendido muy bien esta lección y, sobre todo, la población que en las últimas elecciones rechazó de plano los cantos de sirena del anti sistema.

Como dijo la señora Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, ante una crisis humanitaria provocada por un régimen dictatorial, nadie debe ponerse de costado. Es hora de presionar al gobierno venezolano con todo lo que esté a nuestro alcance para terminar esta tragedia que afecta a nuestros hermanos. Lampadia

La tragedia de nuestro sistema judicial se traduce en la impunidad que generan los procesos anacrónicos con que funciona,  los vacíos legales, las absurdas fallas de coordinación entre sus estamentos, la saturación de las cárceles y la corrupción.

La necesaria reforma del sistema de justicia es una de las tareas más importantes que debe enfrentarse en los próximos años. Consecuentes con este imperativo nacional, en Lampadia hemos creado una biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI (Sistema Judicial), especializada en el diseño y desarrollo del sistema que necesitamos. El siguiente artículo sobre el caso de la reciente escandalosa liberación de los 5 ‘marcas’, debe servir para analizar sus concomitantes y guiarnos a darle contenido. 

Jaime de Althaus

La liberación de una peligrosa banda de 5 marcas porque la acusación fiscal le llegó al juez 5 minutos después de que se habían cumplido las 24 horas de detención, indignó a la Policía y también a la ciudadanía. No vamos a entrar al rosario de acusaciones mutuas: la Policía le echó la culpa a la fiscal y ésta a la Policía y también al juez. Lo que interesa es analizar si aquí falló el sistema o las personas o si hubo corrupción. Es algo que el Ministerio Público debería investigar y comunicar a la opinión pública.

Mientras tanto podemos adelantar lo siguiente. Lo primero que se puede advertir es que en la era de la tecnología de las comunicaciones, sigamos con procedimientos pretéritos. Cesar Azabache lo dijo en La Hora N: “¿Por qué no pueden coger un teléfono y advertirle al juez que necesitan una orden judicial y pasarle por correo electrónico la información mientras se dirigen al juzgado? Acá todavía siguen con papeles escritos para todo. Cuando interrogan le preguntan al detenido si tiene cicatrices, marcas o señas, y si las tiene hay que describirlas en la declaración: ¿no hay cámaras fotográficas o celulares para tomar fotos?”.

Azabache agrega: “Las cosas están confundidas: en todo el hemisferio cuando un policía detiene a un delincuente, hay un plazo que puede ser de 24 horas para que juez verifique que se trata de la persona indicada, que está bien detenida y que no la están golpeando… Aquí pensamos que además hay que presentar todos los cargos penales en su contra. Entonces el tiempo no alcanza. Por eso, se le pide autorización al juez para mantenerlo detenido a fin de completar la investigación, organizar un caso. Es la llamada convalidación”.

Hay que señalar que en Lima no está vigente aun el nuevo Código Procesal penal (NCPP) que contempla esa posibilidad: pedir 7 días más para preparar el caso antes de llevarlo al juez. Además, lo que ocurre es que los cinco ‘marcas’ fueron capturados en flagrancia, y ni siquiera el NCPP considera la posibilidad de extender a 7 días el plazo de detención de 24 horas, antes de entregar el caso al juez, cuando se trata de flagrancia. Por eso el Fiscal de la Nación, el presidente de la Corte Suprema y el Ministro del Interior decidieron, en la reunión que tuvieron luego de producido este escandaloso hecho, presentar al Congreso dos propuestas legislativas:

a. Modificación de la Ley para que en los casos de flagrancia proceda la convalidación de la detención preliminar hasta por siete días.

b. Modificación del artículo 2, inciso 24, literal f de la Constitución Política del Perú para que el plazo de detención por flagrancia se amplíe de 24 a 48 horas.

Según Azabache, lo segundo no sería necesario si se aprueba lo primero, entendiendo que de lo que se trata con las 24 horas no es de llevarle al juez todo el caso investigado y preparado sino solo lo necesario para que éste verifique que la detención ha sido bien hecha.

