En esta ocasión publicamos la presentación del autor del primer libro de Lampadia, Sebastiao Mendonca Ferreira, del 14 de marzo pasado en el Club de la Banca. En dicha ocasión contamos también con las presentaciones de Renzo Rossini, Gerente General del Banco Central de Reserva y de Carlos Gálvez, ex presidente de la SNMPE.

Como hemos comentado anteriormente, el libro recoge un largo esfuerzo de sistematización del análisis de la naturaleza de la conflictividad minera que hemos desarrollado en Lampadia con Mendonca Ferreira. El material de base del libro, forma parte de nuestra biblioteca virtual sobre Recursos Naturales y Desarrollo, en la que hemos dado una importancia especial a los aspecto de conflictividad.

En uno de sus mejores momentos históricos, el Perú de la primera década del siglo XXI, ha sido víctima de una hábil maniobra para desdibujar los beneficios de su desarrollo, acusándolo de tener un ‘pernicioso modelo primario exportador’ y, caracterizando a la minería, su principal motor de crecimiento, como una actividad que no agrega valor económico, no genera empleo, como una actividad de tipo enclave que descuida el medio ambiente, succiona nuestra riqueza para las multinacionales sin dejar nada a las poblaciones locales y, no cuida los impactos sociales de sus operaciones.

Buena parte de la explicación de este proceso, difícil de entender, es que hemos permitido que para ciertos grupos de interés, sea más económico extraer (conseguir) ingresos del sector de mayor productividad, el primario, que lograrlos desarrollando actividades productivas. En otras palabras, estos grupos, asociándose a ONGs extranjeras que promueven formas de vida bucólica lejos de sus tierras, extorcionando a las empresas extractivas o creando conflictos (político) sociales, generan ingresos y/o  posicionamiento mediático o movilidad política, incluso sin que los delitos que puedan cometer, conlleven costos que inhiban dichos comportamientos.

En el libro y la presentación del mismo, Sebastiao Mendonca Ferreira, aclara con lucidez, los elementos que permiten acercarse a un mejor entendimiento a este fenómeno que ya ha hecho mucho daño en el Perú.

Quienes lean el libro podrán apreciar que sus ideas están marcadas por las expectativas de que un nuevo gobierno pudiera tomar acciones efectivas de superación de la conflictividad. A continuación, compartimos unas breves láminas de la presentación del libro, que expresan algunas de ideas centrales.

Ver la presentación en el siguiente enlace: “Para Reducir la Conflictividad Minera”

A continuación compartimos algunas láminas de la presentación, incluyendo la transcripción de los textos:

2-Bloqueo de Motor de Desarrollo

“A pesar del gran potencial minero del Perú, varios de los grandes proyectos mineros han sido bloqueados, y varios otros están bajo amenaza. Son decenas de miles de millones de dólares que, en vez de venir al Perú, migran a otros países y cientos de miles de puestos de trabajo que se pierden por ese clima hostil a la minería. Proyectos de alta tecnología que podrían operar como vectores de desarrollo tecnológico del país son impedidos de realizarse, u operan bajo constante amenaza de conflicto y uso de violencia. Regiones enteras, como Cajamarca, que podrían estar progresando, quedan perdidas en el pasado y en la pobreza, y otras como Apurímac, puede ver su aspiración histórica de salir de la pobreza anuladas por la conflictividad.”

4-El daño a la legitimidad

“Los daños producidos por la conflictividad no se reducen a las pérdidas económicas y sociales, afectan también la legitimidad de la actividad minera. Sin legitimidad social ninguna institución o empresa logra estabilidad en el largo plazo.”

6- Los 4 actores de la conflictividad

“El esquema tradicional de tres actores (comunidades, empresas y Estado) son insuficientes para explicar la conflictividad minera. El esquema completo considera cuatro grupos de actores: (1) Los actores locales y regionales, que incluyen a las comunidades, pero que también incluyen a los sectores medios, los medios, el marco institucional y político regional. (2) las empresas mineras, (3) El Estado y las instituciones ligadas a la minería, y (4) los grupos anti-mineros, que buscan pasar como invisibles.”

12- Para reducir la extracción de rentas

“Para reducir la extracción de riqueza hay que bajar la rentabilidad y aumentar los costos de los conflictos. Para bajar su rentabilidad, hay que asumir un enfoque preventivo, evitando que ocurran, y si ocurren, evitando que usen la violencia. Respecto a la violencia es aún más importante tener un enfoque preventivo, pues es a través de la violencia que los conflictos escalan. Para aumentar los costos de los conflictos lo más importante es evitar la impunidad en el uso de la violencia. Es decir, quienes usen la violencia deben pagar las consecuencias legales. Sin poder usar la violencia, todo se hace más difícil para los anti-mineros, y ellos lo saben. Para inclinar el sistema de incentivos hacia la producción de riqueza es necesario, mejorar para los productores locales el acceso al mercado y dar señales a la población de que el progreso es posible.”

18- El desarrollo Compartido es Posible

“La conflictividad puede bloquear el desarrollo minero. Para superarla es necesario conocer y enfrentar a los intereses ideológicos, políticos y económicos que la alimentan, y las condiciones legales e institucionales que la viabilizan. Serí2a una tragedia social si el Perú se ve impedido de aprovechar su potencial minero por el predominio de ideas mezquinas y dinámicas sociales del pasado. Hoy, ya hay suficientes experiencias, exitosas o no, que pueden ser aprendidas para clarificar el camino hacia el futuro. Para avanzar en ese camino se necesita tener visión, y poner en marcha acciones coherentes.”

Adicionalmente, compartimos el video de la presentación de Sebastiao Mendonca Ferreira:

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Jaime de Althaus
Para Lampadia

Acompañado de 200 funcionarios y empresarios nacionales, el ministro en Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, acudió a la convención minera de Toronto a persuadir a las empresas mineras del mundo a invertir en el Perú. Llevaba esta vez como argumento el índice de los países más atractivos para la inversión minera, en el que el Perú había mejorado 8 puestos pasando del puesto 36 al 28 entre 104 territorios, desplazando por primera vez a Chile al puesto 29. Por supuesto, se cuidó de no mencionar que en el otro índice, el de percepción de políticas,  que incluye la percepción de directivos y ejecutivos acerca de la interpretación y aplicación de regulaciones existentes, las regulaciones ambientales, impuestos, la incertidumbre acerca de reclamos de tierras en disputa y las áreas protegidas, infraestructura, acuerdos socioeconómicos, estabilidad política, asuntos laborales, seguridad entre otros, el Perú figuraba en el puesto 54, allí sí bastante detrás de Chile, por ejemplo. 

Y es que nuestro país no ha encontrado aun la fórmula institucional para convertir la ventaja geológica en ventaja económica y social. Es decir, para prevenir los conflictos sociales y establecer una relación armoniosa entre inversión extractiva y comunidades o poblaciones circundantes ni para contrarrestar la acción de buscadores de rentas políticas o económicas ni  menos aun para aprovechar la mina como una palanca para el desarrollo rural.[1] El hecho es que una parte importante de la cartera de proyectos mineros que el ministro presentó y que bordea los 46 mil millones de dólares, no tiene visos de realizarse dadas las condiciones políticas y sociales imperantes en algunos proyectos.

El ministro, sin embargo, explicó a los inversionistas que hay ahora una nueva estrategia que no solo busca la simplificación administrativa para facilitar la exploración y la aprobación de los estudios de impacto ambiental, que son kafkianos, sino también crear un entorno social favorable a las inversiones. Esto último mediante la puesta en marcha del llamado Fondo de Adelanto Social, creado en el decreto legislativo 1334  y mediante la creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Fondo de Adelanto Social
La idea del Fondo de Adelanto Social es precisamente adelantar intervenciones en etapas tempranas de cada proyecto, pero es algo que todavía está en diseño y aun no se ha reglamentado. Al respecto, Cesar Delgado Sayán, de Cesel, ha propuesto hace ya un tiempo que dicho Fondo ejecute un plan de desarrollo que nazca de un Estudio de Desarrollo Integral que se realizaría de manera paralela al Estudio de Impacto Ambiental y ha propuesto una arquitectura institucional para ello. De esa manera no solo se ejecuta un plan bien concebido, sino que se ata el desarrollo local a la inversión minera de modo que la mina aparezca como parte de la solución y no del problema.

Viceministerio de Gobernanza Territorial: el Estado en el territorio
La idea del viceministerio de gobernanza territorial, por su parte, es la de contar con una autoridad que pueda coordinar a los sectores y a los gobiernos regionales y locales en el territorio no sólo para acompañar y fortalecer la acción de los gobiernos sub nacionales, sino, en lo relativo a los conflictos, para identificar un pedido o un reclamo social en el momento en que nace a fin de atenderlo eficiente y rápidamente. Es decir, coordinar al Estado para que resuelva problemas, hacer efectiva su presencia en el territorio.

Para ese fin el nuevo viceministerio junta tres oficinas que estaban separadas: la Secretaría de Descentralización, la ex Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, ahora llamada Secretaría de Gestión Social y Diálogo, y la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial. Por medio de la Secretaría de Descentralización se conseguiría la coordinación inter gubernamental e intersectorial.

La idea fue crear una instancia -el Viceministerio- que tuviera más peso político que la ex Oficina Nacional de Diálogo, precisamente para lograr las coordinaciones inter sectoriales e inter gubernamentales en el territorio, algo que aquella Oficina nunca pudo conseguir. El nuevo Viceministerio sería –repetimos- un gran órgano coordinador del Estado en el territorio para atender los pedidos o reclamos antes de que escalen y, en general, para manejar las situaciones que se presenten. Se trata de darle presencia y capacidad de gestión al Estado, algo que no tiene. No solo no la tiene. En ausencia de partidos políticos, con frecuencia ocurre que el Estado (gobiernos sub nacionales) es capturado por intereses mafiosos o disruptivos que forman parte del problema de la conflictividad, no de su solución.

Para recuperar presencia y capacidad de la autoridad central del Estado en el territorio, el Viceministerio tendrá oficinas en las zonas conflictivas y en las regiones, implementadas sobre la base de las que tenía y aun tiene la Oficina Nacional de Diálogo, pero potenciadas. Según Javier Fernández Concha, Vice ministro de Gobernanza Territorial, la idea es que los alcaldes, por ejemplo, ya no tengan que venir a Lima para hacer gestiones sino que las hagan en esas Oficinas, que tendrían capacidad de resolución y coordinación intersectorial.

Alerta temprana
Una tarea de esas Oficinas será tener un sistema de alerta temprana que emita reportes de información preventiva, incorporando para esa tarea a subprefectos y teniente gobernadores por ejemplo. Eso a fin de detectar un pedido social apenas se gesta, a fin de atenderlo en el acto. Para poder atenderlo es que las Oficinas desconcentradas tendrán poder de coordinación con los sectores y gobiernos subnacionales.

En ese sentido, al Viceministro no se le escapa la necesidad de evaluar la conveniencia de que la estructura de subprefectos y tenientes gobernadores pase del ministerio del Interior a la PCM, o que, cuando menos, la PCM tenga la rectoría de ese sistema.

Dar solución al pedido social desde que nace es clave, pues un reclamo no atendido se convierte en un escenario atractivo para la aparición de actores externos que buscan obtener rentas económicas o políticas exacerbando las demandas, incluyendo nuevas y eventualmente alentando medidas de fuerza que terminan violentando el orden legal. Sebastiao Mendonca explica, en reciente libro publicado por Lampadia,[2] cómo buscadores de rentas políticas y económicas aprovechan los sentimientos de agravio que una mina pudiera generar, la diferenciación social propia de una economía dual que se agrava cuando aparece la mina, y una institucionalidad estatal débil o ausente, para difundir un relato anti minero y movilizar a poblaciones para las cuales termina siendo más fácil desarrollar una forma conflictiva de extraer rentas de la empresa minera que integrarse productivamente a la economía moderna.

¿Cómo desactivar la dinámica perversa?
Según Javier Fernández Concha, “cuando ingresan otros actores por lo general se empieza a desnaturalizar el pedido original y se incluyen otras demandas  más radicales hasta que llega un momento en el que se pierde el control y ya no se sabe bien por qué razones se está uno movilizando y adoptando medidas de fuerza. Es en esas circunstancias que se instalan las mesas de diálogo, pero en ese momento los funcionarios firman cualquier cosa con tal de resolver la crisis. Las mesas de diálogo se convierten, así, en mesas de capitulación, de rendición, y generan entonces un inventario de compromisos imposibles de cumplir, que luego se convierten en el germen de un nuevo conflicto porque alimentan la actividad de actores externos, en un círculo vicioso ya establecido”.   

El problema es que hay zonas del territorio nacional en las que esa dinámica perniciosa se encuentra ya instalada de manera regular. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el corredor minero del Sur. ¿Qué hacer entonces para desactivar  esa dinámica perversa allí donde ya está arraigada? Lo primero que se requiere, según Fernández Concha, es un buen diagnóstico de campo acerca de cuál es la causa del conflicto, que comienza por identificar el pedido social original que debe ser atendido y cuáles son los componentes e intereses que luego se han agregado, diferenciándolos del pedido originario. Esto implica identificar a su vez al conjunto de actores y micro poderes presentes y el papel que juega cada uno: la propia empresa, autoridades, rondas campesinas, comerciantes, acumuladores políticos, asesores económicos que buscan comisiones, ONGs, minería informal o ilegal, etc.[3]

La información será recogida directamente por los funcionarios de las Oficinas desconcentradas de la PCM antes mencionadas, pero también pidiéndosela a los sectores, gobiernos locales, sub prefecturas y comisarías. Sobre la base de ese diagnóstico se trazará una estrategia distinta para cada zona, porque cada zona es un sub mundo. El Viceministerio también se propone elaborar un análisis de las minerías informal e ilegal, a partir del mapa respectivo del INEI, a fin de elaborar estrategias caso por caso, sea para formalizar, para persuadir a los dueños de las concesiones, para hacer interdicción o para la reconversión en otra actividad.  

