Como podemos apreciar en los cuadros del Índice de Competitividad Regional, la disparidad de performance entre el sector público y privado, ha devenido en un país que pudo crecer y disminuir la pobreza, con el gran impulso de la inversión privada; pero no pudo lograr que el Estado, gobierno central, y gobiernos regionales, entendieran que su rol es promover el desarrollo integral, la inversión y el empleo, antes que el juego de poder y los afanes presupuestívoros.

Es difícil encontrar un gobierno regional que entienda que el sector privado es su socio en el desarrollo y que promueva la inversión privada. Solo les interesa incrementar sus presupuestos, sobre los que no rinden cuentas, ni a la población, ni a la estructura estatal.

La revisión de la estructura del Estado y el proceso de descentralización, deben ser una de las reformas más importantes para permitir el desarrollo integral y sostenido.

Veamos los resultados del Incore 2021:

INCORE
Índice de Competitividad Regional

IPE – Instituto Peruano de Economía
Editado y comentado por Lampadia

“El Instituto Peruano de Economía (IPE) presenta por noveno año consecutivo el Índice de Competitividad Regional –INCORE 2021– como parte de su esfuerzo por analizar y dar a conocer los avances en el desarrollo económico y social de las regiones del Perú. La compresión y el estudio comparativo de las dinámicas económicas y sociales de las regiones permite identificar su nivel de competitividad relativo y los factores que la determinan. Ello resulta fundamental para la discusión y la toma de decisiones de políticas públicas que impulsen el desarrollo a nivel regional, más aún en un contexto particularmente adverso a raíz de la crisis sanitaria a nivel mundial.

El INCORE cuantifica la posición relativa de las 25 regiones a través de seis pilares de competitividad: Entorno Económico, Infraestructura, Salud, Educación, Laboral e Instituciones. Los seis pilares comprenden un total de 40 indicadores, los cuales se construyen a partir de los últimos datos disponibles de las fuentes oficiales. A partir de la edición 2018, se presenta información desagregada para Lima* (comprende a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao) y Lima Provincias.

El INCORE intenta replicar, en la medida de lo posible, la metodología usada por el Foro Económico Mundial para la elaboración del Índice de Competitividad Global. Con dicha metodología, se calcula la dinámica de la región y la diferencia respecto a otras regiones, lo cual permite determinar su nivel de competitividad relativo.

De esta manera, el índice constituye una fuente de información oportuna que permite analizar las condiciones económicas y sociales de cada región e identificar sus principales fortalezas y debilidades. Con ello, se pueden centrar los esfuerzos e implementar políticas públicas adecuadas que generen un mayor impacto sobre su desarrollo”. IPE

Como podemos ver en el siguiente gráfico, las regiones más competitivas, aparte de Lima, son las que tienen un buen desarrollo minero, como Arequipa, Moquegua y Tacna, más Ica, con el desarrollo de las agroexportaciones.

Minería y agroexportaciones, los mejores motores del crecimiento y generación de empleo de calidad, son los sectores más atacados por nuestras izquierdas retrogradas. ¿Casualidad o urgencia política de cortarle las piernas al desarrollo peruano?

El siguiente gráfico muestra el PBI de cada región. En el que destacan Arequipa, La Libertad, Cusco, Ancash y Piura.

Aprovechamos para dar una información que se viene distorsionando. El PBI informal es solo el 18%. No confundir con el empleo informal que supera el 75%.

Esta diferencia se da por las diferencias de productividad laboral de las múltiples empresas pequeñas, que es muy baja, versus la alta productividad de las empresas más grandes. Es importante tener claridad sobre estas cifras, pues hay gente interesada en crear confusión y desaliento.

En 1950, la esperanza de vida en el Perú era de solo 43 años. Ahora, la región menos desarrollada tiene una esperanza de vida mayor a 74 años. Este índice muestra que en las últimas décadas hemos tenido un importante desarrollo social. Contrario al destructivo verbo de los enemigos de la economía social de mercado, que es el vehículo de la prosperidad que de continuar generando bienestar, dejaría sin discurso político a las izquierdas, que solo buscan acceder al poder político, olvidándose del bienestar de la población.

El siguiente indicador también muestra que las regiones que han recibido más renta del sector minero, han generado mejores niveles de educación.

Vale recordar que la educación privada ha mejorado sustancialmente. Lamentablemente, el Estado, en vez de asociarse a ese desarrollo, pretende destruirlo y aplanar a todos hacia abajo. Vean la comparación de la calidad educativa del sector público y privado, con relación a la región latinoamericana:

En empleo adecuado, Ica destaca sobre todos los demás. Como dice Fernando Cillóniz, ex gobernador de Ica:

¿A qué conclusiones llega el INCORE 2021 con respecto a Ica en el ámbito laboral? Pues que Ica es la región mejor rankeada en materia de empleo adecuado. Incluso, mejor que Lima, Arequipa, Tacna, Piura… mejor que todas. Entonces cabe la pregunta ¿a qué se debieron las violentas protestas laborales de diciembre pasado? ¿Por qué no protestaron los trabajadores de las regiones peor rankeadas? ¿Por qué Ica fue el centro de atención a nivel nacional por supuestos maltratos laborales? ¿Acaso no somos la región que lidera el empleo adecuado en todo el país?

Al pan, pan; y al vino, vino. Las protestas de diciembre pasado en Ica fueron un farsa política – ideológica donde primó la mentira, la demagogia y el vandalismo.

En cuanto a calidad de la gestión pública, todas las regiones están jaladas. Sin embargo, parece que no hay conciencia sobre esto, pues no se llega a entender que desde la equivocada descentralización, los servicios de salud y educación dependen en gran medida de los gobiernos regionales y ya no del gobierno central.

El siguiente indicador es tal vez el que debiera llevarnos a concluir que es una barbaridad que en el Perú, la ideología y la política estén por encima del bienestar de la población. Por ambas razones es que tenemos pésimos servicios sanitarios de agua y desagüe. Trampas políticas que en vez de superarlas se profundizan cada vez más. Por ejemplo, el cuadro muestra que ninguna región tiene continuidad en la provisión de agua. O sea, 24 horas de servicio ininterrumpido, como debe ser. Por ejemplo, Piura, Ica, Tumbes y Loreto, tienen menos de 10 horas diarias de agua. Un escándalo, que muestra con claridad que para nuestros políticos, la población vale menos que el poder político.

Ver el portal de INCORE en: https://incoreperu.pe/portal/

Saludamos el trabajo del IPE, y esperamos que otras instituciones y gremios hagan y difundan más análisis al respecto. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Acabamos de asistir a uno de los episodios más vergonzosos de la historia del Perú.  Diría que será recordado como “la vergüenza del bicentenario” y que se veía venir, de la mano de uno de los personajes más mentirosos, inútiles y corruptos del país. Vizcarra, quien se llenó la boca hablando de la lucha contra la corrupción, no fue la excepción del antiguo dicho; “Dime de qué te ufanas y te diré de qué careces”.

Nos hemos pasado ya, casi un año de encierros y restricciones, de incapacidad para bloquear el ingreso de la pandemia al Perú, menos para hacer las únicas pruebas de descarte que permiten identificar en tiempo oportuno el contagio del COVID (pruebas moleculares), para hacer un cerco epidemiológico y atacar la enfermedad de manera focalizada. Tampoco se trabajó diligentemente en la selección, contratación y compra suficiente de vacunas y desde luego, en organizar un buen manejo logístico, con participación activa del sector privado, para ejecutar un buen programa de vacunación, de modo que podamos aplicar cuando menos 200,000 vacunas diarias (nuestro máximo viene siendo 12,000 al día, mientras Chile está aplicando 220,000 al día).

Pero qué podemos pedir, si encontramos que el material que envió Sinopharm, junto con el material remitido para una evaluación científica, en Fase 3, como proyecto de vacuna, fue inmediatamente utilizado por Vizcarra y familia como material comercial (“muestra médica”), aprovechando su situación de presidente en ese entonces. Así es pues, “gallina que come huevo, aunque le quemen el pico”.  Claro, si el presidente podía sacarles la vuelta a las leyes y principios éticos y morales, múltiples funcionarios, ministras y viceministros, junto a sus familiares, se consideraron con el mismo derecho, quebrando toda legalidad, principio moral y ético. Ahora se entiende claramente, por qué ponían tantas dificultades a otros laboratorios que ofrecían vacunas debidamente autorizadas y de menores precios que las de Sinopharm.

Me preocupa que hasta el Nuncio Apostólico haya caído en “la tentación de la carne”, permitiéndose romper las reglas y dejando un funesto precedente. ¿Qué guía es para un católico la opinión y ejemplo de un obispo?  Una vez más, han quedado desacreditados para pontificar sobre temas éticos y morales… El sólo “entristecerse” por esa acción desde el lado de la iglesia, no es suficiente.

Me impresiona que la burocracia, tan diligente para mojar papel con tinta escribiendo normas y reglamentos, no haya establecido a priori y claramente, el uso del material complementario y protocolo de selección de usuarios, en base a: 1. Cercanía a las actividades de campo para la prueba. 2. Tipo de participación del personal en la prueba a ser desarrollada. Ciertamente, una debida justificación para inocular un material de prueba y una definición del qué hacer con el material sobrante, teniendo en consideración que no cuenta con autorización sanitaria y que es sólo para fines de investigación.

Ojalá que el gobierno, ante la fuerza de la evidencia, demostrada negligencia y alta propensión a la corrupción del sector público, disponga rápidamente y brinde las facilidades, para que la empresa privada participe activamente en la distribución y aplicación de las vacunas. No es secreto que las compañías de seguros están enfrentando una siniestralidad muy fuerte en sus pólizas de seguro médico y obviamente, más económico es asumir el costo de la vacunación de sus asegurados, que enfrentar esa siniestralidad. De otro lado, las empresas privadas formales, están más que dispuestas a vacunar a su personal y familiares, y en el caso de operaciones remotas, a las comunidades o poblaciones que las rodean. Ciertamente el beneficio es múltiple, pues se minimiza la ausencia laboral, se da bienestar y tranquilidad familiar y en el caso de las comunidades cercanas, se acelera un proceso de vacunación, que en manos del Estado tardaría demasiado, independiente del reforzamiento de los vínculos positivos entre comunidad y empresa.

De otra parte, muchos particulares estarán dispuestos a pagar más de una vacuna, por cada vacuna que se les aplique a ellos, como una contribución. Esto permitiría al Estado reducir el costo para la vacunación universal, así como acelerar el proceso. Cadenas de farmacias, médicos y clínicas particulares podrían usar su contingente sanitario y su capacidad logística, para acelerar y abaratar esta campaña. Por supuesto que, como en cualquier parte del mundo civilizado, hay una prioridad establecida por condiciones de riesgo, a la que tanto el sector público como el privado se sujetarían.

