Con el cambio de ministro de educación, después de la censura de Saavedra, se esperaba que el ministerio fuera más objetivo en sus apreciaciones sobre la contribución del sector privado a la educación escolar. Asimismo, también se espera que el ministerio despolitice su gestión, por ejemplo, disminuyendo la influencia de la PUCP en las múltiples consultorías que fomentó Saavedra.

No nos olvidemos que el ex ministro no reconoció ni una sola vez que la inversión privada en educación escolar alcanzaba un 3% del PBI y tenía una tasa creciente de matrículas escolares, por parte de padres de familia que tomaban la decisión de pagar la educación de sus hijos con la esperanza de mejores resultados y, además, de tener una mejor capacidad de comunicación con los directivos de los colegios privados.

Es increíble que con el déficit de educación escolar en el país, en vez de sumar esfuerzos y de buscar el desarrollo de estrategias compartidas entre lo público y privado para mejorar la cobertura, infraestructuras, tecnología, calidad e innovación, el ministerio ande más preocupado en desmerecer el aporte privado, incluso distorsionando la realidad y mintiendo.

La última Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)

Hacia finales del 2016, el MINEDU realizó la ECE (como se realiza hace diez años), para los alumnos de segundo grado de primaria y más recientemente, para los de cuarto grado de primaria y  segundo de media.

Apenas publicados los resultados (pocas semana atrás), como para que nadie tenga la oportunidad de reaccionar,  la nueva Ministra de Educación, Marilú Martens, salió con una sutil agresividad, a echarle la culpa de los malos resultados de “segundo grado de primaria” a la “mala escuela privada”, sin hacer un solo acto de contrición, ni mea culpa, sobre por ejemplo, los desastrosos resultados obtenidos en la secundaria urbana y rural “pública”, de responsabilidad absoluta de la cartera ministerial.  Y es que en realidad, oírla declarar (muy suelta de huesos), que la escuela privada retrocedió casi 10% en comprensión lectora en segundo grado de primaria como justificación a las malas noticias, aparentando que era lo único  destacable de los resultados censales (no dijo nada del retroceso en comprensión lectora registrado por la escuela rural pública en el mismo segundo grado de primaria).

Curiosamente, si uno analiza la publicación de los resultados, descubre que esta se hace comparando lo obtenido en las escuelas ESTATALES y NO ESTATALES “URBANAS”, pero no se incluye lo que corresponde a la escuela “RURAL”, que justa y  mayoritariamente compete al sector público, con lo cual, probablemente los resultados o la foto final, REAL, sería sustancialmente distinta, y la evidente brecha entre el rendimiento de escuela PUBLICA Y PRIVADA, sería aún más grave de lo publicado.

Al 2015, los chicos de segundo de media obtenían  un porcentaje nacional en razonamiento matemático de 9.5%, de los cuales, el nivel aprobatorio correspondía: 19.2% a la escuela privada y 6.2°% a la pública (sin contabilizar por ningún lado el resultado del 2% de los rurales, que son mayoritariamente  públicos). Entonces, la escuela pública registraba un total de 160,000  alumnos en zona urbana y 260,000 en zona rural, mientras que la escuela privada registraba 600,000 alumnos  en zona urbana y 15,000 en zona rural.  Es decir, la responsabilidad del desastre de resultados en la zona rural, quedaba absolutamente bajo la responsabilidad casi exclusiva del MINEDU.

En el caso de comprensión lectora, en el año 2015 se obtuvo un 14.7% de resultado satisfactorio a nivel nacional, siendo que la escuela privada alcanzaba un 29.3% de aprobación, frente a un 11.1% del estatal “urbano” y 1.9% de estatal rural (tramposamente, no contabilizado).

Para el 2016, pareciera que mejoran nuestros alumnos, pues obtienen a nivel nacional 11.5% de aprobación en matemáticas (2 puntos más que en la evaluación del 2015), pero decrecen levemente (unas centésimas) en comprensión lectora, alcanzando un 14.3% de aprobación final. Los resultados, nuevamente, se publican bajo el rubro “Estatal urbana y no estatal urbana”, pero, otra vez, la puntuación “Rural”, brilla por su ausencia y no se incluye en esta medición entre PUBLICO Y PRIVADO, con lo cual la sumatoria final podría ser engañosa sobre todo, teniendo en cuenta que el número de alumnos que cursa educación secundaria en escuelas privadas en zonas rurales se redujo de 15,000 en el 2015 a solo 10,000 en el 2016, aumentando en cambio en la escuela pública rural, en la que el número se incrementó pasando de 260,000 en el 2015 a 270,000 en el 2016. 

Con estos datos, se puede ver que el precario resultado “satisfactorio” de casi 2% que registra la secundaria rural, es de total responsabilidad del MINEDU, sin que la Ministra u otra autoridad del sector, hayan salido a dar explicaciones sobre este abrumador fracaso que evidencia  que más del 90% de los jóvenes que siguen educación secundaria, son estafados,  silenciosamente y a escondidas, por la educación pública. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El correista Lenin Moreno ganó las elecciones en Ecuador pese a la recesión económica que agobia a los ecuatorianos desde agosto del 2015 y a las acusaciones de corrupción gubernamental, quizá por el temor que la propaganda oficialista logró infundir a un supuesto ajuste “neoliberal” que el candidato banquero Guillermo Lasso ejecutaría, poniendo en peligro las redes de distribución clientelista que el gobierno de Correa había organizado eficientemente, y también por una obra en infraestructura y mejora en algunos servicios estatales que fue lo mejor que el boom de los precios del petróleo dejó a Ecuador.

Porque el problema es que, fuera de los avances en infraestructura y servicios sociales, la política económica de la “Revolución Ciudadana” desperdició el explosivo boom del petróleo y terminó engendrando unos desequilibrios que pueden desembocar en una crisis mayor y verdaderamente implosiva si no se realizan un ajuste -que sin duda será doloroso- y un cambio de modelo que permita reactivar la inversión privada.

La  economía ecuatoriana empezó a desacelerarse dos años después que la peruana, porque el precio del petróleo comenzó a declinar dos años después que los minerales, pero ya el 2015 se estancó (0.2% de crecimiento) y hasta el tercer trimestre del 2016 se había contraído en -2.6%. Y el problema es que Correa basó el crecimiento de la economía, que siempre fue inferior al crecimiento de la peruana, en un incremento enorme del gasto público, dejando al país con un déficit fiscal muy abultado y casi sin capacidad de endeudamiento, y con un dólar apreciado que tampoco ayuda a las exportaciones. La economía ecuatoriana está atrapada.

Ecuador tiene al dólar como moneda. Durante toda la etapa del boom de commodities, el dólar en Ecuador ganó competitividad frente al Sol peruano o al Peso colombiano y chileno en la misma medida en que estas monedas se apreciaron frente al dólar. Pero Ecuador no aprovechó esa circunstancia para penetrar mercados externos. En lugar de abrir francamente su economía y firmar tratados de libre comercio con otros países, optó por cerrarse relativamente para llevar adelante una suerte de industrialización por sustitución de importaciones y diversificación productiva que llamó el “cambio de la matriz productiva”. En lugar de instaurar un esquema económico que aprovechara el tipo de cambio favorable para fomentar la inversión orientada al mercado externo, bajando aranceles y formando TLCs,  no se les ocurrió mejor idea que buscar el desarrollo de industrias para el mercado interno. Por supuesto, eso no funcionó. Y a la hora que cayó el precio del petróleo, no hubo exportaciones no tradicionales que tomaran la posta ni que ayudaran a mantener un mínimo nivel de actividad económica.

Pues, además, en lugar liberalizar la economía para fomentar la inversión privada, la Revolución Ciudadana centró el estímulo a la demanda interna no en la inversión privada sino en el incremento exorbitante del gasto público, que pasó de un 26% del PBI en el 2006 a un 44% del PBI en los años 2013-2014. Lo positivo fue que buena parte de ese incremento fue inversión pública, que pasó del 4.2% del PBI en 2006 a 14.7% en 2014[1], pero no hubo un incremento correspondiente de la inversión privada. Esta más bien redujo su participación en el PBI, bajando del 16% al 12.4% en esos mismos años.[2] Mientras que en Chile, Colombia y Perú, la inversión pública no pasa del 20% de la inversión total, en Ecuador se acerca al 50% (ver el siguiente gráfico elaborado por de la Torre e Hidalgo). Este simple dato revela la profunda diferencia en modelos económicos.[3]

Ese gasto público tan alto se financió con el incremento de los ingresos petroleros del sector público y de los impuestos. Los primeros llegaron a representar el 10.8% del PBI el 2014 (para descender a un 6.3% el 2015), mientras  en 2012, 2013 y 2014 la recaudación tributaria llegó a alcanzar el 14% del PIB, frente a 10% en los primeros años del boom. La diferencia se financiaba de diversas formas pero sobre todo mediante endeudamiento externo, que pasó de un 15% a un 40% del PBI entre 2010 y 2016, sin contar las ventas anticipadas de petróleo a la China por montos superiores a los 10 mil millones de dólares en los últimos años y el crédito del Banco Central Ecuatoriano al gobierno, cuyo monto acumulado alcanzó los 5,300 millones de dólares en marzo del 2017.[4] La consultora Quantum calcula que a febrero de 2017, el total de la deuda bordeaba el 47.7% del PBI.