Pero lo que llama la atención es que este caso pudo haber sido presentado por la Fiscal no como uno de flagrancia sino de crimen organizado. Pues se trata de una banda. Y si bien el NCPP no está vigente en Lima, sí lo está para los casos de crimen organizado. De modo que la Fiscal hubiese podido pedir incluso 15 días de detención previa para armar bien el caso y presentarlo al juez. Pero no lo hizo. Lo presentó como uno de flagrancia.

Es cierto que los delincuentes fueron capturados cuando estaban a punto de cometer un atraco, es decir, de manera flagrante, pero, según parece, eso no fue fruto de la casualidad sino de un seguimiento que se había hecho durante un mes. En efecto, el director de Defensa Legal de la PNP, Máximo Ramírez, explicó que los criminales fueron capturados tras realizar una labor de inteligencia durante un mes. Y el comandante Flavio Esquivel Villafane, jefe de la Divincri Carabayllo, declaró indignado que al liberarlos “echaron por los suelos el trabajo de investigación policial y el sacrificio de mi personal para que estos delincuentes estén en la calle”.

Entonces no se trataba de un caso de flagrancia sino de seguimiento a una organización criminal, que cabe dentro del supuesto de la ley que adelanta el NCPP en Lima para los casos de crimen organizado. La fiscal pudo pedir 15 días adicionales, más aun si se encontró drogas. Si esto es así y no lo hizo, cabe plantear la hipótesis de que aquí hubo corrupción, sea a nivel de la fiscalía o del juez. O cuando menos supina incompetencia. Eso es lo que hay que investigar. 

Lampadia    

El Instituto Peruano de Economía publicó recientemente su entrega sobre Institucionalidad, donde comunica sus propuestas sobre las más importantes reformas que debiéramos emprender. Esta es una parte importante de nuestras agendas pendientes. Por ejemplo, tenemos que aplicar un sistema meritocrático para los funcionarios públicos, reformar el desprestigiado sistema judicial, flexibilizar el régimen laboral, y simplificar normas y trámites administrativos que ahogan a empresas y ciudadanos y han parado nuestro desarrollo. Al final, buena parte de estas reformas, redundarían en menores espacios para la corrupción.

Según el Índice de Competitividad del World Economic Forum (WEF), las instituciones en el Perú son las más precarias si las comparamos con las de nuestros pares regionales. A pesar de mejorar en el pilar instituciones (subió 2 posiciones con respecto al año pasado), el país aún enfrenta desafíos en relación con la ética y corrupción (bajó 7 posiciones) y el pobre desempeño del sector público (bajó 8 posiciones). Para continuar el crecimiento de la economía  peruana, tendrá que “construir resiliencia abordando desafíos estructurales en instituciones, eficiencia del gobierno, corrupción e infraestructura”, afirma el WEF.

Como afirma Roberto Abusada, Presidente del IPE, “el Estado opera en una institucionalidad deficiente. Tenemos fallas graves en el sistema judicial, la inseguridad ciudadana; y un desprestigio de los poderes del Estado, además de la carencia de partidos políticos sólidos que den fundamento a la democracia. Para tornar la situación más grave aún, al poner en marcha la necesaria descentralización de manera tan torpe como desaprensiva, hemos dilapidado el carácter unitario de la nación.” Recomendamos revisar nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI, un espacio donde compilamos los distintos aspectos relativos a las imperiosas reformas del Estado por emprender.

Comparando al Perú con los demás países de la Alianza del Pacífico y Brasil, las regulaciones impuestas por el gobierno son excesivas y la eficiencia del marco legal es uno de los más bajos de la región.

La falta de instituciones sólidas en un país tiene un impacto sobre la vida de sus ciudadanos en la forma de corrupción generalizada. El mal uso de los recursos del Estado lleva a una pobre provisión de servicios públicos, lo cual constituye una barrera para el desarrollo.

