Con este informe continuamos nuestro análisis del sector salud, siguiendo con el seguimiento de los Servicios del Estado, en nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.  

Los avances del Ministerio de Salud en el desarrollo de los mecanismos con los que ha recuperado su autoridad sobre las políticas sectoriales ante los gobiernos descentralizados, son muy importantes, y lo son aún más, la aplicación de mecanismos presupuestales y operativos que crean incentivos virtuosos para mayor eficiencia de los servicios. Veamos: 

Decíamos en el informe anterior que uno de los medios por los cuales el Ministerio de Salud ha recuperado el control y manejo en la aplicación de las políticas sectoriales en los gobiernos descentralizados, ha sido el Seguro Integral de Salud (SIS).

Referíamos que los 5,500 millones de soles que se entregan a las regiones mediante el Presupuesto por Resultados (PPR) no se están controlando bien. Es decir, el PPR no está funcionando adecuadamente. Si el gobierno regional no cumple las metas, no pasa nada, no se ajustan ni las metas ni los montos.

Lo que Arturo Granados y Edgardo Nepo sugieren es que el PPR debería adoptar el sistema del SIS, que transfiere 1,700 millones de soles mediante convenios a hospitales o a establecimientos del primer nivel. Pero el dinero se entrega por tramos cada cuatro meses, contra resultados. Con los hospitales se firma un convenio en el que se establece qué se va a producir y cuánto dinero requiere esa producción. Ese dinero se transfiere, como decíamos, por tramos, contra las pruebas de que el servicio ha sido dado. Es decir, el hospital envía el informe de producción y entonces se entrega el siguiente tramo.

Para los establecimientos de primer nivel, el SIS firma convenios de ‘pago capitado’ con los gobiernos regionales: es decir, una cantidad por persona, según el número de personas que cubre cada establecimiento. Ese pago incluye la promoción o prevención de la salud. Estos convenios definen productos y metas. La transferencia de dinero tiene una parte fija y una variable, que es del 20%. Si se cumplen las metas, se entrega el 20% variable. Los tramos sin trimestrales. 

Edgardo Nepo lo pone así: “…en el marco del Decreto Legislativo 1163, que dicta disposiciones para fortalecer el SIS, se introdujo el pago capitado para el primer nivel de atención de salud a partir del año 2013, para lo cual se estableció la población objetivo de cada establecimiento, se establecieron los servicios que deberían entregar, se calculó el costo de atención per cápita y mediante convenios de gestión se establecieron metas de producción que deberían ser alcanzados para realizar los desembolsos económicos”.

Con este mecanismo se asegura el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de las metas establecidas. Granados explica que se ha desarrollado un sistema de monitoreo de todo lo que se produce, contrata y compra en medicamentos. Todas las atenciones a los usuarios entran al sistema mediante una ficha electrónica que registra quién ha sido atendido,  qué se le ha dado, etc. El gobierno regional sustenta sus pedidos con esas fichas y de esa manera el SIS es un financiador inteligente. Además, para verificar que la información que se pone en las fichas electrónicas es correcta, y hacer el seguimiento, hay equipos del SIS desconcentrados en cada región.

Pero, además, con este mecanismo ha sido posible priorizar la prevención, algo en lo que siempre se falló. Esto es importante, porque se supone que a mayor prevención menos atenciones curativas o recuperativas en el mediano plazo, menor necesidad de remitir al paciente a un centro de mayor complejidad para tratar un mal avanzado. Mejor salud para la población y menores costos para el Estado.

Pues bien, lo interesante es que eso es lo que está empezando a ocurrir. Según Edgardo Nepo, “este mecanismo de pago permitió revertir la relación entre atenciones preventivas (controles de crecimiento y desarrollo, chequeos, controles de embarazo etc.) y recuperativas (atención de enfermedades), de manera que el ratio entre ellas (Razón P/R) pasó de 0.69 el 2011 a 1.27 el 2015”. Eso se nota con claridad en el siguiente gráfico:

Evolución de la relación entre atenciones preventivas y recuperativas a los asegurados del Seguro Integral de Salud

Las atenciones recuperativas crecen menos, pero crecen. Esto se debe al mayor número de afiliados al SIS, que pasó de 12 a 16 millones en ese periodo.