Se dice que Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, y lo que nació en Brasil es sin dudas un escándalo fuera de toda proporción. Ahora, por supuesto, no se pueden evitar las reverberaciones del escándalo. Sin embargo, en vez de dedicarnos, como la generalidad en la media, a tirar más piedras en un ajusticiamiento descontrolado, queremos hacernos algunas preguntas. ¿Cómo nació semejante cosa? ¿Cuándo nació? ¿Qué condiciones se dieron en Brasil para que se llegara a estos extremos?

Según el decir popular en el mundo empresarial peruano, siempre se decía que Brasil era un país donde había que cuidarse de la corrupción, incluyendo en los cuidados a su sector privado. Pero nunca, a lo largo de muchas décadas se dio algo parecido a lo que ahora ha salido a la luz.

Ampliando la perspectiva de análisis, debemos afirmar que en los países en desarrollo, como se les llamaba hasta hace pocos años, los Estados tenían un papel determinante en las inversiones en infraestructuras y hasta productivas, pues los sectores privados eran muy pequeños. Recordemos las críticas a los grandes programas de financiamiento de grandes proyectos de inversión por parte del Banco Mundial en los países más pobres, donde se señalaba la ineficiencia de los proyectos, incluyendo niveles importantes de corrupción.

Otro hecho significativo de la praxis de gobierno de los países en desarrollo, es el hecho de que, hasta solo pocos años atrás, las autoridades fiscales de Alemania permitían que la empresas alemanas, descontaran como gastos tributarios, las coimas que dichas empresas pagaban en los países subdesarrollados.

En resumen, debemos concluir que la corrupción, dentro de ciertos límites, estaba presente en los países en que sus estados tenían roles determinantes en la economía. Eso nos lleva a pensar, que cuando se forman las grandes empresas constructoras brasileñas, como Odebrecht (1944), o cuando llegan al Perú, en 1979, eran empresas cuyas prácticas incluían un uso limitado de coimas, igual al imperante, digamos en el hemisferio sur.

Odebrecht inició sus operaciones en Perú el año 1979 con la construcción de la central hidroeléctrica de Charcani V en Arequipa, durante la dictadura militar. El proyecto, construído dentro del volcán Misti, abasteció de electricidad a Arequipa, Moquegua y Tacna hasta el año 2000 y, dio origen al descubrimiento del ya famosos Valle del Colca. Al finalizar el proyecto, Odebrecht editó un libro muy significativo, llamado Arequipa. Algo que repitió algunos años más tarde en Trujillo, por el proyecto de Chavimochic. 

Fuente:  documentslide.com

Fuente:  www.odebrecht.com.pe

Hasta entonces y durante varios años más, nada hacía sospechar de la existencia de los esquemas de corrupción dantescos que hoy caracterizan la historia de las empresas constructoras brasileñas, de la cuales Odebrecht es el caso más conocido y escandaloso.

¿Qué pasó en Brasil, para que se desarrolle semejante esquema?

A nuestro parecer, a principios del siglo XXI se habría formado ‘el triángulo del mal’. La alianza corrupta entre Petrobras, Odebrecht et al y el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Una alianza que nació durante el súper ciclo de crecimiento global, con el aumento desmedido del precio del petróleo. Petrobras fue capturado por el PT, Dilma Rousseff tomó la presidencia de la empresa, que se convirtió en la fuente de fondos del PT y del resto de los políticos brasileños, según las denuncias judiciales en curso. Pero, en paralelo, el crecimiento de las empresas constructoras brasileñas, dentro y fuera de Brasil, habría sido ideal para acrecentar el alcance de los esquemas de corrupción.

Por lo tanto, se puede afirmar que la gran ola de corrupción liderada por las empresas constructoras brasileñas, tomó vuelo de la mano de Lula da Silva y Dilma Rousseff, ‘Padrino’ y ‘Madrina’ de casi todas las izquierdas latinoamericanas, incluyendo, por supuesto, las peruanas.

Después de todo esto, no nos imaginamos cómo podrán seguir operando estas empresas en algún lugar del mundo. ¿Quién las va a contratar, en el sector público o privado?  Nuestra presunción es que eventualmente serán liquidadas, algo que sería un buen mensaje para la generación de empresarios jóvenes.

Esperamos que este artículo le de una mejor perspectiva de análisis al tremendo caso de corrupción que nos ocupará durante muchos meses, pero que debemos enfrentar con calma y sensatez. Lampadia

En el Perú se ha retomado el debate sobre una ley antimonopolio y control previo de fusiones que buscaría, en teoría, ser un mecanismo regulador de las concentraciones empresariales, proteger al consumidor y promover la competencia. Sorprendentemente (o quizás no), los medios que parecen estar más entusiastas con la eventualidad de su establecimiento son los más alejados de la economía de mercado, como el diario La República, y el promotor de la ley, Yonhy Lescano, autor de innumerables iniciativas populistas. Lo que no se comentan son los costos privados innecesarios que se generarían en trámites burocráticos y riesgos de corruptelas que podrían ir en contra de la eficiencia de los mercados.

Esta no es la primera vez que se propone una ley de este tipo. En el 2012, Gana Perú propuso una ley que obligaba a todas las operaciones en las que el comprador y el vendedor facturen desde 100,000 UIT y 10,000 UIT, respectivamente, a obtener una autorización de Indecopi. Es aleccionador que este proyecto de ley jamás llegara al Pleno del Congreso.

Ahora, la resucitada y mediática ley propone, en simple, regular (mediante un control previo) los procesos de fusión, adquisición o concentración empresarial cuando el grupo resultante tenga el 51% o más de la participación del mercado. El mencionado congresista de Acción Popular propone que “no se autoricen las fusiones, adquisiciones o concentraciones cuando se determine que dichos activos limitan severamente la competencia, o generan o pueden generar abusos de posición dominante”.

Además, el proyecto incluye “como disposición transitoria que todos los procesos producidos con anterioridad a la vigencia de la norma y que resulten comprendidos, deberán adecuarse en un plazo máximo de 60 días”. Esta estúpida disposición  abarcaría todas las compras y fusiones de empresas producidas en la historia del país que cumplan con las condiciones descritas líneas arriba. Esto sería anticonstitucional, empezando por que  la retroactividad de las leyes está expresamente prohibida.

Según Lescano, su propuesta es un proyecto de ley de desarrollo constitucional, basado en el artículo 61 de la Constitución Política del Perú, y su objetivo es “obligar a través de esta ley la posición de una parte del congreso que dice: no señor, ahora se tiene que revisar a todas porque ellos han violado la Constitución del Estado” Sic. 

Esta retroactividad también apuntaría a revisar la fusión de Backus con Inbev, donde la firma resultante en el Perú concentrará el 99% del mercado de cervezas y producirá un 30% de la cerveza que se consume en todo el mundo, con presencia en más de ochenta países y una fuerza laboral conjunta de unas 225,000 personas.

Pues bien, cuando instauramos la economía de mercado, el Perú eligió un sistema muy eficiente para lograr los objetivos aducidos pr el proyecto en cuestión, basado en los siguientes cuatro elementos: economía abierta, eliminación de barreras de acceso, control del abuso de la posición de dominio y regulaciones ad-hoc.

La Constitución del 93, que incluye estos elementos, ha permitido que el Perú pasara de ser prácticamente un ‘Estado Fallido’ en 1990 a una de las estrellas económicas en el mundo, que transformó nuestra economía, redujo la pobreza y la desigualdad, alentó el desarrollo de una importante clase media y la reducción de los precios de los bienes y servicios que se hicieron accesibles a la gran mayoría de la población. Pero, además, de alguna manera, por primera vez en nuestra historia, se desarrolló una institución económica muy importante: el mercado.

