Sebastiao Mendonca Ferreira
Un trabajo del equipo del Centro Wiñaq
Para Lampadia

16 mil muertos sin explicación

Todos los días mueren personas en Perú. Morían en el 2019 y mueren ahora en el 2020. El problema es que, considerando sólo a las muertes no violentas, entre el 1º de abril y el 29 de mayo, de este año 2020, murieron 17,406 más personas que el año pasado. A esos muertos extra del 2020, los llamamos “Muertos Excedentes”.

Expliquemos un poco más. El año pasado, entre el 1º de abril y el 29 de mayo, fallecieron 16,136 personas por muerte no violenta, es decir, por problemas de salud como diabetes, tuberculosis, dengue, problemas cardíacos, desnutrición, etc. Este año, 2020, en el mismo intervalo de tiempo, murieron 33,542 personas por causas no-violentas. La diferencia entre los dos años son los 17,406 muertos excedentes. (Si hiciéramos la diferencia con el promedio de fallecidos de 2017, 2018 y 2019, los muertos excedentes se incrementarían en 611, una variación de solo 3.8%)

Según el informe oficial del MINSA (siempre en ese mismo intervalo), 4,230 personas fallecieron por COVID-19. Entonces nos queda 13,176 muertos excedentes sin explicación. Esta no es una pequeña cantidad, ni es un pequeño porcentaje. Es el 75.7% de los muertos excedentes que no son explicados por el reporte COVID-19 del MINSA.

Hablando en términos diarios, los muertos excedentes del día 29 de mayo fueron 850. Según el MINSA, los muertos por COVID-19 ese mismo día fueron 131. ¿De qué han muerto los 619 restantes? ¿Acaso hay alguna otra epidemia no identificada en Perú, que matando a muchos cientos adicionales de personas por día?

Creemos que, dejar sin explicación a ¾ de los muertos excedentes no es adecuado. Si queremos entender lo que está pasando con la epidemia, necesitamos considerar a los muertos excedentes y no solo al informe oficial de fallecidos por COVID-19 que nos brinda el MINSA. No es gratuito que equipos de investigadores de institutos de investigación de la más alta respetabilidad (London School of Hygiene & Tropical Medicine, London WC1E 7HT, UK (DAL, LS, CIJ); Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Germany (VMS); Centre for Fertility and Health, Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Norway (PM); and University of Economics, Prague, Czech Republic (MP)), y medios internacionales como The Economist y Financial Times, estén utilizando los muertos excedentes para monitorear la evolución de la epidemia. (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30933-8/fulltext)

Cuando comparamos la composición de género (hombres y mujeres) de los muertos excedentes, encontramos que es muy similar a la composición de género de los muertos por COVID-19, reportados por el MINSA. Según los informes del MINSA, los muertos por COVID-19 son 28% mujeres y 72% hombres, y los muertos excedentes son muy próximos: 31% mujeres y 69% hombres. Sucede que, en tiempos normales, la proporción de muertos mujeres es 48% y de muertos hombres es 52%. ¿Cómo explicar que la distribución de género de los muertos excedentes sea tan similar a la del COVD-19 y que sea tan distinta del patrón normal de las muertes en el país? ¿Es que esa “otra epidemia” tiene el mismo patrón de género que el coronavirus, que golpea mas fuerte donde mas casos de COVID han sido reportados o será que el coronavirus es la explicación de la mayor parte de los muertos excedentes?

En los países desarrollados, que han sabido manejar la epidemia y registrar bien a los muertos, hay una alta coincidencia entre los muertos excedentes y los muertos por COVID-19. En el Reino Unido los muertos COVID-19 son el 72% de los muertos excedentes, en España son el 78%, en Francia son 93%, en Suecia son 92%, etc. En los países menos desarrollados ese registro ha sido deficiente y los muertos registrados por COVID-19 sólo representan una fracción de los muertos excedentes. En Indonesia los muertos COVID-19 oficiales son el 14% de los excedentes, y en Turquía son el 44%. El Perú, se ha quedado entre Indonesia y Turquía, pues los muertos COVID-19 oficiales representan 24% de los muertos excedentes. (https://www.economist.com/graphic-detail/2020/04/16/tracking-covid-19-excess-deaths-across-countries). Cuando las diferencias entre los muertos COVID-19 registrados y los muertos reales son pequeñas (10% o hasta 20%), el ajuste de las cifras puede esperar hasta que termine la epidemia, pero cuando el 76% de los muertos excedentes carecen de explicación, el ajuste de las cifras no debería postergarse.

Es muy probable que tradicionalmente exista un sub-registro del SINADEF. Es decir, que los muertos reales sean más de los reportados por SINADEF, especialmente en las provincias alejadas de Lima. De ser así, los muertos excedentes del 2020 serían aún más numerosos, pues es muy probable que ese sub-registro del SINADEF se haya agravado durante la epidemia (En Iquitos, el Hospital Regional ha registrado 800 muertos al 13 de mayo, bastante más que 500 muertos que el mismo SINADEF reportó hasta esa fecha.). Entonces, el sub-registro del SINADEF reforzaría el motivo de preocupación, pues se podría hablar de un excedente de fallecidos aún mayor a los 17,406 y el porcentaje de muertos sin explicación de la causa de su muerte sería aún mayor que 76%.

El estado de la epidemia

Si los muertos excedentes son, en su gran mayoría, causados por el COVID-19 y el registro oficial de los muertos COVID-19 es tan poco representativo (24%), entonces necesitamos monitorear a los muertos excedentes para saber qué pasa con la epidemia, como lo hicieron los institutos de investigación antes señalados. La observación de los muertos excedentes entre el 1º de abril y 29 de mayo nos indica que la epidemia sigue avanzando, aunque muestra una desaceleración. A esa fecha, el Perú (considerando solo la población de la costa y la selva), había llegado a 463 muertos excedentes por millón, un nivel comparable al de Francia, pero mucho menos que de España o Italia, aunque se trata de sociedades con promedios de edad más elevados que el peruano.

A pesar de la desaceleración en los fallecidos excedentes por día; no debería sorprendernos si esa desaceleración se revierte en las próximas semanas por el incremento de las actividades económicas y de las dinámicas de contagio, especialmente en los medios de transporte en Lima.

Para tener una imagen mas realista de la evolución de la epidemia es necesario indicar que en Perú hay dinámicas muy diferenciadas y la data agregada puede ocultar aspectos importantes.

1. En Iquitos y Pucallpa la epidemia ya pasó el pico y va en bajada,
2. En la sierra está aún en una fase incipiente (ver estudio sobre la menor agresividad del coronavirus en alturas superiores 2,500 metros: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7175867/),
3. La costa norte (Chiclayo, Piura, Tumbes, etc.) presenta dinámicas poco claras, y
4. En Lima-Callao la epidemia sigue creciendo, aunque a menor ritmo. Por su población y su conexión con todo el país, Lima-Callao comanda la dinámica nacional.

Dada las limitaciones que el Estado Peruano ha evidenciado para controlar la epidemia, el porcentaje de personas que fallecen fuera de los hospitales (39%, según SINADEF) y el alto porcentaje de la población informal (71%), el número de muertos de los próximos meses va depender principalmente de la letalidad real del virus. Si tomamos como referencia las estimaciones de letalidad hechas en otros países (New York: 0.86%, Francia: 0.5%, 1% Brasil etc.) y el mayor porcentaje de población joven del Perú, y la mala calidad de su sistema de salud podemos creer que esa letalidad es mucho menos que los 2.7% que publica el MINSA. (ver estudio del Imperial College sobre Brasil, un país con una estructura etaria y servicios de salud mas parecidos al Perú que los países europeos: https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-21-brazil/)

Algunas conclusiones

• Facilitar la información del SINADEF es una expresión de transparencia de parte del MINSA, pero la información que brinda sobre los muertos por COVID-19 es muy incompleta y no genera una base para analizar las dinámicas de la epidemia.
• La modelización que están haciendo instituciones internacionales sobre el Perú es con la data del MINSA.  Si ellos dispusieran de una data más cercana a la realidad (como la que disponen de países desarrollados), sus resultados serían más realistas.
• Es el número de muertos excedentes lo que indica las dinámicas de la epidemia y evidencia el costo real de vidas humanas que está teniendo, y ofrece indicadores más cercanos a la realidad.
• El futuro de la epidemia dependerá de las diversas regiones, pero Lima y Callao serán los núcleos principales.
• Lima se está desacelerando, pero puede re-acelerar de acá a dos semanas, por el aumento de la actividad económica.
• Es probable que los muertos reales se acumulen en decenas de miles, y no en unos pocos miles, como se presenta hasta ahora en los informes oficiales.
• Estudios de seroprevalencia ayudaría a monitorear con mejores evidencias el avance de la epidemia y conocer qué ciudades se acercan o no a una posible inmunidad de manada.

Lampadia

Presentación

“Análisis Estratégico del Conflicto Tía María” es un libro oportuno. Sirve para entender a los conflictos sociales que se desarrollaron en el Valle de Tambo desde el 2009 hasta hoy, y presenta un marco de interpretación del origen de los conflictos, y del accionar de los actores involucrados la conflictividad, de cómo actúan, sus objetivos y la interacción entre los mismos.

Para analizar Tía María, los autores parten marco analítico derivado de un estudio previo de varios conflictos mineros ocurridos en América Latina en las dos últimas décadas: Pascua Lama, Río Blanco, Esquel, Colombia, Costa Rica, etc. El propósito de ese estudio ha sido entender la lógica que guía los promotores de los conflictos e identificar qué determina los desenlaces de ellos, es decir, cómo hacen los grupos anti-mineros para bloquear los proyectos extractivos.

La oposición que se desarrolla a los proyectos mineros es vista como parte de conflictos políticos prolongados en el cual los opositores a la minería buscan erosionar la reputación de quienes pueden afectar dicha actividad. Sea el ejecutivo, el congreso, el poder judicial o la empresa minera. Es una lucha por producir daño reputacional, por erosionar la confianza de la sociedad en dicha actividad, o en un proyecto especifico y desprestigiar a todos aquellos que defiendan a la actividad minera.

Los autores explican como los temores hacia la minería son exacerbados para inducir a la población a creer que están frente a una amenaza a gran escala y que es un imperativo vital movilizarse para defender su forma de vida tradicional y salud de su entorno. Una vez generados los conflictos, éstos son utilizados para forzar a los poderes del estado y la empresa a enfrentar el dilema de apoyar el proyecto o abandonarlo.

En el caso de Tía María, los promotores del conflicto buscan generar costos políticos al actual gobierno para que éste, por la necesidad de proteger su popularidad, termine renunciando a brindar el marco institucional necesario para darle viabilidad al proyecto.

El texto ofrece a sus lectores un estudio realista de la problemática social y política de la minería moderna, y de los desafíos que deben enfrentar para hacer que dicha actividad pueda dinamizar de la economía peruana y abrir las puertas del progreso a la población. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Los beneficios económicos y sociales del proyecto minero Tía María son indiscutibles. El proyecto de Southern Peru, tiene un horizonte de 20 años, con los actuales yacimientos. Se estima que va generar más de 4,000 empleos (directos e indirectos) por los 20 años, otros 3,000 empleos directos más durante la construcción, va entregar un total de 5.5 mil millones de soles en canon y regalías, 100 millones de soles en canon anual solo para la provincia de Islay (con poco más de 50 mil habitantes), 215 millones de soles anuales de impuesto a la renta para el Estado peruano, además de la dinamización y modernización de la economía de la provincia, del valle de Tambo y del entorno de Mollendo. Y como todo proyecto minero moderno, su EIA ya tiene previsto el control ambiental para no afectar el valle cercano del Río Tambo y la recuperación del área perturbada una vez culminada la actividad minera, minimizando así su impacto ambiental en la zona desértica donde operaría. Este proyecto puede ser el inicio de una serie de inversiones adicionales que el Grupo México (Socios controladores de Southern Peru) tiene planificada llevar a cabo en Perú, totalizando cerca de 8.0 mil millones de dólares.

Además, la puesta en marcha de Tía María puede significar una señal positiva para toda una cartera de ampliaciones y de nuevos proyectos mineros por un total de 59 mil millones de dólares, que están esperando que el actual gobierno sea capaz de garantizar el estado de derecho en todo el país para poner en marcha sus inversiones, dinamizando así la economía nacional. No hay que olvidar que cerca de 17% de esta cartera de proyectos se encuentra paralizada a causa de conflictos sociales.

A pesar de esos grandes beneficios, el riesgo de bloqueo del proyecto es alto, y de acá a pocos meses podemos estar asistiendo un nuevo fracaso de los gobiernos peruanos para posibilitar el aprovechamiento del extraordinario potencial mineral, especialmente metálico, del Perú. Este artículo explica brevemente los riesgos y posibilidades de desenlace del tercer intento de implementación del proyecto, actualmente en curso (2011, 2015 y 2019), y qué hacer para evitarlos. Estas notas se basan en un análisis del proceso estratégico detrás del conflicto de Tía María escrito por Camilo Ferreira y Fernando Tincopa, del Centro Wiñaq, y que se encuentra actualmente en prensa.[i]

Los conflictos mineros son fenómenos complejos, de larga duración, con múltiples factores causales y una diversidad de actores involucrados. ¿Cómo analizar entonces la situación y perspectivas de Tía María? El enfoque utilizado por el Centro Wiñaq se basa en la teoría de juegos y combina tres perspectivas.