Seamos conscientes que cuanto más pronto vacunemos a nuestra población, más rápido se alcanzará la “inmunidad de rebaño”, nuestra reactivación económica y nuestra vuelta a la normalidad. El Perú tiene una de las economías que más se ha desacelerado en el mundo, que, ante la incertidumbre de las elecciones, la inversión privada no está fluyendo como debiera y que la inversión pública tampoco está ejecutándose como se anunció. En consecuencia, lo mejor que nos puede pasar, es que retomemos los mejores niveles de aprovechamiento de nuestro stock de capital y de nuestra fuerza laboral.

¡Es el momento de trabajar juntos, es ahora o nunca! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Congreso nacional podría ser objeto de un estudio de caso sobre populismo y clientelismo. Un número excesivo de bancadas en el contexto de la pandemia y proyectadas hacia la carrera electoral, ha desatado una competencia populista sin precedentes. Pero hay algunas más activas en ese terreno que otras y el tipo de populismo que expresan, en ocasiones muy creativo, tiene variaciones interesantes que conviene diferenciar en aras del mejor conocimiento del fenómeno.

Observamos tres grandes categorías de proyectos de ley:

1. Los propiamente populistas, que afectan a empresas supuestamente malvadas o insensibles para beneficiar a los usuarios. Dentro de ella podemos distinguir dos subtipos:

1. Los proyectos que rompen o intervienen contratos, afectando la seguridad jurídica, los derechos de propiedad y la libertad de empresa, es decir, las bases mismas del crecimiento (eliminar peajes, congelar deudas, suspender o reducir pagos, devolver aportes a las AFP);
2. Los que afectan mecanismo operativo de la economía de mercado, es decir, el sistema de precios: controles de precios.

Ambos subtipos tienen en común que poseen un alcance horizontal o transversal en la sociedad.

2. Los proyectos más propiamente clientelistas, que favorecen a grupos de empleados específicos de ciertos sectores (trabajadores de la Salud, de la educación, etc.). Buscan captar bolsones electorales delimitados. Su alcance es vertical o sectorial.

3. Los proyectos que podríamos llamar ideológicos, que buscan directamente cambiar el capítulo económico de la Constitución (el modelo) o dar una nueva Constitución.

Las propias bancadas se inclinan más por una u otra modalidad. Podemos de Daniel Urresti, por ejemplo, opta principalmente por la primera categoría. El fue el impulsor de la ley de retiro del 25% de los fondos de las AFP, y del proyecto de ley de congelamiento de deudas al sector financiero. Y haciendo gran promoción de sus iniciativas en las redes, pretende así anchar su intención de voto. Apunta a segmentos horizontales, multi ocupacionales, de la población.

El partido de César Acuña (APP), en cambio, es claramente clientelista. Impulsó primero la ley que regala ascensos automáticos y nombramientos sin meritocracia en Salud y Essalud. No le importa generar un gran costo fiscal y anular cualquier posibilidad de reforma que se quiera hacer: su objetivo es captar el voto de todo el personal de ese sector. Su última movida fue exigir que se incluyera en agenda la reforma constitucional del 6% del PBI para Educación, como condición para aceptar que se votara la ley de impedimentos. Es inviable, pero su intención es buscar el voto de los maestros y sus familias. Clientelismo puro y duro.

Una revisión de los proyectos de ley presentados por las distintas bancadas desde el 26 de junio hasta el 7 de julio, revela que de lejos la más prolífica en esta clase de proyectos es la de Alianza para el Progreso (APP), con una carga fuerte en proyectos de tipo clientelista.

Los proyectos de tipo clientelista que presentó APP solo en ese corto periodo fueron los siguientes:

• Ley de reforma parcial de los factores de evaluación para el ascenso en la Policía Nacional del Perú (para facilitar los ascensos de la mayor cantidad de policías) 
• Ley que promueve la reactivación sostenida de la industria del calzado, cuero y afines del departamento de la libertad (para los fabricantes de calzado)
• Ley que habilita a los ex aportantes de la ley 30003 -régimen especial de seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros-, a solicitar la devolución de sus aportes al sistema público de pensiones (para los pescadores)
• Ley que modifica la ley 30512, ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de sus docentes (para los docentes de los institutos)
• Ley que modifica la ley de creación del Colegio Médico del Perú (para los médicos)
• Ley que deroga los decretos supremos 16-2020-EM y 17-2020-EM que aprueban contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en los lotes Z-67 y Z-68 (para las poblaciones de pescadores)

Hay uno adicional que clasificamos como populista pero que en realidad está a medio camino: el proyecto que promueve la paridad y alternancia de las mujeres en cargos de dirección en los sectores público y privado (para las mujeres).

El partido de Acuña apuntó primero a beneficiar a todo el personal de Salud con la ley arriba mencionada, y luego a todo el personal de educación con el proyecto del 6% del PBI. Ahora pretende favorecer, aunque con una ley menos escandalosa, a los policías. Entre Salud, Educación y Policía Nacional, tiene buena parte de las familias del sector público. Luego, va por grupos ocupacionales específicos (pescadores, fabricantes de calzado, etc.). Es un experto en segmentar la sociedad para ofrecerle algo a cada segmento.

El Frente Amplio tiene un perfil distinto: sus proyectos de ley son de corte ideológico, destinados a cambiar el modelo económico como tal.

UPP es más práctica. Tiene tres proyectos clientelistas: pago de la deuda social magisterial; modificación de la carrera pública magisterial (para flexibilizar las evaluaciones de desempeño); y declaración de Emergencia Nacional el Sector Agrario. Y dos populistas, uno de los cuales dispone el congelamiento de deudas incluso con las cajas municipales y rurales.

Ojalá este análisis sirva para contener la avalancha populista y clientelistas del Congreso. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En febrero de este año planteaba la necesidad de desarrollar en el Perú un equipo de funcionarios de Estado, que tengan la posibilidad de ser formados con altas calificaciones, valores y tradiciones, a quienes se les dé la oportunidad de desarrollar una carrera pública.

En mi opinión, es muy importante contar con un cuerpo técnico, no político, estable en el tiempo y que perdure por varios gobiernos. En esa lógica, sólo los ministros y los viceministros serían figuras políticas, parte del gobierno de turno. La “planta estable” serían los Directores Generales y Directores que llegarían a estas posiciones por méritos a lo largo de tal carrera pública. Son los que conocen el aparato y sus normas reglamentarias, aquellos que trabajan permanentemente en la mejora continua de la cosa pública y que cuentan con el conocimiento que le permita advertir a ministros y viceministros de las normas y los márgenes dentro de los que el poder político se puede mover.

El Perú no ha hecho el más mínimo esfuerzo por desarrollar este esquema que, ciertamente, sí funciona en la cancillería, en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con muy buenos resultados. Valga resaltar que profesionales calificados y preparados por el BCRP han sido la cantera que ha nutrido al Estado de muchos técnicos y especialistas para cubrir posiciones relevantes en organismos públicos.

Como lo antes mencionado no ha sido una doctrina en el aparato público, nos hemos visto obligados a convocar a profesionales debidamente calificados para ser incorporados como asesores y altos ejecutivos de los distintos ministerios y organismos reguladores y supervisores. Resulta a estas alturas una mezquindad negar los grandes aportes de profesionales jóvenes al Estado, los que llevaron consigo no sólo su profesionalismo, sino toda la experiencia acumulada en el sector privado y comprensión de la actividad empresarial privada, para volcarla luego en favor del aparato público, tanto en lo normativo como en la actividad regulatoria y de supervisión. Cuanto quisiera que, también en lo concerniente a la gestión y gerencia de las actividades del Estado se hubiese hecho el mismo esfuerzo y aplicado la misma receta; si fuera así, no hubiéramos tenido los fracasos que venimos afrontando en el manejo de las actividades para controlar el COVID-19 y la conducción de los programas de bonos, distribución de alimentos, facilidades de agua a poblaciones vulnerables, compras centralizadas y eficientes, solución rápida de instalaciones y facilidades médicas, así como la logística integral de esta crisis y las anteriores. Hubiéramos sido capaces de aplicar soluciones de sistemas de información, geomática, aprovechamiento de bases de datos, conectividad a sistemas de banca telefónica, etc. Y por supuesto, no nos encontraríamos a cada paso con actitudes reactivas y de desconfianza de los funcionarios respecto a propuestas de; sistemas y procesos ya desarrollados en el sector privado, que, han recibido como respuesta, “vamos a desarrollar nuestro propio sistema”. Por Dios, ¿en pleno zafarrancho querer inventar la rueda que ya está disponible en el mercado?

En este marco y hasta que formemos con “Servir”, probablemente, a los gerentes requeridos para una gestión eficiente del aparato estatal, tenemos una legislación que impide a los funcionarios del Estado incorporarse a la actividad privada en empresas que actúan en el mismo sector por un lapso de 1 año y cuando estos vienen del sector privado,  deben abstenerse de participar en temas en los que pueda haber información privilegiada o conflicto de intereses. Lo dicho está normado en el artículo 97 del texto único ordenado de la ley 27444, ley del procedimiento administrativo general, debidamente reglamentada. Obviamente, si incumplen la ley se debe aplicar las sanciones correspondientes.

Pero ahora resulta que un congresista ha planteado un proyecto de Ley para impedir que se produzcan las “puertas giratorias” entre el sector público y privado, impidiendo que se pueda incorporar a los niveles más altos de la gestión pública a quienes hayan actuado, en un plazo previo de menos de 10 años como gerentes, directores o accionistas de empresas relacionadas al sector, así como, impedir que, al cese de tales funciones públicas pueda retornar a la actividad privada por 10 o 5 años (a ser definido por reglamento del ejecutivo) según el caso.

Lo primero que quiero resaltar es que, para poder normar, regular y supervisar una actividad se requiere un profundo conocimiento de tal actividad y experiencia en ella. En segundo lugar, ya hemos mencionado que no hemos formado gerentes ni directores que hayan logrado la excelencia profesional requerida para estas funciones a nivel del Estado. En tercer lugar, es un hecho conocido que hay una gran diferencia económica entre las compensaciones del sector público y privado, por lo que si no hay una adecuada carrera pública (caso BCRP y SBS), será muy difícil atraer y retener profesionales jóvenes y de altas calificaciones en el Estado y si a eso queremos agregarle el impedimento de poder trabajar en el sector privado sino hasta pasados 10 años de haber ejercido función pública, estaremos haciendo más difícil aún la captación de profesionales del más alto conocimiento y experiencia.

Finalmente, pero no menos importante, quien promueve este proyecto es egresado de la universidad de su papi (no licenciada por cierto y altamente cuestionada), con altas sospechas de corrupción, muy ligado al escándalo de “Los cuellos blancos del puerto” (según la prensa 500 llamadas a los “personajes” involucrados directamente y 159 a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura). Debo agregar que su experiencia profesional ha sido siempre de Gerente General de las entidades educativas de su papi y con acusación de apropiación ilícita de dineros de sus trabajadores, pues retuvo el 10% de la remuneración de estos para aporte a las AFP, pero no las pagó.