La Nota de Política Pública del IEP, elaborada por un conjunto de instituciones y especialistas, confirma esta buena noticia: “…la inclusión del mecanismo de pago anticipado per cápita al primer nivel de atención asociado a indicadores de desempeño habría incrementado la utilización de servicios preventivos en forma significativa”.  

Además, el SIS contrata servicios privados de manera complementaria para el despistaje y detección temprana de los cánceres más frecuentes, la atención oftalmológica de escolares, la atención de urgencias y emergencias, etc.

Por eso, Granados sugiere que los 5,500 millones que están bajo presupuestos por resultados sean manejados por el SIS, que tiene ya una metodología avanzada que le permite entregar dinero por tramos contra resultados debidamente verificados. Es el verdadero presupuesto por resultados.

Pero, en lugar de eso, lo que está ocurriendo es lo contrario. El Ministerio de Economía incluyó un artículo en la ley de presupuesto para que a partir de agosto del 2016, es decir, del nuevo gobierno, el SIS no pueda contratar personal CAS para atender las necesidades del servicio en función de las metas establecidas, sino que cualquier contratación CAS deba ser autorizada mediante Decreto Supremo por el MEF. Sin esa facultad, el SIS pierde capacidad de gestión, que es la única gestión inteligente de los recursos en este momento. Su papel como asegurador público queda debilitado.

Por eso, la Nota de Política Pública antes mencionada recomienda “eliminar la prohibición del proyecto de Ley de Presupuesto 2016 de contratar a personal a través de la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) con financiamiento del SIS, particularmente en el primer nivel de atención”.

El temor del MEF es perder control sobre el número de contratados que luego suelen demandar su nombramiento. En tal sentido, la misma Nota antes citada recomienda que “…para un mayor control del ritmo de contratación de personal con fondos SIS, los hospitales y redes deberían justificar un plan de contrataciones CAS en función de criterios técnicos de necesidad del servicio. Los gobiernos regionales, a través de las direcciones regionales de salud, deben sustentar, bajo responsabilidad, estos requerimientos frente al SIS”.

Lo que no toma en cuenta el MEF es que si el SIS administrara todos los presupuestos por resultados tal como lo está haciendo ahora con su parte, en el mediano plazo el gasto en atenciones curativas o recuperativas disminuiría en la medida en que el eje del servicio se traslade hacia la prevención. La mejor manera de prevenir la explosión del gasto, es prevenir la explosión de las enfermedades.

Nosotros pensamos que en el futuro el SIS debería contratar directamente con las “Redes Integradas de Servicios de Salud”, que es el modelo de atención al que deberá migrar el sector, donde el centro ya no es el establecimiento sino la red. En ella hay establecimientos de primer y de segundo nivel. Estos últimos pueden dar servicios itinerantes a los de primer nivel, que con frecuencia carecen de atención especializada, o directamente a las familias.

Podrían haber redes gestionadas por el sector privado, o establecimientos privados en una red. A la larga, el SIS, como seguro que es, debería poder contratar a la red o al establecimiento que mejores indicadores ofrezca, público o privado. Se trata de servir de la mejor manera posible a la población.

Este mismo tipo de resultados, han sido obtenidos por Essalud con los dos hospitales que se concesionaron en la modalidad de ‘bata blanca’. Ver en Lampadia: Las APP han generado servicios de salud de alta calidad. El esquema de asignar una población fija, convenir pagos preestablecidos por persona y fijar estándares operativos, es una innovación extraordinaria que debería ser fomentada en todos los sistemas de salud. Sin embargo, increíblemente, Essalud, está de retroceso con concesiones de ‘bata gris’, para dar gusto a sus médicos que pretender mantener su clamoroso nivel de servicio en todos los espacios posibles. 

Lampadia

El ministerio de Salud recupera capacidad rectora de la política sectorial en los gobiernos descentralizados

Con este informe iniciamos nuestro análisis del sector salud, siguiendo con el seguimiento de los Servicios del Estado, que forma parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.  

