Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hay una enfermedad muy seria en el Estado peruano y en la sociedad peruana en general, que se manifiesta de manera particular en la relación entre el Estado y el sector privado, afectando seriamente la obra y los servicios públicos. Estamos hablando de la cultura de la sospecha, de la desconfianza, de la presunción de dolo o de engaño que, a su vez, engendra un exceso de regulaciones y controles que demora las decisiones o simplemente las inhiben. Se genera, entonces, un efecto doble sobre la parálisis pública: se establecen cada vez más controles y requisitos para prevenir conductas ilícitas, que llaman a una injerencia cada vez mayor de la Contraloría en el control del cumplimiento de esas normas excesivas. Por eso, los funcionarios se escudan en informes interminables antes de tomar una decisión. Y si no hay normas, las inventan, para protegerse. Esto fomenta una cultura del control formalista, de la letra de la norma, por parte de la Contraloría, agravando el problema. Es un círculo vicioso que hay que romper de alguna manera, antes que nuestro desarrollo muera de inanición.

El nefasto papel de la Contraloría

Dos artículos han llamado recientemente la atención sobre este síndrome. Gianfranco Castagnola (El Comercio 10/05/19) refiere como el otorgamiento de la buena pro para el sistema de tratamiento de las aguas residuales en la cuenca del lago Titicaca, que debió tomar un máximo de 2 años desde que se presentó la iniciativa de APP, demoró ¡5 años! Y si todos los permisos, licencias y autorizaciones se dieran en los tiempos previstos, las obras se podrían iniciar en el primer semestre del 2020 y culminarían en el 2023. Es decir, ¡9 años en total!

Juan Stoessel, por su parte, llama la atención en Perú 21 sobre el caso del Centro de Convenciones de Lima, inaugurado en el 2015 y en el que se invirtió S/535 millones, pero que aún no cuenta con conformidad de obra ni tiene autorización de Defensa Civil, con lo que el Perú desaprovecha su ventaja competitiva para convertirse en un hub internacional de Convenciones. Alberto Ñecco, director ejecutivo de Proinversión, revela que la Contraloría formuló nada menos que 4,000 observaciones al mencionado Centro de Convenciones. La mayor parte, por supuesto, eran del estilo de ¿por qué esta la pared, que debía ser pintada de blanco, lo fue de blanco humo?

Castagnola explica que “en proyectos complejos… los papeles van y vienen entre una entidad y otra, con memos e informes legales que se intercambian durante meses, sin ningún sentido de urgencia ni practicidad. Detrás de ello se esconde un inmenso temor a tomar decisiones. Sucede que el sistema de control gubernamental no se concentra en aquello que es su principal función, que es velar por la…debida diligencia del funcionario público en su proceso de toma de decisión. Más bien, además de practicar un excesivo celo por el puro formalismo, invade los espacios discrecionales del funcionario público y cuestiona sus decisiones, sin ser expertos en la materia. Y funcionarios probos y diligentes terminan sancionados e inhabilitados injustamente. Obviamente, la señal al resto de funcionarios es muy mala”.

Por su parte, el economista Carlos Paredes escribió lo siguiente (Gestión 9/5/19): “La mayor parte de los funcionarios públicos ganan poco al tomar decisiones, pero pueden perder mucho, generándose así el “pánico a firmar”. En efecto, si la CGR, mediante una acción de control ex post, determina que el funcionario cometió una falta al tomar una decisión, puede sancionarlo de manera significativa. Esta estructura de incentivos es perversa, pues conlleva a la parálisis del sector público y a la ralentización de la economía”.

Y agrega: “La Contraloría parece no entender que los funcionarios públicos tienen que tomar decisiones bajo incertidumbre y con información incompleta y que, a veces, se equivocan. En la práctica, la Contraloría ha prohibido equivocarse por acción (no por omisión), bajo amenaza de denuncia penal. Y lo que ha logrado es trabar al Estado, nada más”.

Paredes escribe esto preocupado porque al haber asumido la presidencia de PetroPerú, debe sacar adelante el cuestionado proyecto de la modernización de la refinería de Talara que ya ha sufrido –cuando no- una demora significativa y, por lo tanto, ha incurrido en una serie de sobrecostos, de modo que, “para detener la sangría hay que tomar decisiones”. Pero –se pregunta dramáticamente-, ¿cómo tomar decisiones sin exponernos a ser acusados sin razón, en un futuro incierto, por algún funcionario que lejos de buscar la verdad, solo persiga su cuarto de hora de fama? ¿No firmando? ¿Dejando todo a un arbitraje que proteja a los funcionarios, pero que también encarezca el proyecto de manera inaudita? Cada mes de retraso nos cuesta varias decenas de millones de dólares, solo por lo que dejamos de ganar”. Sin duda Paredes es valiente.