• La primera se refiere a las estrategias de los movimientos sociales para derrotar poderes establecidos, desarrollado por Gene Sharp, del Albert Einstein Institute.[ii]
• La segunda es una generalización del marco analítico de Paul Davis, de Rand Corporation, para analizar los factores que determinan el soporte público a los movimientos políticos:[iii]
• La tercera perspectiva se basa en los estudios de Scartascini et al. (2008) del Banco Interamericano sobre cómo las instituciones políticas realmente funcionan en los trópicos.[iv]

Estudiando los colapsos de proyectos mineros en Perú y en varios otros países latinoamericanos como Colombia, Argentina, Costa Rica, El Salvador, etc., hemos encontrado que la viabilidad de los proyectos mineros depende de cuatro pilares de soporte y que, si cualquiera de esos pilares colapsa, el proyecto se vuelve inviable, aún que los demás estén sólidos (las cadenas se rompen por el eslabón más débil).

El Poder Ejecutivo y el Proyecto Tía María

La postura favorable o desfavorable de los pilares de soporte hacia un proyecto minero depende de los sistemas de incentivos que ellos enfrentan, es decir, si les conviene o no les conviene apoyar la puesta en marcha de dicho proyecto.

En el caso de Tía María, la postura del poder ejecutivo es la variable crítica para el futuro del proyecto, pues no se observa situación con alguna posibilidad relevante que pudiera inducir al congreso, al poder judicial o a la empresa a afectar la viabilidad del proyecto. Si el Poder Ejecutivo es el pilar clave, se hace importante entonces identificar qué factores pueden incidir sobre el sistema de incentivos del actual gobierno peruano. Es decir, ¿qué condiciones o sucesos pueden influenciar las preferencias del gobierno en relación a Tía María?

Los 14 meses de este gobierno indican que no tiene una ideología hostil a la minería (post-extractivismo, pos-modernismo, neo-marxismo, etc.), pero también indican que sus intereses son exclusivamente políticos y ha dado señales que no está dispuesto a ponerlos en riesgo por un proyecto minero, por más importante que dicho proyecto pueda ser para el desarrollo económico del país.

Un gobierno así quisiera cosechar los frutos políticos y económicos de un nuevo proyecto minero, pero tiene un umbral muy bajo para los riesgos que está dispuesto a correr para ejecutarlo. Conviene tener en mente que este gobierno no tiene el soporte de un partido político, no tiene respaldo parlamentario y el apoyo de los medios varía mucho según el tipo de conflicto que enfrenta. Es decir, este es un gobierno cuyos intereses políticos dependen críticamente de su popularidad y de la amplitud de su coalición, y que está enfrentando dificultades para que éstas no se reduzcan. Un gobierno así tiene poca profundidad estratégica para enfrentar los conflictos sociales y políticos que pueden surgir durante la implementación del proyecto.

La empresa ha hecho gran parte de lo que le correspondía hacer para revertir los factores locales que determinaron los colapsos anteriores. Ha llevado a cabo todo un programa de educación de la población, visitando casa por casa y disipando los temores ambientales que los grupos hostiles habían diseminado en la población. Los resultados de su labor han sido positivos: la opinión pública de la provincia de Islay está mayoritariamente favorable al proyecto (59%, según Vox Populi). Ello es importante porque la población en el entorno al proyecto tiene un rol crítico en su viabilidad. No hay proyecto minero viable sin apoyo de la población del entorno.

Sin embargo, la opinión de la población del entorno no es suficiente para garantizar su implementación y una encuesta reciente de Idessia indica que, en la provincia de Arequipa, fuera del ámbito del proyecto, el 62% de la población está mayoritariamente en contra.[v] Además, el Comité de Regantes del Valle de Tambo, la principal organización de los agricultores, se mantiene en contra del proyecto y los grupos hostiles a la minería están activos y buscan la radicalización de la población.[vi]

La fuente principal de los riesgos para el proyecto proviene de los factores políticos: El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, el alcalde provincial de Islay y los alcaldes distritales de Cocachacra, Punta de Bombón, Mejía y Deán Valdivia se han pronunciado en contra del proyecto. Además, los congresistas de izquierda están activamente oponiéndose al proyecto y para muchos periodistas y los medios de comunicación ellos son voces calificadas para explicar los conflictos. Ello significa que, en los próximos meses, los opositores a Tía María van contar con plataformas mediáticas gratis para atacar al proyecto y van poder hacer campañas contra el proyecto y a favor de la conflictividad.

La experiencia anterior de Tía María indica que, cuando los conflictos de desarrollan, la situación de la opinión pública tiende a deteriorarse. En 2015, al inicio del segundo conflicto, la opinión pública a nivel nacional (Según GFK) era 55% a favor de la ejecución del proyecto.[vii] Pero, cuando el conflicto avanzó, la opinión pública nacional se inclinó mayoritariamente en contra de la implementación inmediata del proyecto: 45% prefería una suspensión definitiva y 23% opinaba por la cancelación definitiva, totalizando un 68% en contra del proyecto.[viii] En la situación actual los márgenes son más angostos que en el 2015.

También hay que considerar los costos políticos que el conflicto puede tener para el gobierno. En el 2015, antes de la escalada del conflicto la popularidad de Humala era de 24% y su desaprobación era de 72%, al final, su popularidad había caído a 16% (una queda de 8%) y su desaprobación había aumentado de 77% (una subida de 5%). Ello significa que, cuando hay un conflicto minero, la popularidad de los presidentes tiende a caer. Para un gobierno que prioriza su popularidad, esa tendencia es preocupante.

¿Qué se puede hacer para aumentar las posibilidades de éxito de Tía María?

Quienes deseen que Tía María se implemente (Southern, SNMPE, CONFIEP, periodistas, políticos y analistas) deben tener claro que lo que tienen por delante es un conflicto político, que el desenlace va depender de las decisiones del poder ejecutivo, y que esas decisiones van a depender a su vez del sistema de incentivos que el ejecutivo enfrente. En otras palabras: ¿Con cual desenlace el gobierno gana o pierde más? ¿Es con la implementación del proyecto o es con su abandono? La principal forma de incidir sobre la viabilidad de Tía María hoy es afectando el sistema de incentivos que enfrenta el gobierno.

Esa batalla tiene que darse a nivel nacional, regional y local, con voceros serios y creíbles con una narrativa adaptada a los diversos segmentos de la población. Dicha narrativa a Tía María debe basarse en el actual sistema de creencias de la población, evitando las explicaciones que sobrevaloran los elementos técnicos o que subvaloren la inteligencia de la gente, respondiendo a sus intuiciones y temores. No hay que olvidar que Lima es la caja de resonancia del país y que lo que se difunde en Lima llega a todas las regiones y se vuelve un instrumento para las luchas locales.

El apoyo social a Tía María va depender de que el gobierno, de que la empresa y de que las instituciones del sector logren responder bien a algunas preguntas que la población tiene en su cabeza:

• ¿Es Southern una empresa confiable? ¿por qué puedo confiar en Southern?
• ¿En qué ha cambiado Southern para que sea confiable? Si la empresa antes no era confiable, ¿qué señales indican que ahora ella es distinta?
• ¿El proyecto actual representa o no un riesgo real para la agricultura del valle de Tambo? ¿cómo puedo saber que el agua y el aire del valle no van ser afectados por la actividad minera cercana?
• Si Tía María no es una amenaza, ¿por qué entonces la población y las autoridades locales se oponen al proyecto? Si la gente se moviliza debe tener una razón para hacerlo, ¿cuál es la verdadera razón de las movilizaciones?
• ¿Cómo tiene el gobierno previsto garantizar la protección ambiental del valle de Tambo? ¿Qué mecanismos confiables ofrece el gobierno para proteger el ambiente del valle?
• Si Southern no cumpliera sus promesas y comenzara a contaminar, ¿tiene el gobierno la voluntad política y la capacidad institucional para obligarle a hacer lo correcto? ¿Cómo el gobierno garantiza que la empresa no le va manipular en caso de contaminación?
• ¿Qué razones tengo para confiar en las promesas de este gobierno? Si el gobierno va ser el garante de la población, ¿Qué señales muestran que el garante es confiable?

En la medida en que la población encuentre respuestas claras y convincentes a esas preguntas, sus preocupaciones se reducirán y los grupos hostiles a la minería perderán influencia. Por ello, la batalla de fondo no puede reducirse a elementos transaccionales (obras, proyectos de desarrollo, donaciones, etc.). Tiene que apuntar a ganar la confianza, pues el grado de confianza de la población local, regional y nacional será la principal carta para definir si Tía María va o no va. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Con la calidad y cantidad de las reservas metálicas que tiene el Perú, la minería puede cumplir un papel fundamental en la superación de la pobreza y en la ampliación de las puertas del desarrollo en este nuevo siglo. Sin embargo, es común escuchar que la minería genera un modelo de crecimiento dependiente de una sola actividad que restringe las potencialidades de los demás sectores económicos del país.

Este es un argumento que suena sólido, pues una economía diversificada es, por lo general, más robusta que una economía con un portafolio reducido de productos. Sin embargo, la rigidez en el pensamiento económico, que busca forzar que el país tenga una economía diversificada en el corto plazo puede resultar siendo una traba para el mejor aprovechamiento de las reservas minerales del país y para que el Perú pueda desarrollarse en una economía globalizada.

La Enfermedad Holandesa

La versión más sofisticada de la crítica al rol de la minería en el desarrollo del país es un modelo conocido como la “Enfermedad Holandesa”. El origen de este concepto se remonta al hallazgo de gas en la costa holandesa, en 1960. Ello introdujo una nueva fuente de riqueza en la economía del país, generando una euforia temporal. Pero, gradualmente un efecto secundario de la exportación masiva de gas, fue el incremento del valor de la moneda nacional de entonces, el Gulden, que afectó la competitividad de los demás sectores económicos, frenando su crecimiento. El impacto más serio se dio en las actividades industriales orientadas a la exportación, provocando una desindustrialización de la economía holandesa.

Un fenómeno similar se observó en algunos países productores de petróleo en los años 70s, cuando el alza de los precios del petróleo significó un gran influjo de dólares en sus economías afectando los otros sectores, incluida la agricultura, y generando la tendencia a expandir el gasto público a niveles insostenibles.[1]

La idea de la Enfermedad Holandesa, creada por algunos periodistas de la revista The Economist, imaginada a partir de la experiencia de Holanda y de algunos países exportadores de petróleo, ha sido muy utilizada para cuestionar el rol de la minería en el desarrollo de los países emergentes, afirmando que el desarrollo de la minería necesariamente afectaba las posibilidades de las demás actividades. Es común que cuando alguien se refiera a la contribución de la minería al desarrollo del país (dinamización de las economías regionales, contribución fiscal, mejoramiento de la infraestructura vial, generación de divisas, etc.) surjan voces contrarias recordando este concepto.

Crítica a la Enfermedad Holandesa

Nuevos estudios, realizados en este siglo, han cuestionado la generalización del modelo de la Enfermedad Holandesa, mostrando como la minería sí puede tener un impacto positivo e importante en la dinamización y modernización del conjunto de los sectores económicos. Los Estado Unidos, en el siglo XIX, antes de volverse una potencia industrial, fue el mayor productor de materias primas del mundo, gracias a la abundancia de sus riquezas minerales. Su foco en la producción de materias primas no bloqueó su desarrollo industrial. La minería fue, en gran medida, su fuente de capitalización inicial y sirvió de laboratorio sobre producción industrial. La gran escala de las operaciones mineras le permitió aprender a manejar procesos productivos complejos y las tecnologías mineras de gestión fueron transferidas gradualmente al desarrollo industrial contribuyendo a que los Estados Unidos se transformaran en la primera potencia industrial del mundo.[2]

Esos nuevos estudios concluyeron que el freno al desarrollo de muchos países emergentes, ricos en reservas minerales, no se debe al desarrollo de la minería sino a sus limitaciones institucionales, técnicas o geográficas para desarrollar las otras actividades económicas. Es decir, esos países no exportan bienes industriales porque en esos campos son muy deficientes. Los países que lograron desarrollarse en base a la minería lo hicieron porque tenían depósitos minerales y porque atrajeron empresas extranjeras que disponían de tecnologías y de un volumen de capital que les posibilitaba el aprovechamiento económico de esos depósitos.[3]

Las otras actividades económicas de muchos países ricos en reservas minerales, como la agricultura y la industria, carecen de la productividad suficiente para competir en un mercado globalizado. Aquellos países en que esas actividades eran modernas y competitivas, lograron exportar sus recursos naturales y también alimentos y bienes industriales. El caso del Perú, que veremos más adelante, es ilustrativo de ello.