Cuando hablamos de conocer la dinámica de las relaciones entre los distintos actores y micro poderes locales para tratar de influir en ella, estamos hablando, en buena cuenta, de manejo político, acompañado de capacidad ejecutiva, para desactivar dinámicas viciosas. Estas Oficinas deberían tener promotores en el terreno que informen correctamente y deberían, asimismo, tal como recomienda Mendonca en su libro, formar a los líderes locales tales como presidentes o ex presidentes de las comunidades, profesores rurales, religiosos, empresarios rurales, etc., en temas tales como verificación del buen uso de los recursos provenientes de la mina, cómo verificar los impactos ambientales reales de la actividad minera, negociación y acuerdos con las empresas mineeras, institucionalidad de control de las empresas mineras. Y también deberían infundir tecnologías que aumenten la productividad de la economía campesina, como veremos. 

Aplicar la ley
Pero mientras no se logre desactivar las dinámicas viciosas y un conflicto degenere en acciones de cualquier naturaleza que violenten el marco legal, el Estado debe ser capaz de aplicar la ley y sancionar al infractor. Eso requiere un trabajo mucho más afiatado con la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Significa fortalecer la inteligencia policial, la capacidad de fundamentar bien las denuncias por parte del Ministerio Público, y establecer una jurisdicción nacional para juzgar los casos de violencia. Es obvio que la impunidad es un aliciente para el desarrollo de estrategias violentas, de modo que sin duda una de las tareas de la PCM será coordinar con esas instituciones para establecer una política que permita desincentivar métodos de lucha delictivos.

Desarrollo rural e incorporación al mercado 

Pero no solo se trata de atender un pedido cuando se gesta, desactivar dinámicas conflictivas instaladas y sancionar las violaciones de la ley, sino, además, y sobre todo, procurar y facilitar el desarrollo rural y local para que las comunidades puedan incorporarse con todo su potencial a la economía de mercado.

Estamos hablando de que las familias puedan instalar en sus chacras las tecnologías de Sierra Productiva (mini reservorios, riego por aspersión, pastos cultivados, etc.) a fin de aumentar exponencialmente la productividad de sus labores e incrementar sus ingresos en la medida correspondiente. Uno de los efectos secundarios de esta transformación es que la mina ya no será vista como un blanco de reclamos para obtener recursos de todo tipo, o como un objeto de extorsión en última instancia, sino como un mercado para los productos de las unidades productivas familiares. Es decir, se pasaría de una dinámica de oposición a una de complementariedad. La diferenciación social, en lugar de agravarse, tendería a reducirse, restando bases sociales a los buscadores de rentas económicas y políticas, a los emprendedores destructivos.[4]

Javier Fernandez Concha no tiene en su radar todavía algo como Sierra Productiva, pero si ve la necesidad de elaborar planes de desarrollo concertados que partan desde abajo, desde los caseríos, y que tengan una visión compartida. Así como empoderar a líderes locales y fortalecer la capacidad de gestión de las propias comunidades y organizaciones sociales para manejar fondos sociales, por ejemplo.

A nuestro juicio, el Viceministerio de Gobernanza Territorial debería tener como brazo ejecutor al programa Sierra Productiva, que allí donde se ha introducido ha tenido siempre un gran efecto pacificador y constructivo. La gente, concentrada en su negocio y en su propio progreso, se olvida del conflicto salvo cuando es realmente justo, y más bien busca oportunidades para ampliar su mercado. Esa es la solución.

Pero para esto sería interesante que las empresas mineras aprendan a relacionarse con su entorno comunal de una manera mucho más creativa y productiva, al estilo del modelo aplicado por Bear Creek en Corani, Puno, que basa su relación con las comunidades no en ofrecerles empleo en la mina sino en convertir sus ventajas comparativas en competitivas (ver en Lampadia:  El secreto de la minería peruana) Familias que vendían lana de alpaca en bruto, ahora venden hilados y ropa inteligente y antiséptica enhebrada con hilos de plata -obteniendo ingresos 25 veces superiores-, protectores solares sobre la base del ichu, una cerveza artesanal a partir de una fruta silvestre local, entre otros productos desarrollados a partir de los recursos locales. Los propios ingenieros de la mina trabajan, junto con jóvenes locales, en la investigación y desarrollo de esos productos. 

Sebastiao Mendonca, por su parte, formula en su libro un conjunto de prácticas que las empresas minerías deberían desarrollar para reducir la conflictividad: prevenir los sentimientos de agravio, dinamizar las cadenas locales de valor, manejo preventivo de la conflictividad, construir legitimidad, mecanismos de comunicación, fortalecer la institucionalidad local y mejorar las acciones de responsabilidad social.[5]

La Sociedad Nacional de Minería, a su vez, no ha sido capaz de difundir ni capitalizar en relato social eficaz los activos ambientales y las buenas prácticas de desarrollo comunal que han desarrollado algunas de sus asociadas. No las ha sistematizado. En general, aun hace falta construir el sentido común de la minería como palanca del desarrollo nacional y de la propia diversificación productiva. La minería debe ser vista como parte de la identidad nacional. La batalla tiene que darse también en el terreno ideológico si queremos que nuestro país aproveche sus recursos para conquistar el desarrollo para todos. Lampadia

[1] Sobre la manera como buscadores de rentas políticas y económicas aprovechan la diferenciación social propia de una economía dual que se agrava cuando aparece la mina, una institucionalidad estatal débil o ausente y empresas y gremios poco inteligentes, leer el libro recientemente publicado por Lampadia “Para reducir la Conflictividad Minera”, de Sebastiao Mendonca Ferreira.

[2] Ver “Para Reducir la Conflictividad Minera”, Sebastiao Mendonca Ferreira, Publicación de Lampadia

[3] Según Mendonca, los actores o grupos conflictivos son de dos tipos: (a) organizaciones políticas y ONG que, por razones de ideología e intereses, no quieren que la minería dinamice el progreso del Perú, y (b) los emprendedores destructivos que, por intereses económicos buscar generar dinámicas de extracción de rentas con las cuales puedan beneficiarse (p. 23).

[4] Ver el mencionado libro de Sebastiao Mendonca.

[5] Ver “Para reducir la Conflictividad Minera”, capítulo V, Lampadia.

El pasado 14 de marzo se presentó el primer libro de Lampadia: “Para Reducir la Conflictividad Minera”, escrito por Sebastiao Mendonça Ferreira

Detrás de la conflictividad minera se han tejido varios mitos y mentiras abiertas, y lejos de los conflictos, muchas veces los medios de comunicación han servido de ‘cajas de resonancia’ de un proceso político que ha sido difícil de entender, al punto que los gobiernos se han visto acorralados sin un eco positivo de la opinión pública, optando una y otra vez por parar los proyectos mineros.

Como se puede apreciar en el gráfico superior, la caída de la inversión minera (el principal motor de la economía de los últimos 25 años) terminó marcando también la caída de la inversión en el resto de la economía.

Este desarrollo no es casual. Si bien no ha habido un complot organizado por una estructura de comando para atacar el corazón del crecimiento de la economía peruana, sí se ha dado la convergencia de distintas acciones en esa dirección, desde la siembra de mitos, la agudización de agravios y la violencia abierta, facilitada por la impunidad y la extracción de rentas. Ver en Lampadia: ‘SPIN’ explica la convergencia de fuerzas anti-minería.

Para entender mejor el impacto de la minería en la economía, veamos la presentación de Renzo Rossini, el Gerente General del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en la presentación del libro:

La presentación completa se puede ver en: Rossini-Importancia de la Minería en el Perú
Ver las siguientes láminas de la presentación:

Como se ve en la lámina, puede haber una relación positiva entre las exportaciones primarias y el ingreso de la población.

A esta relación de proyectos parados, se pueden sumar los de Tambogrande, Cerro Quilish y Majaz.

En las dos láminas anteriores, queda muy claro el impacto de los conflictos en el retraso de los proyectos.

Muchas veces se sigue mencionando que la inversión minera se paró como producto de la caída de los precios de los commodities, sin embargo, como indicó el Presidente Kuczynski en el último CADE, y puede comprobarse en la lámina anterior, el Perú es un productor minero de costos bajos, en términos absolutos (versus los precios) y en términos relativos (versus los países competidores).

El libro que hemos presentado está basado en los ensayos publicados en Lampadia, en nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo. La superación de la conflictividad es clave para la viabilidad del Perú. El desarrollo de la minería, no solo depende de nuestras exportaciones y la generación de divisas, sus impactos más importantes se dan en la generación de recursos fiscales, esenciales para superar la pobreza y en sus encadenamientos con los demás sectores de la economía.

En los próximos días compartiremos el contenido del libro cuya carátula vemos abajo:

 Lampadia

Datos demasiado grandes para el formato del archivo

Brasil está viviendo un proceso de limpieza de la exacerbada corrupción instalada por Lula da Silva del PT en los más altos círculos políticos y empresariales, desde instancias judiciales de menor rango, pues Lula copó las cortes mayores sin contar con la autonomía de los jueces regionales.

La suerte de los procesos y enjuiciamientos liderada por el juez Moro y otros, es clave para el futuro de Brasil y de toda la región. Donde el ‘padrino’ de todas las izquierdas latinoamericanas, supuestos defensores de los pobres y la justicia, terminaron beneficiándose de dineros mal habidos para el financiamiento del Foro de Sao Paulo y las campañas políticas de los partidos de las izquierdas en toda la región.

Marxismo dixit: El fin justifica los medios. Sus buenos alumnos de las izquierdas, marxistas y no marxistas, consideran que sus ‘nobles’ fines les permiten llegar al poder de cualquier manera. Esperemos que con el Lava Jato del Petrolão lleguen a su fin la corrupción y los atajos para alcanzar el poder. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

La corrupción ha existido a lo largo de toda la historia republicana de Brasil, y el retorno a la democracia en 1985 no sirvió para reducirla, sino que democratizó su práctica en el seno de la aristocracia política brasileña. La impunidad de los políticos y grandes empresarios ha sido una de las características de la democracia brasileña. Como los congresistas y ministros tienen fuero privilegiado, sus juicios tienen que darse directamente en la corte suprema (Supremo Tribunal Federal, STF) generándose así muchos mecanismos para lograr la impunidad.

El STF se ha caracterizado por la lentitud y poco empreño para juzgar a los políticos. Desde 1988 más de 500 políticos fueron investigados por el STF. La primera condena ocurrió en 2010. Una condena en 22 años, no muestra gran productividad ni interés por la justicia. Aún después el desempeño del STF ha sido pobre. Del 2010 hasta hoy, 16 políticos fueron condenados. Pero, solo 8 han sido efectivamente castigados, y solo uno está en prisión, 4 están en prisión domiciliaria, uno ya cumplió su pena, y uno ha sido amnistiado por Dilma, y otro logró anular su sentencia. La impunidad de los políticos es una tragedia para el país.

Los Índices de Transparencia Internacional, aún siendo sobre percepciones y no sobre hechos, pueden ser una referencia aproximada de los niveles de corrupción típicos de Brasil. Brasil era un país de desarrollo intermedio con niveles altos de corrupción antes que el Partido de los Trabajadores (PT) llegara al poder. Esta plataforma de la corrupción preexistente facilitó al PT montar su propio esquema.

Con el PT la corrupción adquiere nuevas dimensiones pasando de una práctica informal entre algunos políticos y algunas empresas, a un sistema institucionalizado y normado de relación entre tres partidos políticos (PT – Partido de los Trabajadores, PP – Partido Progresista y PMDB – Partido del Movimiento Democrático Brasileño), y las grandes empresas contratistas que realizaban obras públicas. Con el PT, la corrupción se tornó política de Estado.

El PT y la Corrupción

A diferencia de los demás partidos, para el PT el montaje de los sistemas de corrupción entre las empresas y los partidos ha sido parte de su misma concepción política y parte fundamental de su proyecto político. El historiador Marco Antonio Villa ha llegado a afirmar públicamente que el PT tenía y tiene un “Proyecto Criminoso de Poder”, y que, más que un partido político, el PT pareciera ser una organización criminal con objetivos políticos. Veamos algunos ejemplos de cómo el PT transformó la corrupción en política de Estado.

Para el PT la corrupción incluía, pero no se reducía al enriquecimiento ilícito de sus militantes, sino que integraba a los más altos niveles jerárquicos del partido y del Estado brasileño. En el partido la corrupción era una de las responsabilidades del tesorero nacional del partido. A nivel del Estado, la corrupción era una de las funciones de los Ministros de Finanzas y del Ministro de la Casa Civil, equivalente al primer ministro en el Perú. No es gratuito que estén en la cárcel los tres últimos tesoreros del PT, uno de los Ministros de Finanzas de Lula y ex-Primer Ministro de Lula y de Dilma, Antonio Palocci, el ex-Primer Ministro de Lula, José Dirceu, y el ex-Ministro de Finanzas de Dilma, Guido Mántega. Las personas encargadas de manejar las finanzas públicas (Ministerio de Finanzas y Primer Ministros) eran también personas con responsabilidad central en los esquemas de corrupción del partido. Dilma, antes de ser Presidente, fue Primer Ministro de Lula y Presidente del Directorio de la Petrobras. Esta fusión de altas funciones de Estado dentro de los mecanismos de corrupción del partido ha sido una “innovación” en la política brasileña. Algo así no había existido antes del PT.