Ya es un lugar común decir que la descentralización política del país, un proceso necesario, se hizo de manera precipitada y con errores de diseño. La alianza que pretende el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con los gobiernos sub nacionales tiene que partir de reconocer ese hecho, y llevar adelante reformas que permitan resolver los problemas generados y apuntar a gobiernos descentralizados eficientes y profesionales. No se trata de hacer populismo descentralista, sino de modernizar estructuras y modelos de gestión que suelen ser patrimonialistas y corruptos y fortalecer la gestión local y regional.

La manera de hacer eso debería ser, a la vez, la forma de resolver una de las consecuencias más preocupantes que ha tenido el proceso descentralizador: la pérdida de capacidad de dirección, supervisión y control de las políticas sectoriales por parte del gobierno central. Como bien señala el informe “Análisis de la función rectora y sancionadora del Poder Ejecutivo” de la Contraloría General de la República, el gobierno central, salvo excepciones, por lo general ni siquiera asume las limitadas funciones rectoras y supervisoras que tiene asignadas en la ley, en parte por falta de conciencia o capacidad, en parte por carencia de data y de instrumentos de medición de brechas y resultados, y por ausencia de mecanismos de intervención y sanción cuando el gobierno subnacional no puede o no quiere ejecutar una política sectorial.

Tenemos un sector, sin embargo, en el que sí se han avanzado algunas soluciones a este problema y se ha logrado recuperar formas de dirección y monitoreo de la política sectorial e incluso capacidad de intervención ante problemas en la provisión del servicio. Se trata del sector Salud.

En efecto, el Ministerio de Salud ha logrado recuperar su capacidad rectora por cuatro vías: en primer lugar, institucionalizó un mecanismo de coordinación y planeamiento intergubernamental que funciona; en segundo lugar, existe un presupuesto por resultados que supone, en principio, un control por parte del MEF y del MINSA; en tercer lugar, el sector ha implantado un sistema de asignación de recursos a establecimientos descentralizados en función de resultados verificables, a través del Seguro Integral de Salud (SIS); y, finalmente, ha logrado que el Congreso apruebe una ley de fortalecimiento que le permite intervenir directamente cuando un gobierno descentralizado no cumple una política o es desbordado por una emergencia.

Comisiones intergubernamentales

En cuanto a lo primero, existe la Comisión Intergubernamental de Salud (CIGS), creada por una resolución de la PCM en el 2009. En ella participan el Ministro y funcionarios, los Directores Regionales de Salud y representantes de Asociación Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE). Se reúne cada tres meses para hacerle seguimiento a agenda del sector. Entre sesión y sesión se reúnen comisiones mixtas ad hoc que desarrollan los temas: a qué se compromete cada nivel de gobierno para reducir la anemia, por ejemplo.

Además de esa comisión, el Decreto Legislativo N° 1157, Ley de Modernización de la Gestión de la Inversión Pública en Salud, de diciembre 2013, crea los Comités Regionales Intergubernamentales de Inversión en Salud (CRIIS), adscritos a cada Gobierno Regional, a los cuales les corresponde “la priorización concertada y el seguimiento de las iniciativas de expansión y sostenimiento de la oferta pública de servicios de salud”. En ese marco se discute y aprueba el Plan Regional Multianual de Inversiones en Salud de cada región. El rol del Ministerio allí es, según el artículo 7 del reglamento, “Aprobar conjuntamente con los Gobiernos Regionales sus Planes Regionales Multianuales de Inversiones en Salud, a través de los cuales se exponen las decisiones de expansión y sostenimiento de la oferta pública de servicios de salud…”.

Estos Comités deciden todo lo que tiene que ver con infraestructura y equipamiento. Asiste, de parte del Ministerio, el jefe de la Dirección del Descentralización. Su funcionamiento ha permitido poner orden en la inversión en ampliación de la oferta. Antes podía ocurrir, por ejemplo, que en un mismo sitio se construyeran 3 puestos o centros de salud simultáneamente: uno por la municipalidad distrital, otro por la provincial, y uno tercero por el gobierno regional o alguna otra entidad. Por supuesto, la municipalidad levantaba el establecimiento y luego pedía personal a la Dirección Regional de Salud, que no tenía la disponibilidad. Eso se acabó. Ahora todo está coordinado y priorizado tomando en cuenta la capacidad de atención.