Nunca mejor aplicada la expresión: El ladrón cree que todos son de su condición.

Ya es tiempo de dejar de fomentar esta, no sólo desconfianza sino animadversión del sector público por el sector privado. Creo que debemos aprender unos de otros y que, en beneficio del Perú juntemos esfuerzos y aprovechemos las fortalezas y capacidades de ambas partes. Aprendamos a ser equipo. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En las últimas décadas hemos podido observar la forma como se ha debilitado el aparato estatal, el que, con honrosas excepciones, ha bajado su calidad profesional y de servicio, mística de sus funcionarios, su experticia y claramente esto se traduce en un impacto negativo en la marcha del país y la lamentable tasa de crecimiento económico del mismo.

Una de las decisiones menos inteligentes en el Perú fue la “regionalización” de Toledo, quien no tuvo mejor idea que decretar la creación de 25 “regiones” (en realidad crearles burocracia a los departamentos) sin un plan, sin definir competencias y sin articular sus funciones y relaciones de dependencia, hacia arriba con el gobierno central y hacia abajo con los gobiernos locales. Mención especial merece la afiebrada tendencia a crear distritos con autoridades elegidas y des-coordinadas respecto a los municipios provinciales.

Igualmente, recordaremos algunos ciudadanos “mayorcitos”, la forma demagógica como el Sr. Alan García, en su segundo gobierno, dispuso la drástica reducción de las remuneraciones de los funcionarios de alto nivel del sector público. Ese fue un hito lamentable, pues un importante contingente de profesionales de alta calidad, comprometidos con el país, con vocación e interés por establecer políticas públicas y con proyección para llegar a ocupar posiciones expectantes en el más alto nivel como funcionarios de Estado, se vieron precisados a retirarse del servicio público.

Ciertamente, profesionales competentes, bien calificados, con experiencia e interés personal por desarrollar una carrera exitosa y deseos de superación personal y familiar, encontraron fácilmente las mencionadas oportunidades de desarrollo profesional en el sector privado; con mejores compensaciones y oportunidades de desarrollo en múltiples sectores de la actividad económica, ampliando el ámbito de sus competencias. Lo lamentable es que, una vez que optaron por la decisión trascendental de retirarse del sector público, con mejor perspectiva y observar luego la forma desastrosa como los distintos gobiernos han manejado la administración pública y vapuleado a sus funcionarios, resulta muy difícil cautivarlos para que se reincorporen al servicio público.

Si observamos a lo largo de la historia del Perú, los sucesivos grupos políticos que llegaron al gobierno no se han ocupado de trabajar en la formación de un equipo sólido de funcionarios de Estado. Obviamente en el aparato estatal del Perú, con las excepciones del Banco Central de Reserva y la Cancillería, las demás organizaciones no tienen escuelas de formación ni le han dado la preeminencia correspondiente a la capacitación de funcionarios de élite del Estado (adrede no incorporó a los institutos armados que cuentan con escuelas de formación en sus distintos niveles).

Los países desarrollados del mundo se han ocupado de constituir un equipo de FUNCIONARIOS DE ESTADO, captando, formando y reteniendo funcionarios de élite, debidamente educados y adoctrinados y que se convierten en elementos casi inamovibles del aparato estatal. Su permanencia no depende de las veleidades ni actitudes caprichosas de algún político advenedizo y menos serán “arrimados” para imponer “funcionarios de confianza”, cuando la administración pública se maneja como el botín de los partidos que resultan electos.

Para ordenar este desastre de la administración pública, debemos aplicar algunas de las recetas que funcionan en los países desarrollados, tales como:

• Reducir el número de “regiones” a no más de seis o siete.
• Dejar de crear distritos y provincias. El menor nivel de autoridad elegida debe ser el Alcalde y regidores provinciales, quienes deben tener mando y control sobre gerentes que debieran gestionar los distritos.
• Establecer una línea de autoridad y mando entre autoridades del gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos provinciales, quienes deben ser el menor nivel de la cadena de autoridades elegidas.
• Este grupo de FUNCIONARIOS DE ESTADO, debe trabajar una clara visión de país, integrada y coordinada de acuerdo al “FODA” de las distintas regiones y provincias, así como establecer el Plan de Desarrollo Nacional, Regional y Provincial, debidamente estructurado y coordinado para sumar todos y en la medida de sus posibilidades, al objetivo nacional.
• La gerencia de los diferentes estamentos antes descrita, debe estar en manos de profesionales de alta calificación en Gestión Pública. Aquí sugiero que los Directores Generales y Directores de los ministerios, al igual que los Directores y Gerentes Regionales y Provinciales, sean profesionales con al menos una Maestría en Gestión Pública, para lo cual el Estado debe formar a los futuros funcionarios públicos de élite, trabajando en convenio con una universidad de alta calidad y reconocimiento.

Una experiencia como ésta, la inauguró Francia durante la gestión de Charles de Gaulle, quien fundó la ENA o Ecole Nacionales d’Administracion. En esta escuela se graduaron Jacques Chirac y Emmanuel Macron, sólo por mencionar a dos personajes de la vida pública francesa. En países como USA, UK o países europeos, para acceder a ser miembro del más alto nivel de la función pública, es exigible una muy alta calificación profesional universitaria, con maestrías y doctorados en muchos casos.  Los países asiáticos no sólo exigen lo mismo, sino que se ocupan de seleccionar desde el pre-grado a sus posibles funcionarios públicos y los envían a educarse a las mejores universidades del mundo (esto lo hace China, Singapur, Malasia, entre otros), para optimizar la calidad de sus funcionarios y mantener una plana directriz de primer nivel.

De otro lado, es indispensable introducir buenas prácticas de gestión que permitan optimizar el gasto público. La mejor práctica es la estandarización de las instalaciones y mobiliario en el sector público, así; los colegios, hospitales y postas médicas, deben contar con planos modelo estándar, acorde a la zona geográfica de instalación (Costa, sierra o selva) y acorde a la población que deban atender. El mobiliario debe ser idéntico y estándar, para contar con producción masiva, de costo competitivo fruto de producción masiva y normalizada. Únicamente así se podrá manejar licitaciones de volumen de implementación y sostenimiento a lo largo de los años. Es increíble, pero, en el Perú cada que queremos un colegio u hospital empezamos por hacer planos distintos para cada caso y por supuesto, los estándares constructivos se debilitan o pasan por alto.

Otra práctica que debemos desterrar es que, unidades ejecutoras del Estado (hoy hay cerca de 4,000) ejecuten obra directa. Tener a pequeñas dependencias estatales ejecutando construcción o efectuando compras independientemente y fuera de estándar, es la mayor fuente de corrupción.

Mientras el gobierno no corrija estas prácticas de organización estatal, reclutamiento de personal directivo, sistemas de ejecución y contratación de proyectos y adquisiciones en el sector público, la corrupción se mantendrá tanto o más robusta que nunca y los enunciados del gobierno no pasarán de ser palabras vacías, lanzadas sin convicción. Si realmente el Presidente ingeniero cree en la lucha contra la corrupción, debe dedicar el año y meses que le quedan en el gobierno, a la ejecución de esta tarea.

¡Obras son amores y no buenas razones! Lampadia

José Urbina
Presidente ANPIEP
Gerente General Corporación Educativa Cruz Saco
Para Lampadia

Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) permiten a los gobiernos comparar sus sistemas educativos frente a otros de países a nivel mundial, lo que resulta relevante ya que se evalúan a los estudiantes de 15 años, analizando si han adquirido los conocimientos y habilidades fundamentales para los desafíos de la sociedad contemporánea, en materias básicas como Lectura, Ciencia y Matemáticas.

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Educación, los resultados han sido muy favorables para nuestro país. En relación al 2015, en Lectura hemos obtenido una mejora de 3 puntos; en Ciencia, de 7.5; y, finalmente, en Matemática, de 13.3. Asimismo, la participación de las instituciones educativas no estatales ha alcanzado el 30%, frente al 25% de la medición anterior.

• En el caso de Lectura, las instituciones educativas no estatales han alcanzado 457 puntos, mientras que las que pertenecen al sector público apenas 381. Si solo se consideraran los logros del sector no estatal a nivel de la región, nuestro país ocuparía el 1° lugar en Latinoamérica, por encima de naciones líderes en esta área como Chile (452), Uruguay (427) y Costa Rica (426).
• Lo mismo ocurre en Ciencias, con 452 puntos para los colegios privados y 388 para los públicos
• Así como en Matemáticas, con 450 puntos para los privados y 383 para los públicos, respectivamente.

Es incuestionable que la educación privada en el Perú realiza enormes esfuerzos a favor del aprendizaje de cada uno de los estudiantes que acoge, y debe resaltarse su aporte que queda demostrado de manera objetiva por los resultados de la prueba PISA. La percepción de la población respecto a la enseñanza privada es positiva. Una encuesta realizada en el 2015, a más de 1200 padres de familia, mostró que el 53% de los apoderados que eligen una escuela no estatal reconocen que su decisión obedece a la exigencia académica y al nivel de los docentes.

De otro lado, es interesante resaltar que China, Singapur, Macao, Hong Kong y Estonia figuran en los primeros lugares de esta Prueba y que Finlandia está en el séptimo lugar, reflejando que aparentemente las metodologías de enseñanza algo más tradicionales –que usan estos países- están dando mejores resultados, lo que puede ser un tema a analizar más adelante.

Ahora bien, si hacemos un análisis de los costos educativos, del total de colegios privados, observamos que solo el 1% cobra una pensión mensual de más de S/ 1,000 soles y el 75% cobra una pensión mensual de menos de S/400 soles. Sin embargo, comparemos con el Estado que gasta por alumno S/500 soles mensuales en promedio y si nos referimos a los COAR, el gasto mensual por alumno, en Lima, es alrededor de S/ 4,000 soles mensuales.

La idea no es decir quién es mejor o peor, si el sector privado o el público, tampoco es afirmar que son competencia. Lo que debe promoverse es la colaboración entre ambos sectores, en lugar de emitir más normas, como la creación de una institución similar a la SUNEDU para colegios, elevar barreras de entrada, o seguir fomentando el no pago de pensiones por parte de los padres de familia (ley de protección a la economía familiar). Esta última, ha llevado a muchas instituciones a una situación insostenible, dificultando el pago de los salarios y capacitación a los docentes, anulando toda posibilidad de seguir invirtiendo para acortar las brechas de infraestructura educativa o hacer innovaciones tecnológicas.

La sinergia entre el sector público y privado es vital para resolver los múltiples problemas que aquejan al sector educativo. Por ejemplo, la anemia y la buena alimentación de los estudiantes (el rendimiento de los alumnos que llegan al colegio desayunando es muy superior a los que no lo hicieron). Otra problemática que aqueja al sector educación es la del número de maestros, que son el motor de la escuela, pero que se estima existe un déficit de 177 mil para el 2021, dado que esta profesión se ha venido a menos por múltiples factores.