El Mensalão

El primer gran escándalo de corrupción del PT fue el Mensalão, un sistema de corrupción política dedicada a comprar votos de congresistas para ampliar su base política aliada. Los pagos a los congresistas eran del orden de US $50 mil mensuales, y beneficiaban a congresistas de cuatro partidos: Partido Progresista (PP), al Partido Liberal (PL), al Partido Laboral Brasileño (PTB), y al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Gracias a un video de la revista Veja, el escándalo se destapó en 2005. Al investigar el Mensalão se descubrieron otros esquemas de corrupción en los cuales participaba el PT: el escándalo de los Correos, el chantaje y asesinato del alcalde de Santo André (Sao Paulo), Celso Daniel, el escándalo de los Fondos de pensión del Banco de Brasil, el esquema del Plan Safra Legal (otro Banco), donaciones millonarias de dólares a Cuba, y el escándalo de los Bingos. Todos esos escándalos estaban relacionados entre si, e involucraban altos mandos del PT. Cuando esos casos vinieron a la opinión pública nacional se sintió confundida, pero las habilidades populistas del PT permitieron capear la crisis y estabilizar el gobierno de Lula.[i]

El escándalo del Mensalão mostró al Primer Ministro de Lula (Ministro de la Casa Civil), José Dirceu, como el cerebro del esquema de corrupción, y obligó su renuncia, y luego después, trajo su prisión. El núcleo del PT responsable del esquema de corrupción era José Dirceu, José Genuino (Presidente del PT) y Delúdio Soares (Tesorero del PT). El ex-jefe del marketing político de Lula, Duda Mendonça, se vio involucrado y tuvo que distanciarse de Lula, para no afectarlo. Fue una gran pérdida para el PT, pues Mendonça era extraordinariamente astuto.

Uno de los efectos más importantes del Mensalão fue que destruyó la imagen de José Dirceu, quien parecía ser el más indicado para la sucesión de Lula, su potencial alfil. La caída de Dirceu dejó al PT sin candidato a la presidencia, y abrió espacio para que Dilma Rousseff, una persona muy limitada, resultase siendo la candidata presidencial del PT en el 2011.

Mientras el escándalo del Mensalão se propagaba, e importantes líderes del PT eran enjuiciados o iban a prisión, el partido, bajo el comando de Lula, trabajaba arduamente organizando un nuevo esquema de corrupción mucho más grande y complejo, un esquema que posteriormente sería conocido como Petrolão. Esta respuesta del PT al escándalo del Mensalão dejó claro la importancia que el partido atribuía a los mecanismos de corrupción.

Petrolão

El Petrolão, montado en torno a la Petrobras, operó entre 2004 y 2014, y resultó siendo el mayor esquema de corrupción de la historia de Brasil, y uno de los mayores del mundo. Para tener una idea de la destrucción de valor ocasionado por la corrupción en la Petrobras, podemos comparar el valor comercial de Petrobras en el 2008 (»US $250 mil millones) con su valor actual (»US $37 mil millones).[ii] La desvalorización del Real, de un 60%, explica parte de esta caída, y la baja del precio del petróleo explica otra parte, pero otra gran parte de esa pérdida es el costo de la corrupción.[iii]

¿Cómo se descubrieron los crímenes? Desde el 2008 en que la Policía Federal venía investigando a un grupo de cambistas que hacían lavado de dinero para políticos de alto rango en Brasilia y trabajaban ligados a una red de grifos de esa ciudad. Esos grifos tenían máquinas de lavar carros conocidas como “Lava Jato” en Brasil y como “car-wash” en los Estados Unidos.

En esas investigaciones sobre lavado de dinero descubrieron que un cambista bien conocido por la PF, Alberto Youssef, había dado una camioneta Range Rover Evoque como regalo a un ex-director de la Petrobras (Paulo Roberto Costa). Un regalo tan caro despertó sospechas de que era parte de un esquema mayor. Fue entonces (17 de marzo de 2014) que el Procurador General de la República (Fiscal de la Nación), Rodrigo Janot decidió crear la Fuerza Tarea “Lava Jato” conducida por la Policía Federal de Curitiba, Estado de Paraná, especializada en delitos financieros, y que estaba investigando un ex-diputado federal involucrado en lavado de dinero. Lava Jato cambió el Brasil.

A través de Paulo Roberto Costa y Alberto Youssef, Lava Jato, descubrió el esquema de corrupción montado en la Petrobras. En ese esquema, todos los contratos obras, compras de maquinaria y operaciones internacionales de Petrobras implicaban un pago de soborno a tres directores: Paulo Roberto Costa, por el Partido Progresista (PP), Renato Duque, por el Partido de los Trabajadores (PT), y Nestor Cerveró por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Los sobornos se estandarizaron en 3%, donde 2% era para el PT y 1% se dividían entre PP y PMDB. Los sobre-precios de los contratos eran decenas de veces más grandes que los sobornos, y las pérdidas de la Petrobras eran aún mayores.

En realidad, los directores de Petrobras y líderes de los partidos políticos, especialmente del PT, organizaron un verdadero festín con los contratos de Petrobras y con las empresas contratistas que hacían obras y prestaban servicios a la Petrobras. En ese festín, los tesoreros del PT se hicieron famosos por andar con mochilas y maletas para recoger el dinero de la corrupción en las oficinas de las empresas, en el más puro estilo de los narcos y mafiosos. Para su mala suerte, las oficinas de las empresas tenían video cámaras que documentaron sus idas y venidas, y sus técnicas para ocultar sus actividades

El caso de la Refinería de Pasadena es ilustrativo de los daños a Petrobras. El 2005 la empresa belga Astra Oil compró una refinería en muy mal estado por US $42 millones. El 2006, la Petrobras compró el 50% de las acciones de dicha refinería por US $360 millones (17 veces el precio original), firmando un contrato leonino. Después Petrobras quiso romper el contrato y fue judicialmente obligada a pagar US $820 millones por los otros 50%. Astra Oil recibió un total de US $1,180 millones por una refinería que le costó US $42 millones. Esta operación estuvo a cargo de Nestor Cerveró, Director por el PMDB. Según su confesión, Dilma, como presidente del Directorio de Petrobras, “tenía todas las informaciones sobre la refinería.” Él afirmó, además, que “Dilma conocía en detalle los negocios de Petrobras.” Sin embargo, hasta hoy Dilma no ha sido formalmente acusada en la Operación Lava Jato.[iv]

La investigación sobre la corrupción en la Petrobras puso de manifiesto cómo el PT había decidido financiar su proyecto político, y la absoluta falta de escrúpulo de sus dirigentes y líderes. Esto chocó a mucha gente que creía que el PT era un partido con líderes honestos.

Si bien Dilma no ha sido acusada hasta hoy, Lula ya colecciona cinco acusaciones penales: (1) por intentar obstruir la Operación Lava Jato, (2) por favores recibidos por US $ 1.15 millones de la empresa OAS, en la compra y arreglo de su departamento y otros gastos, (3) por la liberación de préstamos del BNDES en Angola a favor de Odebrecht, (4) por su rol como el cerebro del esquema de corrupción del PT, y (5) Lula, su hijo y su esposa por tráfico de influencias en varias operaciones millonarias.[v] Algunos de esos juicios ya están en proceso y es altamente probable que las sentencias comiencen a ser emitidas aún este año.

El Petrolão ha tenido un impacto demoledor en la percepción de la opinión pública brasileña sobre la calidad ética del PT, de sus socios, y de toda la aristocracia política brasileña. Ha despertado de la población brasileña el interés, antes inexistente, de la población brasileña por conocer y entender como los políticos manejan los recursos públicos, sus impuestos. Con el conocimiento de los escándalos del Petrolão, el interés público por la cosa pública se ha multiplicado en Brasil.

La pérdida de la ventaja ética ha significado un desastre político para el PT, habiendo perdido 60% de los municipios que controlaba, y el 84% de su respaldo electoral (número de votos) en las últimas elecciones municipales, del 2016. Hoy, entre 20% y 25% de la población todavía cree que Lula es honesto y estaría dispuesta a votar por él en el 2018. Sin embargo, los procesos en Lava Jato demoran en promedio menos de un año, y con la carga probatoria existente, es poco probable que Lula logre salir libre de todos esos cincos juicios. Además, sus anti-cuerpos de Lula superan hoy el 50% y se activarían si él llegara a disputar las elecciones el 2018.

En esta tercera entrega sobre el pos-extractivismo, Sebastiao Mendonca Ferreira, identifica a uno de sus principales propulsores, el portugués Boaventura de Sousa Santos, creador de los artificios intelectuales con los que protege sus absurdos planteamientos de las críticas racionales. De Sousa Santos hace ver los hechos objetivos como creencias y a sus creencias como verdades indiscutibles, y busca descalificar la capacidad de la ciencia moderna para juzgar el pensamiento indígena, al que reputa como de otra dimensión o naturaleza.

Con ese racional, 2 + 2 puede ser 3.5 ó 4.7, de manera que solo queda como válida la estructura de un pensamiento basado en una suerte de indigenismo seudo escatológico.

Solo se requiere pues, un poco de buena voluntad para entender que la adopción del pos-extractivismo por parte de peruanos con títulos profesionales otorgados en mayor medida por la PUCP, es un refugio discursivo en una falsa arquitectura intelectual, que por lo tanto demuestra la incapacidad para generar un pensamiento propio que les permita interpretar la realidad y construir propuestas políticas que les ayuden a ejercer el poder.

Manipulación de la epistemología

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

¿Qué tiene que ver la epistemología, un campo de la teoría del conocimiento, con las ideas de los pos-extractivistas? Lamentablemente, mucho.

El pensamiento de los pos-extractivistas tiene fallas graves y no soporta una crítica objetiva. Por ello, se protegen de las críticas, haciendo que las creencias y los hechos tengan el mismo valor cognitivo, para que los hechos no puedan usarse para cuestionar sus discursos. Ellos necesitan que los cuestionamientos a sus argumentos, sean vistos como actos de intolerancia intelectual y social. Para esto ellos tienen sus teóricos.

Incapaces de responder a la gigantesca carga de hechos y conocimientos que cuestionan sus afirmaciones, los pos-extractivistas reaccionan buscando la descalificación ética de sus críticos. Según ellos, la ciencia, los conocimientos modernos, y toda y la modernidad global fueron creados por los europeos para sustentar su avaricia y avanzar en el colonialismo. Esta supuesta mala intención, colonialista y opresora, de los creadores de los conocimientos modernos cuestiona su validez. De paso, ellos barren con los principios del método científico, y con toda la base cognitiva de la modernidad, presentándola como una especie de mono-cultura del conocimiento, buscando una analogía algo forzada con los defectos de la mono-cultura agrícola.

Esos teóricos se presentan como pensadores occidentales alternativos a la modernidad occidental y global, y afirman ser los únicos intelectuales capaces de hacer correctamente el trabajo interpretativo (hermenéutico) de separación entre los componentes opresores y liberadores del pensamiento europeo. Ellos declaran ser capaces de criticar el pensamiento occidental moderno y proponer alternativas distintas de sociedad que son válidas para los países emergentes o del Sur Global.

Uno de los autores más representativos de ese artificio discursivo (la crítica europea al eurocentrismo) es Boaventura de Sousa Santos, de origen portugués. Santos es un europeo intelectualmente sofisticado y autor de varios libros. Él escribe sus ensayos como si fueran novelas, valorando más las analogías que el rigor lógico, usando una terminología propia, inventada o modificada por él mismo, y ha dedicado un gran número de artículos y libros a descalificar la ciencia y el conocimiento moderno, atribuyéndole una intención opresora y colonial. Sus ideas, aún que irrelevantes para el desarrollo del conocimiento y para las sociedades del siglo XXI, ejercen, sin embargo, gran influencia sobre los pos-extractivistas.

Santos, como muchos de los ecologistas radicales de su generación y actuales gurús del pos-extractivismo, tiene una formación intelectual marxista. En el marco conceptual de su tesis de doctorado, dedicada a una favela ficticia “Pasárgada” en Rio de Janeiro, Santos hace explícito su concepción social. Los conceptos que guían su tesis son: la dominación de clase, el estado como instrumento de dominación de clase, relaciones de producción, relaciones de reproducción, situación non-revolucionaria (ausencia de crisis), etc. En realidad, su introducción conceptual pareciera haber sido tomada de algún manual de materialismo histórico de los años 70s. A pesar de ello, Santos critica al marxismo europeo, en particular al grupo alemán de la Teoría Crítica (Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Georg Lukács, Karl Korsch, etc.). Él usa una terminología nueva, pero las ideas de sus textos muestran que Santos nunca abandonó completamente los conceptos políticos de sus maestros alemanes.[1]

Una crisis inventada

En la síntesis de su artículo Epistemologías del Sur, Santos expresa sus ideas en forma clara: Es un hecho irreversible que el “logos” eurocéntrico ha implosionado en sus propias fuentes de desarrollo político y económico. El peligro de esta crisis es total porque abarca su hegemonía, a la humanidad y a la naturaleza (p.17).[2]

Estas frases son ilustrativas de su pensamiento. Según él, es un hecho incuestionable que el conocimiento moderno, llamado por él de logos eurocéntrico, ha implosionado, y lo ha hecho en forma irreversible. Santos no se preocupa en aportar datos para sustentar lo que dice, pero lo dice con tanta convicción que parecería que tal implosión irreversible fuera verdad. Sin embargo, el hecho es que más allá del pequeño mundo de sus seguidores ideologizados no existe tal implosión, ni de la ciencia ni de los conocimientos modernos.