Con frecuencia ocurre que la municipalidad o incluso el gobierno regional carecen de la capacidad de hacer los estudios del proyecto. En esos casos el Ministerio interviene, mediante convenio, con el Programa Nacional de Inversiones en salud (PRONIS) que realiza los estudios y eventualmente también ejecuta la obra. En estos 5 últimos años se han concluido 160 establecimientos, entre regionales y provinciales, dejando una cartera de 265 proyectos hacia adelante, consensuada con gobiernos regionales.

Presupuesto por resultados

El ministerio cuenta, además, con un segundo instrumento para ejercer su rectoría: el presupuesto por resultados (PPR), que se ejerce a través del MEF pero donde el Ministerio de Salud define los “productos” y las metas. El presupuesto total del sector, en los tres niveles, bordea los 17,000 millones de soles, de los cuales están bajo presupuesto por resultados unos 5,500 millones. Es el caso, por  ejemplo, del Programa Articulado Nutricional (PAN), que incluye el Control de Crecimiento de Desarrollo (CRED), vacunación, atención de diarreas y neumonías etc.; el programa Salud Sexual y Reproductiva; el Programa de  Control de Enfermedades Metaxénicas (dengue, malaria), el  Programa Control de Tuberculosis y Sida, el nuevo Programa de Salud Mental (es nuevo, tiene 2 años), el programa de Control de Enfermedades Crónicas (diabetes, hipertensión etc).

El Ministerio interviene, decíamos, definiendo los productos y las metas de estos programas para cada gobierno regional. Pero, según Edgardo Nepo, Secretario de Coordinación del Consejo Nacional de Salud, si el Gobierno Regional no alcanza la meta establecida, sea por falta de presupuesto o mala gestión, no pasa nada. No se ajustan ni el presupuesto ni la meta. Es decir, el presupuesto por resultados no tiene efectos, no está funcionando.  “Suele ocurrir –explica- que el presupuesto estimado para la meta definida sobrepasa el techo presupuestal que el MEF establece para cada pliego y no hay un ajuste adecuado de la meta para este techo, lo que genera que la prestación se haga mal y no se consigan las metas. El hecho de que este defecto se repita año a año sugiere que hay un problema con el instrumento que el MEF ha elaborado para estimar el presupuesto (estructuras de costos inadecuadas, insumos mal calculados, etc). Un tema para la siguiente gestión es la revisión de las estructuras de los PPR y su articulación trasparente con el financiamiento que llega vía el Seguro Integral de Salud (SIS), que tiene su propio cálculo de costos en relación a metas, y que funcionara bien”.

Nepo explica que el PPR debería fondos mediante convenios y por tramos en función a resultados. “Es lo que hacemos con el SIS”, afirma.

Lo que no funciona bien, además de los PPR, es la relación entre las Direcciones Regionales de Salud y las redes y establecimientos desconcentrados, situados fuera de la capital de la Región. Según Arturo Granados, Director de la Oficina de Descentralización del MINSA, la autoridad regional no gobierna nada. Solo controla a su unidad ejecutora, en la capital. Pero los establecimientos y redes del interior del departamento no rinden cuenta a nadie. Se necesita fortalecer, entonces, dicho nivel intermedio: que el Director Regional apruebe los planes y presupuestos de todas sus unidades ejecutoras. El problema es que normalmente el Gobernador Regional pone a sus allegados en los cargos subregionales, y entonces el director regional de salud carece de autoridad sobre ellos. Es un manejo patrimonialista. Lo que se requiere es que esos cargos sean nombrados por concurso, comenzando por el del propio Director Regional, y que se establezca un sistema de redes de atención sanitaria bien organizado. 

Capacidad de intervención

Vamos a dedicar un artículo especial al SIS, que es el tercer instrumento de manejo de las políticas sectoriales en los gobiernos descentralizados que posee el MINSA.