El propósito de una ley de fusiones es evitar la concentración de mercado y la creación monopolios, sin embargo, tampoco puede bloquear el crecimiento ni el avance del país. La teoría económica explica claramente los efectos de un mercado monopólico tanto en la producción cómo en los márgenes de las empresas monopólicas. Dentro de un mercado monopólico, si la demanda de un bien o servicio permanece relativamente estable (inelástica), y al no haber competencia ni sustitutos perfectos, la empresa tenderá a aumentar sus márgenes a pesar que ello implique menos demanda y producción ya que la ganancia en el margen por la totalidad de lo vendido superaría con creces la menor producción. El consumidor final tendría que pagar mayores precios de lo que lo haría en un mercado de competencia, y se tendería a tener menor oferta de estos bienes o servicios dentro de la economía, un fenómeno llamado  por los economistas “pérdida de eficiencia social”.

Fuente: www.2gb.com

Para evitar los daños de un mercados monopólicos, las economías de mercado necesitan contar con un conjunto de reglas que garanticen un funcionamiento balanceado de los mercados. Sin embargo, es importante explicar que existe una diferencia sustancial entre la prohibición de monopolios y el combate de abusos originados por posiciones dominantes . El primero va al hecho per se (el monopolio), el segundo al resultado o efecto del monopolio en la sociedad; lo cual permite la existencia de monopolios, evitando el abuso de la posición de dominio.

En el Perú ya existe una Ley de control de abuso de posición dominante (Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas), “que prohíba y sancione el abuso de la posición de dominio y las prácticas colusorias horizontales y verticales fortalecerá sustancialmente el marco regulatorio de defensa de la libre competencia, lo que, a su vez, incentivará la eficiencia económica en los mercados, promoverá la competitividad económica del país y mejorará el bienestar de los consumidores, estableciendo un ambiente apropiado para las inversiones.”

Cuando se debatió la Constitución del 93, se descartó el modelo que ahora se vuelve a proponer, un modelo que requiere la intervención de la burocracia para determinar con antelación de los procesos económicos, si la unión de los unos con los otros es conveniente y si las posiciones dominantes son per se convenientes o inconvenientes.

Es importante resaltar que un requisito muy importante para que ese modelo sea exitoso es un nivel alto de institucionalidad, predictibilidad y moralidad en el sector público. Algo que nosotros adolecemos. El Perú cuenta con una gestión pública e instituciones deficientes, al igual que niveles muy altos de corrupción. Y, lamentablemente, además esta ley maneja conceptos tan amplios que se prestan a la manipulación política de la economía y a lobbies empresariales inconvenientes.

Ian Vásquez, en su reciente columna No a la ley antimonopolio, aborda está preocupación, explicando sus consecuencias en EEUU: “Bajo las leyes antimonopolio en EEUU a las empresas se las acusa de mantener precios muy altos o precios muy bajos. Se ha vuelto imposible predecir si una fusión se aprobará o una acusación de monopolio prevalecerá. Esto crea incertidumbre y un incentivo por parte de las empresas para hacer lobby en vez de enfocarse en su negocio. De hecho, las empresas menos exitosas y otros grupos de interés usan las leyes de fusión y antimonopolio para protegerse de la competencia. Quienes pierden en el mercado competitivo muchas veces ganan al apelar a la ley. El efecto es el de reducir la competencia y la innovación y prevenir que bajen los precios.”

Elmer Cuba (¿Control previo de fusiones?), por su lado, aconseja una mirada a los ejemplos en el exterior: “Las leyes antimonopolios (anti-trust law) han evolucionado en los últimos 100 año. En algunos países hay umbrales muy bajos y el control de fusiones ha devenido en un trámite más, no ha beneficiado ni a los consumidores ni a las firmas, se han perdido recursos públicos y solo han ganado los abogados y economistas. Si queremos tener una ley de este tipo en el país, debemos tomar en cuenta las experiencias de otros países y las mejores prácticas internacionales.”

Además, cabe agregar que este proyecto de ley creará más barreras burocráticas, que van en contra de uno de los objetivos del actual gobierno: eliminar las barreras de acceso. Se suponía que los peruanos habíamos entendido que se necesitaba iniciar un profundo proceso de desregulación, de liberar a los ciudadanos y empresas de la maraña legislativa que impide el normal desarrollo del país. En Lampadia hemos denominado a ese exceso normativo como una ‘urdimbre regulatoria’ (urdimbre = maniobra, intriga, maquinación, enredo, etc.), ver: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’. Necesitamos desenredar las trabas burocráticas y liberar a los ciudadanos y empresas para que sus emprendimientos e inversiones nos traigan un mayor crecimiento económico, reducción de la pobreza y recursos fiscales.

En lugar de experimentar con cambios apurados, mal enfocados, en un entorno institucional débil, lo que tenemos que hacer es reforzar los mecanismos actuales y vigilarlos. A los cuatro elementos importantes ya mencionados (economía abierta, eliminación de barreras de acceso, control del abuso de la posición de dominio y regulaciones ad-hoc), se ha agregado ahora un quinto elemento, la dinámica (hasta exacerbada) de las redes sociales, que permite alertas tempranas de abusos y de comportamientos empresariales disfuncionales. Lampadia

En las últimas semanas se han escuchado noticias y alarmas sobre el déficit fiscal y la deuda pública, especialmente sobre los niveles del gasto público y su creciente impacto en la deuda pública.

En Lampadia creemos importarte explicar cual es la relación entre el déficit fiscal y la generación de la deuda pública. El déficit fiscal es un flujo monetario que se forma al realizar gastos superiores a los ingresos provenientes de los impuestos y demás ingresos tributarios. La deuda pública se alimenta por el déficit público que se acumula año tras año. Mientras se generen déficits fiscales, por pequeños que sean, la deuda continuará aumentando. Por tanto, no es extraño que en años de bajo crecimiento, cuando merman los ingresos públicos, la deuda aumente.

El debate que se está llevando acabo sobre las declaraciones del actual Ministro de Economía, Alfredo Thorne, quien afirmó en una conferencia de prensa que la última cifra de junio de este año indicaba que el déficit fiscal se encontraba en 3.2% (no en 2.5% como afirmó el ex ministro Alonso Segura) y que se le quería atribuir al nuevo Gobierno dejarlo en 1.8% el 2017, algo que, dadas las circunstancias de un mayor déficit de ‘apertura’, él considera inconveniente, por lo que planteó que esta cifra llegue a 2.5% y así obtener S/. 5.000 millones de gasto adicionales en el presupuesto. 

Fuente: Gestión

¿Cuáles son las proyecciones del BCR? Según el último Reporte de Inflación (Junio 2016), “el proceso gradual de consolidación fiscal proyectado llevaría a aumentar el saldo de deuda bruta de 23.3 % del PBI en 2015 a 28 % del PBI en 2018. En el caso de 2016, el resultado económico proyectado (déficit de 3 % del PBI), y la amortización de deuda generan una necesidad de financiamiento de S/ 27.0 mil millones, equivalente a 4.0 % del PBI (US$ 8,000 millones).” Teniendo en cuenta el déficit de 2016, se prevé un incremento de la deuda pública a 25.5 % del PBI. Veamos el cuadro inferior:

 Fuente: Reporte de Inflación Junio 2016, BCRP

En el Perú, hemos tenido por muchos años un manejo bastante prudente de las cuentas fiscales. Lo que debería preocuparnos, no es tanto el nivel actual de déficit y deuda, sino la tendencia de deterioro acelerado y, sobre todo, el origen de ambos. El aumento del déficit fiscal (durante el primer trimestre se ubicó en 2.9% del PBI, mayor al 2.1 % registrado en 2015) refleja básicamente la disminución de los ingresos fiscales durante este periodo en 0.5 % y el aumento de los gastos corrientes en 0.2 % del producto.

El punto es que el gobierno de Humala, no solo ha cortado los ingresos del Estado por su mal manejo de la inversión privada y pública, también ha incrementado notoriamente el gasto corriente. Un cruce muy peligroso. Los ingresos del Gobierno General crecían en promedio a 16% anual a principios del 2011, sin embargo en junio de este año el crecimiento de los ingresos se redujo a 6% anual y, en el lado del crecimiento del gasto del Gobierno General, este pasó de cero a principios del 2011 a 4% a junio del presente año.

Por lo tanto, ¿cuál es la situación actual de las finanzas públicas? Waldo Mendoza, Presidente del Consejo Fiscal, responde a esta pregunta diciendo que “en general, buena, pero mucho más debilitada que hace unos años. Las cuentas fiscales viraron de un superávit de más de 2% del PBI en el 2013 a un déficit fiscal anualizado por encima del 3% del PBI a mediados de este año. Es el déficit más alto desde el 2000”.