Una diversidad de estudios sobre la producción de conocimientos, tanto académicos como tecnológicos, a nivel global evidencia que la tendencia es al incremento exponencial de los conocimientos, y esta tendencia se mantiene desde que los franceses publicaron el primer artículo académico en Le Journal des Sçavans (El Periódico de los Sabios) en 1650, y los ingleses iniciaron las publicaciones de la Philosophical Transactions (Transacciones Filosóficas), en 1665. A partir de ahí se desencadenó un proceso que aún sigue una especie de Ley de Moore para los conocimientos después de 350 años.[3] Actualmente, producción de conocimientos crece a una tasa anual de 4.2%, permitiendo su duplicación cada 17 años.

Santos habla de implosión de los conocimientos modernos, pero una estimación confiable es que existen 50 millones de artículos académicos ya publicados[4] y cada año se publican algo más de un millón y medio de nuevos artículos académicos.[5]

Si, a los artículos académicos sumamos los blogs, las patentes tecnológicas, el flujo de ideas en las redes, y consideramos la reducción de los costos de acceso al conocimiento, la digitalización de las bases de datos y artículos, y la creciente cobertura de Internet, y complementamos con los nuevos instrumentos y métodos de estudio, y el uso de la inteligencia artificial en el procesamiento de información, y finalmente combinamos con el creciente nivel educativo de la población mundial, podemos afirmar que la producción de conocimientos será en el futuro aún más dinámica que hoy. Podemos apostar que las perspectivas del siglo XXI son positivas: la explosión cognitiva de la humanidad continuará.

El regreso al pasado

Ante esa crisis inventada, Santos pregunta ¿De qué alternativas disponemos para superar este fin de milenio y su hecatombe? (p. 17). Un poco más adelante él mismo responde que la clave es: “Esta otra epistemología, que tiene su génesis en la Teoría Crítica y se recrea en América Latina, desde el Sur, se asume desde la praxis de un logos emancipador que fractura los límites hegemónicos del ‘capitalismo sin fin’ y del ‘colonialismo si fin’” (p. 17).

Según su particular visión de la economía mundial, estamos delante del riesgo de la hecatombe occidental y global, y la alternativa a esa hecatombe es una nueva epistemología. Como es su estilo, Santos no aporta datos sustentando el nivel de crisis económica que genera el riesgo de esa imaginada hecatombe. La base de la epistemología alternativa propuesta por Santos es la Teoría Crítica, la corriente del marxismo europeo antes referida y parcialmente criticada. Según Santos, esa epistemología alternativa de base marxista debe servir para fracturar la hegemonía del capitalismo y de la economía global, llamada por él de colonialismo sin fin.[6]

¿Y como describe Santos su propuesta? Según él, la clave para evitar esa hecatombe es “La sabiduría ancestral que porta el pensamiento de esos pueblos originarios, expresada por sus tradiciones, ritos, magias, y hasta sus representaciones antropomórficas de la realidad, son síntomas de que el ocaso de la civilización no muere con Occidente, sino que renace desde el Sur con el ‘Sumak Kawsay’” (p. 17)[7]

Para solucionar la imaginada hecatombe de occidente, Santos descarta la ciencia, los premios Nobel, y todos los avances de la economía moderna, psicología social, métodos matemáticos, y estudio de las instituciones, y mucho más, y opta por sustituir todos esos conocimientos por las tradiciones, ritos, magias, y representaciones antropomórficas de las poblaciones indígenas de los Andes.[8] Santos no considera las limitaciones que esas tradiciones, ritos, magias y representaciones antropomórficas puedan tener por el contexto de completo aislamiento y de severo autoritarismo (Imperio Wari y después Imperio Inca) en que esas culturas se desarrollaron, ni por sus grandes diferencias respecto al mundo moderno con 7 mil millones de habitantes y una economía global de US $78 billones.

Un manejo equívoco de la epistemología

Santos hace un uso vago y equívoco del término Epistemología. Él lo usa algunas veces como sinónimo de las concepciones del mundo y otras veces como tipos de conocimiento (científico y indígena), cuando en realidad Epistemología, según el diccionario Oxford, se refiere a “la teoría del conocimiento, especialmente relacionado a sus métodos, validez, y alcance, y la distinción entre creencias justificadas y opiniones.”[9]

La diferencia entre epistemología y conocimiento es similar a la diferencia entre la medicina y el cuerpo humano. La medicina no es el cuerpo humano, sino el estudio del cuerpo humano. Epistemología no es el conocimiento, sino el estudio del conocimiento y la forma como se adquiere el mismo. Ese uso vago y equívoco del término Epistemología, hecho por Santos, sirve para dar un aire sofisticado a su forma de razonar y confundir a los lectores sobre la naturaleza de las concepciones que él propone como alternativas al conocimiento moderno.

Sin embargo, la funcionalidad política más importante de ese uso equívoco del término Epistemología es evitar la crítica, especialmente aquellas críticas a las creencias políticas y ambientales del movimiento radical con el cual Santos desea acabar con el capitalismo. Lo que Santos busca con ese manejo equívoco es blindar las creencias falsas del movimiento  radical que él promueve.  Su argumento es que no podemos usar la ciencia moderna para criticar creencias de su movimiento porque la epistemología indígena es de otra naturaleza. Como es de otra naturaleza, los conocimientos generados con los métodos modernos no sirven para evaluar la confiabilidad de las creencias que se sostienen en una otra epistemología. Lo que Santos nos propone es que: dos afirmaciones pueden ser igualmente válidas, sin importar si una de ellas es verdadera y la otra es falsa.

La ausencia de la epistemología

A Santos le gusta hablar de la sociología de las ausencias, para criticar a un discurso teórico que, según él, oculta a sectores de la sociedad. Sin embargo, lo más notable en su extenso libro Epistemologias do Sul[10] es la ausencia del tratamiento de la Epistemología del Sur, es decir, la ausencia de una explicación clara de los métodos que los indígenas andinos utilizan para distinguir en sus leyendas y creencias tradicionales aquellas que podrían ser creencias falsas, es decir, como hacen los indígenas para filtrar las creencias que son falsas de las que son verdaderas y así generar conocimientos confiables. Esta es una ausencia grave en un libro dedicado a la epistemología del sur, dígase, a la epistemología indígena andina.

En ningún momento, Santos se preocupa en exponer y explicar la epistemología usada por los indígenas andinos, a pesar que, según él, el ‘Sumak Kawsay’ es un ejemplo privilegiado de las epistemologías del Sur. En realidad, no hay en su libro sobre epistemología del sur ningún tratamiento de los métodos de adquisición de conocimientos usado por los indígenas andinos, ni de otros continentes, ni menos de los movimientos sociales hostiles a la minería. ¿Por qué los pos-extractivistas no comentan esta ausencia tan importante?

El interesante tema de los métodos de generación de conocimientos de origen heurística y pre-científicos es actualmente materia de estudio de sicólogos, antropólogos y arqueólogos, pedagogos, y en general, de los científicos dedicados a las ciencias cognitivas, pero parece que Santos no ha considerado relevante tratarlos en un libro sobre epistemología. La abundante literatura de las ciencias cognitivas modernas sobre esos temas está ausente en las referencias bibliográficas de los textos de Santos que hemos revisado.[11]

Hay mucha sabiduría en las culturas antiguas de todos los países. Si sabemos rescatar esos aportes, enriquecemos la vida moderna. Sin embargo, no hay que olvidar que también hay muchas creencias falsas y dañinas en esas culturas. No es cuestión entonces de mistificar lo indígena. Es importante dialogar respetando a las personas, pero respetar a las personas no implica abandonar la capacidad crítica que nos brindan los métodos y conocimientos que han permitido crear el mundo moderno.

Lo que Santos busca es una separación absoluta entre las creencias que sustentan sus ideas y el conocimiento moderno, basado en evidencias. Así Santos evita las críticas a sus ideas, descalificando las críticas como parte de un logos eurocéntrico colonialista.

La simpatía de los pos-extractivista por los escritos de Santos se explica porque su rebuscada literatura de rechazo al conocimiento moderno da una aurea de cientificismo a un conjunto de ideas ambientales y sociales que tienen poco o nada de científicas y sirve para generar un escudo a las críticas que, en realidad, ellos no saben como responder.

[1] Santos, B. (1977). The law of the oppressed: The construction and reproduction of the legality in Pasárgada. Law and Society Review, 12(1). (Versión resumida y reimpresa de la Tesis doctoral de 1974). 

[2] Santos, B. (2011). Epistemologías del Sur. Utopía y Praxis Latinoamericana, 54, pp. 17-39. Maracaibo, Venezuela: Universidad de Zulia.

Después de haber descubierto las ideas del pos-extractivismo que en agosto del 2012 adhirieron todas las izquierdas peruanas, cuando se las propusieron por escrito al Presidente Humala; en Lampadia procuramos difundir el brulote y solicitamos a partidos políticos, gremios y universidades, que las analizaran y compartieran sus opiniones.

Lamentablemente, no hubo un solo pronunciamiento al respecto, más allá de referencias superficiales. Mientras tanto, en Lampadia seguimos moviendo el tema y explicando sus impactos negativos en los más pobres -los campesinos- a los que el pos-extractivismo pretende condenar a la pobreza eterna al plantear que en el Perú solo se produzcan los alimentos que consume nuestra población. Ver: Agroexportación: Una industria de clase mundial​

Pues, en esta ocasión, tenemos el gusto de compartir con nuestros lectores un sesudo análisis de la naturaleza e implicancias del pos-extractivismo, desarrollado por el Centro Wiñaq que conduce Sebastiao Mendonca Ferreira. Esperamos que la sociedad sepa aprovechar esta importante contribución sobre un tema, que por más absurdo y jalado de los pelos que parezca, no debemos dejar de conocer. No nos olvidemos que, como enseñaba Sun Tzu,  los enemigos del progreso nos pueden ganar la batalla sin lucharla.

El pos-extractivismo: La ideología de los enemigos del progreso

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Por 12 mil años, después de la revolución Neolítica, la humanidad vivió semi-estancada. Surgían y caían ciudades y civilizaciones, pero como un todo, la situación era casi estática. Con la excepción de los poquísimos nobles, caudillos militares, saqueadores y comerciantes, el 95% de la población vivía entre la miseria y la pobreza. Los estudios de Angus Maddison sobre la historia de la riqueza en los últimos dos mil años (ver gráfico) son contundentes y esclarecedores sobre cómo evolucionó la generación de riqueza a lo largo del tiempo.[1]

Antes de la revolución industrial, la idea de progreso existía, pero era socialmente restricta a la minoría de los emprendedores, no se consideraba que la mayoría de los miembros de una sociedad podían mejorar sus condiciones de vida de manera simultanea. Eran las guerras, los saqueos y los impuestos las formas predominantes y casi exclusivas, de acumular riqueza, y todas ellas incluían alta dosis de violencia y poder. Algunos miembros de la clase media y alta, con conexiones sociales, acceso a oportunidades, y dotados de habilidades emprendedoras, lograban que el comercio y las finanzas constituyeran formas alternativas de generación y acumulación de riqueza. Pero ellos eran solo una pequeña parte de esa clase media. La apropiación violenta de la riqueza era la opción de enriquecimiento preferida. Esta fue la razón principal de porque los castillos y las ciudades tuvieron que construir pesados muros de piedra: protegerse de los saqueos.

Con la revolución industrial la creación de riqueza se aceleró, y el crecimiento económico se hizo exponencial. Por primera vez en la historia de la humanidad, era posible ver mejoras en las condiciones de vida de las personas entre dos generaciones. En 1700 en Inglaterra, uno de los países más ricos del planeta, en aquel entonces, la riqueza total de las familias inglesas sumaba 313 millones de Libras, pero en 1875, esa riqueza había aumentado a 6,370 millones de Libras, como 20 veces más (una tasa anual de 1.7% por 175 años consecutivos).[2]

Para fines del siglo XIX, la clase media inglesa tenía mejores condiciones de vida que los príncipes y duques de 200 años antes. Esas nuevas posibilidades, surgidas de la economía moderna y de la ciencia, hicieron que la idea de Progreso se propagara como una aspiración alcanzable para toda la humanidad. La Feria Universal, realizada en 1900 en Paris, con la inauguración de la Torre Eiffel, representó el auge de la idea de progreso en Europa.

Hoy, esta idea de progreso ya no es tan importante para la clase media europea. Para un alemán, con una renta per cápita de US $47,000 anuales,[3] en una sociedad contando con muy buenos servicios públicos de educación y salud, sus necesidades materiales ya están siendo satisfechas, en lo principal. Sin embargo, la realidad de las poblaciones de los países emergente como el Perú, es muy distinta. Ello es especialmente importante para los sectores rurales que viven próximos a la línea de pobreza, con ingresos per cápita del orden de US $800. Para estos sectores el mejoramiento de sus condiciones económicas es muy importante, pues significa menos privaciones, menos sufrimientos y más años de vida. Para esos sectores la idea de progreso tiene un significado muy práctico y visible.

Hoy, en los países desarrollados están creciendo algunas corrientes ecológicas radicales que son contrarias a la idea de progreso. Rechazan incluso que el concepto de Desarrollo Sostenible propuesto por Naciones Unidas en 1987, que combina desarrollo con protección ambiental. Su propuesta central es que la economía global deje de crecer. Es decir, que vivamos en un mundo económicamente estancado.[4] Algunos, aún más radicales, proponen que la economía global debe reducirse. La oposición de los pos-extractivistas a la minería tiene por función desactivar uno de los motores del desarrollo del Perú y un componente importante del sistema global de producción.