Pasemos entonces al cuarto instrumento: hace muy poco, el 19 de abril del 2016, se aprobó la ley Nº 30423 de fortalecimiento de la autoridad de salud a nivel nacional. Esta ley permite al Ministerio “Emitir informes de monitoreo y supervisión conteniendo disposiciones de obligatoria implementación por parte de la autoridad sanitaria regional y/o local, ante riesgos de salud pública originados por incumplimiento de sus funciones o por factores exógenos”. Y, también, “Intervenir…en todo o en parte del territorio nacional, para implementar medidas de respuesta efectivas e inmediatas de carácter temporal, con el propósito de anticipar, mitigar y dar respuesta ante situaciones que pongan en riesgo la salud de las personas, cuando exista incumplimiento de las disposiciones descritas en el precedente literal b), o por causa de un factor exógeno”.

Se trata de que el ministerio pueda intervenir y suplir temporalmente a la autoridad regional o local en situaciones como la ocurrida hace unos años en Puno cuando el Presidente Regional tenía vacunas en su almacén pero no quería emprender una campaña de vacunación, o como con la epidemia de dengue en Ucayali en el 2012, que desbordó por completo al gobierno regional y sin embargo el ministerio no podía entrar a resolver el problema.

Al mismo tiempo, se fortalece el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, a fin de prevenir las epidemias, detectar tempranamente su aparición y organizar o ejecutar medidas de respuesta efectivas e inmediatas de carácter temporal. Arturo Granados explica que la idea es reconstruir la red de inteligencia sanitaria que se destrozó con la descentralización del Ministerio. Esa red es la que alerta cuando se disparan los indicadores.

Lo que no se ha legislado aun es un régimen de sanciones que tipifique y establezca penas para castigar omisiones, negligencias o descuidos cometidos por directores regionales, zonales o de red, etc.

En resumen, si bien el Ministerio de salud ha avanzado en desarrollar varios mecanismos para recuperar su autoridad rectora de las políticas sectoriales ante los gobiernos descentralizados, aun hay mucho que ajustar en los presupuestos por resultados, en el fortalecimiento de la autoridad de los niveles intermedios y en el establecimiento de un régimen de sanciones. 

Lampadia

¿Qué pasó?

Jaime de Althaus

Indicadores publicados recientemente por el INEI revelan que al mismo tiempo que la desnutrición crónica en menores de cinco años bajó de 19% el 2011 a 14.4% el 2015 (y en el área rural de 37% a 27.7%), lo que sin duda es una buena noticia, el porcentaje de niños de 6 a 36 meses con anemia, en cambio, que había venido bajando de 56.8% en el 2007 a 41.6% el 2011, invirtió la tendencia para empezar a subir a partir de ese año hasta llegar al 46.8% el 2014. Luego, el 2015, empezó a bajar nuevamente hasta el 43.5% el 2015, cifra todavía superior a la del 2011, pero indicativa de que por lo menos el fenómeno habría empezado a ser controlado (Datos de de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES, del INEI (http://proyectos.inei.gob.pe/endes/images/PPR_2015.pdf). 

En otras palabras, el gobierno de la inclusión social incrementó la proporción de niños con anemia. Es decir, niños con retraso en el crecimiento y con problemas de atención y concentración en la escuela, dificultad para pensar y razonar y por lo tanto, con serios problemas de aprendizaje. Es inaceptable. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién o quiénes son los responsables?

La anemia está asociada a la falta de hierro en la alimentación. A partir del año 2009 el Estado peruano decidió atacar este problema repartiendo unos sobrecitos con un polvillo que contiene micronutrientes, básicamente hierro, que la madre debe mezclar con la papilla que le empieza a dar al bebé a partir de los 6 meses, y debe hacerlo diariamente durante 6 meses para abatir la anemia. Los años 2009 y 2010 se repartió 60 millones de sobrecitos, cantidad que alcanzaba, según el Dr. Mario Tavera, asesor en nutrición del ministerio de Salud, sólo para el 20% del universo objetivo. Sin embargo, el 2012 hubo una compra efectuada por Pronaa, pero se encontró hongos y se distribuyó muy poco.  