Según el último informe de opinión pública de Latinobarómetro, la percepción que tienen los peruanos respecto al progreso  en la reducción de la corrupción es una de las más bajas de la región. 

En 2015, solo el 24% de los peruanos cree que se ha progresado mucho o algo en reducir la corrupción en el Estado. Aplicar un sistema meritocrático para los administradores de justicia y simplificar normas y trámites administrativos para disminuir la discrecionalidad de los funcionarios públicos son dos medidas que podrían acelerar la lucha contra la corrupción.

Además, el Perú tiene el nivel más bajo de aprobación presidencial en América Latina. Lo mismo se ve en el caso del congreso, el cual obtiene una aprobación de tan solo 8%. Para solucionar esto, el IPE sugiere “Cambiar circunscripciones electorales de manera que sean proporcionales al número de electores y los acerquen a las autoridades elegidas. Ver en Lampadia: Chile abjura del bipartidismo. Actualmente las elecciones al Congreso consideran la circunscripción plurinominal que es muy grande y no guarda relación con el número de votantes, por ello recomendamos cambiarla a una uninominal lo que incrementaría el grado de identificación de la población con el Congreso. En el caso de Lima, el número de candidatos para el Congreso, entre los que debe elegir el ciudadano puede ascender hasta 684 (36 por 19 partidos) cifra que hace imposible identificar la mejor alternativa para cada persona y sobretodo mantener un seguimiento del representante elegido al Congreso.”

Uno de los problemas más grandes de institucionalidad es la falta de confianza en la policía, la cual se considera una de las instituciones más corruptas en el Perú. El 36% de la población indica que el problema más importante es la delincuencia. Según el IPE, existe un problema de articulación entre la policía, fiscalía y juzgado que impide que se imparta la pena debida a los delincuentes.

La explicación que brinda el IPE es que existe una disociación entre el número de delincuentes capturados por la DIRINCRI y los que son efectivamente procesados, lo cual genera una norme desconfianza en la población hacia las instituciones involucradas: la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ver avances y carencias sobre este importante tema en nuestra biblioteca virtual Estado del Siglo XXI, ‘Servicios del Estado‘.

Para solucionar esto, el IPE recomienda una integración efectiva del sistema de seguridad y administración de justicia es un proceso en el que participan la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE. Esto fortalecería, en particular, la policía nacional, con el fin de mejorar la investigación y contrarrestar el alto índice de delincuencia en el país.

Según Daron Acemoglu, profesor de Economía en la Universidad de MIT en EEUU y autor del libro ‘Why Nations Fail’ (Por qué fallan las naciones), la institucionalidad tiene tres características clave: “reforzar los derechos de propiedad para incentivar la participación económica, restringir el poder de políticos y élites, y asegurar un cierto grado de igualdad y acceso a las mismas oportunidades para la mayoría de los ciudadanos. Estos son los cimientos que aseguran el desarrollo sostenido de una economía”.

La institucionalidad es una de las principales garantías para el crecimiento económico, pues se transmite confianza a los inversionistas a través de reglas claras que no dependen de las autoridades de turno. Aparte de la recuperación del crecimiento económico, la materia prima para un Estado presente y efectivo, la gran tarea del próximo gobierno debe priorizar las distintas reformas institucionales que viene reclamando el conjunto de nuestra sociedad. Lampadia

Ahora que la economía dejó de crecer, debilitando la disminución de la pobreza y la desigualdad, la izquierda tradicional acusa al “modelo económico” de nuestras debilidades institucionales. Este, que hasta el 2013 mostró resultados espectaculares en términos de desarrollo económico y social (ver en Lampadia: Las Cifras de la Prosperidad).

Varios académicos, periodistas y analistas caen en lo mismo. Por ejemplo, Eduardo Dargent (La República, 4 de abril, “Carranza y las instituciones”), afirma que el ex Ministro Carranza: “Rechaza que sea el modelo económico el que esté mostrando sus limitaciones. (…) El problema es el gobierno. ¿Por qué? Porque este gobierno ‘cambió el modelo de crecimiento que tenía el Perú’”.