Según esos ideólogos, debemos vivir en un mundo en permanente estancamiento o recesión. Serge Latouche, líder de una de las corrientes más extremistas, opina que si la economía decreciera el 2% durante décadas enteras no debería ser motivo de preocupación.[5] Con un ejercicio se puede constatar que, si la economía alemana decreciera 2% por 50 años consecutivos, si la recesión no tuviera otras consecuencias, su ingreso per-cápita caería de US $47,000 a US $17,100. En ambos casos, la población alemana estaría aún muy por encima de la línea de pobreza. Lo mismo no se puede decir de la población rural peruana con US $800 de renta anual. Después de 50 años, la renta per-cápita del campesino peruano sería de US $291. Habrían dejado de ser pobre para transformarse en pobre extremo y su misma supervivencia estaría bajo riesgo. [6]

Increíblemente, esas corrientes ideológicas tienen presencia en universidades, centros de investigación y en los organismos internacionales, y disponen de medios para adoctrinar y financiar ONGs en los países emergentes. Los grupos pos-extractivistas del Perú son seguidores y admiradores de esas corrientes. El significado práctico de defender el pos-extractivismo en el Perú es poner las aspiraciones de progreso de la población peruana en un segundo plano para hacer seguidismo intelectual (financiado) a las corrientes radicales de algunos segmentos de la clase media europea.

Latouche, por ejemplo, dice: “mas que nunca antes, el desarrollo está sacrificando a las poblaciones…” (p. 31) y sigue diciendo: “lo que es necesario es mucho mas radical [que un cambio político electoral]: una revolución cultural, nada más y nada menos, que re-establezca la política en una nueva base” (p. 32).[7] Él se pregunta si el decrecimiento es reformista o revolucionario, y contesta que es revolucionario porque: “Estamos hablando de un cambio cultural, y también de cambios en la estructura legal y en las relaciones de producción” (p. 66).[8] Las ideas de Latouche son referencias para los pos-extractivistas.

Él propone, entre muchas otras medidas de política, que el comercio sea reducido y que las economías se vuelvan locales. En esas nuevas economías, las personas deberán consumir solo lo que es producido localmente, y que los dineros serán de emisión local y circulen localmente, dificultando así el comercio entre ciudades, y cita como ejemplo el caso de los Créditos, las monedas locales argentinas que contribuyeron a agravar el desorden monetario en la crisis económica del 2001.

Incapaces de ofrecer una ruta de progreso para la población, los pos-extractivistas ofrecen un distractor. Latouche se inspira en los pueblos africanos para mistificar la vida bajo condiciones de pobreza,[9] pero quien mejor explica el distractor usado por los pos-extractivistas latinoamericanos es Eduardo Gudynas.  Su distractor es el Buen Vivir, y Gudynas lo presenta como una interpretación (bastante artificial) de las tradiciones andinas. En un artículo conjunto con el ecuatoriano Alberto Acosta, ellos exponen su creación.[10]

Según ellos, Buen Vivir es “una alternativa a la idea occidental del desarrollo” (p. 71), es decir, en vez de buscar el progreso, los campesinos deben buscar el Buen Vivir. La funcionalidad del concepto del Buen Vivir es sustituir la aspiración de progreso, y distraer a las personas de sus aspiraciones. Esta es la función de un distractor. La idea del Buen Vivir no es nueva. En los 70s, los hippies americanos ya la han explorado buscando regresar a la naturaleza, reducir el consumo material y tener una vida simple. Sería bueno que los promotores del Buen Vivir se informen como la mayoría de los hippies evalúan su experiencia, para no promover errores ya conocidos.[11]

¿Por qué los pos-extractivistas adhieren el adjetivo “occidental” al concepto de desarrollo?  ¿Por qué presentan la idea de progreso como occidental, siendo que actualmente ese concepto es absolutamente global? No es por ignorancia que lo hacen. Una visita a Shanghái, Beijín o Xi’an deja evidente que el motor de la sociedad China es la aspiración de progreso. Lo mismo puede ser dicho para Camboya o Hong Kong. Ni hablar de Singapur o Corea del Sur. Además, la fuerza de la idea de progreso no está solo en Asia. Quienes hayan podido trabajar en Uganda o Mozambique han podido percibir la fuerza de la idea de progreso en mercados informales, empresas e instituciones. Las evidencias son demasiado visibles para que los pos-extractivistas no estén muy bien informados de ellas.

Sus intenciones finales no las sabemos. Lo que podemos observar objetivamente es que la adhesión del adjetivo occidental al concepto de desarrollo tiene una funcionalidad política: relacionar los sentimientos de antipatía hacia los abusos del proceso de colonización, con el concepto de desarrollo. Además, en varios textos los pos-extractivistas afirman que la idea de progreso es una invención de los colonizadores y sugieren que si no renunciamos a nuestras aspiraciones de progreso nos estamos sometiendo culturalmente a ellos, y presentan la renuncia a dicha aspiración como una especie de liberación cultural. Según ellos: la renuncia al progreso y la resignación a la pobreza es una forma de liberación del dominio colonialista europeo.[12]

Es poco probable que esa asociación desarrollo-colonizadores logre que la población andina renuncie a sus aspiraciones de progreso. No se observa en los campesinos peruanos una oposición cultural ni práctica a la modernidad, sino una notable disposición a dejar los elementos de la economía de subsistencia y a usar los mecanismos de mercado, como se observa en su conducta económica inmediatamente después que mejoran las carreteras y las comunicaciones. En los años 80s Sendero Luminoso intentó que los campesinos dejaran de utilizar los mecanismos de mercado y regresaran a la economía de subsistencia, y la reacción fue de tenaz oposición y resistencia. De allá para acá, esa inclinación de los campesinos se ha fortalecido. Richard Webb en “Conexión y Despegue Rural” confirma con mucha claridad y abundantes hechos esa disposición progresista de la población rural.[13]

En el final de su libro, Latouche pregunta lo obvio: ¿Es el decrecimiento/pos-extractivismo una propuesta retrógrada? La respuesta también es obvia. Una ideología que se opone a la idea de progreso no puede ser llamada de progresista. La Real Academia Española dice: Retrógrada: “Partidaria de instituciones políticas o sociales propias de tiempos pasados, o contraria a innovaciones o cambios.” Para el lector inteligente los comentarios sobran.[14] 

El Perú ha sido víctima de una hábil maniobra para desdibujar los beneficios del desarrollo de la minería y convertirla en una actividad que no agrega valor económico, no genera empleo, es una actividad de tipo enclave, descuida el medio ambiente, succiona nuestra riqueza para las multinacionales sin dejar nada a las poblaciones locales y, no cuida los impactos sociales de sus operaciones.

Increíblemente, esto se ha creado justamente cuando el sector minero:

• Adoptó las tecnologías más avanzadas y con mucha eficiencia agrega valor a lo que por décadas eran terrenos baldíos con potencial económico.
• Genera empleo de calidad que sumado a sus impactos indirectos lo convierte en un sector positivo en el frente laboral.
• Ha generado encadenamientos muy positivos en otros sectores económicos, empezando por el sector manufacturero.
• Es el sector que más ha invertido y avanzado en la adopción de estándares ambientales, llevando sus operaciones a las mejores prácticas internacionales.
• Después del sector petrolero es el que más contribuciones aporta al país, llegando a tener cargas combinadas del orden del 50% de sus utilidades, de las cuales se produce el canon minero que ha permitido llevar recursos financieros a los gobiernos regionales y locales, como nunca antes en nuestra historia.
• Las inversiones y gastos que ha hecho la minería en temas sociales representan la mayor inversión histórica del país en el frente social.

¿Por qué entonces se desarrollan los movimientos anti extractivistas y más específicamente, anti mineros?

• Pues, porque otro encadenamiento del desarrollo del sector minero es el que se ha dado con los ‘negocios de extracción de rentas’ por parte de grupos politizados.  Éstos han sabido conectarse con las ONGs internacionales que promueven a los movimientos anti inversión en los países emergentes y han desarrollado una narrativa que ha calado en las dirigencias locales y en los medios de comunicación, transformando, cual alquimistas, ‘el vaso medio lleno, en un vaso medio vacío’.

Continuando con la formación de nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo, con la colaboración del Centro Wiñaq, dirigido por Sebastiao Mendonça Ferreira, profundizamos nuestro análisis sobre las relaciones entre la conflictividad anti minera y la búsqueda o extracción de rentas del sector minero moderno.

Disputa de Rentas y Conflictividad

¿Cuál es el desafío real de la minería en Perú?

Sebastiao Mendonça Ferreira

Centro Wiñaq

Para Lampadia

El mito de la maldición de los recursos naturales

Las corrientes hostiles a la minería argumentan que esa actividad, inevitablemente, se transforma en una traba para el desarrollo al desencadenarse la “maldición de los recursos”. Ellos se basan en las investigaciones realizadas en los años 90 comparando las tasas de desarrollo de los países con muchos recursos naturales y países con pocos recursos naturales. En dichos estudios encontraron que la mayoría de los países ricos en recursos naturales habían crecido más lento que los demás entre los años 1970 y 1990. El trabajo de Jeffrey Sachs se ha constituido en la referencia principal sobre esa idea.^[1]

Estudios posteriores, y más completos, han evidenciado que quienes sustentaban la maldición de los recursos naturales, léase minería y petróleo, estaban equivocados y que el freno al desarrollo no estaba en el aprovechamiento de los recursos naturales sino en la mala calidad de las instituciones de esos países.^[2] Encontraron también que los países con buenas instituciones y buenas políticas económicas, como Botsuana, Noruega, y Chile, entre otros, lograron un desarrollo rápido gracias al aprovechamiento de los recursos mineros.

El éxito de Botsuana se transformó en un caso emblemático, por ser un país pobre, mediterráneo, seriamente afectado por la pandemia del VIH, cercado por otros países pobres y rodeado de guerras civiles. A pesar de todo esto, Botsuana logró crecer a tasas muy altas por más de medio siglo, y aún sigue dando ejemplo de crecimiento rápido.^[3] Además, el recurso natural que Botsuana explora es el más problemático de todos, el diamante.^[4]

El Banco Mundial, en los últimos años, ha desarrollado una serie de estudios sobre recursos naturales y desarrollo evidenciando como el aprovechamiento de los recursos naturales, incluida la minería, puede ser altamente positivo tanto para el desarrollo económico como para el mejoramiento de los Índices de Desarrollo Humano.^[5]

En el caso del Perú el crecimiento de la minería ha tenido resultados mixtos. Por un lado, su contribución al dinamismo de la economía, y a los ingresos fiscales es indiscutible, como lo explica Macroconsult (2012).^[6] El Instituto Global de McKinsey ha desarrollado una propuesta de cómo los países con abundancia de recursos naturales  pueden sacar provecho de dichos recurso.^[7] McKinsey es reconocida por su solvencia técnica, por sus conocimientos de estrategia y por el sentido práctico de sus propuestas. Lampadia ha difundido una versión resumida de dicha propuesta, poniendo a disposición de los lectores peruanos.^[8] Sin embargo, esas ideas no se transformaron en políticas públicas en Perú.

Los movimientos anti mineros

Lo que sí ha sucedido en Perú es que en muchas de las zonas mineras se han desarrollado movimientos políticos contrarios a la minería y al libre mercado y con claras inclinaciones autoritarias y prácticas violentas. En los últimos años esos movimientos han logrado paralizar importantes inversiones mineras (21 mil millones en proyectos mineros), y hoy están jaqueando la continuidad de la minería en Perú.

Aún que la narrativa de los grupos conflictivos es de agravios (disminución del agua, daños al ambiente, discriminación social, etc.) y esos sentimientos son reales en las poblaciones locales, los sentimientos de agravio no son suficientes para explicar los conflictos porque en esas regiones las poblaciones se benefician de las actividades mineras.

Si no son los agravios, ¿qué explica la conflictividad minera?

El negocio de la búsqueda de rentas

Nuestra conclusión es que la búsqueda de rentas es el principal motor de los conflictos.

¿Porqué la búsqueda de rentas es el principal motor de la conflictividad?

Porque en Perú, generar conflictos es un negocio muy rentable, es decir, es posible obtener importantes rentas económicas y políticas promoviendo conflictos sociales. Analicemos un poco más el contexto económico y social local para entender mejor esta idea.