Hoy día tenemos una diversidad de países que lograron combinar minería, agricultura e industria en forma exitosa: Australia, Canadá, Noruega, Chile, Nueva Zelanda, y otros más. Como la minería requiere soluciones complejas, ello genera conocimientos que pueden ser utilizados por los demás sectores. Estudios recientes sobre Australia y Noruega muestran que el desarrollo del sector extractivo, además de capitalizar el país, irradia sus avances tecnológicos y sus experiencias prácticas de gestión hacia otros sectores, en especial hacia los sectores servicios y construcción. La falla del modelo de la Enfermedad Holandesa es no haber considerado la capitalización y la irradiación de conocimientos hacia los sectores transables y no transables de la economía. La difusión de conocimientos ha sido observada en estudios recientes.[4]

Los casos de Noruega, Australia y Nueva Zelanda son ejemplos de países desarrollados, con renta per cápita (PPP) entre 43 mil y 67 mil dólares que hasta hoy se sustentan principalmente en la exploración y exportación sus recursos naturales y tienen una participación de la exportación de petróleo y minerales mayor que el Perú.[5]

Para esos países el aprovechamiento de sus recursos naturales no es ninguna “dependencia”, sino una oportunidad para alcanzar un alto grado de desarrollo económico y social, dejando claro que la exploración y exportación de recursos naturales no es una traba para llegar a ser un país rico, sino una ruta que acorta la distancia entre la pobreza y el bienestar.

El caso de Botsuana, un pequeño país del sur de África, sin acceso al mar, cercado por países políticamente inestables, y afectado por la epidemia de VIH al final del siglo pasado e inicios de este siglo, es materia de estudio de quienes buscan rutas para el desarrollo de los países emergentes.[6]

En 1966, cuando se independizó, Botsuana era un país extremadamente pobre, con solo 22 personas con formación universitaria, pero en los 35 años siguientes mantuvo una tasa de crecimiento promedio de 7.7%. En ese entonces, Botsuana tenía un PBI per cápita de sólo US$70, mientras el Perú tenía lo tenía en US$445. Es decir, en 1966 el PBI per cápita peruano era 6.4 veces más alto que el de Botsuana. Hoy, a inicios del 2019, Botsuana ha alcanzado un PBI per cápita de $8,260, un 16% más alto que el peruano.[7]

Botsuana se desarrolló gracias a la explotación y exportación de sus recursos naturales, especialmente del diamante. Los minerales son la principal fuente de divisas del país, representando 90% de las exportaciones y el 20% del PBI (2016). La historia de Botsuana evidencia que se puede superar la pobreza con un adecuado aprovechamiento y exportación de sus recursos naturales. La historia post-colonial de Botsuana ha sido muy diferente de sus vecinos: Congo, Namibia, Zimbabue e incluso Sudáfrica, y todo ello fue gracias al buen manejo de la riqueza creada por su minería.[8]

Minería y Agricultura en Perú

Los grupos contrarios a la minería buscan presentarla como inherentemente antagónica a la agricultura y repiten el modelo de la Enfermedad Holandesa como si fuera una nueva versión de la ley de la gravedad. Sin embargo, no aportan datos que sustentan sus opiniones. Veamos alguna data sobre el tema en el Perú.

Entre 1970 y 1994, cuando la actividad minera moderna era un tercio de lo que es hoy, la agricultura de la sierra se mantuvo semi-estancada, creciendo sólo 0.4% al año a lo largo de todo ese período. Es decir, el estancamiento del agro peruano antecede al desarrollo minero, y tiene otras causas, muchas de ellas históricas: muy baja productividad, minifundio, alto costo de transporte, incertidumbre climática, etc.[9] Richard Webb muestra que, en el período siguiente (1994 – 2011), cuando la minería moderna se desarrolló, la agricultura de la sierra rompió con su larga trayectoria de semi-parálisis, y pasó a crecer 4.1% anual, cerca de 10 veces más rápido que en el período anterior.[10]

Las causas del dinamismo reciente de la agricultura de la sierra son diversas, principalmente el mayor nivel de agregación espacial y la mejor conectividad. Sin embargo, el dinamismo de la agricultura de la sierra, en forma simultanea al desarrollo de la minería, contradice la narrativa de que la minería sea una traba al desarrollo agrícola de la sierra, como afirman los grupos hostiles a la minería. Los datos reales a lo largo de períodos largos muestran que no existe tal contradicción entre minería y agricultura andina, sino que las dos actividades pueden desarrollarse, y que los cambios que trae la minería (mejores carreteras, electricidad, servicios, centros urbanos, etc.) están creando condiciones favorables al desarrollo de la agricultura tradicional. Lo que sí ocurre en algunas zonas periféricas a las operaciones mineras es que las actividades no agrícolas (transporte, alimentación, alojamiento, construcción, etc.) ofrecen ruta de capitalización más rápida que la agricultura tradicional, atrayendo mano de obra hacia ellas, acelerando la migración de las poblaciones rurales hacia los centros poblados de dichos entornos mineros.

Entre 2005 y 2015, la minería peruana creció a 9% anual. En ese mismo período la agro-exportación creció a una tasa extraordinaria de 16% anual. Este fenómeno ocurrió a lo largo de diez años consecutivos. Es decir, en el Perú se ha dado el caso que dos actividades exportadoras (minería y agro-exportación) han tenido un período de auge simultaneo, sin que una generara trabas a la otra. No existe por tanto evidencia alguna de que la minería haya dificultado el desarrollo de las actividades agro-exportadoras, ni que el desarrollo minero peruano esté produciendo algo parecido a la Enfermedad Holandesa.

En el período 1991-2000, el PBI agropecuario creció 64% en términos reales, una tasa mayor a la del crecimiento del PBI global de la economía, que fue de 45% en el mismo período. Ello sugiere que en el Perú lo que ocurre es una sinergia positiva entre el crecimiento de la economía, motorizado por la minería moderna, y el sector agropecuario, justo lo opuesto al que afirman los grupos hostiles a la minería.[11]

La lógica detrás de la falsa dicotomía

Si los hechos evidencian que la minería no dificulta el desarrollo agrícola ni traba el crecimiento de las actividades agro-exportadoras, y si sugieren una sinergia positiva entre ambos sectores, surge la pregunta: ¿Por qué ese argumento está presente en las conversaciones sobre la minería? Las razones son dos: ideológicas y políticas.

La razón ideológica es la postura de muchos grupos contrarios al sistema de libre mercado. Sucede que la minería en Perú, y en muchos países emergentes, es un poderoso motor económico, y esos grupos necesitan generar argumentos contrarios a ese motor. Ello es importante en los países emergentes pues es frecuente que la minería sea la principal (y muchas veces la única) actividad económica capaz de competir en los mercados globales. Sin minería, muchos países emergentes caerían en una situación de estamento económico y de crisis política. Dado que resulta difícil negar su contribución al desarrollo, buscan entonces descalificar el tipo de desarrollo que la minería genera, como un desarrollo que distorsiona el potencial de los otros sectores.

Las razones políticas tienen que ver con los sectores sociales que predominan en las zonas mineras: los productores ligados a la agricultura tradicional. Para movilizar a esos sectores en contra de la minería se requiere una narrativa que los lleve a ver a la minería como una amenaza a su actividad principal, la agricultura. La contraposición entre la agricultura y la minería resulta entonces fundamental para justificar la promoción de los conflictos y para justificar los conflictos ante la opinión pública. El razonamiento propuesto es simple: (1) la agricultura una actividad muy importante para la población rural, (2) la agricultura debe ser protegida y, (3) si la minería perjudica a la agricultura, entonces no se debe aceptar la minería. Ese argumento también sirve para influenciar a los líderes de opinión para que expliquen los conflictos mineros como una acción de defensa de la agricultura: agro sí, mina no. No es raro escuchar a profesionales que está a favor del desarrollo repitiendo los argumentos de quienes tienen objetivos muy distintos a los de ellos.

Para los grupos adheridos al tribalismo ideológico, como los pos-extractivistas y anti-sistema en general, si los hechos cuestionan su narrativa, hay que negar a los hechos para mantener la narrativa. Por ello las ONG de los grupos pos-extractivistas: CooperAcción, GRUFIDES, Red-Muqui, etc. difunden la idea del antagonismo entre la minería y la agricultura. Este supuesto antagonismo se resume en la consigna “Agro Si, Mina No” que es vociferada en múltiples conflictos anti-mineros.

Sucede que la posibilidad de desarrollo de los países emergentes depende de su capacidad para realizar actividades económicas competitivas en el mercado global. Es importante entonces ser realistas en la identificación de esas actividades, pues de ello depende el bienestar de las futuras generaciones. En el caso del Perú, la minería metálica es una de esas actividades y su desarrollo puede acortar el camino hacia una sociedad con menos limitaciones económicas y más posibilidades de aprovechar las oportunidades que están surgiendo en este siglo. La minería, además de generar ingresos inmediatos, puede ser la principal fuente de los recursos para la construcción de capacidades para la economía peruana. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

La disputa de rentas

La disputa de rentas es una práctica milenaria en todas las sociedades, pero a partir del momento que se desarrolló la agricultura, la artesanía y el comercio, la disputa de rentas se expandió.[i] Los muros de los castillos y las murallas de las ciudades fueron construidos para evitar que los saqueadores pudieran apropiarse de sus riquezas.[ii] La historia universal está llena de ejemplos de invasiones, guerras y saqueos de las ciudades y ciudadanos más ricos.[iii]

En la medida en que las sociedades fueron desarrollándose la disputa de rentas fue asumiendo nuevas formas. Recién con el desarrollo del libre mercado y de protección de la propiedad privada es que la disputa de rentas comenzó a disminuir su rol en los procesos de acumulación de riqueza. En los países con mayor desarrollo institucional la disputa de rentas se da, principalmente, vía la creación de leyes, de monopolios y de la corrupción.

En los países emergentes, como el Perú, las rentas a disputar están relacionadas principalmente a: (1) las actividades extractivas (minería y petróleo), (2) la agro-exportación y (3) el presupuesto de la república. Las dos primeras son actividades económicas que pueden alcanzar niveles de productividad muy superiores al promedio del país, generando una piscina de riqueza que es ambicionada por muchos actores económicos y políticos. El presupuesto de la república pone miles de millones al alcance de los políticos y autoridades públicas: ministros, jueces, gobernadores, congresistas, alcaldes, etc.[iv]

La disputa de rentas asume formas diversas, dependiendo del desarrollo institucional de la sociedad. En muchos países africanos asume la forma de guerras civiles y dictaduras eternas: Zimbabue, Angola, Congo, Guinea Ecuatorial, etc. En otros países, con un nivel medio de desarrollo institucional, como el Perú, la disputa de rentas asume formas de conflictividad social y de luchas políticas.

En América Latina, el caso más dramático de disputa de rentas es el de Venezuela, en donde la apropiación de las rentas del petróleo ha ocasionado la destrucción económica del país. En Venezuela la disputa de rentas se ha dado por medio de la creación de un estado militarizado instrumentalizado con un discurso socialista.

Otro caso, no menos dañino, es el de Argentina, con la apropiación de las rentas de la agro-exportación: carne, soya, etc. En los últimos 100 años, Argentina ha caído bajo da influencia del peronismo y ha vivido una secuencia de crisis que la retiró de la lista de los países desarrollados, igualándolo con sus vecinos en materia de atraso económico y político. En el caso de la Argentina se ha desarrollado un modelo de estado parásito con un discurso de justicia social.[v]

En el Perú, las dos principales formas de disputa de rentas son (a) la corrupción (pública y privada) y (b) la conflictividad minera. La corrupción busca apropiarse del presupuesto público a nivel nacional, regional y local, y la conflictividad minera busca apropiarse de la alta productividad de la minería moderna. [vi]

Lo que viabiliza ese fenómeno en Perú es que el país tiene importantes riquezas minerales y un ambiente de negocios relativamente positivo, capaz de atraer grandes inversiones de empresas con tecnologías avanzadas, pero al mismo tiempo tiene un Estado que carece de la voluntad política y de la capacidad operacional necesaria para garantizar el imperio de la ley en todo el territorio nacional. Como comenté antes en una entrevista a El Comercio, en la medida que uno se aleja de San Isidro el Estado de Derecho se deteriora y la impunidad se incrementa. La realidad institucional de algunas provincias del Perú puede parecerse más a países de África o de Centro América, que a Lima.

Las rentas que se disputan con la conflictividad minera pueden ser económicas, (enriquecimiento fácil), o políticas, (aumento de popularidad y acceso a cargos públicos). En el Perú de hoy, esas dos formas de rentas se alimentan entre si. En las zonas mineras muchos de los líderes de los conflictos (curas desconocidos, profesores mediocres, alcaldes incompetentes, abogados desocupados, etc.) se han enriquecido notablemente y han resultado elegidos alcaldes, gobernadores y hasta congresistas. Es raro que los líderes de los conflictos mineros no terminen envueltos en casos de corrupción. Conga y Tía María son ejemplos recientes y más conocidos.

El caso Las Bambas

Mientras más grande es una empresa, mayores son las expectativas de las rentas a disputar. Las Bambas es una empresa muy grande, una de las tres mayores productoras de cobre del país con una producción de más de mil toneladas de concentrado por día, que ha producido cerca de dos millones de toneladas de cobre en los últimos 5 años, y que ha generado una riqueza aproximada de 12 mil millones de dólares en ese mismo período.