Cambiar el paradigma de control

Pero para que no se convierta en un héroe inútil y vaya a parar con sus huesos a la cárcel, es urgente reformar la Contraloría y cambiar el paradigma de control, dedicado obsesiva y patológicamente a detectar cualquier incumplimiento normativo por más formal o menudo que sea. Y dado que la normatividad es compleja, farragosa y con frecuencia contradictoria, pues es casi imposible no cometer alguna clase de incumplimiento, con lo cual los funcionarios terminan denunciados penalmente por razones absurdas y formalismos ridículos. Las consecuencias son varias:

• La primera es la penalización de la innovación y la creatividad. El Estado se convierte en una tumba híper-burocrática.
• La segunda consecuencia es que todo se demora y cuesta mucho más, porque nadie está seguro de lo que está haciendo y por lo tanto no toma decisiones, por temor a las consecuencias. Ante el pedido de un contratista, en lugar de decidir, los funcionarios recurren al arbitraje pese a que saben que el contratista tiene razón, simplemente por temor a que aceptar el pedido del contratista sea motivo de cuestionamiento con consecuencias eventualmente penales. El resultado es tiempo y dinero que se pierden. La Contraloría ocasiona al Estado peruano muchas más pérdidas económicas que beneficios.
• Y la tercera consecuencia es que mientras la Contraloría se centra en perseguir nimiedades de los funcionarios honestos, deja pasar los robos de los corruptos. Al final, la Contraloría no sirve para detectar la corrupción sino para acusar a los honestos.

¿Cómo cambiar esta situación? Lo increíble es que el propio Contralor, Nelson Shack, tenía la respuesta antes de asumir el cargo. Él escribió un documento reseñando las conclusiones de un taller regional sobre auditorías de desempeño realizado en Lima el 13 y 14 de agosto del 2015, donde la recomendación principal fue pasar de la auditoría de cumplimiento de normas –que es lo que tenemos- a la auditoría de desempeño, como es en los países avanzados, que no busca identificar desviaciones ni responsables a los que sancionar o acusar, sino ver si la entidad está alcanzando resultados y dar recomendaciones para mejorar la eficiencia de los procesos. No es “policía” sino “asesora”. Iría de la mano con el presupuesto por resultados. Por lo demás, si hubiese verdadera gestión de desempeño en las entidades públicas (funcionarios trabajando con arreglo a metas individuales derivadas de las metas institucionales), habría, de por sí, mucha menos corrupción.

Es evidente que Shack no ha logrado cambiar el “chip” de la Contraloría, sino que más bien la Contraloría lo ha cambiado a él. Ha sido secuestrado. Por lo tanto, mientras se produce ese cambio cultural en la Contraloría –si se produce-, es indispensable simplificar radicalmente la normatividad a la que está sujeta la acción del Estado, para que los funcionarios no caigan en las trampas de la telaraña legal. Quizá lo principal acá es la ley de contrataciones y los procedimientos de presupuesto público.

Cambiar el paradigma de la ley de contrataciones

La ley de contrataciones ha sido modificada tres veces en los últimos años, pero no para mejor. Es muy formalista y engorrosa. Según el abogado especialista Juan Carlos Morón, a esa ley “cada vez le agregan más requisitos y trámites. En lugar de ser una ley principista, es muy reglamentarista. Muchas autoridades deben aprobar u opinar. En lugar de exigir simplemente precio y calidad de servicio o de obra, se pide muchos papeles y requisitos: acreditar contratos anteriores, conformidad de obra de esos contratos, constancia de los pagos realizados, etc., etc. Entonces si falta un papel o no fue legalizado o hay un error en una cifra, la propuesta es descalificada. Se descalifica por cualquier defecto formal. Y se establece plazos para todo: para firmar contrato tienes 7 días desde adjudicación. Si no, pierdes el contrato, porque te faltó tiempo para traer la fianza, por ejemplo. Y una vez que firmaste y comenzaste a ejecutar, el equipo de profesionales que pusiste en la oferta no puede variar. Si uno renuncia o lo cambias, debes pagar una penalidad absurda. De eso se valen, por supuesto, los que trabajan en el proyecto para exigir mayor remuneración a cambio de no renunciar…”