Por ello, tan importante como mirar a los países que están en los primeros puestos de esta Prueba, a fin de tratar de copiar sus metodologías, es identificar cuáles han sido las mejores prácticas tanto de nuestros colegios privados como estatales, las que han hecho posible alcanzar los resultados a los que el Perú ha llegado en esta oportunidad. Debemos por ende trabajar en forma conjunta, sector público y sector privado por la CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL PERÚ y por el futuro de nuestros hijos. Lampadia
 

Las crisis de deuda de los sistemas públicos de pensiones aún siguen siendo un problema de las arcas fiscales, inclusive en el mundo desarrollado. Un reciente artículo publicado por The Economist, que compartimos líneas abajo, da cuenta de cómo el financiamiento de las pensiones de los burócratas en EEUU se ha vuelto insostenible ante el incremento de la esperanza de vida, las planillas gubernamentales, entre otras razones.

Y es que, como nos hemos extendido en numerosas oportunidades (ver Lampadia: Lo importante es lograr cobertura universal, El IGV y las pensiones, ONP: Inclusión o Exclusión) el problema de estos fondos es el factor intrínseco de sus estructuras de carácter común, siendo los sistemas de capitalización individuales privados largamente superiores no solo por los retornos que proveen, producto de las inversiones en los mercados de capitales efectuadas, sino también por sus consecuentes altas tasas de reemplazo en relación a los sistemas públicos.

En un contexto de envejecimiento global, que se prevé golpeará con fuerza ya no solo a los países  de ingreso alto sino también al tercer mundo en los próximos años, se hace imperativa la eliminación de estos esquemas, puesto que dependen, fundamentalmente, de un aporte creciente de jóvenes para financiar a la población en edad de jubilación, que además son cada vez, una menos proporción.  El traspaso de los pensionistas a los sistemas de capitalización individual, en los que es posible hacer un tracking de los aportes durante toda la vida laboral a diferencia de las bolsas de fondo común, acabaría progresivamente con los enormes forados fiscales de los sistemas públicos. Creemos que esta es la única solución a este gran problema que acontece en todas las sociedades del globo. Lampadia

El agujero de pensiones multimillonario de EEUU
Las pensiones públicas son lamentablemente insuficientes

El punto de crisis llegará pronto

The Economist
16 de noviembre, 2019
Traducido y comentado por Lampadia

Muchos trabajadores del sector privado ya no los tienen. Pero la mayoría de los empleados del sector público en EEUU todavía tienen derecho a un beneficio valioso: una pensión vinculada a su salario final. Un problema de larga data es que los estados y las ciudades, que financian sus planes de manera diferente al gobierno federal, han sido negligentes al reservar suficiente dinero para cubrir estas promesas.

El agujero negro resultante se está volviendo cada vez más alarmante. Aunque el mercado de valores estadounidense ha alcanzado niveles récord, el fondo de pensiones promedio del sector público tiene un déficit mayor en términos porcentuales que en 2000 o al comienzo de esta década. En algunos estados y ciudades, los esquemas tienen menos del 50% de financiación; Illinois tiene seis de los peores.

El costo de las promesas de pensiones ha aumentado porque las personas viven más tiempo, por lo que terminan sacando más provecho del pozo. Algunos estados y ciudades han respondido tratando de evadir sus obligaciones y reducir los beneficios que obtienen los jubilados, pero los tribunales a menudo han decidido en contra de ellos, dictaminando que un contrato es un contrato. Como resultado, los estados, las ciudades y otros organismos públicos se ven obligados a canalizar cada vez más los planes de pensiones. Después de haber aportado el equivalente al 5.3% de sus facturas de nómina ordinarias en 2001, los empleadores del sector público ahora pagan, en promedio, el 16.5% anual.

Incluso esas contribuciones no han sido suficientes. Los políticos a menudo no han pagado tanto como recomiendan los actuarios. En 2009, los actuarios para el esquema de “Maestros de Illinois” pidieron al estado toser US$ 2,100 millones; pagó solo US$ 1,600 millones. Para 2018, la factura anual había aumentado a US$ 7,100 millones, pero el Estado pagó solo US$ 4,200 millones. El agujero en el esquema de pensiones se profundizó a US$ 75,000 millones en 2018, o alrededor de US$ 6,000 por cada ciudadano en el estado. Y eso es solo para los maestros.

El problema aún podría empeorar. Los planes de pensiones son vulnerables a una recesión del mercado y muchos quedaron tambaleándose después de la crisis financiera mundial de 2008-09. Incluso si los mercados no caen, sufrirían en un largo período de rendimientos lentos. Eso parece plausible dado que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años son solo del 2.4% y las valoraciones de las acciones estadounidenses se extienden en relación con su promedio histórico. Algunos esquemas apuestan por “activos alternativos” como fondos de cobertura y capital privado para llenar el vacío. Pero los retornos de los fondos de cobertura han sido decepcionantes durante la última década, y la industria de capital privado no es lo suficientemente grande como para absorber US$ 4 trillones de activos de pensiones del sector público.

Y hay un problema final: la contabilidad de los esquemas. Al calcular cuánto necesitan reservar hoy, todos los esquemas financiados deben calcular cuánto es probable que paguen en el futuro. Esto significa usar una tasa para descontar el costo de los pagos de pensión de mañana. Cuanto mayor sea la tasa utilizada, menor será el costo. Los planes de pensiones del sector público pueden usar la tasa de retorno de la inversión asumida como su tasa de descuento, a pesar de que todavía tendrán que pagar pensiones, ya sea que obtengan ese rendimiento o no. Naturalmente, esto ha llevado a un cierto optimismo sobre los rendimientos futuros: muchos suponen un 7-7.5% al año.

En el sector privado, una promesa de pensión se considera una deuda y debe descontarse a los rendimientos de los bonos corporativos, que se encuentran en niveles históricamente bajos. Esto hace que las pensiones parezcan más caras y explica por qué muchas compañías han cerrado sus planes de salario final. Si el sector público tuviera que usar el mismo enfoque, su índice de financiamiento promedio sería mucho más bajo que el 72% de hoy y el agujero resultante, actualmente en US$ 1,600 millones, en total sería mucho mayor.

Los organismos públicos tendrán que aumentar aún más sus contribuciones. Un estudio realizado por the Centre for Retirement Research descubrió que en los estados más afectados, Connecticut, Illinois y Nueva Jersey, los costos de las pensiones en 2014 ya representaban el 15% de los ingresos totales. Eso desencadenará una restricción en las finanzas públicas, ya que otros gastos deben reducirse o los impuestos deben aumentarse. Cualquiera será especialmente difícil para las personas más jóvenes y los trabajadores del sector privado, que no obtienen los mismos beneficios.

La crisis de las pensiones ha estado retumbando durante años, pero algunos estados y ciudades pronto entrarán en una espiral descendente, en la que los costos de las pensiones conducen a malos servicios públicos o aumentos de impuestos, lo que a su vez alienta a los trabajadores y las empresas a mudarse y que luego reduce el impuesto base, haciendo promesas aún menos asequibles. Cuando eso sucede, algunos estados y ciudades caerán en un agujero negro. Lampadia

Contra todo pronóstico y a la luz de un creciente calentamiento global cuyos efectos se van haciendo presentes con mayor y menor intensidad en varias regiones de nuestro mundo, las condiciones de nuestros ecosistemas están dadas para que al 2050 las emisiones netas de dióxido de carbono se reduzcan a cero e incluso se tornen negativas hacia el futuro. Pero para lograr ello, será necesario emprender esfuerzos coordinados desde el sector público y privado. Este es el principal mensaje que deja un reciente artículo escrito por el prestigioso economista Jeffrey Sachs, Profesor de Desarrollo Sostenible y Profesor de Política y Gestión de Salud en la Universidad de Columbia, en la revista Project Syndicate (ver artículo líneas abajo).

En él, Sachs señala en primer lugar que tal hecho se haga realidad, previamente se debe dar una transformación en dos frentes principalmente: el sector energético y el sector alimentario. Destaca “La transformación energética y alimentaria combinada permitiría reducir a cero la emisión neta de gases de efecto invernadero a mediados de este siglo, y luego negativizarla conforme los bosques y suelos absorban el dióxido de carbono atmosférico”.

En el frente energético, incidió en la necesidad de que las actividades económicas pasen de abastecerse con fuentes de energía provenientes de combustibles fósiles y generadoras de contaminación, principalmente petróleo y derivados, a fuentes de energía ecoamigables y descarbonizadas como la solar y eólica. A esta opinión queremos complementar que, en el caso del transporte, resulta crítico el impulsar la industria de las baterías de ión-litio, de manera que pueda masificarse el uso de vehículos eléctricos, otra importante alternativa ecoamigable (ver Lampadia: El futuro promisorio de las baterías, Las baterías del futuro de China y EEUU).

En el frente alimentario, propuso una transición de industrias enfocadas en toda la cadena de valor del sector ganadero – uno de los principales responsables de de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial (ver  Lampadia: Las gratas y no gratas sorpresas de la Fundación Gates en el 2018) – hacia la producción de alimentos más sanos y nutritivos, de alto contenido vegetal. Esto no solo ayudaría a detener eventualmente el calentamiento global sino también a prevenir millones de fallecimientos producidos por enfermedades relacionadas a la mala alimentación, así como por las cardiovasculares.

Sin embargo, ambas transiciones se ven limitadas, con especial énfasis la del sector energético, tanto por la falta de pericia por parte de los políticos que aún se muestran obsesionados por el uso de combustibles fósiles, pero también por un sector privado que aún muestra cierta resistencia al cambio, aún cuando no hay región en el mundo que no cuente con suficiente potencial en términos de generación de energía limpia con el consecuente empleo y bienestar que podría generarse a partir de este.

Ante ello, Sachs propone las siguientes acciones conjuntas que apuntan a “educar” tanto al sector público y privado en el uso de energías limpias:

• Determinar el potencial energético renovable de cada país y difundir los potenciales beneficios de su uso.
• Aumentar el financiamiento en investigación y desarrollo para apuntalar la eficiencia en costos de las energías renovables.
• Limitar la emisión de dióxido de carbono así como nuevas instalaciones que usen energías carbonizadas.

En esta línea, consideramos que también podrían explorarse beneficios tributarios en el uso de energías limpias, como una solución de mercado que podría traer interesantes resultados.