Indica,además, que: “Carranza nos ilustra sobre el estancamiento: (i) ausencia del Estado para preservar los derechos de propiedad y efectividad de los contratos, (ii) desconfianza de la población en la efectividad del Estado para defenderlos de potenciales daños medioambientales y garantizar la dotación de agua y (iii) falta de capacidad del Estado para usar bien los impuestos, mejorando las condiciones de vida de la población por buenos servicios y no por gasto asistencial es fundamental para reducir la desigualdad de manera permanente”.

Y concluye: “¿Heredadas de quién? (…) La verdad [dice Dargent] yo veo mucha mas continuidad que cambio y si, más bien, creo que los arquitectos del modelo harían bien en evaluar en que medida no ha servido para atacar esta debilidad institucional diagnosticada”.

Estas acusaciones nos permiten evaluar el “porque” del divorcio entre economía e instituciones.

Veamos:

1. A 1990 llegamos en “artículo mortis”, destruidas la economía y las instituciones.

2. La verdadera Gran Transformación del Perú se inició en 1993, cuando adoptamos una Constitución más moderna que nos permitió llevar al país al mundo global, abrir las puertas de la inversión privada y liberar la capacidad de los peruanos para construir su propio futuro. Este proceso se produjo sin un plan específico y sin el liderazgo de nuestros gobiernos ni de nuestra clase dirigente. Fue una suerte de “accidente”.

3. Ninguno de los gobiernos, desde el segundo de Fujimori, Paniagua, Toledo y García (2), lideraron conscientemente la revolución económica y social que transformó el país y nunca emprendieron las reformas institucionales que debieron ser parte del proceso.

4. No hay modelo de crecimiento económico sostenible que deje en segundo plano, o ignore el avance institucional.

5. Nuestro modelo requiere: Estado de Derecho (protección de los derechos de propiedad e imperio de la Ley), un mejor Sistema Político (con Partidos Políticos representativos), un buen Sistema Judicial y una Policía efectiva y correcta, así como un Estado Meritocrático.

6. Esto no se hizo, pero no por carencias del modelo económico, sino por la falta de visión e incompetencia de la clase política. El sector privado tuvo las condiciones para recuperar la economía, pero los sucesivos gobiernos jamás emprendieron la reforma institucional.

7. El segundo gobierno de Fujimori no entendió el nuevo marco institucional de la Constitución del 93. El 96 paró las reformas. Cayó en un neo-populismo electorero y una corrupción desenfrenada, además de generar una innecesaria recesión (1998) que desdibujó buena parte de los logros de su gobierno.

8. El gobierno de Paniagua (víctima de circunstancias políticas extremas) no fue capaz de dibujar un nuevo marco institucional. Nos atascamos en el pantano de la revancha y el resentimiento. Además, abrió la posibilidad de retornar a la nefasta Constitución del 79. Ver en Lampadia: La Constitución del 79 consolidó el empobrecimiento general de los peruanos – Quieren bajarle la llanta a la prosperidad.

9. Toledo heredó el final de la recesión del 98. La del “corte de la cadena de pagos”, que desató el Ministro Baca Campodónico.

Posteriormente Toledo, gracias a sus buenos ministros, se montó en la ola del aumento del precio de los commodities que iniciaron el ciclo de abundancia que vivimos hasta hace poco. Por otro lado,  inició una regionalización apurada que desarticuló la estructura del Estado y siguió coqueteando con la Constitución del 79.

Felizmente, con algunos de sus ministros y un buen grupo de empresarios modernos, cerramos el TLC con los EEUU, que consolidó el proceso de inserción de nuestra economía al mundo global.

10. El Presidente García llegó al gobierno acusando a Lourdes Flores de ser la “candidata de los ricos” y amenazando con revisar el TLC con EEUU. Felizmente, las circunstancias de la economía global: altos precios de los commodities, abundante financiamiento internacional, crecimiento espectacular de la inversión privada (mayormente en provincias) y la polarización política con Hugo Chávez, permitieron que García apoyara la economía de mercado.