La minería es una actividad con grandes unidades productivas con alta intensidad de valor agregado por hectárea. Una mina grande produce más de mil millones de dólares al año en un área relativamente pequeña, comparada con las demás actividades económicas típicas de las regiones, donde la agricultura y ganadería tradicionales, de baja productividad, son las características. Un cálculo aproximado permite ver que una mina moderna produce por hectárea más de cien veces el valor agregado de un campo de maíz amarillo duro del Perú. ^[9]

Por ello, la instalación de una mina moderna en una provincia rural del Perú crea un núcleo económico de gran escala en una zona de economía tradicional de baja o muy baja productividad. Un pequeño grupo de empresas mineras puede representar más del 20% del PBI regional, y en algunos casos más del 40%. En torno a la minería se genera un conjunto de actividades económicas (transporte, servicios y comercio), muy distintas de las actividades locales tradicionales, generando ingresos mucho más altos que los ingresos típicos de la región. Una gran mina genera la coexistencia de dos economías: una moderna ligada a la minería, y una tradicional. La existencia de esta economía dual provoca, inevitablemente, grandes transformaciones económicas y muchas perturbaciones sociales.^[10]

Las minas modernas, por su volumen de operaciones, su productividad y rentabilidad se vuelven fuentes de rentas extraordinarias deseadas por miles de personas, especialmente por líderes radicales y aventureros políticos.^[11] Ello es verdad a nivel nacional, pero es mucho más verdad a nivel local. Ese inmenso volumen de rentas extraordinarias estimula el surgimiento de una dinámica de disputas para apropiarse o repartirse esas rentas. Las disputas de rentas de la minería son tan importantes que un equipo de la Universidad de Oxford, liderado por Paul Collier, dedicó toda una serie de investigaciones mostrando el rol central de la disputa de rentas producto de actividades extractivas en las guerras civiles de los países emergentes, especialmente en África. Aún que en Perú los conflictos mineros no son armados, muchos de los análisis realizados por Collier son de gran utilidad para entender lo que sucede con la conflictividad social en Perú. ^[12]

Estudiosos de los impactos negativos de la minería se refieren a dos modalidades de la Enfermedad Holandesa, una modalidad es la económica y la otra es la política. En el caso del Perú los efectos económicos son positivos, visibles y bien estudiados. Pero, estamos delante de la variedad política de la Enfermedad Holandesa. Esta enfermedad consiste en la expansión de la búsqueda de rentas de la minería vía la promoción de la conflictividad social. ^[13]  

Lo que explica DiJohn (2002) sobre la modalidad política de la Enfermedad Holandesa es que cuando los gobernantes disponen de grandes cantidades de recursos que no provienen de impuestos cobrados por ellos a la población local sino que provienen de las actividades extractivas, ellos tienden a desarrollar conductas predatorias hacia la economía, agresivas en la política y demagógicas hacia la población.^[14] Si observamos qué sucede con algunas regiones del Perú vemos situaciones que claramente encajan en ese patrón. Lo grave, es que esos comportamientos tienden a ampliarse y a fortalecerse en los próximos años.

Las empresas mineras están mejorando su gestión social y ambiental, reduciendo en parte,  los factores que pueden generar los sentimientos de agravio en la población. Sin embargo, el mejoramiento de la prácticas sociales y ambientales no están reduciendo los conflictos. La búsqueda de rentas por medio del conflicto social es el mayor desafío que la sociedad peruana tiene que resolver, si quiere que la minería funcione como motor del desarrollo de acá a 2050. Es importante que los líderes del sector minero tengan claridad sobre como funciona la búsqueda de rentas, y ajusten sus prácticas sociales para neutralizarlas. Las condiciones favorables para generar conflictos deben disminuir y la rentabilidad de los conflictos también. Solo así los grupos radicales y los aventureros políticos abandonarán el negocio de la conflictividad social. Mientras los líderes del sector minero estén confundidos, los grupos radicales van acumular recursos y poder impulsando los conflictos sociales.

Lampadia

[1] Sachs. F. & Warner, A. (1995). Natural resource abundance and economic growth (working paper 5398). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.

[2] Mehlum, H., Moene, K., & Torvik, R. (2005). Institutions and resource course. The Economic Journal, 116(508), 01-20. DOI: 10.1111/j.1468-0297.2006.01045.x

[3] Tupy, M. (2008). Botswana and Zimbawe: A tale of two countries. Downloaded from: 

http://www.cato.org/publications/commentary/botswana-zimbabwe-tale-two-countries.

Con esta nota terminamos un primer ciclo de nuestro análisis sobre los conflictos que afectan a la industria extractiva y a la minería en especial. Los grupos anti inversión, los cultores del pos-extractivismo, esas ‘ideas muertas’ que han permitido se paren muchos proyectos de inversión sobre la base de relatos distorsionados, amenazas violentas a las poblaciones locales y manipulaciones para la búsqueda de rentas: han logrado acobardar a la clase dirigente y encapsular a todos los grupos políticos lejos del ‘atrevimiento’ de hablar con sinceridad sobre la importancia del desarrollo de esos proyectos.

Todos parecen estar esperando, que el ‘Ángel de la Guarda’ resuelva. Sin que se tengan que asumir liderazgos valientes con sus consiguientes costos políticos. El piloto automático, le llaman, a este escondite de cobardes.

Con el aporte de nuestros colaboradores del Centro Wiñay, liderados por Sebastiao Mendonça Ferreira, hemos publicado estos seis ensayos para disgregar el análisis sobre la conflictividad, que los peruanos debiéramos tener muy presentes. Esto se hace indispensable, habida cuenta del desbalance entre la presencia y laboriosidad de los anti mineros, versus la anomia o ausencia de los ciudadanos más informados, gremios y partidos políticos. Veamos:

Cómo Superar los Conflictos Políticos Prolongados

Para Reducir la Conflictividad Minera (6 de 6)

Sebastiao Mendonça Ferreira

Centro Wiñaq

“Frecuentemente se asume [equivocadamente] que, cuando están en juego objetivos económicos, los grupos de individuos con intereses comunes intentan [colectivamente] lograr esos intereses comunes”. Mancur Olson[i]

Los conflictos mineros tienen altos costos sociales y económicos y todos quisiéramos que hubieran soluciones a la vuelta de la esquina, pero el problema es más complejo de lo que aparenta y las soluciones deben ser construidas con visión estratégica y sentido práctico.

Ya hemos explicado en los artículos anteriores quienes son los actores principales de la conflictividad: (a) las sociedades regionales, (b) los grupos anti-mineros, (c) las empresas mineras y su gremio y (d) el gobierno con sus instituciones. También hemos propuesto ideas de lo que cada uno de los actores interesados en soluciones podrían hacer.

Ver en Lampadia los artículos de la serie en nuestra biblioteca virtual Recursos Naturales y Desarrollo:

• Un enfoque estratégico y sistemático – Sobre cómo superar la conflictividad anti-minera (1)
• El rol de las empresas mineras (2)
• El rol de los gremios empresariales (3)
• Condiciones sociales y políticas que viabilicen la inversión (4)
• El rol del Estado en la Reducción de la Conflictividad (5)

Ahora queremos dar una visión integral de cómo podemos pasar gradualmente desde una situación de alta conflictividad social, como la de hoy, a una en que predomine el desarrollo compartido.

La Naturaleza de los Conflictos Mineros

Primero hay que entender la naturaleza de los conflictos mineros. En los medios predominan tratamientos superficiales en donde los conflictos mineros son descriptos como incidentes en la relación entre las empresas mineras y las comunidades campesinas, sin mostrar la figura completa del conflicto ni las razones por las cuales el Perú es uno de los países mineros con mayor nivel de conflictividad en el mundo.

El quinto componente de nuestras propuestas para reducir la conflictividad anti minera, esfuerzo desarrollado con colaboración de Sebastiao Mendonça Ferreira, del Centro Wiñaq, se circunscribe al rol del Estado, el actor más importante de todos, pues está facultado para crear y modificar las reglas con las que deben actuar los demás y a ejercer el monopolio de la violencia en defensa del conjunto de la sociedad.

Después de la caída de la inversión privada y del crecimiento de la economía, coincidente con la parálisis de la inversión en minería y, habiendo vivido previamente lo contrario, alta inversión privada en minería y otros sectores, y un período largo de alto crecimiento económico, está muy claro el aporte de la inversión minera al conjunto de la sociedad y al desarrollo integral. Desafortunadamente, se ha dado mucho espacio mediático y político, así como el disfrute de la impunidad, a los grupos y cúpulas promotoras de la conflictividad minera, que han logrado confundir a buena parte de la sociedad, haciendo pensar que sus motivaciones son de carácter social y ambiental y, no políticas, ideológicas y simples mecanismos de captura del poder.

La debilidad de nuestras instituciones políticas, gremiales, académicas y mediáticas, ha permitido que los anti mineros hayan convertido los mitos anti mineros en una suerte de ‘breviario’ de lo políticamente correcto.

Estamos a días del inicio de un nuevo gobierno que tiene entre sus objetivos, la reactivación de la economía. Esto solo se podrá lograr echando a andar los grandes proyectos productivos y de infraestructuras paralizados, pues su impacto en la economía y en los muy necesarios recursos fiscales, es más rápido que el desarrollo de nuevas aventuras.

A continuación presentamos algunos lineamientos sobre el rol del Estado en la conflictividad minera. Ver los cuatro capítulos anteriores en Lampadia, Recursos Naturales y Desarrollo.

El Estado en la Reducción de la Conflictividad

Ideas para estimular un debate

Sebastiao Mendonca Ferreira

Centro Wiñaq

Una expectativa de gran parte de la población es que el nuevo gobierno tenga la voluntad política y la inteligencia para llevar a cabo la reactivación de la minería, pues su  reactivación podría dinamizar nuevamente el conjunto de la economía.

Sucede que la reactivación de la minería no será solo una cuestión de promover inversiones sino de tener la capacidad de prevenir la conflictividad social que se ha incrementado alrededor de algunos proyectos: Xtrata, Las Bambas, Conga, Tía María, etc. El gobierno saliente fracasó rotundamente en el intento de reducir la conflictividad, sacrificando miles de millones de dólares de inversión y de impuestos, y muchos miles de empleos productivos. Si este gobierno no lo hace mejor, irá por el mismo camino de su antecesor. Nuestra intención es contribuir a que esta decepción no se repita.

Marco conceptual

Como ya hemos explicado en artículos previos, los cuatro actores que determinan el grado de conflictividad social de la actividad minera son (1) las Empresas Mineras, (2) las Sociedades Locales, (3) los Anti-mineros y (4) la Institucionalidad pública/Estado. De esos actores, el Estado es el más importante porque es el que puede modificar las reglas del juego y las condiciones institucionales dentro de las cuales actúan los demás actores.

La minería, igual que el petróleo, en los años de altos precios de los commodities, como los hemos tenido hasta hace poco tiempo, genera grandes cantidades de rentas, y la disputa por esas rentas es la principal razón de la conflictividad minera. Esto contradice la aparente causalidad de los temas sociales y ambientales, que son en su mayor parte la plataforma para la búsqueda de rentas.

La conflictividad minera es un problema tan serio que para muchos de los países africanos y algunos latinoamericanos la abundancia de recursos naturales ha resultado siendo una maldición (Congo, Sierra Leona, Venezuela, etc.). El célebre economista Jeffrey Sachs llega a creer que esa maldición es inevitable.[i] Nosotros no compartimos esa opinión, y creemos que podemos hacer que los recursos naturales sirvan para promover y financiar el desarrollo sostenible. Todo depende de cuan bien se hagan las cosas, como es el caso de Botsuana, Noruega, Polonia, Chile, y muchos otros.

Los estudios de Paul Collier, de Oxford University, realizados en decenas de países y por 40 años consecutivos, concluyeron que los conflictos extractivos ocurren en aquellos países donde las instituciones crean condiciones favorables para la conflictividad, y los conflictos son más violentos en los países en que las instituciones son más precarias. Ello significa que, de los 4 factores de la conflictividad explicados arriba, el marco institucional es el más importante. De ahí el rol preponderante del Estado.[ii]

Daron Acemoglu ha estudiado el rol de las instituciones en el desarrollo o estancamiento económico de los países y ha identificado cómo el poder político y las instituciones inciden sobre el desempeño de las empresas y de las economías. Él ha desarrollado un enfoque teórico que representamos gráficamente en el cuadro de más abajo.[iii]

En el caso del Perú, los anti-mineros han aprendido a utilizar los conflictos para acumular poder político tanto “de facto” (control social, político y mediático en zonas mineras) como “de jure” (congresistas, alcaldes y gobernadores), y con ello neutralizan el funcionamiento de las instituciones públicas que viabilizan y legitiman la actividad minera, a costo del desempeño económico del país. Su ambición es prohibir la minería moderna en las zonas suni y puna, justo donde está el 80% de las reservas de minerales metálicos del país.

Por ello, la reactivación de la minería no puede ser vista como resultado de una medida aislada, tipo bala de plata, sino como consecuencia de un conjunto de cambios en ese sistema institucional y político. La implicancia central es que el Estado tiene que actuar sobre las instituciones para cambiar los incentivos económicos y las relaciones de poder, y así neutralizar a los factores que hoy bloquean a la minería. 
La buena noticia es que con la elección del nuevo gobierno (pro economía de mercado), el poder político nacional “de jure” debe ser favorable al mejoramiento del desempeño económico del país. El problema es que los anti-mineros tienen parte del poder político “de jure,” en el congreso con miembros claramente hostiles a la minería y también parte del poder político “de facto:” opinión pública, organización política, medios de comunicación, etc., y son fuertes en las regiones mineras. Nacionalmente los anti-mineros son largamente minoritarios, pero en algunas localidades mineras ellos sí son predominantes. En esas zonas van ocurrir los problemas sociales en los próximos años, pues la conflictividad minera se desarrolla justo en el desequilibrio entre el poder nacional y los poderes locales.

Las Condiciones para la Conflictividad

En el caso peruano, la conflictividad minera es viabilizada por nueve factores agrupados en tres bloques principales: (a) deficiencias institucionales, (b) poder político de los anti-mineros, (c) el clima social en las zonas mineras.

Deficiencias Institucionales

1. La incapacidad del Estado para hacer respetar la ley en las zonas mineras. Esta debilidad del Estado genera un clima de inseguridad generalizado y hace posible que la violencia y la coerción sea parte de las prácticas diarias de las organizaciones que promueven el conflicto. Esta debilidad del Estado es la condición principal para los actos de violencia y los muertos que tanto benefician a los anti-mineros. El Estado debe recuperar el monopolio de la fuerza y hacer uso legítimo del mismo.

2. La falta de legitimidad de las instituciones públicas que norman y supervisan la actividad minera. Sin referencia institucional creíble, la población local no sabe en quién creer, y se vuelve presa fácil de la narrativa de los anti-mineros y de sus campañas en contra las empresas mineras y las instituciones públicas. 