Fuente: BCRP  Elaboración: Lampadia

Empezando un nuevo gobierno, es razonable apuntar a tener algo de flexibilidad en cuanto al déficit, siempre y cuando apuntemos a recobrar un mayor nivel de crecimiento económico y a privilegiar el gasto en inversión más que en planillas. Lamentablemente hasta ahora, el gobierno no da mayores señales de poder recuperar el crecimiento, pues no muestra planes para enfrentar la conflictividad social alrededor de los proyectos de mayor impacto económico.

No solo eso, como hemos publicado en Lampadia, el sector turismo se estaría convirtiendo en un nuevo objetivo de conflictividad, sin que el gobierno reaccione con oportunidad y firmeza. Ver en Lampadia: Buscando las rentas del turismo por medio del conflicto

El Ministro de Economía, Alfredo Thorne plantea condiciones que le permitan invertir en cuatro grandes prioridades; agua y saneamiento, educación, seguridad y salud. En palabras del ministro, “vamos a hacer un fondo para cumplir con la meta del presidente de llevar agua todos los peruanos, porque un tercio no tiene acceso a este recursos. En educación hicimos un compromiso de aumento de los salarios”. También creará un grupo multidisciplinario, que incluirá a varios ministerios, para conseguir que la formalidad de la Población Económicamente Activa (PEA) llegue a 60% en el 2021.

Nosotros ya hemos adelantado algunas observaciones: La causa de los problemas en agua y saneamiento no es la escasez del recurso: como ya hemos mencionado en Lampadia (Ver: Cambiemos los paradigmas sobre el agua), el Perú cuenta con vastos recursos hídricos (somos el octavo país con más agua dulce del planeta). El problema está en el mal manejo que desde hace varios años vienen llevando acabo las empresas públicas prestadoras de servicios de saneamiento (Sedapal y las EPSs). Si somos consecuentes con la realidad de estas empresas, no deberíamos enterrar dinero fresco en Sedapal y las EPSs sin antes asegurar una estructura corporativa sana y el desarrollo de APPs, que nos permitan asegurar que las nuevas inversiones no correrán el mismo destino de las anteriores, costosas, inefectivas y de poquísima duración.

Además, en cuanto a educación, no nos parece una buena idea seguir haciendo aumentos desligados de compromisos ineludibles del magisterio, como que el Sutep se aleje de la ideología comunista (su estatuto sigue proclamando la lucha de clases) ya que no tiene propuestas pedagógicas, se opone a todas las reformas y específicamente a la meritocracia y está controlado políticamente por el Partido Comunista del Perú – Patria Roja, que con la Derrama Magisterial controla un patrimonio de más de 800 millones de dólares. O que se vincule a un gran cambio en la orientación del sistema educativo para traer a nuestros niños una educación para el siglo XXI y alejarnos de los obsoletos paradigmas que hoy nos condenan, en el mejor de los casos, a la mediocridad.

Dicho esto, es verdad que tenemos que invertir en reformas importantes en educación, seguridad e infraestructuras, pero para ello, nos guste o no, nos complique la vida o no, tenemos que generar los recursos fiscales que nos permitan financiarlas y, estos provienen en gran medida del desarrollo de los grandes proyectos de inversión, que están paralizados o que avanzan a paso de tortuga, ya sea por conflictos sociales, tramitología, interferencias de la Contraloría u otras trampas anti crecimiento. Como ya hemos mencionado antes en Lampadia, el costo de oportunidad de ‘aumentar’ un punto el crecimiento es enorme en términos de generación de empleo, impuestos y bienestar. (Ver: Los costos de la desaceleración), o inversamente, de la aceleración.

Julio Velarde, Presidente del Banco Central de Reserva, afirma que con el actual déficit todavía existe espacio discal para avanzar en las reformas establecidas por el actual Gobierno: “A pesar de este déficit hay que reconocer que hay espacio fiscal. Si el dinero se gasta bien en infraestructura, hay margen para endeudarse. Aun así hay necesidad de invocar prudencia siempre. Inversión pública que se justifique, que amplíe potencial productivo.”

Hasta el 2011, el Perú atravesó por un ciclo virtuoso en, prácticamente, todos los aspectos económicos y sociales (exceptuando lo institucional), como inversión, crecimiento, empleo, reducción de la pobreza y la desigualdad, desnutrición infantil y en la reducción de deuda. Esto, como hemos explicado anteriormente, fue interrumpido por lo que llamamos ‘Punto de Inflexión’. Gracias a la administración de Ollanta Humala, el Partido Nacionalista y su gabinete de izquierda, que durante el primer año de gobierno, se sembró la administración pública de funcionarios resistentes al desarrollo de la inversión privada y se alejó al sector público y privado, como si fueran enemigos. Ver en Lampadia: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo. Increíblemente, el gobierno de PPK ha conservado el 39% de vice ministros del gobierno anti inversión privada de Humala (si se pondera por el peso de ciertos vice ministerios, ese porcentaje puede llegar a un equivalente de hasta 45%).

Fuente: Presentación del Minsitro Thorne en Canal N

En nuestra opinión, el potencial de crecimiento del país es mucho mayor del que plantea el ministro Thorne, que se limita a aceptar como límite del crecimiento, el llamado “crecimiento potencial” de 5%. Pero, si se toma en cuenta el potencial productivo del Perú en diversos sectores, como lo hemos explicado en Lampadia, Ver: El enorme Potencial Productivo del Perú, podemos crecer más alto y sostenidamente.  Volveremos en más detalle sobre esto posteriormente. 

La pregunta que debemos hacernos es hasta qué punto el plan de gobierno está incluyendo las reformas y las políticas necesarias para conseguir un crecimiento de mediano plazo que apunte al 6 o 7% anual, con una consiguiente mayor recaudación fiscal, una reducción de gasto no prioritario, priorizando el desarrollo de infraestructuras y consolidando las reformas que requieren un aumento del gasto corriente (gasto versus reforma).

Tenemos que aprovechar al máximo posible los próximos cinco años para recuperar el crecimiento, que es el camino al desarrollo integral. Lampadia

Los países de América Latina y el Caribe van a mostrar una contracción de -0.8% en su tasa de crecimiento en 2016, marcando un descenso más pronunciado que en 2015 (-0.5%), afirmó un nuevo informe publicado hace unos días por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Al mismo tiempo, elevó sus expectativas de crecimiento del Perú de 3.8% a 3.9%, indicando que nuestra economía será una de las de mayor expansión en la región.

La organización regional de las Naciones Unidas presentó su reporte “Estudios Económicos de América Latina y el Caribe 2016”, en el que se hace hincapié en la urgente necesidad de movilizar la inversión tanto pública como privada para promover la recuperación económica de la región y hacer frente a los desafíos impuestos por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (los nuevos objetivos de la ONU).

“La capacidad de los países para acelerar el crecimiento económico depende de los espacios para adoptar políticas que apoyen la inversión. Estas políticas deben ir acompañadas de esfuerzos para cambiar la conversación entre el sector público y las empresas privadas. El aumento de la productividad es también un desafío clave para avanzar a lo largo de un camino de crecimiento dinámico y estable”, afirmó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante la conferencia de prensa en Santiago, Chile, donde se presentó el informe. No nos olvidemos de consejo de Ricardo Hausmann sobre la necesidad de tener una línea de banda ancha entre el gobierno y el sector privado a través de múltiple canales.

La CEPAL indica que, en el ámbito externo, la economía mundial mantendrá bajos niveles de crecimiento, acompañada por una lenta expansión en el comercio, que no ha logrado recuperar los niveles previos a la crisis financiera internacional. Además de esto, el informe señala que los bajos precios de las materias primas continúan deteriorando las exportaciones de la región y creando una mayor incertidumbre y volatilidad financiera. Ver la incidencia de esto en el Perú en el reciente informe de Lampadia.

En el ámbito regional, excluyendo a América Central y el Caribe, que si siguen creciendo un promedio de 3.8%, el informe prevé una contracción de -2.1% en 2016, debido principalmente a un deterioro de los términos de intercambio, una menor demanda externa y una importante desaceleración de la demanda interna, lo que refleja un descenso significativo de la inversión.

Con respecto a las nuevas proyecciones para América Latina y el Caribe, la CEPAL indicó que Bolivia sería el país de mayor expansión con un crecimiento de 4.5%, seguido del Perú.

Además, se prevé que Paraguay muestre un aumento de su PBI de 2.8%, seguido de Colombia (2.7%), Chile (1.6%) y Uruguay (0.5%). Por otro lado, los países que experimentarán una caída en su actividad económica serán Argentina (-1.5%), Ecuador (-2.5%), Brasil (-3.5%) y, por último, Venezuela (-8.0%), país que al cierre de este año, estaría acumulando una caída de su PBI de 17%.