Así profundizamos la integración comercial y se fomentó la inversión privada. Pero, García nunca hizo el balance entre el pasado de estancamiento (del que fue parte importante), y la nueva realidad. No se hicieron, ni se explicaron, las relaciones causa-efecto que trajeron al Perú desde la oscuridad y el desaliento a la explosión de bienestar y confianza del nuevo siglo.

Tampoco se hicieron las reformas políticas e institucionales pendientes, en parte por miedo a la agresiva oposición del humalismo.

Así llegamos al 2011, al gobierno de la “inclusión”, justo después de una década de inclusión jamás soñada. Es cierto que el Presidente Humala tuvo que abandonar su programa radical de gobierno para ser elegido en la segunda vuelta. Para ello juró lealtad a la “Hoja de Ruta”. Pero casi todo su equipo era parte del proyecto radical (felizmente duró poco). Pero,  durante el premierato de Salomón Lerner G. se oficializó el lenguaje anti-minero, perdimos el proyecto de Conga y se paralizó la inversión minera, la locomotora que había jalado el tren de nuestra economía. Además, el Presidente hizo evidente su desconfianza en el sector privado que percoló en toda la administración pública.

El siguiente gráfico demuestra cómo el 2011 se inició la parálisis de nuestra economía:

El resto vino solo, le echamos la culpa a la caída de precios de las exportaciones, cuando pudimos compensar con volumen lo que perdíamos con precios. Después quisimos inventar nuevos motores de crecimiento y nunca más dimos pié con bola.

Este proceso se puede profundizar en los siguientes análisis de Lampadia:

– Otra vez La Parada (esta vez en la inversión)

– “¡Es el Estado, …estimado!”

– El país resbala después de muchos años

– El 2014 terminó nuestro ciclo virtuoso de desarrollo – ahora necesitamos
acumen y una agenda de desarrollo efectiva

– Des (Grecia) y reflexiones para el Perú

– La economía peruana en perspectiva

– Visión de Futuro antes que un Acuerdo Nacional

Todo lo expresado demuestra que hasta antes del gobierno de Humala tuvimos un modelo muy exitoso en lo económico y lo social y, que nunca se quiso abordar las reformas institucionales. Mal se puede ahora, culpar al modelo económico por nuestras carencias. Sería muy torpe, ahora,   dejar de hacer lo sí hicimos bien. Lampadia

La ciudadanía quedó en shock mientras veían como los integrantes del Movadef dejaban las cárceles en las que se hallaban recluidos por sus evidentes vínculos con las acciones  criminales de Sendero Luminoso. Era insoportable entender que los Jueces de la Sala Nacional Penal F liberaran a los miembros de esta organización. Inentendible. Lo mismo ha sucedido días antes, con la liberación de Benedicto Jiménez y otros acusados de corrupción en los gobiernos regionales. 

Tan solo hace unas semanas atrás, en Lampadia felicitábamos los esfuerzos que realizaba nuestro Sistema Judicial para condenar las corruptelas de varios presidentes regionales y encausar a la extendida mafia que lideraría el abogado Rodolfo Orellana (ver: Gran oportunidad para lograr una justicia que respetemos). La decepción llegó más temprano de lo esperado. Los miembros de nuestro Sistema Judicial, vuelven a desperdiciar una brillante oportunidad para concedernos la justicia que merecemos los ciudadanos de este país que se esfuerzan día a día por hacerlo mejor y  cumplen con las leyes.

Como señalábamos en el mencionado artículo “Tal vez esta sea la gran oportunidad que necesitábamos, para dar un salto cualitativo en la calidad de la justicia. Es evidente que la ciudadanía está muy atenta a este proceso [el juzgamiento de los presidentes regionales]. Su satisfacción debe ser el mejor aliciente para consolidar un mejor nivel de justicia, pero su frustración sería sin dudas, insoportable a la sociedad y tendría consecuencias sociales que podrían ir más allá de una descalificación en las encuestas. Por ejemplo, más justicia por mano propia, lo cuál sería la antesala de una debacle social.El Poder Judicial es autónomo, solo puede reformarse desde adentro. Esta es su última oportunidad para recuperar un prestigio esencial”.