El conflicto en Las Bambas, aún en proceso, es un ejemplo que ilustra la disputa de rentas como una de las principales causas de la conflictividad social. A diferencia de otros conflictos en donde la narrativa de los líderes era de protección ambiental (“agua sí, mina no”, “en defensa de nuestras lagunas”, “protección de la biodiversidad”, etc.), en el caso de Las Bambas, los mismos líderes fueron claros en señalar que el objetivo de su lucha era obtener mayores beneficios económicos de la empresa minera y del Estado Peruano. Lo que aspiran es seguir viviendo de la extracción de riqueza de una empresa altamente productiva y un Estado débil para hacer cumplir con la ley.

Algunas ONGs pos-extractivistas, como CooperAcción, han instalado oficinas en la zona, y han producido documentos diversos intentando desarrollar una narrativa ambiental en contra de Las Bambas, pero la influencia de los buscadores de rentas (Chávez, Rojas et al) resultó dominante. Esas ONGs, contrarias a la minería moderna, buscan justificar los conflictos de Las Bambas diciendo que son “conflictos de convivencia”, cuando existe abundante evidencia para entender que, en realidad, se tratan de “conflictos de extracción de rentas”.

En el intento del 2016, cuando bloquearon la carretera con varias zanjas, el mecanismo de extracción de rentas imaginado fue el cobro de un peaje millonario por el paso de los camiones de minerales, S/.5,000 por cada uno de los 200 a 300 camiones que circulan diariamente, cerca de S/.45 millones al año, algo más de 800 millones en los 18 años de vida útil de la mina. Este primer intento fracasó.

En esta segunda fase del conflicto, los comuneros exigen una indemnización extraordinaria por la carretera que cruza por el terreno entregado a ellos por Las Bambas como parte del cambio del terreno que ocupaban en el “footprint” de la operación. Según sus líderes, la carretera de cerca de 32 metros de ancho ocupa 39 hectáreas, y exigen 31 millones de soles como indemnización, aproximadamente 800 mil soles por hectárea, o 80 soles por metro cuadrado (precio de terreno urbano).[vii]

El gobierno tiene clara responsabilidad por esta segunda fase del conflicto. En la primera fase del conflicto el gobierno hizo una serie de promesas de proyectos de desarrollo, por casi dos mil millones de soles que nunca se ejecutaron. Ello, sin duda, ha generado un clima de frustración en la población. Hoy, el mismo gobierno reconoce que la indemnización por la carretera era un derecho de los comuneros, entonces surge la pregunta: ¿Por qué no los indemnizaron antes de ese nuevo conflicto, por qué esperaron que ocurriera el conflicto para pagar sus deudas con los comuneros?[viii]

Los abogados que los están asesorando, los hermanos Chávez, van recibir una comisión sustantiva del monto obtenido. Si esa comisión fuera de 30%, sería cerca de 10 millones de soles, si la comisión fuera de 20%, sería de un poco más de 6 millones. En ambos casos, los honorarios de los abogados serían extraordinarios para los estándares de cualquier país del mundo. Es más, estarán ganando honorarios para realizar una actividad de extorsión de una empresa minera que invirtió en el Perú y que cumple con todas las obligaciones legales que el país exige, cuando siendo los abogados quienes están promoviendo acciones de violencia y el Estado está renunciando a defender el estado de derecho.

Podemos hacer un cálculo aproximado para evaluar la rentabilidad del conflicto, redondeando un poco los números: una toma de carretera de 60 días, que genera 30 millones de reembolso, significa una renta de 500 mil soles por día de conflicto. Si la solución dada por el gobierno atiende, aún en parte, las exigencias económicas de los líderes conflictivos, la rentabilidad de los conflictos mineros se habrá disparado, enviando la señal a la macro región del sur y a todo el país que es posible extraer cantidades millonarias de riqueza del Estado y de las empresas mineras, si se organizan conflictos sociales. Los abogados de todo el país van encontrar que la asesoría a grupos conflictivos es una actividad de muy, pero muy, alta rentabilidad.

Las victorias de los depredadores, en el caso de Las Bambas y otros conflictos, además de generar costos extra al Estado y para las empresas mineras, va afectar a toda la población del país pues desincentiva la inversión productiva, haciendo que la organización de conflictos resulte mucho más atractiva que la organización de empresas productivas. No hay que olvidar que el emprendedurismo se dirige hacia donde los rendimientos son más altos, si el conflicto es lo más rentable del Perú, ahí va enfocarse la creatividad empresarial del país.

La consecuencia es que la iniciativa empresarial local (mediana y pequeña) se orientará hacia la conflictividad social en vez de enfocarse en la creación de riqueza y en la expansión de las oportunidades para la población local. Se desarrollará entonces un emprendedurismo depredador y socialmente excluyente. Lo que podría volverse un clúster productivo moderno alrededor de la minería, una actividad económica de alta productividad, se transforma en una zona hostil a la minería y a la actividad productiva en general. Esa distorsión de la economía regional tiende a beneficiar a unos pocos líderes conflictivos perjudicando a la gran mayoría de la población. El estancamiento de la ciudad de Cajamarca, resultado del conflicto anti-minero, es ilustrativo de esa tragedia.

Bendición o maldición

A fines del siglo pasado diversos economistas se han interesado por el impacto de los recursos naturales en el desarrollo y han encontrado que, en muchos países emergentes y ricos en recursos naturales, el impacto de dichos recursos no ha sido positivo (Sachs & Warner, 1997). [ix]  Los resultados fueron tan contra-intuitivos que los estudiosos acuñaron el término “maldición de los recursos naturales”.

Estudios posteriores (Mehlum et al., 2006), incorporando la variable institucional, encontraron que los recursos naturales pueden ser una bendición o una maldición, dependiendo si el país tiene o no tiene instituciones capaces de evitar que predomine la disputa de rentas (emprendedurismo depredador). Es decir, un Estado capaz de evitar que las riquezas generadas por la exploración de los recursos naturales se transformen en blanco de extorsionadores, haciendo que el impulso emprendedor de la sociedad se mantenga en la producción y no se oriente hacia la apropiación de la riqueza ya creada.[x]

Botsuana, Malasia, y Chile son ejemplos de países que hicieron de sus recursos naturales una bendición, mientras otros países como Venezuela, Nigeria y Angola han mantenido o incrementado su pobreza a pesar de sus ingentes recursos naturales. Ello significa para el Perú que sus extraordinarias reservas de metales pueden constituirse en un motor del desarrollo capitalizando el país y financiando su diversificación económica, o pueden ser un factor que genere un ambiente de conflictividad que promueva una economía de disputa de rentas y frene su desarrollo. Cajamarca ya se inclinó hacia esta última opción, Apurímac está en esta disyuntiva.

Advertencia

La manera como el conflicto de Las Bambas está evolucionando hace pensar que Cotabambas y algunas otras provincias del corredor minero del sur se están transformando en sociedades de disputadores de rentas, es decir, sociedades de escala sub-nacional con economías atrasadas que, en vez de tomar la minería como un motor del desarrollo económico, optan por el conflicto social como la ruta con que esperan salir de la pobreza.

Si las situaciones de los conflictos mineros en Apurímac siguen evolucionando como están hasta el momento, las reservas de cobre, molibdeno, litio, plata y oro del sur del Perú, que podrían ser un importante motor del desarrollo de toda esa macro-región, van servir para transformar el sur del Perú en un territorio en qur la conflictividad social domina la vida social e inviabiliza los emprendimientos productivos.

La responsabilidad principal la tienen los gobernantes nacionales, son ellos los llamados a revertir esa tendencia destructiva, pero las empresas también necesitan apostar menos en los incentivos económicos y las negociaciones transaccionales y entender que los sentimientos y creencias de la población son determinantes para el clima social. Además, en un ambiente de precariedad institucional y escasa voluntad política de los gobernantes, las empresas mineras necesitan repensar sus estrategias políticas y sociales para ser capaces de evitar que la conflictividad social se vuelva la ruta de capitalización preferida de la población de las regiones mineras.

Michael Porter ha explicado que, en el siglo XXI, la ventaja competitiva de las empresas mineras ya no va estar en la tecnología ni en el modelo de negocio, sino en su capacidad de construir una relación positiva con la población del entorno y la sociedad nacional. En el Perú de hoy, esta habilidad es más que una ventaja competitiva, es una condición para su existencia en el largo plazo. [xi]

Lo que pase en Apurímac y en el corredor minero del sur en los próximos meses va influenciar de forma significativa si los recursos metálicos del Perú son una bendición o una maldición. Quienes deseen el desarrollo del país deberían ver una advertencia en la manera como está evolucionando el conflicto de Las Bambas. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Los resultados de las elecciones generales del domingo pasado en Brasil, expresan y provocan cambios fundamentales en su panorama político. Sin embargo, el proceso no ha terminado aún, será con la segunda vuelta que se sabremos quien será el nuevo presidente.

El ganador es, sin dudas, Jair Bolsonaro quien alcanzó 46% de los votos, faltando muy poco para ganar en primera vuelta.

El gran perdedor es Haddad/Lula quien obtuvo sólo 29%, dejando una brecha de 17% para igualar al primero, dificultando sus posibilidades para la segunda vuelta. Para el PT, este fue su peor desempeño electoral desde 1998, 20 años atrás, cuando el partido estaba realizando su segunda campaña electoral.

Respecto a 2014, el PT ha perdido 10.3 millones de votos.

• Bolsonaro ha ganado en la mayoría de los estados más poblados (16 de 26) y en el Distrito Federal, en las regiones más desarrolladas y en las ciudades más grandes.
• Haddad/Lula ha ganado en los estados del noreste (9 de 26), especialmente en las zonas rurales de esos estados.

  El predominio de Bolsonaro en el centro y sur del país es claro, y la fuerza de Haddad/Lula ha sido en la región del noreste. Esos estados (Bahia, Maranhao, Ceará, Pernambuco, etc.) se caracterizan por ser dominados por clanes y caudillos populistas (coroneles) por décadas consecutivas (Magalhaes, Gomes, Sarney, Mello, Alves, etc.) como si siguieran viviendo 50 ó 70 años atrás, conocido por los estudiosos de la política brasileña como “Coronelismo”. Es en esos contextos políticos, de control oligárquico tradicional, que el PT ha podido mantener su poder, donde la economía y la política son mucho más atrasadas que en el resto del país.

Aún en esos estados, la victoria del PT fue principalmente en las zonas rurales. Bolsonaro ganó en las principales capitales y ciudades de esa región: Recife, Fortaleza, Natal, Maceió, Joao Pessoa, Caruaru, Campina Grande, Olinda, etc.

El conflicto político que se ha expresado en esas elecciones no es solo ideológico, sino que también se ha dado un choque entre las opciones políticas de los sectores modernos de la sociedad brasileña, con Bolsonaro, y los sectores ligados a remanentes del “Coronelismo” en el noreste de Brasil, con Haddad/Lula.

En la primera vuelta del 2014, el PT (Dilma Rousseff) superó al PSDB (Aécio Neves) por 8 millones de votos. Ahora, el PT (Haddad/Lula) está con una desventaja de 18 millones de votos respecto a Bolsonaro. Revertir esa cantidad de votos es una situación que el PT nunca ha tenido que enfrentar.

La otra situación que es nueva para el PT es que, nunca han tenido que enfrentar a un movimiento social como son los defensores de Bolsonaro, que operan sin recursos económicos vía redes sociales. Los métodos de marketing electoral que el PT ha utilizado siempre no están produciendo los resultados esperados. Mientras que las iniciativas de los partidarios de Bolsonaro los ha venido sorprendiendo con frecuencia.

Cambios en los congresistas

Los cambios en la correlación de fuerzas han sido significativos, tanto en diputados federales como en senadores.

• En senadores, los grandes perdedores han sido el MDB (el partido de Temer), el PSDB (el partido de Fernando Henrique Cardoso), y el mismo PT. El gran ganador fue el Partido Social Liberal, PSL, de Bolsonaro, y en menor medida la Rede, de Marina Silva, que aumentó a pesar de su fracaso como candidata.

• En diputados federales, los grandes perdedores son los mismos: MDB, PSDB y PT. Los ganadores son el PSL y el DEM (una alianza entre liberales y conservadores que ahora ha incluido al Movimento Brasil Livre, MBL, que lideró las marchas por el Impeachment de Dilma Rousseff). Mirando en el cuadro se puede apreciar que el nivel de dispersión de la cámara de diputados ha aumentado.

Se puede decir que, tanto para la representación congresal del PT, como para el MDB y el PSDB, estas elecciones han sido muy negativas; desastrosas en algunos casos. Hay que destacar que, en las dos cámaras, el PT ha perdido voceros importantes y el MDB ha perdido articuladores políticos que les va hacer mucha falta en el futuro.