El informe hizo hincapié en la importancia de la minería metálica como aporte al crecimiento de la economía del Perú, la cual creció 16.2% en 2015. “Durante el período aumentó especialmente la producción minera metalífera, gracias al buen rendimiento de las minas de Antamina, Antapaccay, Cerro Verde y Toromocho y la entrada en funcionamiento del proyecto minero Las Bambas. Sin embargo, la inversión privada se redujo de forma notable durante el año. Se proyecta que en 2016 el PBI aumentará un 3.9%, impulsado por el incremento de la producción minera (sobre todo en Las Bambas). Se espera que continúe aumentando el consumo privado y que la inversión privada siga contrayéndose.”

En general, en 2015, las regiones que más crecieron fueron las mineras (5.7%). Cusco, por ejemplo, obtuvo un buen resultado de 7.5% gracias a la consolidación de las operaciones de la mina Constancia. En el caso de Arequipa, la región creció 2.9% por el inicio de operaciones de la ampliación de Cerro Verde. También Tacna obtuvo un resultado de 7.1% por una mayor producción minera (10.5%). 

Líneas abajo compartimos los principales indicadores económicos publicados por la CEPAL sobre el Perú:

El principal componente del crecimiento de la economía es la inversión privada, especialmente en minería. El Perú es un reconocido productor mundial de cobre, oro, plata y zinc. La minería genera normalmente el 60% de los ingresos por exportación, con solo el 7% del PBI. Para poder retomar nuestra competitividad y reanudar el alto crecimiento que nos consagró como ‘La estrella de América Latina’, se tienen que tomar medidas para promover la inversión a la brevedad posible.

Sin embargo, en los últimos años se ha fomentado una serie de mitos anti mineros (que contamina, que se gasta el agua, que exporta piedras, que no se puede hacer minería en las cabeceras de cuenca, etc.). Además, de facto y paulatinamente, se instaló un ambiente anti inversión privada mediante todo tipo de trabas burocráticas, permisos ambientales, culturales, que además del empoderamiento de las autoridades regionales y municipales con capacidades discrecionales absolutas y con el dinero del canon en sus manos, pensaron que no necesitaban al sector privado y actuaron como si los ciudadanos y las empresas fueran sus enemigos. Todo esto, la parálisis de la inversión minera y sus efectos multiplicadores, terminaron desacelerando el conjunto de nuestra economía.

Esperamos que el actual gobierno sepa manejar mejor la conflictividad social (ver: El enfoque del nuevo gobierno sobre la Conflictividad Social), que es el mayor impedimento para la viabilidad de los grandes proyectos productivos y de infraestructuras, fundamentales para la reactivación del crecimiento. 

Lampadia

El Financial Times (FT) acaba de publicar un análisis integral sobre los problemas que inhiben la cobertura de las brechas de infraestructuras en todo el planeta, tanto en los países más desarrollados como en los emergentes. El déficit de infraestructuras es un problema global y las soluciones para enfrentarlos, como las que tenemos que superar los peruanos, deben hacer sentido para los actores globales como instituciones multilaterales, inversionistas y evaluadores de riesgos, tanto como para los actores locales, empezando por los ciudadanos, reguladores y políticos.

El informe del FT que presentamos líneas abajo, traducido y glosado por Lampadia, muestra los niveles de brechas no satisfechas en todo el mundo y hace una buena descripción de los principales problemas que hay que superar. De hecho establece que los gobiernos no tienen la capacidad financiera para superarlas y que es indispensable recurrir al sector privado. El mecanismo más adecuado resulta ser, como en el Perú, las APP (Asociaciones Público Privadas), pero este camino no está exento de dificultades.

De hecho subsisten limitaciones fiscales, dadas las necesidades de cofinanciamiento por el Estado, así como las dificultades de acceso a un financiamiento que tiene que comprometerse antes de que se genere ningún retorno, la fijación de los ingresos de los inversionistas, la fijación y aceptación de los pagos por servicios y/o peajes por parte de la población, la falta de estabilidad de reglas de juego (fundamental para inversiones de tan largo plazo) y la veleidad e irresponsabilidad de políticos populistas que pueden desequilibrar cualquier cometido de largo alcance.

Por estas dificultades es que en Lampadia, después de analizar un informe al respecto de The Economist: “The trillion dollar gap” (La brecha del trillón de dólares), de marzo del 2014, publicado en nuestro portal en abril 2014, propusimos una forma de enfrentar una buena parte de estos problemas, especialmente los de financiamiento, involucrando a las instituciones multilaterales para superar las limitaciones fiscales,  reducir los riesgos políticos y de imagen con la población. Ver: Sobre como financiar e invertir US$ 80,000 millones.  

En esta ocasión, después de haber reseñado hace pocos días, el importante Primer Congreso Internacional de Infraestructuras y Desarrollo, que recalculó nuestra brecha en US$ 160,000, es muy importante evaluar las experiencias internacionales y la identificación de las trabas más usuales (Ver en Lampadia: A ponernos al día en infraestructuras), presentamos el análisis del FT y nos comprometemos a convocar a un debate sobre las dificultades indicadas y sus eventuales soluciones, en el futuro inmediato para compartir sus conclusiones con nuestros lectores. Ver a continuación el análisis del FT:

Infraestructura: Cubriendo la brecha

Por John Authers, publicado en Financial Times el 9 de noviembre 2015.

Traducido y glosado por Lampadia

¿Por qué existe todavía un déficit anual de US$ 1 millón de millones de inversión en proyectos del sector público?

Los políticos y los inversionistas están de acuerdo: existe una “brecha de infraestructuras”, es global y es cerca de US$ 1 millón de millones por año. Desde los EEUU y Europa hasta el mundo emergente, hay una acumulación de proyectos atrasados que se necesitan para impulsar el crecimiento, mientras que los inversionistas institucionales están desesperados por encontrar inversiones (como por ejemplo en infraestructuras) que les ofrezca un retorno que no esté relacionado con la volatilidad del mercado y los mercados de bonos.

Sin embargo, el déficit se mantiene. El Foro Económico Mundial estima una necesidad global de US$ 3.7 millones de millones en inversión en infraestructuras cada año, mientras que sólo se invierte US$ 2.7 mil millones, en su mayoría por los gobiernos. Según el Banco Mundial, la inversión en 2015 se mantendrá igual o disminuirá en comparación con 2014. La consultora McKinsey estima que en los próximos 15 años, la necesidad de los países del G-20 para proyectos de infraestructuras (de alrededor de US$ 60 millones de millones), no será cubierta en aproximadamente US$ 20 millones de millones. 

“Los desafíos son tanto del lado de los proyectos como de la oferta de capital”, dijo Bertrand Badré, director gerente del Banco Mundial, en su reunión anual en Lima el mes pasado. “Simplemente no hay suficientes proyectos viables.”

Para cualquiera que haya sufrido con cortes de energía, haya comprado botellas de agua de los vendedores ambulantes o haya luchado el estancamiento en las ciudades de mercados emergentes, la idea de que hay muy pocos proyectos es increíble. En los EEUU, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles estima que el envejecimiento y la infraestructura inadecuada (desde los problemas de energía hasta atascos en el tráfico) le costaría a cada familia americana US$ 28,000 en ingresos para el año 2020 si las tendencias de inversión permanecen iguales.

La infraestructura de Estados Unidos se remonta a los grandes programas de construcción de la década de 1930 y 1950 y muchos de ellos se encuentran en un estado vergonzosamente pobre. El año pasado, el vicepresidente estadounidense Joe Biden se quejó de que “si se le vendara los ojos a alguien caminando a través del aeropuerto de La Guardia en Nueva York, diría: ‘’Tengo que estar en algún país del tercer mundo. No estoy bromeando”. Las autoridades locales están tratando de recaudar dinero para una gran remodelación, incluyendo la demolición del edificio de la terminal central, a través de una asociación público-privada.

En el mundo emergente, el gasto en infraestructuras se ha convertido en una cuestión geopolítica, llevando a China a poner en marcha el Banco de Inversión en Infraestructura de Asia para competir en el financiamiento de proyectos. Para muchos países, los proyectos en materia de transporte, energía, agua, saneamiento y conectividad a Internet son vitales para el desarrollo. Incluso en Europa, donde la infraestructura pública tiende a estar en mejores condiciones, la inversión privada ha caído en los últimos 10 años, según Standard & Poors. La necesidad más obvia, sin embargo, no siempre se traduce en proyectos en los que el sector privado puede o va a invertir.