La liberación de los miembros del Movadef, de Benedicto Jiménez (parte de la organización Orellana) y la de Iván Vásquez, presidente regional de Loreto, nos hacen pensar que el Sistema Judicial peruano ha perdido la brillante oportunidad de reconciliarse con la ciudadanía. Es vergonzoso que no utilice pruebas de dominio público, como lo mencionado por Cecilia Valenzuela (ver en Lampadia: Sendero vivito y avanzando), o que la coordinación entre las partes del sistema dificulte e impida la efectividad de la justicia, o que se amparen en las debilidades de otros. ¿No se juntan a coordinar? ¿A desarrollar estrategias comunes? ¿A compartir la información?

Ahora solo queda pensar en una reforma integral como la que hizo Hong Kong para resolver la corrupción policial (ver: Sin seguridad no vamos a ninguna parte). Que se las ingenie para nacer adentro, pero que sea llevada a cabo, desde el exterior. El Sistema Judicial incluye a la Policía, el Ministerio Público, y el propio Poder Judicial, más su interrelación con el gremio de abogados.

Sin duda lo más grave es que se haya dejado en libertad a los líderes del Movadef. Este no es un caso cualquiera. Estas personas forman parte de una organización genocida que no cree en el Estado de derecho, ni en la democracia y que ha demostrado largamente que tampoco cree en los principios elementales de la convivencia, como el respeto a la propia vida. No olvidemos que el “pensamiento Gonzalo”, con el que siguen comprometidos públicamente, amenaza a toda la sociedad con ríos de sangre.

Por eso la reacción del Presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza solicitando que se investigue a los magistrados que dieron libertad al Movadef, es insuficiente. Una gota de agua para aclarar un lodazal. Un leve reflejo para enfrentar a la indignación ciudadana que encabezó el propio Presidente Ollanta Humala al señalar: “Sabemos todos las vinculaciones que tiene el Movadef con Sendero Luminoso. (…) Respetamos los fallos del Poder Judicial nos guste o no nos guste, pero eso no me impide expresar mi preocupación profunda. (…) Yo espero que se reflexione sobre este fallo”.

Humala también explicó: “hay un esfuerzo tremendo que ha hecho la Policía, han sido meses de investigación, acopio de información, ha habido denuncia fiscal de por medio, por lo tanto, nos deja la preocupación de que este esfuerzo del Ministerio Público caiga en (…) saco roto”.

Los jueces de la cuestionada Sala se han defendido arguyendo que su fallo se produjo por que la fiscalía no presentó suficientes elementos para encontrar las relaciones con Sendero Luminoso.

¿Es posible eso? ¿Que en un caso tan sensible para la nación, la Fiscalía no haya hecho bien su labor? En la prensa se ha demostrado suficientemente las vinculaciones de Sendero con el Movadef. ¿La Fiscalía no recogió esos argumentos o no son suficientes para los jueces?

Lo cierto es que es inaceptable que cualquiera de esas posibilidades haya permitido abrirles las puertas de la libertad a los integrantes de esta sanguinaria organización. Por lo menos en un caso como este las autoridades debieron actuar con la mayor diligencia posible. ¿Cómo es posible que la prensa obtenga mejor información que la Fiscalía?

Ha llegado la hora de realizar una gran reforma del Sistema Judicial. Queda claro, eso sí, que no podrá hacerse desde adentro. Seremos los ciudadanos los que tengamos que exigir y plantear una solución que cambie de raíz esta situación, ojalá con la colaboración e ingenio de nuestros mejores juristas, para encontrar el camino de esta reforma, sin avasallar la Constitución. Lampadia