En los gobiernos de los estados, el PT ha perdido Minas Gerais y no pudo recuperar Sao Paulo ni Río Grande do Sul, sus tradicionales baluartes, ni ha podido ganar en el electorado izquierdista de Río de Janeiro. Sólo han ganado cuatros estados del noreste (Bahia, Ceará, Piauí, y Rio Grande del Norte) que juntos representan el 1/7 de la población de Brasil y menos del 8% del PBI nacional. Sólo Minas Gerais, que acaban de perder, representa el 10% de la población y el 9% del PBI, y Sao Paulo, que no pudieron recuperar, representa el 22% de la población y 32% del PBI. Es decir, el PT se ha quedado con 4 de los 26 estados, localizados todos ellos en el noreste, con poca población y poca economía.

La lucha contra la corrupción

Los fiscales de Lava Jato están celebrando los resultados de esas elecciones. Sólo 240 de los 513 diputados federales lograron reelegirse, menos de la mitad, siendo que muchos de los que no se reeligieron se oponían a las investigaciones de Lava Jato. Los promotores de la lucha contra la corrupción tienen ahora la esperanza de que el nuevo Congreso apruebe el paquete de leyes que ellos han elaborado para reducir la corrupción en Brasil, y que fuera rechazo por el actual congreso.

Además, decenas de senadores, diputados y gobernadores corruptos del PT, MDB, PSDB, PP, DEM, etc. que no han sido elegidos y el 1º de enero del 2019 van perder su inmunidad (foro privilegiado). A partir de ahí, podrán ser enjuiciados en los procesos de Lava Jato y van caer en manos de Sergio Moro. Los analistas políticos comentan que las cortes de 1ª y 2ª instancias, responsables de los casos de Lava Jato, van estar muy atareadas en el 2019.

Conclusiones

Estas elecciones han resultado en una profunda renovación de la representación política en Brasil, marcando el ingreso por primera vez de las fuerzas conservadoras y liberales en las disputas nacionales, y con resultados muy positivos en el corto plazo.

El pasado de Bolsonaro tiene elementos preocupantes de autoritarismo e intolerancia social, pero aún después de haber sufrido un atentado casi mortal, su discurso político no ha sido de resentimiento social, ni de insultos, ni de amenazas a la institucionalidad democrática. Si esos elementos se activan y se transforman en políticas públicas podrían representar un deterioro de la democracia en Brasil. Pero hasta ahora, su radicalismo ha estado dirigido hacia la corrupción y la inseguridad ciudadana (165 asesinatos al día, 60 mil asesinatos al año) y ambas preocupaciones son compartidas por amplios sectores de la población.

Bolsonaro, anteriormente, ha hecho declaraciones de populismo económico, pero su futuro ministro de economía, Paulo Guedes, es liberal y las políticas que ha anunciado también son liberales. No hay que olvidar que, en el 2002, basados en el pasado conflictivo de Lula, muchos estaban asustados, la bolsa sufrió y el dólar se disparó. Sin embargo, Lula mantuvo el marco de política macro-económica de Fernando Henrique Cardoso. Lo recomendable es esperar un poco antes de calificar su potencial gobierno de populista o de fascista.

El PT, por su lado, se ha auto-criticado de su moderación anterior y ya declaró que su propósito actual no es volver al gobierno sino tomar el poder. Lula también ya ha declarado su rechazo a Lava Jato y a los jueces de 1ª y de 2ª instancia que lo condenaron, y ha amenazado con retaliación, caso el PT gane las elecciones. Su propuesta de generar bienestar económico a la población en el corto plazo, con un Estado casi fallido y una deuda pública del orden de 80% del PBI, tendría las consecuencias inflacionarias que ya son conocidas en la historia de América Latina.

Los petistas y varios analistas internacionales están expresando preocupación por las perspectivas de la democracia en Brasil, pero el 100% de los conservadores y muchos de los liberales brasileños, demócratas en su mayoría, está celebrando los resultados de la 1ª vuelta y su preocupación principal es por las consecuencias por un potencial regreso del PT y el direccionamiento de Brasil hacia una experiencia parecida a la de Venezuela.

En el Brasil, el sistema político no incluía a la derecha conservadora ni a la liberal. Esas fuerzas se expresaban por medio de mecanismos externos al sistema político, apoyando a gobiernos militares. Ahora, esas fuerzas se canalizan a través de la institucionalidad democrática del país, como partidos políticos. Ello incrementa la polarización política, pero no necesariamente debilita el sistema democrático. Las incertidumbres son grandes, pero si el marco institucional soporta la inclusión de esas dos corrientes ideológicas en el sistema político brasileño puede contribuir a una mayor estabilidad y equilibrio en el largo plazo.

El riesgo principal viene de la situación de crisis de las cuentas públicas y del sistema de pensiones, y del rechazo social a las medidas requeridas para recuperar el equilibrio fiscal. En una situación de polarización política, una crisis social de grandes proporciones puede tener consecuencias muy negativas para el país.

Por ahora, la renovación política es lo más importante, y las posibilidades que se abren superan las preocupaciones que generan. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Estos son los últimos días de la campaña presidencial en Brasil. El domingo 7 se realizará la primera vuelta del proceso electoral. Son 13 los candidatos a la presidencia, pero, en estos momentos solo dos tienen posibilidades de pasar a la segunda vuelta: Jair Bolsonaro y Fernando Haddad. Los demás candidatos ya están fuera de carrera. Entre los fracasos se destacan: Geraldo Alckmin, candidato por el PSDB, el eterno rival del PT, que se estancó en 10% a pesar de ser el candidato con la alianza política más amplia de todas, Marina Silva (ex-ministra del ambiente del PT), quien comenzó en segundo lugar con 16% y ahora tiene sólo 4% y sigue cayendo, el populista Ciro Gomes (ex-ministro del PT) que soñaba ser el opositor a Bolsonaro, pero que ya cayó al tercer puesto, el millonario Henrique Meirelles, del MDB, el partido del presidente Michel Temer, con sólo 2% y Guilherme Boulos, de PSOL (división radical del PT) con 0%.

Como expliqué en un artículo anterior, la polarización entre Bolsonaro y Haddad/Lula frenó el crecimiento de los candidatos de centro y generó una dinámica en que los electores opuestos al PT optarían por Bolsonaro como su alternativa, y los opositores a Bolsonaro busquen a Haddad/Lula como su opción realista de victoria. Una parcela importante de los votos de Marina migró a Haddad y muchos de los potenciales electores de Alckmin se fueron a Bolsonaro y a Haddad, bloqueando su despegue y consolidando la polarización derecha-izquierda.

Esa polarización tiene dos bases: una política y otra ideológica. La polarización política es anti-PT, es decir, la agrupación de todos los aquellos que son contrarios al retorno del PT al Brasil. La polarización ideológica es anti-Bolsonaro, la unión de las corrientes ideológicas que son contrarias a sus valores conservadores.

Como se puede ver en el cuadro anterior, construido por el Movimento Brasil Livre, MBL, en base al promedio de las 10 principales encuestadoras del país (http://mbl.org.br/analise/), Bolsonaro ha venido subiendo en forma consistente, alcanzando un techo de 30% de intención de voto, y Hadad ha subido en forma rápida estabilizándose en 23%. Si las elecciones fueran hoy Bolsonaro obtendría cerca de 36% de los votos válidos y Haddad obtendría 28%.

Con esos resultados los dos candidatos irían a una segunda vuelta tres semanas después, el 28 de octubre. A pesar de la brevedad del tiempo, la segunda vuelta tiene una dinámica propia, y sus perspectivas se presentarán en forma más clara después de conocer los resultados de la primera vuelta. Sin embargo, una encuesta reciente de Datafolha (vista por muchos como pro-PT) puede dar una idea del tipo de panorama que puede presentarse.

El PT ha organizado su campaña electoral en base a tres ideas: “Lula libre”, con “Lula estábamos mejor”, y “Mujeres contra Bolsonaro”. Sus mítines no han sido multitudinarios, con excepción de las marchas de mujeres en contra de Bolsonaro que sí fueron multitudinarias. Las ideas centrales de Bolsonaro fueron: “No a la corrupción”, “defensa de la familia, honradez, etc.” y “Bolsonaro es el cambio que necesitamos”. Las manifestaciones a favor de Bolsonaro han sido espontaneas y también multitudinarias, aún más grandes que las del PT. En las marchas del PT se observa una gran carga ideológica (marxista y post-moderna), en las de Bolsonaro lo característico es la indignación hacia la corrupción. Ambos grupos se consideran defensores de la democracia, y acusan al otro lado de ser pro-dictaduras.

El PT (Lula) dispone de una gigantesca maquinaria partidaria y mediática. Son más de un millón de militantes formados y financiados en dos décadas de control del estado (primero local, y después nacional) y de adoctrinamiento de universidades y medios de comunicación. El PT dispone de los equipos de marketing electoral más sofisticados de América Latina, y los medios internacionales liberales (The Economist, New York Times, BBC, etc.) se han posicionado en contra de Bolsonaro asociándolo a Trump, apoyando implícitamente el retorno de Lula, vía Haddad.

El movimiento de Bolsonaro, no tiene una organización partidaria significativa, su núcleo intelectual es reducido y su presencia mediática es casi nula. El punto fuerte de los partidarios de Bolsonaro es que son una especie de movimiento social masivo y espontaneo, con amplio espectro ideológico: conservadores, liberales e indignados en general. Socialmente, Bolsonaro se apoya en los sectores más educados de la clase media, en los pequeños emprendedores y en los grupos religiosos. Lula se apoya en los beneficiarios del programa Bolsa Familia, en los millones de empleados públicos y en los sectores ideologizados de la clase media.

Lula continúa argumentando su inocencia, se declara un perseguido político y ha advertido que, si él gana, habrá represalias contra la operación Lava Jato, el juez Sergio Moro y todos los jueces que lo condenaron. José Dirceu, estratega del PT, ya avisó que ahora la lucha no es por ganar unas elecciones sino por tomar el poder.

Bolsonaro apoya a la operación Lava Jato, y promete combatir a la corrupción y a la delincuencia y a defender la familia y los ciudadanos de bien. A pesar de su origen militar, y de contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Bolsonaro promete respetar la institucionalidad democrática, aunque su pasado genera dudas sobre sus promeses democráticas.

Este tipo de polarización política (derecha x izquierda) es una novedad en la política brasileña, pues el predominio de la izquierda ya tiene muchas décadas, y tanto los liberales como los conservadores no han contado con apoyo social masivo desde los años 30 del siglo pasado, y esto ha cambiado en los últimos 5 años. Sin dudas, este proceso electoral está rediseñando el panorama político brasileño.

Como hice notar antes, es imposible predecir quien va vencer, con la información disponible. Lo que sí es posible predecir es que, con la victoria de Lula, se acaba la lucha contra la corrupción, y que, si Bolsonaro gana, él va enfrentar una fuerte oposición desde el primer día de gobierno. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El atentado y sus impactos

El 6 de septiembre, el ex-capitán del ejército y diputado federal Jair Bolsonaro, candidato a la presidencia de la república por el Partido Social Liberal, fue víctima de un atentado mientras realizaba una manifestación en la ciudad de Juiz de Fora, Minas Gerais. Bolsonaro se encuentra en cuidados intensivos y aún después de dos cirugías, su situación es grave y su fallecimiento no está descartado.

El autor del ataque fue Adélio de Oliveira, es un ex-militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), pero sin militancia política actual conocida[i]. Hasta estos momentos no se sabe si el acto fue una iniciativa personal o si hubo una organización por detrás de su accionar. Pero, sea una acción de un individuo mentalmente alterado o de una organización que lo manipuló, el objetivo político del atentado es indiscutible[ii].

En Brasil, los asesinatos políticos no son raros. Sólo en los últimos dos años, 36 regidores municipales han sido asesinados. La muerte de la regidora carioca del PSOL, Marielle Franco, ocurrido este año, ha sido el más renombrado, pero fue sólo uno más de esa larga lista de violencia política que es tradicional en Brasil. Sin embargo, esa violencia era y es típica de la “política local”. Los asesinatos de políticos y candidatos federales son muy raros en la historia política de Brasil.

El antecedente más próximo al atentado a Bolsonaro, ha sido un intento de asesinato del periodista conservador y candidato a diputado federal, Carlos Lacerda, ocurrido hace 64 años, el 5 de agosto de 1954. Lacerda, un periodista carismático, era uno de los principales críticos del cuarto gobierno de Getúlio Vargas, y un líder político reconocido a escala nacional.[iii]

En aquel entonces, Lacerda salió herido en el pie, pero el mayor Rubens Florentino Vaz, que lo acompañaba murió en el acto. Las investigaciones encontraron evidencias de que el hijo del presidente, Lutero Vargas, y jefe de la guardia personal de Getúlio, Gregorio Fortunato, estaban involucrados. El intento de asesinato disparó una crisis política que culminó con el suicidio de Getúlio Vargas, 19 días después. El atentado a Lacerda y el suicido de Getúlio cerraron los 34 años de la Era Vargas.

El actual intento de asesinato de Jair Bolsonaro, ha alterado el ambiente de la campaña electoral, introduciendo elementos emocionales y éticos en un momento crítico. Un candidato visto como un conservador radical, cuyas ideas generan preocupación en más de un sector político, de repente, es visto por la población como un ser humano que lucha por su vida después de un ataque criminal. Con 60 mil asesinatos por año, visibles en los noticieros, la experiencia de ser víctima de algún atentado criminal no es ajena ni distante para la población brasileña.