Incentivo a la inversión

“No hay absolutamente ninguna correlación entre la magnitud de las necesidades de infraestructuras y las oportunidades para el sector privado”, dice Jim Barry, director de infraestructuras de BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, que comenzó a invertir en infraestructuras en 2012 y ahora tiene US$ 8 mil millones en el sector.

Los críticos dicen que los gobiernos a menudo vienen con una lista de proyectos, pero no hacen un buen trabajo para convencer a los inversionistas adversos al riesgo que el proyecto es necesario, o que será suficientemente rentable. Por lo tanto, el dinero permanece embotellado en las instituciones, los proyectos siguen sin construir y la brecha de infraestructuras se ensancha.

“Es realmente un obstáculo de las políticas públicas. Tienen que ser pagados y los gobiernos tienen que encontrar una fuente de ingresos”, dice Cherian George de FitchRatings. “Si hubiera un marco financiero y fiscal sostenible, los fondos y la deuda estarían allí en un día.” [Ver nuestro análisis original sobre el tema en el que proponíamos una solución fiscal que permitiera facilitar el flujo de los proyectos: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones].

“Los Fondos de Pensiones y de capital privado están diciendo ‘tenemos el dinero – dennos los proyectos”, dice Rohan Malik, director de Ernst & Young de mercados emergentes. “La pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a que los gobiernos alisten los proyectos?”

Para los gobiernos, tratar con el sector privado presenta un dilema político fundamental – cobrarle al público por bienes que consideraban anteriormente como gratis es impopular.

La Costa de Marfil tomó la valiente decisión de elevar su gasto en infraestructuras de aproximadamente 2 a 6 % del PBI el año pasado. Esto vuelve más difícil pagar los programas redistributivos, pero en un país con una cobertura eléctrica de tan solo 43 % y donde sólo el 8 % de las carreteras están pavimentadas, el gobierno decidió que era esencial. Durante los próximos cuatro años, tiene el objetivo de poner en práctica 94 proyectos valorizados en US$ 25 mil millones, aunque sólo 14 de ellos son elegibles para APPs.

“Incluir al sector privado es importante, pero tenemos que ser capaces de cubrir el costo de estos proyectos con una buena estructura de precios”, dijo Nialé Kaba, la ministra de Economía y Finanzas de la Costa de Marfil. “En mi país, la infraestructura pública era gratuita. Hay muchos grupos de presión”.

Esto significa, dice, que el sector privado tiene que ser razonable en sus expectativas de ingresos y que los políticos tienen que vender sus proyectos a los votantes. “Si este diálogo no es lo suficientemente franco, el gobierno no va a ser capaz de establecer los precios adecuados. También tenemos que sensibilizar a la población local y decirle a la gente que estas APPs son necesarias”.

Ese peligro es más grave para los inversionistas en la era de las redes sociales como Twitter. “La presión transmitida a través de los medios sociales es la principal fuente de los gobiernos. . . [de] lo que la gente llama “riesgo político”, dijo Thierry Deau, de Meridiam Group, que maneja tres grandes fondos de infraestructuras para las instituciones. “La sociedad civil es activa y es importante que los gobiernos y el sector privado  participen.”

Hay muchos obstáculos potenciales. La manipulación de los precios de un proyecto puede dar lugar a un desastre financiero. Las autopistas construidas en México entre los años 1980 y 1990 con financiación privada terminaron quebrando ya que el público se resistió a los altos peajes y utilizó carreteras alternativas gratuitas que eran más lentas.

El sector público en general también tiene que recaudar algo de dinero antes de pedirle apoyo al sector privado, pero las necesidades de infraestructuras están aumentando al igual que el gasto público está frenado por la austeridad y los problemas de crédito. S&P, en un informe el mes pasado, encontró que entre 2003 y 2012, 16 países de la eurozona cortaron inversiones en transporte en medio de aumentos de la deuda del gobierno general y créditos del sector privado al gobierno como proporción del PBI. ‘Asequibilidad’ y ‘austeridad’ fueron las razones más citadas por el déficit de financiamiento. 

Luego está el problema político. Es probable que la vida útil de una pieza de infraestructura sea mucho más larga que la de un gobierno democrático. Así que para los funcionarios del Banco Mundial, puede ser más fácil vender la idea de proyectos de infraestructura cuando los inversores pueden estar seguros de que no va a haber un cambio de gobierno pronto.

Vientos en contra

Incluso sin obstáculos, existe el riesgo de que los políticos intenten reescribir los términos de un acuerdo. En Europa, España redujo de forma retroactiva los subsidios para los productores de energía solar, causando la ira de los fondos de pensiones, Francia trató de reducir los peajes de la Autoroute y Noruega cambió la normativa para el ingreso de oleoductos poco después de la recaudación de fondos de los inversionistas.

Pero los gobiernos tienen razón en temer los compromisos a largo plazo que exigen los inversionistas que vienen con grandes pagos a empresas privadas por muchos años después de que las instalaciones se hayan construido. La iniciativa de financiación privada del Reino Unido logro con éxito el financiamiento, pero afrontó un largo periodo de impopularidad política.

La demanda para invertir en las infraestructuras de instituciones es clara. Una encuesta realizada el mes pasado a grandes fondos de pensiones por la consultora Create en Londres encontró que el 38 % tenía la intención de aumentar su inversión en infraestructuras durante los siguientes tres años – volviéndolo más popular que el capital privado, fondos de cobertura o la mayoría de fondos. Las compañías de seguros por sí solas han dirigido una asignación de US$ 80 mil millones al año en infraestructuras.

Amin Rajan, quien elaboró el informe Create, dice que uno de los principales obstáculos para convertir la demanda en realidad es la tendencia de los gobiernos “de cambiar objetivos todo el tiempo”. Los fondos de pensiones no están preparados para asumir los complejos riesgos políticos involucrados, dice.

El riesgo no es tanto la agitación política sino la posibilidad de que los gobiernos tengan dudas sobre los contratos a largo plazo y traten de transferir los riesgos adicionales a los inversionistas que están interesados ​​principalmente en proyectos de infraestructuras de bajo riesgo.

“Las personas interesadas en las infraestructuras tienden a compararlo con la renta fija [tener un bajo riesgo y retorno], no con el capital privado”, dijo Gavin Wilson, jefe de la sección de gestión de activos de la Corporación Financiera Internacional. “Las personas no se impresionan por los altos retornos porque lo que realmente quieren es menor riesgo.”

Ese es un problema grave, especialmente en los mercados emergentes, donde un nuevo puerto o autopista es una oportunidad para conseguir un alto rendimiento, pero no es una inversión de bajo riesgo como un bono. Al mismo tiempo, las infraestructuras, con un ingreso que tiende a subir en línea con la actividad económica, es vista como una cobertura contra la inflación, lo que hace más difícil atraer a los inversionistas en situaciones que, como la de ahora, se avecina que los precios podrían permanecer bajos durante algún tiempo.

Otro problema es que los proyectos de infraestructuras necesitan prácticamente todos sus fondos por adelantado, mucho antes de cualquier pago de compensación, que puede tomar décadas. “Es una diferencia fundamental con otros negocios y servicios y completamente diferente a la salud o la educación. Todo el dinero tiene que llegar antes de que haya nada concreto”, dijo Wilson.

“Es menos sobre si hay financiamiento y más sobre la calidad de los proyectos”, dijo Dimitris Tsitsiragos, vice-presidente del IFC (el brazo financiero del Banco Mundial). “Hacer que el proyecto sea viable desde el inicio es fundamental, ya que es la condición que lo hará sostenible.”

Los bancos multilaterales de desarrollo desempeñan un papel clave en esta área. En lugar de ayudar con la estructuración de productos financieros, pueden asesorar sobre la creación de un “pipeline” de proyectos prioritarios, y asegurarse de que sea lo suficientemente fuerte como para ganar respaldo.

“Hay contratos [a menudo] muy complejos y se necesita una mayor estandarización”, dice Barry de BlackRock. “Eso no existe en los EE.UU. Hay cierto progreso, pero se necesita algún elemento de intervención federal para crear los elementos de estandarización y un marco legal”.

Ampliando

La estandarización es aún más importante en los mercados emergentes. Esto ha desatado una campaña para crear grandes fondos con suficientes proyectos para reducir el riesgo mediante la diversificación. Tanto el IFC como Meridiam están construyendo fondos que, eventualmente, podrían contener un máximo de 20 proyectos. Ellos ayudarán a diseñar los proyectos antes de buscar otros socios de inversión.