3. La fragmentación de la institucionalidad jurídica, generando una especie de vacío jurídico que refuerza la impunidad para impedir las actividades económicas, para la destrucción de la propiedad y para la realización de acciones violentas. A diferencia de los países desarrollados, aquí en el Perú autores de actos violentos y criminales terminan impunes y muchos de ellos llegan a ser declarados héroes locales. El paulatino avance de la Justicia Intercultural impulsa esta fragmentación jurídica.

Poder político de los anti-mineros

4. La narrativa anti-minera presenta una versión maniquea de la realidad en que ellos son los buenos (defensores del medio-ambiente y de la población local) frente a los malos (las empresas mineras), cubriéndose de un manto de buena intención y moralidad y ocultando sus reales intereses económicos y políticos (autoritarios). Una parte significativa de la población peruana esta bajo la influencia de esa narrativa.

5. Hegemonía mediática, vía el control de los medios de comunicación y del flujo de mensajes que llegan a la población en la zonas mineras, especialmente las radios rurales, recurriendo en algunos casos a la amenaza y a la represión violenta de las voces discordantes del discurso anti-minero. Este es un mecanismo fundamental para el influenciar la mentalidad de la población local y la propagación de rumores.

6. El desvío de recursos locales o externos. Los grupos anti-mineros siempre obtienen recursos para financiar la conflictividad, y para beneficiar a sus líderes y activistas. Su fuente principal de recursos es el desvío del presupuesto público y del canon minero (municipalidades, Gobiernos Regionales, etc.) pero también reciben fondos de sectores radicalizados y/o desinformados de la cooperación internacional. 

Clima Social

7. Disputa de rentas. En amplios sectores de la población persiste el sentimiento de que la minería es una fuente de rentas que sólo es posible apropiarse por medio del conflicto. Si la población no visualiza una relación positiva de colaboración con la minería (desarrollo compartido), se generaliza en la población la disputa de rentas por medio del conflicto. En esas condiciones los anti-mineros florecen.

8. La polarización social hostil a la minería que divide la sociedad en dos bandos (los buenos versus los malos), que neutraliza a los sectores medios urbanos (intelectuales, empresarios, profesionales, instituciones, etc.), y genera condiciones para hacer socialmente dominante la narrativa hostil a la minería. La polarización social es un mecanismo de acumulación de fuerzas muy usado por los anti-mineros y les sirve para neutralizar a sus rivales.

9. Temores y sentimientos de agravio de la población local. Los problemas de afectación del agua en comunidades cercanas, la existencia de pasivos mineros, la pérdida de posición social relativa de parte de las élites locales, el incremento de los precios locales, los accidentes ambientales, etc., agudizados por la propaganda anti-minera, generan un clima de temor y malestar hacia la minería. Estos sentimientos son exacerbados para generar la polarización social hostil hacia la minería y permitir a los anti-mineros posicionar su narrativa como los defensores de la población local.

¿Qué hacer? El rol del estado.

Esos tres grupos de condiciones que estimulan la conflictividad están inter-ligados. Es decir, solo pueden ser superadas efectivamente si se abordan conjuntamente.

En forma muy resumida presentamos algunos de los componentes de las respuestas.

1. Una apuesta por el desarrollo regional y no por la conflictividad: El nuevo gobierno debe elaborar cuidadosamente los lineamientos de una propuesta de desarrollo regional que tenga a la minería como motor económico, y el canon como el gran financiador del desarrollo regional, apoyado por inversiones del gobierno nacional. Esta propuesta debe movilizar las capacidades productivas y empresariales de las regiones de modo a generar un consenso regional pro-desarrollo. Esa propuesta debe contener un plan de inversiones públicas a llevarse acabo en base a las fuentes de recursos señaladas arriba. La población regional deberá sentirse dueña de dicha propuesta en su región, y contar con mecanismos institucionales para fiscalizar a todos los actores: gobernantes locales, empresas mineras, gobiernos nacional y regional, e instituciones públicas respecto al cumplimiento estricto de los compromisos asumidos y el uso correcto de los recursos públicos. 

2. La vigencia de los derechos y del imperio de la ley en todo el territorio: El nuevo gobierno debe hacer una evaluación de la capacidad institucional del Estado para hacer cumplir la ley en todo el territorio, muy especialmente en las zonas con actividades mineras. Es fundamental que el uso de la violencia como recurso de presión política disminuya, que los reclamos de la población se canalicen vía las instituciones que les ofrece la democracia, y que los anti-mineros sean forzados a respetar las opiniones divergentes en el seno de la población local. Sin imperio de la ley en las zonas mineras no habrá reactivación de la minería y los recursos públicos que se apliquen en obras y proyectos serán desperdiciados. La estrategia del Estado hacia la violencia debe ser preventiva para reducir los costos sociales y políticos.

Esta cuarta publicación sobre nuestras propuestas para reducir la conflictividad anti minera, desarrollada en colaboración con Sebastiao Mendonça Ferreira, del Centro Wiñaq, está referida a las condiciones políticas y sociales que hoy se hacen indispensables para el desarrollo de los numerosos proyectos  mineros que pueden contribuir al crecimiento de la economía en su conjunto y, también, contra lo que se ha predicado por parte de los grupos anti mineros, al bienestar de las poblaciones más vinculadas al sector.

Lamentablemente, ante la debilidad de nuestras instituciones políticas, gremiales, académicas y mediáticas, los anti mineros han logrado convertir los mitos anti mineros en una suerte de ‘breviario’ de lo políticamente correcto. No solo el gobierno actual ha abdicado de sus responsabilidades y, ha permitido que sus otrora socios de la anterior campaña política paralicen buena parte del sector, el 100% de los candidatos a la Presidencia de la República, los 19 que arrancaron y los dos que quedan, han expresado distintas formas de desconocimiento, sometimiento a lo ‘políticamente correcto’ y han caído en propuestas de corte populistac.

Estamos a menos de un par de meses del cambio de mando y si el próximo gobierno quiere emprender las reformas pendientes y reactivar la economía, tendrá que desarrollar una estrategia para hacer viables los proyectos, debilitando los aprontes políticos de sus opositores y logrando el apoyo de la sociedad en su conjunto y de los pueblos  de las regiones y provincias mineras.

En las siguientes líneas presentamos algunos lineamientos para ilustrar este importante cometido. Ver los tres primeros capítulos de este desarrollo en Lampadia, Recursos Naturales y Desarrollo.

Consenso para el Desarrollo Compartido

(Propuestas para Reducir la Conflictividad, 4 de 6)

Sebastiao Mendonça Ferreira

Centro Wiñaq

El inicio de un gobierno ofrece una oportunidad para hacer cambios en las políticas públicas y retomar el desarrollo perdido en la actividad minera durante los últimos años. En los próximos meses, el nuevo gobierno deberá diseñar una serie de iniciativas que desaten el nudo Gordiano de la conflictividad social ligada a la minería para destrabar la puesta en marcha de los proyectos mineros hoy paralizados. Si queremos que la actividad minera sea sostenible, es decir, que sea parte del presente y del futuro del país, su reactivación debe tener legitimidad social, es decir debe ser lograda en acuerdo con las poblaciones de las regiones mineras.

Este artículo busca dar algunas ideas en ese campo. Partimos del supuesto de que la minería tiene defensores y detractores y, que estos últimos han logrado paralizar decenas de miles de millones de dólares en proyectos, han bloqueado la generación de miles de puestos de trabajo, han quebrado a muchas empresas locales, y han sido exitosos en impedir que la población de la regiones mineras reciba algunos miles de millones de dólares en obras públicas producto de impuestos y canon. También asumimos que, si hacemos bien las cosas, la minería podría ser nuevamente uno de los principales motores del desarrollo nacional para los próximos 35 años.

Anti-mineros y polarización política

El reciente proceso electoral, en su 1ª vuelta, ha evidenciado una alta correlación entre la fuerza electoral de las organizaciones políticas anti-sistema y la conflictividad social. La conflictividad es alta justamente donde esos grupos tienen sus fuerzas políticas desarrolladas, y sus fuerzas se desarrollan mejor donde logran desencadenar procesos de conflictividad social. 

Es muy importante entender la dimensión política de la conflictividad social, porque la estrategia de los grupos anti-mineros es crecer en la conflictividad. Es decir, para ellos es más fácil lograr presencia mediática y la atención pública a través de los conflictos. Toda vez que se abre un conflicto ellos obtienen, gratuitamente, presencia mediática, presentándose como las voces autorizadas para hablar de conflictividad y de su resolución. 
No es coincidencia que los líderes anti-mineros más conocidos (candidatos en el reciente proceso electoral) han adquirido su notoriedad provocando y/o participando en grandes conflictos sociales hostiles a la minería: Gregorio Santos y Marco Arana en Cajamarca y Verónika Mendoza en el Cusco. Hablando en términos biológicos, la conflictividad social es el eco-sistema preferido de los anti-mineros. La efectividad de esa estrategia se evidencia en el mapa de los resultados del reciente proceso electoral. Ello se ha evidenciado a lo largo de toda la cordillera Andina.
Lo interesante es que los resultados electorales de los distritos y provincias mineras, han sido independientes de las opciones políticas de sus regiones. Por ejemplo: Cajamarca es una región anti-minera, entonces no sorprende la influencia electoral de los anti-mineros en las provincias y distritos Cajamarquinos. Piura es una región pro-desarrollo, donde ganó Fuerza Popular, pero en la provincia piurana de Majaz, los anti-mineros obtuvieron 59%; y en Lambayeque, en Cañaris, obtuvieron 47%. Todos distritos en que ocurrieron los conflictos mineros [1].  
Los anti-mineros aceptan una parte de la relación expresada en el gráfico superior: ellos tienen fuerza política donde hay conflictividad social (la conflictividad social favorece su expansión); pero buscan ocultar la otra parte de la relación: donde los anti-mineros tienen fuerza política la conflictividad social es más alta. Ellos buscan ocultar que su presencia genera y/o aumenta la conflictividad. 
Con las evidencias de las recientes elecciones (ver en Lampadia: Rebelión, de Richard Webb), colapsan los intentos de presentar la conflictividad minera como resultado exclusivo de la mala relación entre las comunidades locales y las empresas mineras. Ya no se puede  reducir el tema de la superación de la conflictividad a una cuestión de distribución de los beneficios de las actividades extractivas o del manejo de los impactos sociales y ambientales de la minería, o por la presencia del Estado, sin considerar el rol de todos los actores políticos que operan en la zonas mineras. En realidad, los actores políticos anti-mineros tienen un rol crítico en coordinar y escalar pequeños conflictos y para transformarlos en una  perturbación mediáticamente visible que les genere protagonismo a nivel nacional. 

Esos resultados confirman el marco interpretativo que hemos presentado en artículos previos de esta serie, donde explicábamos que los conflictos mineros están relacionados a la influencia política de organizaciones hostiles a la minería y a su accionar.[2] En esos artículos explicábamos que la posibilidad de un proceso de desarrollo compartido, dinamizado por la minería, depende del accionar de cuatros actores: las empresas mineras, la sociedad regional, las instituciones públicas y los grupos anti-mineros. El descuido del rol de cualquiera de esos actores genera propuestas inviables. Si queremos reducir la conflictividad necesitamos poder afectar la conductas de todos ellos, y no solo de las empresas o del estado.

¿Es suficiente la Inversión Pública?

La gran mayoría de la población peruana espera que el nuevo gobierno sea capaz de reabrir la ruta del desarrollo del Perú, y para ello se hará necesario reactivar la inversión en la minería. Pero si queremos aprovechar esa oportunidad y construir regionalmente un ambiente social y político favorable a un desarrollo compartido en que la minería cumple un rol dinamizador, necesitamos entender bien los factores que están detrás de la conflictividad.

Hay quienes creen que será suficiente que el nuevo gobierno se encargue de poner en marcha algunos grandes proyectos de infraestructura, con impacto en la economía local. Sería excelente que ello fuera así, pues hacer obras es más fácil que influenciar sociedades. Las obras serían suficientes si las poblaciones naturalmente se dieran cuenta que las obras son efectos positivos de la actividad minera sobre el desarrollo local. Pero, la experiencia reciente muestra el tema de la conflictividad es más complejo.

En los últimos 10 años han sido transferidos, mediante el canon, S/. 36,200 millones a las regiones mineras del Perú, equivalente a US$ 11,104 millones, por concepto de canon minero a las regiones (Una cantidad fabulosa de recursos!) y su reconocimiento por las poblaciones locales como contribución de la minería al desarrollo es muy discutible.[3] Si esa relación estuviera clara para la población, los anti-mineros no habrían obtenido tanto apoyo político en las zonas mineras en estas elecciones. Los votantes de los anti-mineros no entienden que los recursos que reciben vía canon proviene de la minería, no saben que el canon minero es el 50% de los impuestos pagados por las empresas mineras.

Sólo Minera Yanacocha ha realizado un aporte de US$ 1,711 millones por concepto de canon al desarrollo de Cajamarca. Además del canon de esa empresa en particular está el canon aportado por las otras empresas mineras (Gold Field, Tantahuatay, etc.), los aportes por cientos de millones de dólares en diversos proyectos locales, y las inversiones del gobierno nacional, financiadas con impuestos de la actividad minera. [4]

Sin embargo, en Cajamarca los grupos anti-mineros juntos (Democracia Directa y Frente Amplio) han obtenido más del 50% de los votos en las recientes elecciones generales, y sus campañas fueron enfocadas en oponerse a la minería, especialmente a Minera Yanacocha, pero también a Gold Field y a la minería como actividad productiva. Hay distritos en Cajamarca, en donde los anti-mineros han obtenido más del 80% de respaldo político, independiente de la existencia o no de alguna actividad minera en su área. Ello evidencia que hay un sistema de creencias y de alineamiento político de la población en Cajamarca que les impide imaginar su desarrollo en una relación sinérgica con la minería.