En los días siguientes, el atentado a Bolsonaro se volvió el tema central de las conversaciones políticas y de los comentarios de las redes sociales. Su estado de salud se volvió noticia, y el espacio ganado en la atención del ciudadano común ha sido significativo. Un porcentaje mayoritario de los electores podría no estar de acuerdo con las ideas de Bolsonaro, pero sí está en contra del intento de asesinato. Al ser la víctima, Bolsonaro ha ganado notoriedad y tiempo gratis en los noticieros más importantes de todo el país. Además, su tiempo de TV no es percibido como campaña electoral, lo que lo hace más significativo para el ciudadano no politizado.

El intento de asesinato a un candidato que estaba haciendo campaña, defendiendo sus ideas en forma pacífica, ha generado un sentimiento de rechazo al hecho, de simpatía hacia la víctima y de interés por sus ideas. La izquierda ha buscado contrarrestar ese sentimiento argumentando que el atentado a Bolsonaro es resultado de sus propuestas radicales. Aún que ese argumento hace sentido para los militantes de izquierda, el significado para la población (el mensaje implícito detrás del mensaje explícito, el meta-mensaje) es una actitud de indiferencia y crueldad hacia una persona que ha sido agredida y que está luchando contra la muerte. Esto le da a Bolsonaro una ventaja emocional sobre sus rivales de izquierda. Bolsonaro, a diferencia de la izquierda y la mayoría de los otros candidatos, no está vinculado a ningún caso de corrupción, lo que le da una ventaja moral ante la izquierda. La pérdida de esas dos ventajas (emocional y moral) de parte de la izquierda puede afectar significativamente las dinámicas de este proceso electoral[iv]. No está demás recordar que la izquierda, tradicionalmente ha buscado ganar y consolidar esas dos ventajas en sus estrategias electorales, y que sin ellas sus discursos políticos pierden fuerza.  

La reacción del electorado

Una encuesta nacional, realizada por IBOPE poco después del atentado, da elementos sobre como el electorado está reaccionando. El IBOPE es una de las encuestadoras más respetables del país y los resultados, aún que iniciales, son claros. Bolsonaro, quien venía subiendo ligeramente, dio un salto de 4 puntos porcentuales en solo una semana y de 6 puntos en 20 días.

Faltando solo tres semanas para las elecciones, las tendencias se muestran muy favorables al candidato conservador. No solamente sus intenciones de voto han aumentado sino el porcentaje de sus electores que no dejarían de votar por él, por ningún motivo, ha pasado de 41% a 54%, un aumento de 13 puntos, evidenciando una reacción de mayor firmeza política de parte de su electorado.

El otro elemento importante de esos últimos días es la oficialización de Fernando Haddad, como el candidato del Partido de los Trabajadores, PT, en sustitución de Lula da Silva. Lula ha hecho inscribir su candidatura aún en contra de la legislación brasileña, presionando políticamente al poder judicial. Sin embargo, sus 17 habeas corpus y sus inúmeras maniobras políticas no lograron anular sus sentencias en 1ª, 2ª y 3ª instancias, y el PT ha tenido que cambiar de candidato la semana pasada.

Con la oficialización de Haddad como el representante de Lula, su intención de voto pasó de 4% a 6% y a 8%. El crecimiento de Haddad era previsto, pues corresponde a la transferencia de los votos de Lula. Pero, mover solo cuatro puntos es una variación menor de lo esperado. Sin embargo, en un contexto en que sus rivales populistas (Ciro Gomes y Marina Silva) y el candidato del PSDB (Geraldo Alckmin) están estancados, ese crecimiento puede mantenerse en las próximas semanas. Si ello ocurre, la disputa de la segunda vuelta será entre Bolsonaro y Haddad/Lula.

Aún es muy temprano para analizar las posibles segundas vueltas, pero las encuestas pueden dar una idea de cómo los electores están reaccionando hoy y como podrían reaccionar en aquél entonces. Lo destacable de los escenarios mostrados por el IBOPE es que Bolsonaro mejora notablemente sus posibilidades en la segunda vuelta. Antes del atentado, Bolsonaro perdía para casi todos y solo empataba con Haddad. Ahora, Bolsonaro gana a casi todos y solo empata con Marina Silva. Sin embargo, Marina ha venido cayendo desde antes del atentado y sus probabilidades de llegar a una segunda vuelta son cada día menores.

Conclusiones

Lula ganó las elecciones del 2002 evitando el radicalismo de sus campañas anteriores (Lula, paz y amor). Sin embargo, ahora Lula y el PT se han radicalizado y él ya advirtió que, de ganar las elecciones, una de sus acciones será vengarse de quienes lo traicionaron, enjuiciaron, condenaron y enviaron a la prisión. El PT es ahora un factor de polarización política e de inestabilidad institucional. Además, los petistas tienen una evaluación (errónea) es que ellos perdieron el poder por ser programáticamente moderados y por buscar una alianza con los grandes empresarios en vez de seguir el camino de Chávez y Maduro[v]. Su postura actual es de llevar a cabo una revancha si regresan al Palacio del Planalto. De esto están avisadas todas las otras fuerzas políticas y las instituciones del país. Fuera de los petistas, y algunos grupos de extrema izquierda, nadie quiere el regreso de la Era PT.

A Jair Bolsonaro le conviene la polarización con el PT pues le permite canalizar los temores que el regreso de la “Era PT” genera en amplios segmentos políticos y sociales. Al PT también le conviene la polarización con Bolsonaro pues le permite reactivar su desgastado discurso político y captar los temores al conservadorismo. De consolidar la polarización PT-Bolsonaro, ello neutralizaría a las fuerzas moderadas que tradicionalmente han canalizado a la mayoría de los votos a nivel nacional, y el PT encontraría, en dicha polarización, una forma de recuperar parte de la importancia que tuvieron un día en la política de Brasil.

Sin embargo, Haddad puede chocar con barreras para seguir creciendo, quedando en un tercer o cuarto puesto, permitiendo así que Ciro Gomes, Marina Silva o Geraldo Alckmin se constituya en la alternativa a Jair Bolsonaro. Si ocurriera algo así, el PT perdería vigencia, y la política brasileña estaría marcada por esa nueva polarización. En ese contexto, y con Lula en prisión, el PT tendría gran dificultad para prevenir un proceso sostenido de decadencia política.

Un atentado a un candidato siempre altera la agenda y el tono de la campaña. El componente racional de la campaña se debilita y el emocional se fortalece, facilitando el uso de ataques y de etiquetas personales como recurso de lucha política. En este caso, el impacto principal es de mayor polarización, cerrando los espacios para los candidatos del centro político, tanto populistas como liberales, y haciendo más difícil su crecimiento relativo. La reciente encuesta de IBOPE da indicios de que esto es lo que ya está sucediendo. Las simpatías y rechazos al atentado opacan los posibles argumentos racionales justo en la fase final de la disputa, en que lo emocional tiende a fortalecerse. En una campaña polarizada, la primera vuelta termina parecida a una segunda vuelta, forzando a todos a alinearse a dos opciones polares.

Es difícil apostar por un resultado específico para estas elecciones. Las tendencias son favorables a Bolsonaro, pero Lula tiene una base electoral sólida, una militancia numerosa, mucha astucia política y muchos recursos económicos e institucionales. Las próximas encuestas permitirán ver hacia donde está marchando las preferencias de la población. Veremos si la victimización de Bolsonaro es pasajera o no, y si el representante de Lula ha podido sostener su crecimiento respecto a sus actuales pares. Mientras tanto, los analistas exploran las posibilidades en juego y la bolsa de valores (BOVESPA) sube o baja ante cada indicio en una u otra dirección.

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El 7 de octubre próximo se realizarán las elecciones presidenciales en Brasil, en poco más de 40 días el país escogerá el próximo presidente para el período 2019-22. Si nadie logra más de 50% en la primera vuelta, el 28 de octubre, tres semanas después, se realizará la segunda vuelta con los dos más votados. Este será un proceso electoral muy breve para tomar una decisión con grandes implicancias para el futuro.

Con una economía semi paralizada y una situación fiscal insostenible, Brasil va necesitar de reformas políticas y económicas difíciles pero indispensables para viabilizar una nueva fase de crecimiento económico. La población respalda a Lava Jato y está clara sobre la necesidad de luchar contra la corrupción, pero tiene poca claridad sobre las condiciones necesarias para que sus aspiraciones comiencen a volverse una realidad. En esas condiciones, la población es una presa fácil para los discursos populistas, y los populistas abundan en Brasil.

Son 13 los candidatos a la presidencia, pero solo 5 tienen alguna posibilidad de llegar a la segunda vuelta, hasta ahora.

En la última encuesta de Data Folha (agosto)[i] el ex-presidente Lula da Silva lidera las intenciones de votos con 39%, seguido del diputado ultra-conservador Jair Bolsonaro con 19%. Sin embargo, Lula está condenado en segunda instancia y ratificado en tercera instancia, y según la ley, él no puede postular a ningún cargo público.

La única opción para que Lula pueda participar en las elecciones es que el Supremo Tribunal Federal (STF) anule su condena, o emita una resolución haciendo una excepción legal con nombre propio para viabilizar su candidatura. Considerando el gran poder económico y político de Lula, la probabilidad de que el STF, a estas alturas, tome tal decisión no es nula. Pero considerando también que tal decisión provocaría una crisis en el poder judicial del país (romper la ley para que un condenado en segunda instancia sea candidato) dicha probabilidad es muy baja.

Por lo tanto, el segundo escenario es el más probable. En ese escenario es el ex-alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, quien será el candidato del PT a la presidencia.

Si se explora el escenario en que Lula no está presente, Bolsonaro salta a 22%, seguido por la ambientalista y populista Marina Silva con 16%, el populista tradicional Ciro Gomes con 10%, el socialdemócrata Geraldo Alckimin, ligado a Fernando Henrique Cardoso, con 9%, y el representante de Lula, Fernando Haddad, con 4%.

En ese segundo caso, sin la participación de Lula, habría que ver cuánto del electorado del PT efectivamente votaría por Haddad. Data Folha dice que el 31% de los encuestados se inclinarían a votar por un candidato indicado por Lula y un adicional de 8% podría hacerlo. Ello significa que Fernando Haddad tiene un gran potencial de crecimiento. Sin embargo, los otros candidatos populistas, Marina Silva y Ciro Gomes, ya están posicionados y van disputar férreamente el voto de los electores de Lula. Las encuestas del escenario 2 evidencian cómo ellos crecen más que Haddad con la ausencia de Lula. Además, el tiempo de campaña es muy breve y el electorado brasileño dedica por espacio mental a los temas electorales.

Afectado por su condena a 12 años y por su encarcelamiento, Lula orientó su partido a mantenerlo como su candidato hasta el final. El 15 de agosto, el PT ha inscrito a Lula como candidato a la presidencia y a Haddad como su vice-presidente. Con esta estrategia maximalista, el PT ha debilitado la imagen del candidato sustituto de Lula. Sin proponérselo, el PT ha estado enviando el mensaje de que Lula es insustituible y que nadie más en su partido tiene la estatura para ser un buen candidato presidencial. Durante todo este tiempo, los otros candidatos populistas (Marina y Ciro) han podido presentarse como dignos sustitutos de Lula y han fortalecido sus posiciones.

La persistencia de Lula en ser el candidato del PT ha contribuido a la polarización política favoreciendo al candidato ultra conservador, Jair Bolsonaro, opuesto a Lula. No es gratuito que, faltando seis semanas para la elección, Bolsonaro tenga 22% de intención de voto y Haddad, el candidato sustituto de Lula, tenga solo 4%. El PT va tener que hacer una campaña excepcional de demolición de las imágenes de Bolsonaro, Marina Silva y Ciro Gomes para poder llegar a la segunda vuelta. El PT sabe destruir las reputaciones de sus críticos y rivales. Esta es, en realidad, una de sus mayores habilidades, pero no es fácil destruir a varios candidatos en pocas semanas sin que el suyo no resulte afectado en ese combate. Además, según la encuesta de Data Folha, en una segunda vuelta, Bolsonaro derrotaría a Haddad. Entonces, si Haddad llega a la segunda vuelta, la victoria del PT no estará asegurada.

En el caso de que el PT no llegue a la segunda vuelta, y la disputa sea entre Bolsonaro y Marina Silva o entre Bolsonaro y Ciro Gomes, el PT tendrá la opción de apoyar al rival de Bolsonaro, llevando a que un populista, no muy distinto del PT, gane el gobierno federal. Ello permitiría al PT arribar a acuerdos políticos con esos candidatos y tener buenos aliados en Brasilia, mientras busca reconstituir sus fuerzas.