Una solución más radical está siendo fomentada por los fondos de pensiones canadienses, quienes están tratando de eliminar por completo al intermediario. Caisse de dépôt et placement du Québec, que administra más de US$ 250 mil millones en activos de fondos de pensiones, lanzó este año una filial para gestionar toda la preparación del proyecto en sí.

“El gobierno define la iniciativa de la política pública, como por ejemplo para algún tipo de infraestructura de transporte público”, dice Michael Sabia, presidente ejecutivo de CDPQ. “Luego escogemos uno y planificamos el proyecto y hacemos la ejecución. Financiamos el proyecto con los socios, somos propietarios y operamos la puesta en marcha”.

El objetivo, compartido por muchos, es que las infraestructuras evolucionen hacia una clase de activos reconocidos. “Si se reconoce como una inversión ajustada a un riesgo estable entonces el dinero fluirá en el tiempo”, dijo Badré, del Banco Mundial. “La falta de infraestructuras es aún más costosa. Solo hay que preguntarle a una familia sin agua potable o sin electricidad para iluminar su hogar.” L

El mito de Correa y su prolija macroeonomía está a punto de terminar

La semana pasada fueron las “Spring Meetings” del FMI, en la que se tocaron diversos temas relacionados a la economía y política mundial.

Uno de los temas más importantes, y en el que participó nuestro ministro de Economía y Finanzas Alonso Segura, fue de la brecha de infraestructuras. En el panel participaron: Mitsuhiro Furusawa, Subdirector Gerente del FMI y ex asesor del ministro de Finanzas de Japón; Joaquim Levy, ministro de Finanzas de Brasil y ex presidente de Bradesco Asset Management; el Dr. Rajiv Lall, director general y vicepresidente del Infrastructure Development Finance Company (IDFC), India; Geoffrey Spence, el Director Ejecutivo de Infraestructura de Reino Unido y, por supuesto, Alonso Segura.

Reuniones de primavera en el FMI “El por qué, dónde y cómo de la inversión en infraestructuras”

La inversión en infraestructura es fundamental para el crecimiento económico y el bienestar. La existencia de grandes brechas de infraestructuras a lo largo del planeta refleja una combinación de limitaciones institucionales y financieras, así como la presión creciente de la  demanda. Esta inversión tiene el potencial de aumentar la eficiencia y la competitividad, y promover tanto la integración internacional como la nacional. Reduce los costos de transacción y democratiza el acceso al mundo moderno. Asegurar la financiación necesaria en condiciones adecuadas es un gran desafío, lo que refleja las limitaciones de las finanzas públicas, los riesgos regulatorios y los largos períodos de gestación. 

Una cuestión clave es la definición de las funciones de los sectores público y privado de tal manera que se garantice una buena prestación de servicios y la protección de los intereses de los inversores y contribuyentes. 

El panel discutió primero la importancia de la inversión en infraestructuras y sobre la elección de los proyectos adecuados en un contexto de objetivos contrapuestos y recursos limitados.

Furusawa describió dos beneficios claros de la inversión en infraestructuras. El primero es que aumenta el crecimiento de corto plazo, aumentando la demanda y creando empleos. Y segundo, aumenta el crecimiento de manera indirecta y a largo plazo, porque aumenta la capacidad productiva y el producto potencial. 

El Dr. Lall habló sobre la aguda escasez de infraestructuras en la India. A pesar de tener una alta tasa de ahorro el acceso a los recursos es un problema. Otra dificultad es la implementación de proyectos “financiables”. Comentó que su país había llevando al gobierno a buscar agresivamente la participación del sector privado. Afirmó que les ha ido muy bien, y en conjunto con el sistema bancario, no bancario y mercado de capitales han logrando financiar un total de US$ 400 a 500 mil millones en infraestructuras en los últimos 15 años. Casi todo operado por el sector privado, que también asume los riesgos de capital. Considera que es crucial que el gobierno supervise y regule las concesiones de manera meticulosa y contar con un Poder Judicial capaz de resolver los inevitables conflictos que se presentan en el camino.

Levy afirmó que a pesar de la desaceleración de Brasil, invertir en infraestructura es muy importante porque sus objetivos son para el mediano y largo plazo. Para él, es primordial involucrar al sector privado, algo que han estado haciendo por muchos años en distintos sectores como agua, electricidad y transporte con bastante éxito. La mayor parte es operada por el sector privado y en estos momentos busca incluso aumentar las concesiones y así involucrar aún más al sector privado en la inversión pública. De esta manera se pueden concentrar los recursos del estado en otros sectores públicos que no tienen retorno sobre la inversión pero que son importantes para el país.

Siguiendo la línea de los países latinoamericanos, Segura compartió su plan de inversión multisectorial. Lo describió en base a propuestas del sector privado, que son calificadas y priorizadas a mediano o largo plazo. No todos son hechos con dinero público, sino cofinanciados.

Sin embargo, siempre hay costos escondidos. Afirmó que en los últimos dos años se ha reformado el marco legal para poder minimizar riesgos y estandarizar los proyectos de APPs, y que las obras por impuestos (OxI) tienen mejores controles que los contratos tradicionales.

Según los cálculos, la brecha de infraestructuras del Perú representaría alrededor de 40% a 50% de PBI (que bordea los US$ 200,000 millones). Según Segura, el Gobierno ha duplicado su asignación para infraestructura en los últimos seis y siete años. Además, ha aprovechado el menor costo para financiar proyectos y no se prevé ninguna escasez de fondos. También comentó que el Gobierno está dando una mayor importancia a las APPs para infraestructuras, sin embargo, estas presentarían algunos riesgos y suponen un compromiso de fondos públicos.  

En verdad, el avance logrado en el Perú es mínimo. En Lampadia (abril 2014) propusimos una estrategia de financiamiento de infraestructuras (ver: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones):

Usar APPs con un cofinanciamiento promedio del Estado de 25% (hasta US$ 20,000 millones). Un equivalente del 10% del PBI. Para ellose emitirían “Bonos de Infraestructuras” a 30 años (llevando la deuda externa a un máximo de 20% del PBI). Deberíamos solicitar el apoyo del Banco Mundial (BM), BID, FMI, CAF y Naciones Unidas, para el diseño, monitoreo, promoción y financiamiento de un “Fondo de Inversión en Infraestructuras” que se depositaría en un fideicomiso en el BM. Este desembolsaría los fondos a las empresas que ganen los concursos, las cuales se comprometerían a repagarlos  directamente al fideicomiso. Un detalle importante sería que nos ayuden a rediseñar la contabilidad fiscal para evitar contabilizar déficits no representativos.

Para que el Perú salga pronto de sus brechas y atrasos, debemos ser creativos y audaces, aprovechando nuestro bien ganado prestigio, antes de que se siga licuando. Lampadia

Los avances tecnológicos han evolucionado de manera exponencial en las últimas décadas, los teléfonos cambian anualmente, se inventan nuevos ‘gadgets’ y nos sorprenden con drones haciendo delivery. Pero uno de los sectores más importantes para este desarrollo es en la medicina.

Esta semana, Barack Obama anunció una audaz investigación que revolucionará la medicina. Ha lanzado la “Iniciativa de Precisión Médica” con una inversión de US$ 215 millones que prevé la acumulación de datos genéticos de un millón o más de voluntarios que ampliaría considerablemente el conocimiento de los mapas genéticos de las personas, conocidas como sus genomas. Se tratará de descifrar las pistas de patrones genéticos a través del conjunto de la  población.

Con este proyecto, se promete acelerar los descubrimientos biomédicos y proporcionar a los médicos con nuevas herramientas, conocimientos y terapias para seleccionar qué tratamientos serán más efectivos para cada paciente. “Esto nos dará una de las mayores oportunidades que hemos visto en la historia para descubrir nuevos avances médicos”, afirmó Obama. Estas iniciativas con visión al futuro, significarán un cambio considerable en la vida de las personas. 

El 2014 fue el año de la investigación de células madre, con una ráfaga de avances que podrían conducir a nuevos tratamientos para todo, desde la diabetes hasta trastornos del corazón. Con mayores estudios, existe la esperanza de que en el futuro se puedan crear nuevos tejidos e incluso órganos enteros para la llamada  medicina regenerativa.

El 2015 viene con novedades aún más sorprendentes. Se está logrando el perfeccionamiento de los chips cerebrales implantables, que permitirán a los tetrapléjicos recuperar el uso de sus brazos con el simple uso de sus pensamientos, así como “exoesqueleto” manejado a control remoto que les permitirán caminar.

Además, las gafas ‘eSight’ ya están en el mercado y, literalmente, dan vista a los ciegos. Tienen  cámaras y pantallas capaces de capturar imágenes de video en tiempo real. También serán capaces de ampliar y mejorar las imágenes a su conveniencia.