Podríamos considerar que las autoridades locales y regionales no han hecho un uso óptimo del canon minero, dados los montos gigantesco de las contribuciones fiscales de la minería y los índices actuales de pobreza de algunas regiones beneficiadas por el canon, pero independiente de las explicaciones de la ineficacia del canon, importantes segmentos de la población no relacionan minería, canon y desarrollo. En algunas regiones, la población cree que la paralización de la minería no tendría mayor impacto en sus actividades económicas, e incluso, podría ser bienvenida por algunos segmentos sociales significativos. Solo así se explica ese grito que decía: “Canon sí, minería no”.

Hacia un nuevo consenso social y político

Hay que tener claro que, haga lo que haga el nuevo gobierno para reactivar la minería, las organizaciones anti-mineras van buscar descalificar las iniciativas y van intentar crear un movimiento de oposición en las regiones, en los medios nacionales y en el Congreso de la República (junto con rebotes internacionales tácticos). El nuevo gobierno, por lo tanto, no deberá enfocar su estrategia de reducción de conflictos sociales en la realización de obras, sino con la creación de condiciones sociales y políticas que viabilicen la inversión y las actividades mineras. Las obras serán efectivas en la medida en que sirvan como instrumento para este objetivo.

La reactivación de la minería necesitará ser un proceso no solo económico sino principalmente social y político, tanto en el ámbito regional como nacional. Por ejemplo: los Cajamarquinos necesitarán evaluar su experiencia con la minería, tanto en período del auge minero (2003-2013) como en su actual período de reducciones y cierres. Los líderes regionales y la población necesitarán repensar sus aciertos y errores, e imaginar cómo pueden combinar la actividad minera con sus otras actividades económicas, para volver a ser una región atractiva para las inversiones mineras.

En ese proceso de creación de un nuevo consenso deben participar tanto los sectores rurales como urbanos. Este proceso no debe reducirse a una negociación entre las empresas mineras y las comunidades vecinas a sus operaciones, de espaldas a los demás actores. Esta clase de negociación estimula la conflictividad y la búsqueda de rentas económicas de parte de algunos dirigentes y sectores sociales, como sucedió recientemente en Arequipa y anteriormente en Espinar, y de rentas políticas por parte de aventureros locales y nacionales. El consenso social a crearse debe involucrar a todos los actores de la sociedad regional, y no solo a las fuerzas en conflicto.

El desarrollo regional compartido, y el rol de la minería en ese desarrollo, interesa a todos los segmentos de la población, y también a las empresas e instituciones de la región. Las actuales mesas de concertación, creadas para manejar conflictos, son insuficientes para canalizar las expectativas y hacer cumplir los compromisos de todos los sectores y actores institucionales y empresariales cuyo presente y futuro serán afectados por la paralización o desarrollo de la minería.

Los sectores medios de las sociedades regionales deben tener espacios en que puedan expresarse libremente, sin la hostilización de los grupos anti-mineros. La diversificación de las economías regionales dependerá críticamente del desarrollo de las empresas locales. Además, son esos sectores medios que pueden evitar la polarización social que tanto buscan los anti-mineros para generar una dinámica de conflicto en la cual su postura extremista pueda fortalecerse “pulverizando el centro”. Los sectores medios regionales deben ser empoderados para hacer posible que los intereses de los sectores menos conflictivos, que apuestan por la creación de riqueza y no por el conflicto rentista o ideológico, puedan expresarse en libertad.

Son los sectores medios quienes pueden generar una diversidad de oportunidades para que los sectores de menores ingresos saquen provecho de la minería sin tener que utilizar la conflictividad como mecanismo principal de disputa de las rentas mineras. Es importante que las empresas mineras fortalezcan las cadenas de valor locales, pero el desarrollo compartido requiere más que esto. Si queremos democratizar las oportunidades de desarrollo, necesitaremos que los sectores medios (rurales, urbanos y peri-urbanos) progresen económicamente y generen oportunidades de empleo, y demanda de productos y servicios a los demás sectores sociales.

La victoria electoral en esta 2ª vuelta, sea de quien sea, le va entregar al nuevo gobierno un gran capital político, un capital que no debe ser desaprovechado. El gobierno deberá enviar las señales políticas, definir las reglas del juego, ofrecer el marco institucional, y crear las condiciones para que el proceso de creación de ese nuevo consenso social y político avance en las regiones mineras. Las experiencias exitosas de desarrollo minero, como la de Botsuana, África, muestran que el uso efectivo de los recursos generados por la minería (canon, impuestos, regalías, etc.) ha sido un factor importante del éxito de esos países (Acemoglu et al, 2001, p. 19).[5] Estos últimos 10 años de canon y desarrollo regional muestran que el aprovechamiento de las rentas mineras en el Perú es muy deficiente, y esta ineficiencia contribuye al incremento de la conflictividad.

Todo el proceso debe realizarse estando consciente que se requiere fortalecer a una red de actores locales que visualizan en el desarrollo compartido dinamizado por la minería como su ruta de progreso. Esos actores locales, con un apoyo del Estado y de políticas públicas, serán quienes podrán encontrar las rutas de prevención y/o de solución a los conflictos que pueden darse en las zonas de actividad minera.

No es cuestión de reunir a los anti-mineros para ver si se logra convencerlos a abandonar su estratégica de promoción de conflictos, ni mucho menos ofrecerles protagonismos y beneficios con la ilusión de ganarlos o neutralizarlos. Ellos ya saben como obtener beneficios de la conflictividad, lo vienen haciendo por décadas, y tienen una ideología de polarización social (son, en un 90%, anti-sistema). Ellos solo van dejar de promover conflictos cuando sus métodos comiencen a fracasar, es decir, cuando la población comience a rechazar sus iniciativas y pongan sus esperanzas en otra dirección.

¿Por donde empezar?

Cada región del Perú va ser un caso específico, con su historia de conflictividad, con una institucionalidad local particular, con un clima social específico, y con una situación económica y política pero todas deberán ser parte de una propuesta de alcance nacional.

No hay que empezar por abordar los problemas más difíciles, sino por solucionar aquellos casos que, siendo viables en un plazo breve, pueden asumir un rol demostrativo del tipo de solución posible en los casos más difíciles. También se puede comenzar desde ahora operando en las regiones con los casos más conflictivas, pero debemos hacerlo abordando los temas en los cuales ya hay elementos de consenso social, como la reparación de los pasivos mineros.

Las iniciativas a poner en marcha deberán ser acciones simbólicas para que la población local pueda comenzar a imaginar como sería el desarrollo en su zona, y así puede comenzar a creer en la sinergia entre la minería y sus otras actividades económicas. El propósito de las primera acciones será crear confianza, en como podría ser un proceso de desarrollo compartido, y gradualmente generar entusiasmo en la población.

La población se va convencer por más los ojos que por los oídos, es decir, los avances logrados en algunas zonas van servir de referencia de lo que podría suceder en otras zonas. No hay que reinventar la rueda ni la pólvora. Hay que identificar las iniciativas de desarrollo compartido que ya están en proceso. Hay que generar espacios regionales y nacionales en que puedan ser visualizadas, compartidas y potenciadas. Hay que mapearlos a nivel nacional, visibilizarlos y extraer lecciones de cómo podrían se generalizados y/o ampliados. A nivel local, mucha gente creativa ya ha venido progresando en armonía con la minería, tipo ferias de innovación para el desarrollo compartido. Estos casos deben inspirar nuevas iniciativas e ilustrar lo que puede ser en la escala regional. Estos casos, además, van a servir como prueba de lo que se puede lograr con el apoyo de políticas nacionales adecuadas.

Naturalmente, se van a requerir reformas en las instituciones públicas nacionales ligadas a la actividad minera y al desarrollo regional. Será necesario además crear el marco institucional regional para que los sectores medios (empresas, universidades, instituciones privadas, etc.) tengan voz. Esos cambios en el marco institucional necesitarán ser bien pensados, para reducir la generación de espacios para la disputa social y para propiciar la difusión de una narrativa que legitime la actividad minera y la iniciativa empresarial regional.

Lampadia

[1] http://www.lampadia.com/analisis/mineria/conflictos-mineros-y-resultados-electorales

En Brasil está terminando una era, la de los gobiernos de las izquierdas latinoamericanas del nuevo siglo, con el liderazgo y debacle del Partido de los Trabajadores (PT). Recordemos que Lula da Silva y el PT fueron los mentores de las izquierdas de la región, organizaron el ‘Foro de Sao Paulo’ para contrastar al ‘Foro Económico Global de Davos’, sabotearon los acuerdos de libre comercio de las Américas, apadrinaron a Hugo Chávez, el propulsor del ‘socialismo del siglo XXI’, e ‘inspiraron’ a varios líderes de la izquierda tradicional peruana.

Como cayó el Muro de Berlín, bloque por bloque, los fracasados gobiernos de las izquierdas pre-modernas de Sudamérica, van cayendo, dejando una estela de frustración, desenfoque histórico y niveles ominosos de corrupción. Brasil ha seguido así a su socio del malogrado Mercosur, Argentina, y su ahijado, Venezuela, agoniza en una insoportable crisis humanitaria.

Brasil ha sido siempre visto como ‘el país del futuro’. Lamentablemente, acaba de destruir uno de esos futuros y ha perdido, probablemente, la mejor oportunidad de su historia para llegar al desarrollo. Ahora se inicia un nuevo proceso liderado en parte por nuevos miembros de la política brasileña, los jóvenes liberales del Movimiento Brasil Livre y del Movimiento Vem Pra Rua.

Desde estas páginas deseamos a Brasil la mejor de las suertes en el largo camino que tendrá que recorrer para diseñar ‘un nuevo futuro’.

Leer líneas abajo el magnífico relato del contexto histórico de este proceso, escrito por nuestro colaborador Sebastiao Mendonça Ferreira.

Los Liberales y la Crisis Política Brasileña

Sebastiao Mendonça Ferreira

Centro Wiñaq

La crisis política brasileña se ha acelerado, y la ‘Era PT’ se está concluyendo con una rapidez sorprendente. Los treinta y dos años ininterrumpidos de democracia (1984-2016) están produciendo algunos buenos resultados. Un gobierno corrupto e incompetente (PT) está siendo removido del poder con el uso de mecanismos democráticos, repitiendo el caso de Collor de Mello (1992), y consolidando las instituciones de la democracia en Brasil.

El fracaso económico del populismo del PT, sin dudas, está jugando su papel detrás de la política, y la independencia de la Policía Federal, del Ministerio Público y del Poder Judicial, relativa en este último caso, ha sido indispensable para que ello ocurriera. Sin embargo, este reciente proceso no puede explicarse sin dos otros actores clave: los medios de comunicación que nutrieron el debate público y el movimiento social que están empujando a los demás actores políticos e instituciones a tomar las acciones adecuadas.

Las grandes marchas de los últimos años, especialmente la última (13 de Marzo 2016) con más de 6 millones de personas, han sido lideradas y organizadas por movimientos sociales con inclinación liberal, derrotando a la izquierda en el control de las calles y constituyendo en un hecho sin precedentes en la política de Brasil.

¿Como puede ser que, en un país con amplio predominio de ideas populistas, estatistas y con presencia masiva de marxistas en las universidades, instituciones públicas y medios de comunicación, el cambio político más importante en décadas resulte siendo liderado por liberales? Veamos algunos antecedentes para entender esa transformación.

En forma simplificada, podemos organizar la historia de las ideas liberales en Brasil en cinco grande períodos: [i]

Estos períodos no deben ser vistos como algo rígido, pues la realidad es siempre más compleja que los esquemas, y las fases de los fenómenos políticos nunca son tan definidas. Parte de lo viejo sigue existiendo en el presente, y parte del futuro ya está emergiendo hoy.[ii]

El liberalismo en un contexto pre-industrial

Durante el segundo imperio, Don Pedro II gobernaba una monarquía con alto grado de libertad, casi sin presos políticos ni periodistas procesados. Al interior de la clase política y la intelectualidad existían diversas corrientes liberales que buscaban adaptar las instituciones Francesas, Inglesas y Americanas a las condiciones de atraso de la sociedad Brasileña. Las corrientes más radicales de los liberales se enfocaban en terminar con la monarquía, acabar con la esclavitud e instalar la república. Ruy Barbosa lideraba esas corrientes radicalizadas. 

En aquel entonces los liberales, periodistas y toda la clase política eran pequeñas minorías con influencia urbana en un inmenso país agrario y políticamente desarticulado. Las disputas políticas predominantes, entre conservadores y liberales, buscaban influenciar a Don Pedro II, pues en él se concentraban todas las decisiones. En el fondo eran debates en la corte, y entre la nobleza, la diminuta élite social y los militares. La inmensa mayoría de la sociedad brasileña vivía en otra realidad, protegiéndose de la esclavitud, de la arbitrariedad de los caciques locales y de los grupos de bandoleros que azotaban pueblos y haciendas.

La Vieja República Liberal, implantada en alianza con los militares, y bajo la influencia positivista, definió una constitución liberal en 1891: eliminación de los títulos de nobleza, separación de la iglesia y el estado, respeto a las libertades públicas, introducción del Habeas Corpus, creación del sistema político presidencialista y la organización federal del Estado, están entre los puntos más saltantes. El Brasil inició su vida democrática bajo el liderazgo liberal. Lamentablemente, esa orientación se perdió y no se recupera hasta nuestros días.