Hay un candidato liberal, Joao Amoêdo, que merece una atención especial. Amoêdo es un empresario que ha creado un partido político llamado “Novo”, es decir, nuevo. Amoêdo es contrario al financiamiento público de los partidos políticos, ha rechazado dicho financiamiento público para su campaña en la TV y ha apostado en hacer campaña electoral solo con donaciones privadas, operando en las calles y en las redes sociales. Un casi desconocido, Amoêdo ha comenzado a crecer en las últimas tres semanas y ya tiene 2% de intención de voto. Amoêdo apoya a Lava Jato, a la economía de libre mercado, y tiene el plan de gobierno y el discurso electoral más coherente con los desafíos del país. Sin embargo, es poco probable que en cuatro semanas logre crecer lo suficiente para llegar a una segunda vuelta. Lo atractivo de Amoêdo para los sectores más educados de la clase media, es que él se presenta como una nueva forma de hacer política en Brasil, y la gente está harta con la forma corrupta de hacer política en Brasil.

Gane quien gane las elecciones, van a presentarse dos opciones: O se hacen las reformas fiscales y legales, o el Brasil sigue en el estancamiento o va hacia una segunda crisis económica en el corto plazo.

• Si gana un conservador (Bolsonaro) o un liberal (Amoêdo) las probabilidades de reforma son mayores, pero la oposición estará asegurada.
• Si gana Haddad, es decir Lula, el escenario más probable es una crisis institucional, económica y política en el corto plazo, con la destrucción de Lava Jato y el desencadenamiento de un conflicto político abierto.
• Si gana otro populista (Marina o Ciro), su dilema va ser difícil pues, para salir del estancamiento y evitar la crisis, va tener que hacer una serie de reformas que son opuestas a su discurso electoral, y si no hace las reformas las perspectivas no serán positivas para nadie.

El dilema de los populistas puede representarse en una frase conocida en Brasil:

• Si corres el bicho te alcanza, si te quedas quieto, el bicho te come
  (Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come).

En cualquiera de los casos, el ambiente social, político y de negocios en Brasil no será tranquilo ni agradable en los próximos años. Sin embargo, desde el 2013 el país ha ingresado a un período de profundos cambios políticos: se desencadenó la mayor operación anti-corrupción (Lava Jato) y las mayores movilizaciones de la historia brasileña, surgieron nuevos movimientos políticos, y se cerró la Era PT. Es muy probable que ese proceso continúe y que se desarrollen corrientes de pensamiento liberales y conservadoras que en el futuro puedan constituirse en alternativas de gobierno al populismo que ha dominado la política brasileña por muchas décadas. Lampadia 

En este segundo artículo, Sebastiao Mendonca nos explica el peculiar proceso de ascenso al poder del PT en Brasil.

Años antes de organizarse el PT, el gobierno militar había creado por ley, dos únicos partidos políticos reconocidos, la Alianza Renovadora Nacional (ARENA), oficialista, y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), de oposición.

ARENA, de orientación liberal, pero gobiernista, perdió esencia moral por su cercanía a la dictadura, y el MDB, de orientación izquierdista y opositor, dio luego origen a varios partidos de izquierda.

El PT se benefició del rechazo a la dictadura, y se estableció como un movimiento de masas de pensamiento radical. Esto le permitió crecer de manera importante, pero no llegar al poder, pues su radicalismo generaba un importante freno entre las élites y las clases medias.

Pero, la habilidad de Lula, lo llevó a disfrazarse de moderado al publicar su “Carta al pueblo brasileño”, que le permitió romper las resistencias y llegar al poder.

Algo muy parecido a la ingenua maniobra gestada por Vargas Llosa en el Perú, para pasar el trago amargo de apoyar a un ‘odioso nacionalista’, con tal de evitar el gobierno del ‘odiado fujimorismo’.

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Como expliqué en el artículo anterior, el Partido de los Trabajadores, PT, fue creado en 1980, en un momento muy favorable para la propagación de sus ideas políticas. Los años previos a su creación fueron una combinación de crecimiento económico, modernización y autoritarismo. Esa combinación había cambiado radicalmente la sociedad brasileña.

El país venía de una fase de crecimiento acelerado entre 68 y 76, y recientemente había ingresado en una fase de inestabilidad económica. Para tener una idea de lo que fueron los 9 años del “milagro brasileño”, durante el gobierno militar, hay que considerar que en ese período la economía creció a una tasa anual promedio de 10%, multiplicando el PBI por 2.4, en menos de una década. Entre 1967 y 1980, el ingreso per cápita había pasado de $3,800 a $8,300, incrementándose 2.2 veces, aumentando así el peso social de la clase media y de los trabajadores industriales.[i]  Entre 1967 y 1980, “el milagro brasileño”, El ingreso per cápita creció 2.2 veces.

Los dos únicos partidos existentes en Brasil, en aquél entonces, habían sido creados por el gobierno militar. La Alianza Renovadora Nacional (ARENA), oficialista, y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), de oposición, y tuvieron que adaptarse al ambiente represivo de su época, y estaban alejados del movimiento social que emergía a fines de los 70. El PT no tenía competidores, en la nueva escena política.

En lo ideológico la situación era aún más favorable. La izquierda tenía ventaja moral por estar en la oposición a un gobierno autoritario y los liberales, que lo habían apoyado, estaban moral y políticamente descalificados. Las ideas de la izquierda repetían las propuestas políticas de los años 50 y 60, contaban con abundante literatura (libros, artículos académicos, revistas, etc.) mientras las ideas liberales eran completamente nuevas en Brasil y no tenían aceptación fuera de unos pocos círculos intelectuales, los Institutos Liberales.[ii]  

El crecimiento del PT

El proceso de crecimiento político del PT fue sin dudas acelerado. Los grupos de izquierda radical y moderada estaban recuperándose de la devastadora derrota de los años 70 y buscaban con ansiedad aliados contra el gobierno militar. Por ello, cuando surge el PT, ligado a un movimiento social emergente, le llovieron aliados desde la intelectualidad de izquierda.

Después de un largo período de autoritarismo, el interés por participar en la política crecía en una sociedad mucho más rica, con una clase media más numerosa y expandida por la cobertura nacional de los medios de comunicación, especialmente la televisión. En la juventud, interesarse por la política significaba estar en oposición al gobierno militar, y acercarse a los partidos que asumían esa postura.

En su primer proceso electoral, en 1983 el PT obtuvo 8 diputados federales. En el 2003, en su sexto proceso electoral, un año después de la elección de Lula como presidente, el PT alcanzó su máximo de 91 diputados federales, volviéndose la 2ª fuerza en el Congreso, superado solamente por su viejo aliado, el PMDB, ex-MDB (el partido de Michel Temer).

El PT también creció en el control de municipios. De 38 municipios en 1988, el PT pasó a 187 el 2000, permitiendo consolidar su organización a nivel nacional.[iii] Además, el PT logró controlar importantes capitales como Sao Paulo, Porto Alegre, y Fortaleza. Sin embargo, el gran salto de control de municipios vendría después que el PT llegara a la presidencia (ver cuadro).

La transformación del PT

El PT nace como un partido ligado al movimiento sindical, a los grupos de izquierda y a la iglesia católica. Era un partido con una amplia base social y una militancia numerosa. Los analistas políticos amigos del PT, muy numerosos, [iv], [v] lo calificaban como un “partido de masas” en contraposición al concepto de “partido de cuadros” de Lenin. Esa concepción de partido, ligado al movimiento social de los trabajadores, había sido desarrollada a fines del siglo XIX por la social-democracia alemana, pero era presentada en Brasil como si fuera una innovación local.

Poco después de su creación, el PT tenía tres activos estratégicos: (a) su inserción en el movimiento social, (b) la capacidad discursiva de la intelectualidad de izquierda, y (c) el carisma de Lula. Fue con esos activos iniciales que el PT comenzó a ganar representantes en el aparato del Estado: diputados, alcaldes, senadores, y gobernadores. Así se inicia el proceso de acumulación de fuerzas del PT.

En la medida en que el PT aumentó su inserción en el Estado, ganó una nueva fuente de poder político y económico. Crecer en el Estado pasó a ser su objetivo principal, y vencer en los procesos electorales pasó a ser el núcleo de su estrategia. La idea del Partido de Masas y de los discursos de agitación política fueron gradualmente pasando a la historia. La clave ahora era el manejo de las campañas electorales, especialmente los debates. El PT se especializó en dos elementos: descalificar moralmente a sus rivales y defender sus buenas intenciones sociales. Los estrategas de marketing político del PT resultaron siendo muy competentes en montar la historia del conflicto entre los buenos (los candidatos del PT) y los malos (los rivales).

El cambio en la concepción partidaria del PT y su acomodo a la lucha electoral no se dio sin dificultades. Tanto los líderes como las bases del PT eran radicales, anti-capitalistas, y por razones más que mundanas estaban abandonando la lógica de sus discursos para justificar su ascenso como miembros privilegiados de las “clases dominantes”. Los líderes del PT, pobres de ayer, en pocos años se volvieron miembros de la clase alta o se hicieron millonarios.

El problema del PT fue cómo explicar la disonancia entre su ideología anti-capitalista y el disfrute de los privilegios del poder en una sociedad capitalista. Para los líderes del PT, la ideología era un objeto maleable, pero los privilegios del poder eran irrenunciables. Los recursos del Estado brasileño eran gigantescos (millones de millones de dólares) y no era tan difícil montar los mecanismos de malversación y corrupción. Además, su ideología les ofrecía una justificación conveniente: ellos estaban expropiando una riqueza producida por el sistema capitalista para implementar sus objetivos socialistas. La amoralidad de los líderes del PT tiene mucho que ver con ese tipo de justificación ideológica.

Los líderes optaron entonces por los beneficios del poder, aún que en sus mentes y en las reuniones internas ellos seguían siendo anti-capitalistas y hostiles a la democracia “burguesa”. Ese pragmatismo no significaba que el PT se había vuelto un partido democrático, ni mucho menos. Lula seguía siendo un amigo y aliado de Fidel Castro, y soñando con un sistema como el de Cuba. El PT no aceptó firmar la Constitución de 1988, a pesar de su sesgo estatista, demostrando que en su proyecto político el partido no apostaba por el régimen democrático. Si uno revisa sus documentos internos, encuentra que el respeto del PT al marco institucional de la democracia brasileña no era resultado de una apuesta conceptual por ese sistema sino de una situación en la correlación de fuerzas, es decir, el PT no tenía como destruir las instituciones y mantener su imagen de partido democrático. Ni Lula ni el PT jamás se auto-criticaron por no haber firmado la Constitución de 1988, ni la han firmado hasta hoy.

Para los militantes de base, que no compartían los beneficios de ser miembros de la “clase dominante” el discurso seguía siendo radical. Ellos llegaron a ser un millón y medio de personas y necesitaban de una utopía que les motivara. Es interesante leer los documentos presentados por las diversas tendencias políticas en los congresos del PT, para observar la diferencia entre lo que se decía en los documentos y la realidad de la práctica política de los líderes. 

Lo que los líderes del PT hacían era un uso utilitario de la democracia, pues el ejercicio de los derechos democráticos les resultaba muy efectivo para sus intereses políticos y económicos. Para ellos, la democracia les brindaba las condiciones óptimas para llegar al poder y disfrutar de sus privilegios.

La nueva estrategia

El PT crecía en forma rápida, y ganaba congresistas, gobernadores y alcaldes. En pocos años, el PT ya tenía recursos económicos, base social, intelectuales en las universidades, artistas en la televisión, periodistas amigos, voceros en los medios de comunicación, y muchos representantes elegidos, pero su discurso ideologizado y anti-sistema preocupaba a la élite y no convencía a los sectores medios del país. Por ello, Lula perdía las elecciones nacionales. Sucedía que, en el Brasil como en muchos otros países de América Latina, quien no gana a la élite y a la clase media no gana la presidencia, y Lula fracasaba en ganar a esos dos sectores.

Es después de la 3ª derrota de Lula, en 1998, que el PT comienza a repensar su estrategia y a reelaborar su narrativa. La terminología anti-sistema, que emocionaba a sus líderes y militantes, podría seguir en las reuniones internas, pero debería ser eliminada de los discursos públicos.

Los fracasos del gobierno de Joao Goulart, en Brasil, y de los demás gobiernos de izquierda en América Latina (Salvador Allende, Hernán Siles Zuazo, etc.), enseñaron a los líderes del PT la necesidad de no destruir el marco económico del capitalismo para no matar la fuente de sus beneficios. Ese nuevo enfoque en la izquierda latinoamericana (Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Bolivia, etc.) posibilitó hacer una alianza con algunos sectores de los empresarios, ampliando así su coalición de poder. El PT fue uno de los primeros a aplicarlo en su campaña del 2002.[vi]

Para su cuarto intento (2002), el PT ajusta su estrategia y Lula envía dos mensajes clave: nombra a un gran empresario textil, José de Alencar, miembro del Partido Liberal (considerado como una fuerza de derecha), para ser su vice-presidente, [vii] y (b) lanza un nuevo mensaje al país por medio de la “Carta al pueblo brasileño”.