En el caso del sector alimentario, como sugiere un ejemplo brindado por Sachs, el camino sería profundizar la investigación en campos como la biología sintética (ver Lampadia: Los avances de la Biología sintética), de tal manera que sea posible “producir” alimentos saludables y altos en proteínas sin derrochar recursos de la ganadería. Todo ello permitirá, con mucha decisión y constancia, tener un mundo libre de emisiones al 2050. Lampadia

Nuestro futuro libre de emisiones

Jeffrey D. Sachs
Project Syndicate
15 de abril, 2019
Glosado por Lampadia

La solución al cambio climático antropogénico por fin está a la vista. Gracias a rápidos avances en tecnologías de generación limpia de energía y en sistemas alimentarios sostenibles, el mundo tiene una oportunidad realista de poner fin a las emisiones de gases de efecto invernadero a mediados de este siglo, por un costo incremental pequeño o nulo, y con beneficios indiscutibles para la seguridad y la salud. El principal obstáculo es la inercia: algunos políticos siguen apoyando a la industria de los combustibles fósiles y a la agricultura tradicional, lo que se debe ante todo a la ignorancia o a la venalidad.

La mayor parte del calentamiento global, y una inmensa carga de contaminación del aire, son resultado de la quema de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas. La otra gran fuente de destrucción ambiental es la agricultura, lo que incluye la deforestación, el uso excesivo de fertilizantes y las emisiones de metano procedentes del ganado. El sistema energético debe pasar del uso de combustibles fósiles altamente contaminantes a fuentes de energía limpias descarbonizadas como la solar y la eólica, y el sistema alimentario debe pasar de la producción de granos para forraje y ganado a otros productos más sanos y nutritivos. Esta transformación energética y alimentaria combinada permitiría reducir a cero la emisión neta de gases de efecto invernadero a mediados de este siglo, y luego negativizarla conforme los bosques y suelos absorban el dióxido de carbono atmosférico.

Alcanzar una emisión neta nula a mediados de siglo, seguida por un nivel de emisión negativo, permitiría limitar el calentamiento global a no más de 1,5 °C respecto de la temperatura preindustrial de la Tierra. Lo preocupante es que el calentamiento ya llegó a 1,1 °C, y la temperatura global aumenta alrededor de 0,2 °C cada década. Por eso el mundo debe llegar a un nivel nulo de emisión neta a más tardar en 2050. La adopción de la energía limpia evitaría cientos de miles de muertes al año derivadas de la contaminación del aire, mientras que el paso a una dieta sana y ambientalmente sostenible puede evitar alrededor de diez millones de muertes al año.

El enorme abaratamiento de la energía solar y eólica y los avances en almacenamiento de la energía ya hacen posible una adopción barata de la energía limpia en todas las regiones del mundo. El costo total de los sistemas de energía renovable, incluida la transmisión y el almacenamiento, ya es comparable al de los combustibles fósiles. Pero los gobiernos siguen subsidiándolos, lo que se debe al cabildeo incesante de las grandes empresas extractoras y a falta de planificación para las alternativas renovables.

El paso fundamental que hay que dar es un aumento masivo de la generación de energía a partir de fuentes renovables, sobre todo la eólica y la solar. Para algunos usos finales de la energía, por ejemplo en motores de autos y calefactores hogareños, se consumirá electricidad directamente; en otros (en industria, navegación, aviación y transporte en camión) se usarán combustibles limpios producidos mediante la electricidad de fuentes renovables. Algunos de los combustibles con emisión neta nula incluyen el hidrógeno, fluidos sintéticos y el metano sintético. En tanto, los establecimientos agrícolas deben pasar a la producción de alimentos vegetales.

La continuidad de la construcción de centrales a carbón en Asia y la deforestación incesante en el sudeste de Asia, África y Brasil suponen un riesgo inmenso y totalmente innecesario para el clima, el aire y la nutrición. A este absurdo se suman la promoción de los combustibles fósiles que hace en EEUU el gobierno de Trump (pese al inmenso potencial que tienen las energías renovables en este país) y la insistencia del nuevo presidente populista brasileño, Jair Bolsonaro, en desarrollar (es decir, deforestar) el Amazonas.

¿Qué hacer entonces?

El paso más urgente ahora es educar a gobiernos y empresas. Los gobiernos nacionales deben elaborar informes técnicos de la capacidad de sus países para poner fin a las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a mediados de siglo. Y empresas y bancos deben examinar con urgencia los fuertes argumentos tecnológicos para la adopción de sistemas energéticos y alimentarios no contaminantes y seguros.

Un importante nuevo estudio muestra que todas las regiones del mundo cuentan con suficiente potencial de generación eólica, solar e hídrica como para descarbonizar el sistema energético. Los países situados a mayor latitud, como EEUU, Canadá, los del norte de Europa y Rusia, tienen una disponibilidad de viento relativamente mayor que los países tropicales. Y todos pueden adoptar el auto eléctrico y usar los nuevos combustibles limpios para impulsar camiones, barcos, aviones y fábricas.

Esta transición energética creará millones de empleos más que los que se pierdan en las industrias basadas en los combustibles fósiles. Los accionistas de empresas como ExxonMobil y Chevron que se nieguen a reconocer la inminente transición energética terminarán pagando un alto precio. En los próximos años, las inversiones que siguen haciendo en combustibles fósiles se convertirán en activos inmovilizados.

Los gobiernos y las autoridades a cargo de los servicios públicos deben exigir que todas las nuevas instalaciones de generación de energía sean descarbonizadas. Conforme las viejas centrales impulsadas por combustibles fósiles envejezcan y se cierren, hay que reemplazarlas con energía limpia en forma competitiva, por ejemplo mediante licitaciones para la generación de energía renovable. China y la India, en particular, deben dejar de construir nuevas centrales a carbón dentro de su territorio, y países exportadores de capital como China y Japón deben dejar de financiar esas centrales en el resto de Asia, por ejemplo en Pakistán y Filipinas.

Las empresas privadas competirán intensamente para reducir todavía más los costos de los sistemas de energía renovable, incluido en esto la generación de energía, su almacenamiento y su uso final en vehículos eléctricos, calefactores y cocinas eléctricas y la nueva economía del hidrógeno. Los gobiernos deben poner límites a las emisiones, y el sector privado debe competir para ofrecer soluciones de bajo costo. Y ambos sectores deben colaborar en la financiación de nuevas iniciativas de investigación y desarrollo que permitan reducir todavía más los costos.

Lo mismo vale para el uso de la tierra. Si Bolsonaro realmente piensa que conseguirá un auge económico en Brasil permitiendo una mayor deforestación del Amazonas para el cultivo de soja y la cría de ganado, se equivoca. Ese plan aislará a Brasil y pondrá a las principales empresas fabricantes de alimentos ante la disyuntiva de dejar de comprar productos brasileños o arriesgarse a una reacción mundial masiva de los consumidores.

La industria de los alimentos ya va en otra dirección: la gran noticia es que Burger King, en un nuevo emprendimiento con Impossible Foods, tiene planes de adoptar la hamburguesa vegetal. Las hamburguesas de Impossible saben igual que las de carne, pero gracias al uso inteligente de la química sobre la base de ingredientes vegetales, los amantes de las hamburguesas pueden disfrutar de su comida favorita y al mismo tiempo salvar el planeta.

La transformación de los sistemas energéticos y alimentarios nos permitirá disfrutar de energía barata y dietas sanas y sustanciosas sin arruinar el medioambiente. Los chicos de secundaria que se manifiestan por la seguridad climática hicieron la tarea. Es hora de que políticos como Trump y Bolsonaro hagan la suya o dejen de ser un impedimento. Lampadia

Traducción: Esteban Flamini

Jeffrey D. Sachs, Profesor de Desarrollo Sostenible y Profesor de Política y Gestión de Salud en la Universidad de Columbia, es Director del Centro de Desarrollo Sostenible de Columbia y de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Sus libros incluyen The End of Poverty, Common Wealth, The Age of Sustainable Development, Building the New American Economy, y más recientemente, A New Policy Foreign: Beyond American Exceptionalism.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Perú no solo tiene la obligación de solidaridad con los venezolanos que ingresan a nuestro territorio, sabiendo por lo demás que su aporte es positivo en términos de actividad económica y empleo, sino que debería aprovechar inteligentemente para nuestro desarrollo y para mejorar los servicios del Estado, las capacidades profesionales de los venezolanos que tenemos en nuestro país, descongestionando de paso la presión que ejercen sobre los mercados laborales de bajos ingresos. 

Resulta que, como podemos ver en el siguiente cuadro elaborado con información vigente al 3 de setiembre, el 80% de los venezolanos que han tramitado o están tramitando el Permiso Temporal de Trabajo (PTP) son profesionales, incluyendo un 8.7% de técnicos y los que se autodenominan “comerciantes”. Y, según información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Migraciones, muchos de esos profesionales lo son en ramas en las que suele haber escasez de talento en nuestro país. Hay ingenieros petroleros, industriales, civiles, ambientales; médicos con diversas especialidades, nutricionistas, profesoras de inicial con doctorados o maestrías, jefes de proyecto, etc.

El problema es que esos profesionales no pueden ser contratados formalmente como tales, ni en el sector privado ni en el público, mientras no convaliden en el Perú sus títulos profesionales o no reciban la colegiatura, sobre todo en el caso de los ingenieros y médicos. Y eso puede ser una odisea que, si alcanza la meta, dura muchos meses. Lo primero, entonces, es montar un procedimiento de validación mucho más sencillo y rápido.

Política migratoria y de trabajo

Pero hay que ir mucho más allá. Se necesita una política migratoria y de trabajo específicas que permita ubicar a estos profesionales y técnicos en los puntos del territorio nacional y en los sectores del Estado y del sector privado que más los necesiten. Es conocida la falta de médicos –y, aún más, de especialistas- en varias regiones del país. También faltan profesores de matemáticas, ciencias e inglés, y especialistas en educación inicial. Para no hablar de las necesidades de la industria de hidrocarburos en cuanto a exploración petrolera y masificación del gas en nuestro país.

Si tal hiciéramos, reduciríamos significativamente la presión que los inmigrantes venezolanos ejercen en el mercado de trabajo de bajos ingresos, desplazando eventualmente de sus empleos a algunos peruanos. Los venezolanos están sobre-calificados para esas labores. En cambio, si se desempeñaran en aquello para lo que tienen competencias, estarían llenando un vacío en lugar de ocupar un espacio ya tomado.

El gobierno acaba de publicar el Decreto Supremo Nº 008-2018-tr que simplifica la contratación por las empresas de extranjeros disponiendo que “Los contratos de trabajo de personal extranjero se consideran aprobados desde su presentación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo a través del sistema virtual de contratos de extranjeros”.

Eso está bien. Pero subsiste una limitación absurda, supérstite de las épocas del proteccionismo, que establece que las empresas nacionales o extranjeras sólo podrán contratar personal extranjero en una proporción de hasta del 20% del número total de sus servidores, y sus remuneraciones no podrán exceder del 30% del total de la planilla de sueldos y salarios (Artículo 4 del decreto legislativo n° 689, ley para la contratación de trabajadores extranjeros). La misma ley establece, sin embargo, que esa disposición no se aplica, por ejemplo, “Al extranjero con visa de inmigrante”. Debió darse un decreto legislativo o debería darse una ley que extienda esa excepción a quienes tiene Permiso Temporal de Trabajo (PTP)

La Superintendencia Nacional de Migraciones está elaborando un proyecto de plan de trabajo multisectorial con el fin de colocar en el mercado laboral especializado a los inmigrantes, pero el gobierno no ha formado un equipo de trabajo precisamente multisectorial para avanzar rápidamente en este tema a fin de capitalizar el aporte profesional venezolano. No se ha percatado aun de la importancia del tema.