El doctor Oscar Ugarte, que fuera ministro de Salud al final del Gobierno de García, da la siguiente explicación: “Todo indica que un problema de gestión el 2012 hizo que no se comprara este insumo, lo cual repercutió rápidamente en el incremento de la anemia en zonas críticas sobre todo rurales y también repercutió en el promedio nacional los años 2013-2014. Esto se corrigió luego, por eso el 2015 ha vuelto a retomarse la tendencia decreciente de la anemia, aunque todavía es muy alta”.

Y, en efecto, la situación empieza a remediarse a partir del 2014, cuando se compra 164 millones de sobrecitos. El 2015 se adquiere 238 millones, cantidad suficiente para abastecer el 100% de establecimientos de salud de manera continua. Y el 2016 se está comprando millones de sobres[1].

Ugarte agrega: “De acuerdo a la información existente, en el período del ministro Alberto Tejada (el primer ministro de Salud de Ollanta Humala) cambiaron a todos los directores y funcionarios claves y se descompaginaron muchas de las cosas que se venían haciendo. No se hicieron procesos de compra de los micronutrientes, así como tampoco de la vacuna contra el virus del papiloma humano que ya se había comenzado a inicios del 2011, y otros. Eso trajo un retraso que se empezó a superar posteriormente, con la ministra Midori de Habich”.

El Dr. Herberth Cuba, por su lado, considera que una de las causas del aumento de los niveles de anemia ha sido la decisión de administrar el tema de la anemia por medio del Seguro Integral de Salud (SIS), que ha introducido trabas y dificultades para quienes no pertenecen a ese seguro. En el ministerio aseguran que no se requiere estar asegurado en el SIS para recibir los suplementos de hierro, pero Cuba insiste en que en la práctica la cosa funciona de esa manera. Habría que verificar.

De otro lado, el aumento de los índices de anemia no es el único retroceso observado. También se redujo la proporción de menores de 12 meses con vacunas básicas completas, de 77.2% el 2011 a 69.4% el 2015, y la proporción de menores de 36 meses con todas sus vacunas básicas para su edad, de 27.8% a 22.7%.

La explicación que nos da Washington Toledo Hidalgo, Coordinador Nacional de la Estrategia de Inmunización del Ministerio de Salud, sin embargo, no tiene nada que ver con el cambio de gestión. Según él, la caída en la cobertura se debe a que el 2013 hubo un cambio en la vacunación contra la poliomielitis. Hasta el año anterior ésta se administraba sólo por vía oral, pero unos 5 o 6 casos de parálisis flácida post vacunal (que deja secuelas) llevaron a que “los medios y grupos de interés presionaran por el cambio a la vacuna intra muscular. Y así fue, pero en la medida en que varios países hicieron ese cambio al mismo tiempo, se produjo un problema de abastecimiento a nivel mundial. Por eso tuvimos una caída en la cobertura el 2013 y sobre todo el 2014, pero el 2015 empezamos a recuperarnos”. Bueno, pero de todos modos se puede observar que se hizo el cambio de tipo de vacuna sin averiguar si había oferta a nivel mundial.

En todo caso, el hecho de que la cobertura de otras vacunas y servicios sí se haya incrementado en alguna medida, indicaría que no hay un problema generalizado de gestión, sino que éste se habría limitado a la compra de micronutrientes y de la vacuna anti polio. Sólo que allí hay una contradicción, pues la propia ENDES, que  registra una subida en los niveles de anemia entre 2011 y 2015, registra también que subió significativamente el porcentaje de niños que recibió suplementos de hierro (los famosos micronutrientes), y aumentó asimismo el porcentaje de niños con Controles de Crecimiento de Desarrollo (CRED) y, en menor medida, con vacuna Rotavirus (antidiarreica). Lo que es acá directamente contradictorio es la subida de la anemia y del porcentaje de niños con suplementos de hierro a la vez. Y que aparezca este dato en la ENDES sabiendo que no hubo compras de tales suplementos durante dos años. Algo no está funcionado en la ENDES.