En la Carta al Pueblo Brasileño, Lula mantiene su inevitable estilo demagógico, pero elimina los elementos de resentimiento social y de cambio radical, típicos de sus discursos anteriores, y asume una serie de compromisos con la estabilidad del marco económico, afirmando que:

• Para avanzar hacia el nuevo modelo, es necesario respetar los contratos y obligaciones del país como condición para tranquilizar los mercados financieros.
• Defiende las exportaciones: “Aquí gana toda su dimensión una política dirigida a valorizar el agro negocio y la agricultura familiar…” “Nuestra política externa debe estar orientada para ese inmenso desafío de promover nuestros intereses comerciales…”
• Se compromete con la estabilidad monetaria y fiscal: “Quiero ahora reafirmar ese compromiso histórico con el combate a la inflación…” “Vamos a preservar el superávit primario lo que sea necesario para impedir que la deuda interna aumente y destruya la confianza en la capacidad del gobierno de honrar sus compromisos…” “La estabilidad, el control de las cuentas públicas y de la inflación son hoy un patrimonio de todos los brasileños…”
• Y concluye hablando de crecimiento y estabilidad: “Hay otro camino posible. Es el camino del crecimiento económico con estabilidad y responsabilidad social…”

La carta fue una jugada maestra, disolvió las preocupaciones de la élite y desarmó el discurso de sus competidores. Con esa nueva propuesta, resultaba poco creíble afirmar que Lula sería un peligro para la estabilidad económica. Negar las buenas intenciones de Lula, su voluntad de transformar al Brasil en una sociedad más justa e inclusiva, sonaba como egoísmo y discriminación social.

Lo que Lula no habló en su carta fue del respeto a la constitución ni de la alternancia democrática. En el vacío del silencio, todos creyeron que Lula sí los respetaría. Como veremos, una vez en el gobierno, el PT construiría una diversidad de mecanismos, entre ellos la corrupción institucionalizada, para evitar la alternancia democrática y eternizarse en el poder.

El 1º de enero del 2003, el Sr. Luis Inacio Lula da Silva recibió la banda presidencial y un abrazo amistoso del presidente saliente, Fernando Henrique Cardoso. La Era PT había comenzado. Su gobierno se beneficiaría mucho del alza de las commodities y demoraría 13 años para terminar en la peor crisis económica y moral de la historia la república brasileña.

El próximo artículo será sobre el PT en el Poder. Lampadia

En el marco de promoción, aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales, con responsabilidad social y ambiental, presentamos un extracto de la muestra fotográfica “Gestión socio ambiental en el sector minero energético” publicada por la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía hace algunas semanas, en víspera al inicio de la Convención Minera PERUMIN33, de esta semana.

Según la SNMPE, “El sector minero energético tiene la mayor regulación ambiental en el país y sus estándares de gestión se encuentran entre los más altos a nivel internacional. Las empresas mineras, de hidrocarburos y eléctricas, desarrollan una gestión empresarial en armonía con el ambiente y su entorno. Asimismo, realizan en coordinación con las comunidades vecinas, proyectos productivos, de infraestructura, educación, salud y otras líneas de intervención que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población”.

En el caso de Perú, la minería moderna es uno de esos factores que pueden dinamizar la productividad de las economías regionales. La alta productividad de la minería moderna es clave para superar la pobreza porque esa productividad se propaga en la economía regional. La alta productividad de la minería permite pagar sueldos mucho más altos y genera demandas para que se constituyan cientos de empresas modernas que comercializan productos, realizan obras y prestan servicios a la minería y al personal que trabaja en ella. Esas empresas locales, a su vez, contratan a miles de trabajadores locales, y generan demanda para empresas menores, motorizando varios niveles de las economías regionales.

Como afirmó Sebastiao Mendonca Ferreira del Centro Wiñaq en La Minería puede modernizar las regiones (escrito para Lampadia), “la diferencia de productividad por trabajador entre la agricultura nacional y la minería es de 88 veces. Ello significa que 12 trabajadores en una mina moderna producen más riqueza que 1,000 agricultores tradicionales, trabajando en una cantidad similar de hectáreas. Esa superioridad productiva de la minería puede ser bien o mal aprovechada. Hoy día en Perú, tenemos las dos modalidades, la productiva y la destructiva o conflictiva. (…) En las zonas mineras, los destinos económicos de la gran mayoría de las familias dependen de su grado de articulación con ese segmento de economía moderna creada por la minería en su entorno. Estar ligado a la minería resulta siendo, en la mayoría de los casos, la mejor ruta de capitalización de los productores y empresarios en las economías regionales, y en muchos casos, resulta siendo la única ruta realista de capitalización.”

Y es que en el Perú se ha desarrollado una campaña para difamar a la minería y llevarnos a rechazar el desarrollo del sector minero. A diferencia de lo que sucede en Canadá y Australia, seguimos hablado de primarización de la economía, de exportación de “piedras sin procesar” y de que la inversión minera no tiene futuro por las condiciones de los precios de los commodities (que siguen siendo buenos) y por la desaceleración de la China.

La minería moderna no genera ya pasivos ambientales. Más bien genera activos ambientales, como los bosques desarrollados por Antamina, los reservorios de agua de Yanacocha, o el paradero de aves en la bahía de Ite, limpiada por Southern. Como dijimos en Carta del Cobre a los peruanos:

• Solo hay actividades mineras en menos del 2% del territorio nacional.
• Consumimos el 2% del agua que se aprovecha en el Perú, que es una fracción de la que tenemos y desperdiciamos en los mares, Pacífico y Atlántico.
• Los estándares ambientales de la minería moderna, son iguales o mejores que los de la industria en los países más desarrollados y sofisticados.
• Buena parte de la producción está vinculada con grandes empresas internacionales, o empresas locales vinculadas a los mercados financieros internacionales, ambas sujetas a controles globales sumamente rigurosos.

Esperamos que estas imágenes que compartimos líneas abajo incentiven al gobierno a superar sus limitaciones en el manejo de conflictos, y esté a la altura de sus responsabilidades, permitiendo que los peruanos nos beneficiemos de los recursos que disponemos. Para ello, debe empezar por comunicar los beneficios de la minería, reenfocar el llamado ‘Adelanto Social’, y aplicando la ley en nombre de los millones de peruanos que podemos sacar de la pobreza con la minería. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Para entender porque ocurren los conflictos mineros es necesario diferenciar dos temas: (1) las causas de los conflictos y (2) los discursos que los actores involucrados emiten para legitimar su accionar. Las causas son aquellos factores, condiciones y eventos que hacen surgir los conflictos y permiten que se sostengan. Los discursos, o narrativas, son los argumentos e historias generados para construir identidad y obtener respaldo social.

Cuando los líderes de un conflicto minero y las organizaciones que los apoyan (ONG, articulistas y partidos políticos) desarrollan su narrativa, ellos están pensando en cómo fortalecer el movimiento y como construir figuras e imágenes que ganen la simpatía de la población, y muy especialmente de los medios de comunicación.

• La narrativa tiene que reflejar un corte ‘moral’, emotiva y creíble.
• Ella puede referirse a algunas causas y no referirse a otras, si resulta o no conveniente hacerlo, o en algunos casos inventar “causas” que sean creíbles para la población y para la audiencia.
• La narrativa debe hablar de razones capaces de generar empatía con el conflicto, tales como: la defensa del agua, del medio ambiente y de la agricultura, y de un trato de respeto para las poblaciones locales.
• Para producir indignación en la población local la narrativa debe sostener también la existencia de posturas abusivas de parte de las empresas mineras y de las instituciones públicas.
• Debe además transmitir una sensación de drama y urgencia, para lograr que las personas interrumpan su vida cotidiana y asuman los costos y riesgos de participar en la protesta.

En una primera aproximación, los discursos, pancartas y consignas aparentan ser las causas de los conflictos. Ello no debe sorprender a nadie. Los líderes están afirmando que luchan por tales y cuales motivos, y es probable que así lo crean. Pero, las creencias y la realidad no siempre son lo mismo. Quien quiera entender los conflictos mineros y cómo manejarlos con efectividad necesita cernir los elementos de los discursos e identificar los factores que están realmente en su base y cuáles son solo argumentos construidos para justificar sus acciones y ganar simpatía social. Veamos un par de ejemplos.

Fuente: Youtube

Tía María

En el caso de la oposición al proyecto Tía María, el elemento central de la narrativa es el supuesto antagonismo entre la actividad minera y la agricultura en el Valle de Tambo. Sucede que ese antagonismo es falso. El proyecto no va utilizar el agua local, sino que va desalinizar el agua del mar, y canalizarla hacia la mina. Además, el proyecto es marginal al Valle de Tambo, y está ubicado en una zona desértica (La Joya). Con esa ubicación y con los actuales patrones de control ambiental exigidos en el país y suscritos por Southern Perú Corporation, los riesgos de afectación de la agricultura del valle pueden ser considerados nulos o, en el peor de los casos, efectivamente controlables.

De una reflexión preliminar, podemos decir que entre las causas reales del conflicto están los temores de la población hacia una potencial afectación ambiental de una operación minera de gran escala, que tanto la empresa como el gobierno central no han logrado explicar a los líderes locales, a las autoridades y a la población, como va operar y cual sería su impacto ambiental real. Otra causa es la acumulación de resentimientos resultados de décadas de una relación que es percibida por la población local como arrogante de parte de la empresa (que había cambiado de accionista, pasando de las manos de Asarco de EEUU, al Grupo México) y esta no fue capaz de revertir esa percepción antes de iniciar la implementación del proyecto. El tercer factor es la tradicional existencia de grupos radicales anti-sistema operando en el entorno, que encontraron en la polarización población-minería una oportunidad para desarrollarse orgánica y políticamente, siendo ese un factor político al que no se ha analizado en profundidad, ni dado un tratamiento adecuado.

La idea del antagonismo minería-agricultura, más allá de ser verdadera o no, es muy efectiva para propagar temor en una población de productores agrícolas que no entienden bien los impactos que puede tener la minería y que no confían en la empresa que lo llevaría a cabo. Además, en este caso, los agricultores más grandes de la zona, validaron los argumentos de los anti-mineros para mantener, en el valle de Tambo, los jornales bajos que ellos pagan sin la presencia del factor dinamizador de la minería.

Un efecto adicional de la narrativa hostil a la minería es un pensamiento tácito, que es inconsciente, pero que también es muy importante: si hay gente movilizándose es porque tiene un motivo, y ese motivo debe ser el que está en las pancartas y en las explicaciones de los dirigentes y de las ONG que los apoyan. Así, la población local y la audiencia nacional resultan siendo influenciadas por la narrativa y por los elementos gráficos que la representan.

Ello es inevitable para poblaciones que están bajo lo que hemos llamado en Lampadia Cerco Cognitivo y Conflictividad Minera y tienen dificultades para acceder a interpretaciones alternativas. Sin embargo, ello no debería ser así para los profesionales que se dedican a estudiar y a solucionar los conflictos mineros.

El problema de pensar con esa lógica superficial es que sometemos nuestro análisis a la narrativa de los promotores de la conflictividad y anulamos nuestra independencia para explorar las verdaderas causas del conflicto, causas que están ligadas a los temores y a los juegos de intereses de quienes ven en los conflictos mineros una oportunidad para obtener una ganancia extraordinaria sin generar riqueza, o para promover sus intereses políticos e ideológicos. Si nuestro pensamiento está sometido a la narrativa de los conflictivos, nuestra capacidad crítica se encuentra comprometida.

Conga

En el caso de Conga, anterior al de Tía María, la oposición central desarrollada por la narrativa fue: ¡Agua Sí, Mina no! Los resentimientos de la población cajamarquina hacia Yanacocha, acumulados en años  de malas relaciones, fueron el caldo de cultivo de las movilizaciones de protesta. Los temores exacerbados y movilizados también fueron parecidos. Los anti-mineros han manipulado las creencias y la imaginación local sobre el impacto que la desaparición de las lagunas de Conga podría tener sobre el ciclo del agua en los valles cercanos. Las lagunas resultaron simbólicas como reservas de agua para la agricultura en la región, y su afectación generaba un temor generalizado. Como recurso narrativo las lagunas resultaron muy efectivas. Ellas eran parte de un paisaje natural que sería afectado por la actividad minera, y operaron como “prueba irrefutable” de que el proyecto Conga iba afectar negativamente la disponibilidad de agua para los campesinos. Algunas marchas han tenido por función reforzar el lazo emocional de los campesinos con “sus lagunas”, y funcionaron muy bien como recurso narrativo. Si algo sabe hacer los grupos anti-mineros es construir narrativas que resuenan en los sistemas de creencia y temores de las poblaciones locales.

Conclusiones

Sin queremos reducir los conflictos sociales necesitamos independizar nuestro pensamiento, ver más allá de las narrativas conflictivas, y buscar las causas reales de los conflictos. Para ello, necesitamos observar los cambios económicos y políticos que desencadena una actividad moderna en una economía tradicional, los procesos de diferenciación social y los cambios en el poder político local y regional, identificar ganadores y perdedores entre esos actores, conocer el impacto simbólico y socioeconómico de una empresa moderna en una sociedad de pequeños productores y los temores que genera. Y  no pensar que las empresas mineras son fuentes de recursos de las que se puede sacar provecho sin causar daño a la sociedad. Teniendo claridad sobre esas piezas, el rompecabezas comienza a armarse. Lampadia