Y el problema es que el flujo inmigratorio continúa, y quizá se agrave. El 3 de setiembre Migraciones tenía contabilizados 416,386 ciudadanos venezolanos en nuestro país. Al 15 de setiembre ya eran 446,072. Es decir, habían ingresado 29,686 en 12 días, a razón de 2,474 por día. A ese ritmo, tendremos alrededor de 240 mil venezolanos más a fines de año.

Urgen, entonces, las medidas y la política para colocar a los inmigrantes en los puestos en los que pueden ser más útiles para el país, donde pueden aportar al desarrollo de sectores, empresas y servicios en los que somos deficitarios o tenemos potencial.

No hay apoyo a Migraciones e Interpol demora y no se integra

Pero, además, urge dar apoyo presupuestal a Migraciones a fin de que pueda ponerse al día. Como podemos ver en el siguiente cuadro, de los 446,072 ciudadanos venezolanos presentes en el territorio nacional, solo un 21% tiene el Permiso Temporal de Trabajo (PTP) entregado,

Migraciones no ha recibido un centavo adicional a su presupuesto para manejar esta caudalosa corriente de inmigrantes que saturan sus instalaciones y su capacidad de atención. Su plataforma informática, por ejemplo, ya se encuentra colapsada. Necesitaban alquilar locales para recibir estos contingentes, pero se les recortó el presupuesto. Han tenido que desalojar oficinas del primer piso para destinarlas a recibir a los inmigrantes y atender las 24 horas del día.

Pero el problema principal es Interpol. El asunto es aún más crítico en la Interpol. Pues resulta que para obtener el Permiso Temporal de Trabajo (PTP) se requiere de un certificado negativo de antecedentes penales otorgado por la Interpol. Migraciones, que es muy eficiente considerando los escasos recursos con los que cuenta, otorga el PTP sin demora, pero la certificación de Interpol toma alrededor de 6 meses porque las oficinas locales de la Interpol están absolutamente desbordadas. Evidentemente hay que reforzarlas con más personal. Porque mientras tanto, por supuesto, ya se formaron mafias de policías que estafan a los venezolanos cobrándoles por conseguirles citas que no existen.   

El hecho es que mientras Migraciones atiende 2,500 personas por día, La Interpol apenas puede con 800. Lo increíble es que Migraciones le ha ofrecido a Interpol que se instale en las oficinas de Migraciones y se coloque en la línea de los trámites, para avanzar mucho más rápidamente, para que no tenga que recoger nuevamente la misma información que se da a migraciones -datos biográficos, fotografía, huellas digitales y firma- y les tomen el odontograma allí mismo, pero los policías de Interpol no han querido. Es posible que la razón de la negativa esté en las oportunidades de corrupción que abre el largo tiempo de demora.

La solución provisional que ha encontrado Migraciones a las demoras de Interpol, es otorgar un “acta de trabajo extraordinario”, que permite trabajar y abrir cuenta bancaria, pero que se convierte en PTP recién luego de que Interpol ha verificado antecedentes y ha dado su visto bueno.

Migraciones, que está haciendo un trabajo muy esforzado, creativo y bien estructurado, necesita apoyo del Estado y de la cooperación internacional. Y se requiere una política que permita aprovechar de manera efectiva para el desarrollo del país el capital humano venezolano. Lampadia

En el Perú, a pesar de nuestras grandes debilidades, se ha pretendido desvalorizar el aporte del sector privado a la educación. Esto llegó a extremos durante el gobierno de Humala con la ministra Patricia Salas. Pero, lamentablemente, se mantuvo en gran medida, con los ministros Jaime Saavedra y Marilú Martens, en el gobierno de PPK. (Ver: En defensa de la Educación Privada).

Durante los últimos largos años, los padres de familia han migrado hacia la educación privada para sus hijos, en paralelo al crecimiento de la oferta educativa privada. Tanto así, que hoy, el sector privado invierte en educación más del 3% del PBI, con lo cual ya invertimos, en conjunto, más de 6% del PBI.

En los últimos meses, después de la ominosa huelga magisterial, se ha abandonado el enfrentamiento entre la educación pública y privada, pero estamos lejos de entender el gran beneficio que podríamos lograr de una alianza entre ambos sectores.

Para hacernos reflexionar sobre el tema, líneas abajo presentamos un artículo de The Economist sobre la reforma “frenética” de la educación en Pakistán, basada fundamentalmente en una apertura total al aporte de la educación privada.   

La educación pública en Pakistán adolece de graves problemas de calidad. Tienen grandes dificultades con el nivel y actitud de maestros, malos currículos, mafias de maestros que impiden una mejora en los alumnos, manejo político del magisterio; contrastadas, como en el Perú, con una masiva reacción de los padres de familia que llevan a sus hijos a escuelas privadas.

En Punjab, la migración a las escuelas privadas es altísima. ¿Qué han hecho para resolver este problema? Decidieron incluir al sector privado en la reforma de la educación nacional. Actualmente, la concesión de escuelas a empresarios y organizaciones benéficas va en aumento en todo el país.

Gracias al apoyo del sector privado, el gobierno de Punjab ya no abre nuevas escuelas; todo el crecimiento es a través de escuelas privadas, la cuales ahora enseñan a más de 3 millones de niños (aproximadamente 11 millones más permanecen en escuelas ordinarias administradas por el gobierno).

Sin embargo, a diferencia del Perú, donde los problemas de la educación pública son muy similares, en la Pakistán, a nadie se le ocurre trabar el desarrollo de la educación privada, que crece aceleradamente. Veamos el artículo sobre la educación en Pakistán. Lampadia

Reforma escolar

Pakistán emprende la reforma educativa más frenética del mundo

Los reformadores están tratando de compensar una negligencia de generaciones 

The Economist
4 de enero, 2018
Traducido y glosado por Lampadia

Cada tres meses, Shahbaz Sharif, el primer ministro de Punjab, reúne a los funcionarios de educación alrededor de una gran mesa rectangular. La mayor de las cuatro provincias de Pakistán, Punjab, la más grande en términos de población (110 millones), está reformando sus escuelas a un ritmo que rara vez se ve en cualquier parte del mundo. En abril de 2016, como parte de su último plan, los proveedores privados se hicieron cargo de la administración de 1,000 de las escuelas primarias del gobierno. Hoy el número es 4,300. Para finales de este año, Sharif ha decretado que serán 10,000. Los “inventarios” trimestrales son su oportunidad de escuchar qué progreso se está logrando hacia este y otros objetivos, y si la reforma radical está teniendo algún efecto.

Para los funcionarios, puede ser un viaje difícil. Los líderes de los pujantes distritos son llamados a Lahore a lo que Allah Bakhsh Malik, el secretario de educación de Punjab, llama una “charla de ánimo”. Cuando se le pregunta qué implica eso, responde: “Cuatro palabras: F-I-R-E (Fuego). Es la supervivencia del más apto. “Alrededor del 30% de los jefes de distrito han sido despedidos por los malos resultados en los últimos nueve meses, dice Malik. “Estamos trabajando a la velocidad de Punjabi”.

La educación paquistaní ha sido atroz durante mucho tiempo. Una escuela administrada por el gobierno en las afueras de Karachi, en la provincia de Sindh, es quizás la peor que haya visto su corresponsal. Un poco más de una docena de niños de seis o siete años se sientan detrás de escritorios en un salón de clases. Nadie está usando un uniforme; la mayoría no tiene mochilas escolares; algunos no tienen zapatos. No hay un maestro a la vista.

La mayoría de los niños paquistaníes abandonan la escuela a la edad de nueve años; solo el 3% de los que comienzan la escuela pública se gradúan de 12° grado. Las niñas de familias pobres tienen menos probabilidades de asistir (ver tabla); en Pakistán la brecha entre la matrícula de niñas y niños es, después de la de Afganistán, la más grande en el sur de Asia. Los que están en la escuela aprenden poco. Solo cerca de la mitad de los paquistaníes que completan cinco años de escuela primaria saben leer y escribir. En las zonas rurales de Pakistán, poco más de las dos quintas partes de los estudiantes de tercer grado, generalmente entre 8 y 9 años, tiene suficiente conocimiento de aritmética para restar 25 de 54. Como era de esperar, muchos padres se han alejado del sistema. Hay aproximadamente 68,000 escuelas privadas en Pakistán (alrededor de un tercio de todas las escuelas), frente a las 49,000 en 2007. El sector privado paga actualmente por más educación que el gobierno.

En parte, la difusión de opciones privadas ha impulsado a políticos como Sharif a la acción. La conceción de escuelas a empresarios y organizaciones benéficas va en aumento en todo el país. Es demasiado pronto para juzgar los resultados de esta sacudida masiva, pero parece mejor que el lamentable status quo. Si esta reforma logra avances reales en los problemas de inscripción, calidad y discriminación contra las niñas que atormentan a Pakistán, puede ser una plantilla para otros países igualmente afligidos.

Hay muchas razones para el fracaso del sistema anterior. De 2007 a 2015 hubo 867 ataques de terroristas islamistas en instituciones educativas, de acuerdo con la base de datos global de terrorismo administrada por la Universidad de Maryland. Cuando los talibanes paquistaníes controlaban el valle del río Swat en el norte del país, cerraron cientos de escuelas para niñas. Cuando el ejército retomó el área, ocupó docenas de ellos.

La pobreza también detiene a los niños. Enfrentado a una elección entre tener una ayuda infantil en el campo o no aprender nada en la escuela, muchos padres eligen racionalmente la primera opción. La diferencia en la matrícula entre los niños del quinto superior y el quinto más pobre de los hogares es mayor en Pakistán que en todos menos dos de los 96 países en desarrollo analizados recientemente por el Banco Mundial.

Sin embargo, la pobreza no es el factor decisivo. Es la enseñanza. Investigaciones de Jishnu Das, del Banco Mundial, y sus colegas han descubierto que la escuela a la que asiste un niño en las zonas rurales de Pakistán es mucho más importante a la hora de explicar los resultados de las pruebas que los ingresos de los padres o su nivel de alfabetización. En un documento publicado en 2016, Das y Natalie Bau de la Universidad de Toronto estudiaron el rendimiento de los maestros en Punjab entre 2003 y 2007 que fueron contratados con contratos temporales. Resultó que sus alumnos no lo hacían peor que los que enseñaban los regulares, a pesar de que los profesores temporales a menudo eran comparativamente inexpertos y cobraban un 35% menos.