Para los lugares más remotos, como pueblos en el África donde a veces es imposible llegar, se han programado unos drones que están siendo utilizados por los socorristas humanitarios para evaluar situaciones estratégicas en caso de desastres naturales y transportar medicinas y vacunas a lugares inaccesibles.

Global Medic [una ONG de equipos de rescate] a menudo se encuentra en situaciones de auxilio en condiciones dramáticas: caminos inundados, casas desaparecidas, gente teniendo que migrar a diferentes áreas para conseguir alimentación o vivienda, explica Kroetsch, uno de los directores de la organización. “Proporcionar a Global Medic con un UAV [‘Unmanned Aerial Vehicle’ o Drone] permite al equipo de respuesta tener una vista panorámica en un par de minutos.”

Otro gran avance es el descubrimiento de una vacuna contra el dengue. Más de 80 millones de personas en más de 100 países contraen el virus del dengue cada año. Actualmente, la primera vacuna del mundo ha sido desarrollada y probada, y se espera que sea distribuida a pequeños grupos de pacientes con regularidad el 2015, con el fin de lograr su comercialización a finales de este año.

Las impresoras 3D también han revolucionado esta industria. El uso médico más común es la creación de ‘bio-partes’ como repuesto. Una ventaja importante sobre los trasplantes es que están completamente personalizados para cada paciente. Se han impreso rodillas, partes de cráneo, tráqueas y otras partes del cuerpo, y se han implantado en un buen número de personas.

Charla de Ben Harrison en TED sobre bioimpresión 3D

La mayor innovación ahora es la impresión de tejidos vivos. Actualmente todas las ‘biopartes’ de repuesto están hechas de metales, plásticos y cerámicas, pero los científicos están trabajando para poder imprimir piel, órganos y otras partes hechas de células vivas reales, así como tejidos. Pronto, se imprimirán órganos de reemplazo siempre que sean necesarios, y los nuevos implantes de rodilla serán hechos de hueso y cartílagos.

Además hay importantes desarrollos de sistemas de diagnóstico y prescripción remota, sistemas de alerta temprana y prevención que conllevan importantes beneficios a la salud, además del ahorro de los costos médicos en general. Estos son algunos de los tantos avances que ayudarán a las personas a llevar una vida más sana y plena.

Felizmente todos estos avances tienen una curva de reducción de costos, que los hará cada vez más accesibles. Sin embargo, para países pobres como el Perú, estos no dejarán de representar una gran limitación de cobertura para el conjunto de la sociedad. Actualmente, las atenciones quirúrgicas en Essalud tienen atrasos que superan un año, seguramente la eficiencia del sistema nacional de salud es aún peor. Además, los servicios en el área rural dejan mucho que desear, cuando se tiene la suerte de que existan.

Todo esto debería llevarnos a privilegiar los avances en los servicios de salud, descartando definitivamente los celos que el sector público mantiene con la inversión privada y a agilizar los trámites para la instalación de nuevas facilidades de salud. Así mismo, el reto de mejorar los servicios de salud de los peruanos, debiera ayudarnos a entender la necesidad de mantener un nivel alto y sostenido del crecimiento de la economía, única fuente real de recursos fiscales de largo plazo y del incentivo para mayores inversiones en privadas en salud. Lampadia

[En su acepción de alto funcionario, como se usaba en la China]

Los gobiernos tienen que repensar cómo recompensar y motivar a los funcionarios públicos

Publicado por The Economist el 9 de agosto, 2014. Traducido por Lampadia.

Los franceses los llaman ‘hauts fonctionnaires’ [altos funcionarios], los alemanes ‘Beamte im höheren Dienst’ [funcionarios de los más altos oficios] y los británicos, un poco más económicos, los conocen como “mandarines”. Los niveles más altos de los servicios públicos son un poderoso brazo del estado. Implementan las reformas ideadas por los políticos, y diseñan los servicios públicos que van desde los sistemas de bienestar a las prisiones. En comparación a los jefes del sector privado, los burócratas que administran el sector público tienden a estar menos bien pagados, pero tienen vidas más tranquilas, con puestos de trabajo más seguros y menos presión para mejorar la productividad. Ahora los mandarines se enfrentan a cambios.

Ha habido gran furia por parte de los contribuyentes cuando los grandes proyectos no funcionaban. El nuevo aeropuerto de Berlín lleva tres años de retraso, y se prevé que costará € 6,000 millones (8,100 millones de dólares), tres veces el estimado original. En la actualidad, los votantes y, principalmente, los políticos son especialmente intolerantes a la ineficiencia de la función pública. Un remezón es la austeridad. Otro es la tecnología, que está cambiando no sólo en cómo se brindan los servicios públicos – como en educación, con “cursos en línea, masivos y abiertos” – sino también en la forma en que se pueden medir. Las redes sociales permiten a los usuarios quejarse de los tiempos de espera de hospitales y de los resultados de las matemáticas. Quizás la mayor presión es el paso del tiempo: los trabajadores del sector privado son incrédulos acerca de por qué los funcionarios públicos deben escapar a la destrucción creativa que ha cambiado otras operaciones alrededor del mundo.

La reforma del sector público es un proyecto enorme, pero el pueblo está en el centro de ella. El gobierno es una industria de servicios, y hay un problema de talento básico. Pocos servicios públicos -Singapur es el ejemplo más claro – compiten con el sector privado por los mejores graduados. Pero en otros lugares, incluso en los departamentos de élite, como el Tesoro de EE.UU. y la Oficina de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, hay problemas (o pierden a los más ambiciosos rápidamente). Los mandarines y sus jefes políticos tienen que cambiar de táctica.

Demasiados funcionarios públicos, sobre todo en la Europa continental, se arremolinan en torno a un Gormenghast burocrático [una especie de isla para del placer para los burócratas], pero rara vez salen de él. Casi cuatro quintas partes de los altos funcionarios alemanes han estado en la administración pública durante más de dos décadas. El Estado francés, dirigido por François Hollande, es gobernado por una casta de funcionarios imposibles de remover, resistentes a la reforma. Una de las razones por las que muchos funcionarios se quedan aferrados son sus generosas ofertas de pensiones (…). Pero las estructuras de carrera también deben adaptarse.

La mayoría de los servicios públicos aún tienden a ser gerontocracias, donde la edad y la antigüedad son sinónimos. Nueva Zelanda ha desmantelado el sistema de jerarquías rígidas y de grados de pago que engendraron los gustos del flemático Sir Humphrey en la comedia de la BBC “Yes Minister”. En su lugar, se nombra a los jefes de los departamentos ministeriales, que firman contratos para cubrir objetivos específicos y pueden ser despedidos si fallan. Los funcionarios de Singapur se envían con frecuencia a empleos en el sector privado. Gran Bretaña ha nombrado a un alto funcionario de la industria petrolera para dirigir la agencia que se ocupa de los proyectos estatales de gran escala. La idea es que la experiencia del sector privado, en áreas como la gestión de contratos y negociaciones puede ayudar a evitar desastres como el aeropuerto de Berlín.

Todo esto hace un llamado a los políticos. Pero el corolario de un mejor rendimiento es una paga más alta. El director de operaciones del gobierno británico anunció esta semana que está dejando un trabajo comercial lucrativo. Singapur, que tiene un gobierno mucho más pequeño que el de los Estados Unidos, paga a sus mejores funcionarios US$ 2 millones al año. Ningún congresista republicano toleraría eso, lo cual es absurdo. El costo de los salarios más altos se compensa con el ahorro de dinero en consultores costosos para absorber proyectos fallidos.

Hay una zona en la que menos cambio sería útil. Para planificar las carreras, se necesita una estrategia a largo plazo-y la democracia arroja cambios en cada elección. En Gran Bretaña, los funcionarios de salud hablan de sucesivas “re-desorganizaciones”. Una de las razones del éxito autoritario de Singapur es que sus votantes milagrosamente siempre han elegido el partido fundado por Lee Kuan Yew desde que asumió el mando en 1959.Los votantes de otros lugares son menos complacientes. Nueva Zelanda ha tratado de contrarrestar esto incrementando los poderes de un comisionado de servicios estatales, cuyos deberes incluyen uno de “administración” duradera. Eso podría ser un modelo útil para otros lugares, sobre todo en Estados Unidos, donde también muchos puestos de responsabilidad están ocupados por nombramientos políticos (que luego toman meses para conseguir su confirmación por el Congreso). Los mandarinatos tienen sus defectos, pero alguien tiene que seguir trabajando el Leviatán.