Lo que sí es congruente es la evolución descendente de los niveles de desnutrición y el incremento de la cobertura del CRED y, en menor medida, de la cobertura de la vacuna Rotavirus (antidiarrieca), que sin duda colaboran, junto con el propio crecimiento de los ingresos de la población, a reducir los niveles de desnutrición crónica en los niños menores de 5 años.  

Un interesante apunte final respecto del tema de la anemia es el siguiente: esta se redujo de 46.8% a 43.5% entre 2014 y 2015 (luego de haber estado aumentando), pero hubo departamentos en los que disminuyó mucho más y otros en los que empeoró, como podemos ver en el siguiente cuadro: 

PORCENTAJE DE ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014 Y 2015

Si bien a nivel nacional la reducción fue de 3.3%, en Amazonas cayó -14.4%, en Cajamarca -13%, en Huancavelica -10.3%, en Junín -10.1%, para citar los primeros cinco. En Ica, para irnos al otro extremo, la anemia se incrementó en 7.9%. Según los funcionarios del ministerio de Salud entrevistados, esto refleja la eficiencia relativa de los gobiernos regionales respectivos en el manejo de este tema, y por eso los gobernadores regionales de estas cinco regiones fueron distinguidos por el ministro de Salud con un reconocimiento.

Según Arturo Granados, si todas las regiones tuvieran el rendimiento de Amazonas, en tres años quedaría abatida la anemia en el Perú. Sería bueno que el MEF instaure un ‘presupuesto por resultados’  específico para este tema, con incentivos para los que obtienen mejores logros.

Agreguemos también que una estrategia complementaria, y seguramente más efectiva para reducir la anemia, consistiría en la masificación de un programa estilo Sierra Productiva que lleve a incrementar la producción de cuyes y ganado a fin de que los niños ingieran algo de carne y sangrecita en la papilla, lo que supone también una campaña de educación nutricional al respecto. Porque la anemia es producto de la falta de proteínas, de  hierro, que vienen en la carne y la sangre animal. 

Por último, debe advertirse que tampoco la solución es tan sencilla como distribuir sobrecitos con micronutrientes. En la actualidad se promueve que las madres acudan a la posta o el centro de salud para el Control de Crecimiento de Desarrollo (CRED) una vez al mes desde que el niño tiene seis meses. Allí se les entrega una caja con 30 sobrecitos y se les hace consejería sobre cómo preparar la papilla con el polvillo. Pero nada asegura que la madre cumpla, que realmente los mezcle y se lo dé todos los días a su hijo durante seis meses.

El ministerio está empezando a contratar a enfermeras o técnicos de salud recién egresados para que visiten regularmente las casas de las madres con niños pequeños. Pero se necesitaría un pequeño ejército de ese tipo de personal para llegar a un porcentaje significativo de familias y ni siquiera eso es fácil, porque hay zonas peligrosas a las que las enfermeras no pueden ingresar y casas que no dejan entrar a nadie. Aquí el programa debería ir de la mano con el plan de seguridad ciudadana del distrito o el barrio.

Pues un dato importante es que la anemia no es privativa del medio rural, sino principalmente del medio urbano e incluso de los sectores medios o altos. El 2014, cuando el 46.8% de los niños tenía anemia, en el quintil superior esa proporción llegaba al 24%. El asunto, pues, es complejo.

Existe además el problema de que cuando los niños empiezan a comer papilla, a los 6 meses de edad, ya están con anemia. El 64% de ellos lo está, según el Dr. Mario Tavera. Se está planteando, entonces, un proyecto para que los niños ingieran unas gotas de sulfato ferroso desde los 4 meses.  Pero eso todavía no ha sido presupuestado.

En suma, el inexcusable incremento de los niveles de anemia se debió principalmente a la suspensión de las compras de micronutrientes durante los dos primeros años del gobierno de Ollanta Humala, aunque hace falta precisar exactamente cuánto y en qué medida se dejó de comprar. “Ese es uno de los riesgos en el próximo cambio de gobierno si no se garantiza continuidad a procesos que deben ser mantenidos. En salud eso se paga caro, se paga con vidas”, nos dijo Oscar Ugarte. Y tiene razón.

Anexo:

Lampadia