Los salarios de los docentes representan al menos el 87% del presupuesto de educación en las provincias de Pakistán. Mucho de ese dinero se desperdicia por completo. Los partidos políticos de Pakistán reparten los trabajos docentes como una forma de reclutar trabajadores electorales y recompensar a los aliados. Algunos maestros pagan por trabajar: 500,000 rupias ($ 4,500) solía ser la tasa vigente en Sindh. En la cumbre del problema hace unos años, se estima que el 40% de los docentes en la provincia eran “fantasmas”, embolsándose un salario y no apareciendo.

“Los resultados de aprendizaje de los alumnos no son políticamente importantes en Pakistán”, dice el líder de una gran organización educativa. Graft no es el único problema. Los políticos han tratado a las escuelas con una mezcla de abandono y capricho. Las escuelas privadas han sido nacionalizadas (1972) y desnacionalizadas (1979); el Islam se ha insertado y eliminado como la parte principal del plan de estudios. El lenguaje de instrucción también ha variado; Punjab cambió de urdu a inglés, solo para volver al urdu. Sindh, donde los profesores que a menudo son hablantes de sindhi pueden tener dificultades para enseñar urdu, anunció en 2011 que el mandarín sería obligatorio en las escuelas secundarias.

Escolarización

Es en este contexto es que se han desarrollado organizaciones como The Citizens Foundation (TCF). La organización benéfica maneja quizás la red más grande de escuelas administradas independientemente en el mundo, educando a 204,000 alumnos en escuelas sin fines de lucro. También es el mayor empleador de mujeres de Pakistán fuera del sector público; en un esfuerzo por hacer que las niñas se sientan más seguras en clase, todos los 12,000 maestros de TCF son mujeres. En su sucursal Shirin Sultan Dossa, cerca de un barrio pobre en las afueras de Karachi, las niñas pueden defenderse. En el recreo de la cancha de críquet, juegan en el campo con los niños.

En 2016 TCF abrió su primera “universidad” para jóvenes de 17 y 18 años en este campus, en un intento por mantener a los alumnos más pequeños e inteligentes en la escuela por más tiempo. Todos los días lleva a 400 estudiantes universitarios de toda la ciudad. Construye escuelas usando una plantilla estándar, por lo general recaudando alrededor de $ 250,000 para cada uno de los donantes; recluta y entrena a maestros; y escribe sus propios planes de estudios.

Desde 2015, TCF se hizo cargo de más de 250 escuelas públicas en Punjab, Sindh y Khyber Pakhtunkhwa. Obtiene un subsidio de alrededor de 715 rupias por mes por niño, que se completa con donaciones. Hasta ahora ha aumentado la matrícula promedio en las escuelas de 47 a 101 alumnos, y los resultados de las pruebas han mejorado.

La concesión de escuelas estatales para TCF es solo una parte de las recientes reformas del gobierno de Sindh. “Hace tres años tocamos fondo”, dice un burócrata de alto rango, señalando que 14,000 trabajos de enseñanza se habían distribuido en un año a los partidarios del gobernante Partido del Pueblo de Pakistán. Desde entonces, ha utilizado un registro de asistencia biométrica para eliminar a 6,000 maestros fantasmas de las nóminas, y ha fusionado 4,000 escuelas escasamente atendidas en 1,350. A través de Sindh Education Foundation, un organismo gubernamental independiente, está financiando “asociaciones público-privadas” que abarcan 2,414 escuelas y 653,265 alumnos. Además del programa de subcontratación, los esquemas subsidian a los niños pobres para que asistan a escuelas privadas baratas y paguen a los empresarios para que establezcan nuevas en áreas desatendidas.

Esta política fue evaluada en un documento de Felipe Barrera-Osorio de la Universidad de Harvard y sus colegas publicado en agosto pasado. Los investigadores encontraron que en las aldeas asignadas al plan, la matrícula aumentó en un 30% y los puntajes de las pruebas mejoraron. Los padres elevaron sus aspiraciones: comenzaron a querer que las hijas se convirtieran en maestras, en lugar de amas de casa. Estos resultados se lograron a un costo por alumno comparable al de las escuelas del gobierno. “El desafío educativo de Pakistán no está gastando poco, está gastando mal “, dice Nadia Naviwala del Centro Wilson, un think tank.

Si bien Sindh ha sido pionero en muchas políticas, Punjab las ha llevado más lejos. La Fundación de Educación de Punjab (PEF), otro organismo cuasi independiente, supervisa algunos de los programas más grandes de privatización escolar del mundo. Tiene un asiento con los ministros y administradores en las reuniones trimestrales de Sharif. El gobierno de Punjab ya no abre nuevas escuelas; todo el crecimiento es a través de estas escuelas privadas. Las escuelas supervisadas por el PEF ahora enseñan a más de 3 millones de niños (aproximadamente 11 millones más permanecen en escuelas ordinarias administradas por el gobierno).

Este uso del sector privado se combina con el comando y control de Sharif, respaldado por el Departamento Británico para el Desarrollo Internacional, que ayuda a pagar el apoyo de McKinsey, una consultora, y Sir Michael Barber, que dirigía el primer ministro británico. El último balance reportó un aumento “sin precedentes” del 10% en la inscripción en la escuela primaria desde septiembre de 2016, 68,000 maestros adicionales seleccionados “por mérito” y un aumento constante en la proporción de respuestas correctas en una prueba semestral de literatura y aritmética.

Algunos están preocupados por el estrés en el cumplimiento de los objetivos dew este modelo de “entregalogía”. Por un lado, la evaluación independiente del éxito del sistema es difícil. Das argumenta que no hay evidencia de fuentes públicas que respalde las afirmaciones de Punjab sobre la mejora de la matrícula desde 2010. Tampoco el temor provocado por Sharif siempre conduce a una autoevaluación franca: algunos funcionarios pueden eludir las cifras. Naviwala señala que dos de los distritos de peor desempeño en la primavera de 2015 de alguna manera se convirtieron en los de mayor rendimiento unos meses más tarde. Sugiere que las reformas similares en Khyber Pakhtunkhwa basadas en datos pueden tener mayores posibilidades de éxito, ya que dependen menos de los caprichos de un solo ministro. Por su parte, Punjab y sus patrocinadores internacionales insisten en que los datos son precisos y que los demás datos disponibles públicamente están desactualizados.

Nadie piensa que todo está arreglado. A la vuelta de la esquina de la escuela primaria, en las afueras de Karachi, hay otra escuela privada, cuidadosamente seleccionada para la visita de su corresponsal por parte de los funcionarios. En las clases de matemáticas, los libros de ejercicios de los alumnos están vacíos para la última quincena. Las sumas no cuadran; las respuestas están simplemente copiadas. El director parece preocuparse más por su nueva sala de audiovisuales, cuya pantalla no es para los alumnos, sino para él: un panóptico de contrabando, con seis alimentaciones CCTV que se muestran en una pantalla montada en la pared. Esta es una forma efectiva de lidiar con fantasmas. Pero a medida que la cabeza explica lo grandiosos que son sus maestros, uno de ellos se dirige a un chico al frente de su clase y lo golpea en la cabeza.

Sin embargo, incluso si hay un montón de fanfarronadas y un largo camino por recorrer, el hecho de que los políticos estén puliendo su reputación a través de los servicios públicos, es un paso adelante. Y si hay un poco de exageración en Punjabi, entonces ese puede ser un precio que vale la pena pagar. Durante demasiado tiempo, los niños pakistaníes han sufrido porque los políticos han tratado a las escuelas como herramientas políticas. Merecen algo mucho mejor. Lampadia

La educación pública en la India adolece de graves problemas de calidad. Tienen grandes dificultades con el nivel y actitud de maestros, malos currículos, sindicatos poderosos que actúan disfuncionalmente, y una masiva reacción de los padres de familia que llevan a sus hijos a escuelas privadas.

En Uttar Pradesh, la migración a las escuelas privadas casi vació las públicas. Pero cuando se sugirió que los maestros sin alumnos se trasladaran a las escuelas que los necesitaran, ellos organizaron protestas violentas y el Estado retrocedió. [Siguió pagando a maestros en escuelas sin alumnos]

Sin embargo, a diferencia del Perú, donde los problemas de la educación pública son muy similares, en la India, a nadie se le ocurre trabar el desarrollo de la educación privada, que crece aceleradamente (en cinco años la matrícula privada aumentó en 17 millones y la pública cayó en 13 millones).

Lamentablemente, en el Perú, desde el gobierno de Humala, la ideología estatista regresó con mucha fuerza al ministerio de Educación. Primero tuvimos a la ministra Patricia Salas que polarizó de tal manera las cosas, que se generó una reacción negativa. Pero su sucesor. Jaime Saavedra, que corrigió una serie de aspectos, mantuvo una inexplicable actitud negativa hacia la educación privada, al punto de que negaba y ocultaba su contribución con una inversión del orden del 3% del PBI. Además llenó el ministerio con asesores y consultorías de la PUCP, la universidad peruana que hoy concentra y promueve el pensamiento estatista.

Desafortunadamente, la actual ministra Marilú Martens, no ha corregido la orientación del ministerio en la que acompañó previamente a Saavedra. Hoy la educación peruana está anclada con un pésimo currículo, seguimos con la influencia estatista de la PUCP, no se promueve el aporte del sector privado, y a nivel universitario nos hemos quedado con una suerte de abusiva dictadura del Sunedu, le otorga licencia a una universidad estatal de Ayacucho que no opera, no tiene local y no cumple con ninguna regulación, pero escamotea las licencias de universidades privadas.

En educación escolar, en Lampadia hemos reiterado nuestra propuesta de hacer un “Pacto Social por la Educación”, pero nadie del ministerio se allana a, siquiera conversar al respecto.

 Veamos si el ejemplo de la India genera alguna reacción en el Perú:

Desperdiciando las mentes indias
India universalizó la educación, pero no lo hizo bien

El sistema escolar más grande del mundo es también uno de los peores

The Economist
8 de Junio, 2017
Traducido y glosado por Lampadia

En 1931 Mahatma Gandhi ridiculizó la idea de que la India podría llegar a tener educación primaria universal “en un siglo”. Desde 1980, la proporción de adolescentes indios que no han llevado estudios escolares ha caído de aproximadamente del 50% al 10%. Un gran éxito para un país con más niños en edad escolar (260 millones) que cualquier otro.

Sin embargo, la India les ha fallado a estos niños. Muchos aprenden muy poco en la escuela. India puede ser famosa por sus médicos e ingenieros de élite, pero casi la mitad de sus niños de nueve años no puede hacer una simple suma de ocho más nueve. La mitad de los niños de diez años no pueden leer un párrafo para niños de siete años. A los 15 años, los alumnos de Tamil Nadu y Himachal Pradesh están cinco años por detrás de sus compañeros en Shanghai. El joven promedio de 15 años de estos estados estaría en el 2% inferior de una clase de EEUU. Con pocas personas de edad avanzada y una tasa de natalidad decreciente, la India tiene una alta proporción de jóvenes: el 13% de sus habitantes son adolescentes, en comparación con el 8% en China y el 7% en Europa. Pero si sus escuelas siguen siendo pésimas, ese bono demográfico se desperdiciará.

Durante mucho tiempo, la India ha tenido un sistema de educación desequilibrado. En la época colonial, los británicos establecieron universidades para capacitar a los funcionarios públicos, al tiempo que descuidaron las escuelas. Los primeros líderes electos de la India ampliaron este sistema, invirtiendo dinero en universidades de primera categoría para suministrar ingenieros a las industrias estatales. Por el contrario, los tigres asiáticos como Corea del Sur y Taiwán se centraron en las escuelas. Últimamente, la India ha hecho más para ayudar a los que quedaron atrás. Entre el  2011 y 2015, el gasto en las escuelas aumentó en un 80%. La tasa de alfabetización ha aumentado del 52% en 1991 al 74% en 2011. Los almuerzos escolares gratuitos (uno de los programas nutricionales más importantes del mundo) ayudan a millones de alumnos que de otra manera podrían tener demasiado hambre como para aprender.

Pedagogos sin piedad

Sin embargo, la calidad de las escuelas sigue siendo un escándalo. Muchos profesores simplemente no están a la altura del trabajo. Desde 2011, cuando el gobierno introdujo una prueba para los aspirantes a profesores, el 99% de los solicitantes fracasaban todos los años. Los currículos son reliquias excesivamente ambiciosas de una época en la que sólo unos pocos escogidos asistían a la escuela. Puesto que los alumnos suben de grado automáticamente cada año, los profesores no se molestan en asegurarse de que entiendan sus lecciones. Los poderosos sindicatos de maestros (que tienen escaños garantizados en algunas legislaturas estatales) empeoran las cosas. Los salarios de los docentes, ya altos, se han más que duplicado en las dos últimas rondas de negociaciones salariales. Algunos profesores, habiendo pagado sobornos para ser contratados, tratan el trabajo como una sinecura. Sorprendentemente, un 25% de ellos se ausentan todos los días.

Frustrados por el sistema gubernamental y, a la vez, deseosos de que sus hijos aprendan inglés, los padres de familia han recurrido a escuelas privadas bilingües de bajo costo. En cinco años, su matrícula ha aumentado en 17 millones, frente a una caída de 13 millones en las escuelas públicas. Las escuelas privadas pueden ser tan buenas o aún mejores que las escuelas públicas a pesar de tener presupuestos mucho más pequeños. En Uttar Pradesh, la migración a las escuelas privadas casi vació las públicas. Pero cuando se sugirió que los maestros sin alumnos se trasladaran a las escuelas que los necesitaran, ellos organizaron protestas violentas y el Estado retrocedió.

La India gasta cerca de 2.7% del PBI en las escuelas, una proporción más baja que muchos países. Narendra Modi, el primer ministro, prometió aumentar el gasto en educación hasta el 6%. Sin embargo, el dinero extra se desperdiciará si no viene acompañado de reformas en tres áreas: La primera es asegurarse de que los niños reciban las enseñanzas correctas. Los planes de estudios deben ser más sencillos. No se puede dejar que los alumnos pasen de año sin dominar las materias. Los “campamentos de aprendizaje” para remediación, como los gestionados por organizaciones benéficas como Pratham, pueden ayudar, al igual que la tecnología: por ejemplo, EkStep, una empresa filantrópica, ofrece a los niños acceso digital gratuito a los materiales de enseñanza.

La segunda tarea es hacer que el sistema sea más meritocrático y responsable. Los maestros deben ser reclutados por sus talentos, no por sus conexiones. Deben ser mejor entrenados y recompensados ​​sobre la base de lo que realmente aprenden los niños. El gobierno debería usar medidas más rigurosas para averiguar cuales de los esfuerzos burocráticos y caritativos hace la diferencia. Y los responsables de las políticas públicas deberían hacer más para ayudar a los educadores privados de buena calidad, el tercer ámbito de la reforma. Los ‘vouchers’ y las asociaciones público-privadas podrían ayudar a los mejores operadores de escuelas privadas de bajo costo a expandirse.

El gobierno de Modi ha hecho señales alentadoras acerca de endurecer la rendición de cuentas y mejorar los currículos. Pero, preocupado con los sindicatos, sigue siendo demasiado cauteloso. La autoridad sobre la educación está dividida entre el gobierno central y los estados, por lo que Modi no es omnipotente. Pero podría hacer mucho más. Su promesa de crear una “nueva India” será hueca si su país sigue atascado con escuelas del siglo XIX. Lampadia

“Si cree Ud. que la educación es cara, pruebe con la ignorancia”
Derek Curtis, Ex-presidente de Harvard

Uno de los temas que más hemos analizado, difundido y contrastado en Lampadia, es el de la educación. Lamentablemente, en el Perú y la región latinoamericana, el control de la educación por parte de los gobiernos y/o los gremios magisteriales, se ha convertido en un objetivo político. De igual manera, los intelectuales autonombrados como ‘progresistas’, han encontrado en ella, fuentes rentables de vida.

El resultado de años de sembrar los mitos de que la educación es responsabilidad exclusiva del Estado, que ofrece educación gratuita y acceso universal, ha calado en la opinión pública y en los medios, y es muy difícil encontrar un político que se atreva a contradecir el ‘pensamiento guía’.

Mientras el Perú se mantuvo en la pobreza, no se pudo contrastar estos mitos, pero apenas se consolidó una clase media emergente y aspirante, la matrícula escolar empezó a migrar hacia la educación privada, asumiendo los padres de familia, un costo que evidentemente, era consideraban como una inversión “en mis alcancías que son mis hijos” (Revista Éxito).

Igualmente, en educación superior, se dinamizó la oferta, en una competencia innovadora y de valor agregado, largamente reconocida por el estudiantado.

Sin embargo, desde el inicio del gobierno nacionalista, se profundizó una suerte de sabotaje a la educación privada en todos sus estamentos. Esta absurda gesta fue inicialmente liderada, sin disfraces ni escrúpulos, por la ministra Patricia Salas. Pero luego, de la mano de Jaime Saavedra, un ‘experto internacional’, el asunto se complicó mucho más, pues con una estrategia más inteligente, sofisticada e hipócrita, logró posicionarse como un referente del destino de la educación en el Perú.

Saavedra nunca aceptó críticas, no era dialogante, y calladamente impuso un modelo educativo anti moderno, plano y regimentado, tanto a nivel escolar, como universitario. Nos hizo creer que la educación estaba en buenas manos y, lógicamente, la sociedad se respaldó en su gestión, descuidando la reforma más importante para que los peruanos nos acerquemos a los mejores estándares educativos del mundo.

La sombra de Saavedra llegó a ser tan densa, que el nuevo gobierno, no tuvo mejor idea que mantenerlo en el ministerio. Luego de un proceso político (la censura), en el que Lampadia no participó, pues nuestro cometido es promover una verdadera revolución educativa, el ministro fue reemplazado por la señora Marilú Martens, una cercana colaboradora de Saavedra.

En Lampadia, a pocos meses del inicio de su gestión, todavía guardamos la esperanza de que la ministra Martens, con la sutileza de una dama inteligente, pueda ‘enmendar entuertos’ y convocar una cooperación sin prejuicios entre los sectores público y privado.

Ahora queremos compartir una lúcida defensa de la educación privada, presentada  pocos días atrás, por Gonzalo Galdos en el II Foro de Educación Superior –FIPES. Galdos es un educador universitario y promotor de escuelas privadas accesibles a la población de los sectores emergentes. Ver su presentación: Trascendencia de la inversión privada en la educación.

De dicha presentación, queremos destacar algunos elementos importantes en nuestro afán de aplanar el terreno entre la educación pública y privada, que nos ayude a superar ese absurdo enfrentamiento político de agentes del Estado con los emprendedores educativos del sector privado. Veamos:

1-La pugna entre la educación pública y la privada
“Ambas proclaman unilateralmente tener la solución a los desafíos educativos de nuestra sociedad”

2-Desafíos de la educación en el contexto de una Demanda Creciente
–Cobertura
–Inclusión
–Modelo
–Calidad

3-La falacia del modelo único de educación ​​
¿En un contexto de demanda insatisfecha?
¿Inhibiendo el aporte privado?
“Nunca ha existido un modelo único de educación”

4-El desafío de la Inclusión
Cómo los Estados no han atendido, ni en cantidad ni en calidad, a la nueva demanda… las familias, a pesar del pago empezaron a enviar a sus hijos a estudiar en instituciones privadas

5-El desafío del Modelo
Proclama dogmática y populista de las izquierdas en América Latina:
“No podemos permitir el lucro en la educación”
(Lucro: Ganancia o provecho que se saca de algo. RAE)
Capturar el control de la educación en Latinoamérica es un objetivo político fundamental de la izquierda radical.

6-Los que lucran de la educación y los que lucran a costa de la educación

7-¿Existe la educación sin  Lucro?

La demanda seguirá creciendo, la oferta seguirá siendo limitada y las universidades privadas seguirán compitiendo en segmentos donde hay poca, nula o deficiente oferta pública. Por lo tanto, el  énfasis del Estado debería darse en la cobertura, eficacia y calidad de las universidades e instituciones publicas en general.

No existe educación sin lucro ni educación gratuita.
Una educación de calidad tiene un costo significativo.

8-El desafío de la Calidad
–Las instituciones educativas públicas están centradas en el currículo, los contenidos y los procesos.
–Las instituciones educativas privadas, en general, están enfocadas en el perfil del alumno, la  metodología y  la suficiencia de conocimientos.
–Las instituciones educativas deberían estar enfocadas en el perfil del egresado (conocimientos, competencias y valores).

9-El aporte trascendente de la Educación Privada
–La Constitución fijó incentivos para la inversión privada en educación, pero en realidad lo que la sociedad recibió a cambio fue y es un subsidio privado para atender una demanda que el Estado no pudo ni puede atender.
–20 universidades peruanas poseen incubadoras y centros de innovación, 18 son de universidades privadas.
–La educación privada compite por brindar:

• Mejor cobertura
• Nuevas dimensiones pedagógicas
• Eficiencia y eficacia en el uso de recursos
• Capacidad de gestión
• Cultura de servicio
• Servicios académicos y administrativos
• Alineamiento con la demanda laboral
• Especialización profesional
• Movilidad social
• Dinamismo competitivo en el sector

10-Porqué es necesaria la inversión privada en educación
–El desarrollo de una sociedad es proporcional a la educación de calidad que brinda a las personas
–La reforma educativa es  costosa y compleja
-Los menores de 19 años son el 37% de la población
–La población urbana pasó en 35 años de 65% a 77%
–La educación de calidad es tarea de todos

Lampadia