Andrés Calderón, quien participó en la elaboración de una guía de Indecopi para la ley de contrataciones, nos dije algo parecido: “la ley es engorrosa, formalista, de papeleo. Carece de flexibilidad para encontrar la mejor relación calidad-precio. Estás obligado a contratar a la empresa que ofreció menor precio o el menor subsidio estatal o el menor peaje, aunque sospeches que no va a cumplir o no habrá calidad. La calidad es un requisito técnico, no un factor de competencia. Si quieres introducir un espacio adicional para dejarle cierta discrecionalidad al funcionario, te cae la Contraloría. No se puede negociar con los proveedores”.

Morón lo ratifica: está prohibido sentarse con los potenciales proveedores para diseñar mejor las bases y el mismo proyecto. Es decir, no está permitido el “diálogo competitivo”, que sí ha sido autorizado por el decreto legislativo 1362, de julio del 2018, para que Proinversión lo aplique en la estructuración de las APP. Esto a fin de diseñar una formulación que se asemeje más a lo que el mercado puede ofrecer. Pero hasta ahora Proinversión no lo ha usado. Y no vale para la obra pública.

Cultura de sospecha y confrontación genera más corrupción

Lo que prima, como dice Morón, “es la desconfianza en el privado y en el propio funcionario, la cultura de la sospecha en lugar de cultura de colaboración. Lo que hay es un ambiente de confrontación en lugar de uno de cooperación”.

También lo decía Castagnola en el artículo arriba mencionado: “La agudización de la desconfianza en nuestra sociedad ha ocasionado que se instaure una cultura de la sospecha y el gran temor a ser objeto de investigaciones y acusaciones. En asociaciones público-privadas, donde la interacción entre Estado y concesionario es indispensable, el temor afecta la fluidez del diálogo entre las partes”.

Esta es una cultura que, además, en lugar de prevenir la corrupción, crea el ambiente para que se produzca. Como la idea es que haya la menor discrecionalidad posible y que todo se decida sobre la base de cifras y elementos muy precisos y objetivos, donde no quepa la menor duda de quién debió ganar, pues ello lleva fácilmente a que establezcan requisitos tan específicos o tan exigentes que solo una o dos empresas califican. Es decir, se facilita el direccionamiento de las licitaciones, eliminando a la mayor parte de competidores. Si para construir un hospital, por ejemplo, pido que la empresa tenga 20 años de experiencia en construcción de hospitales y que el ingeniero jefe haya construido 5 hospitales en últimos cinco años, o estoy direccionando o, como señala Morón, estoy favoreciendo la cartelización para poder atender el requerimiento.

No se puede denunciar carteles

Y, por supuesto, lo que no hay es un mecanismo efectivo para denunciar carteles, pues, explica Morón, la ley señala que para impugnar se debe presentar una fianza del 3% del valor del contrato. Es un monto muy alto, que disuade a los competidores. Se dio para acelerar las contrataciones y evitar las dilaciones, en lugar de dar libertad para impugnar con un plazo corto para resolver, de 10 días digamos, aunque eso demande que el tribunal de la OSCE tenga más salas. En una ley llena de plazos, no hay ninguno para resolver impugnaciones.

Andrés Calderón señala que el SEACE no es todavía un sistema de registro electrónico inteligente de ofertas de los postores que con inteligencia artificial o algún algoritmo detecte tendencias agregadas que permitan emitir alertas cuando se presenten situaciones de aparente direccionamiento, cartelización, rotación de ganadores, simulación de competencia, precios muy altos o muy bajos, etc. En la actualidad, la OSCE sólo supervisa una contratación cuando alguien denuncia, y lo que ve es el procedimiento. Es un sistema anacrónico. La nueva ley dispone pasar a un sistema electrónico, pero no sabemos si este estará organizado de manera inteligente para detectar hechos sospechosos.

Según Calderón, Perú Compras, que está avanzando en la adquisición de commodities (computadoras, papel, etc.), sí está haciendo data mining para identificar compras riesgosas.

Una consecuencia de todo esto es que las empresas extranjeras no suelen participar en las licitaciones, debido a que perciben un mercado muy cerrado debido a los direccionamientos o a costos de entrada elevados como el registro de proveedores, que se demora mucho en ser otorgado y que se puede perder fácilmente porque hay que actualizar permanentemente la información. Además, en cada proceso la empresa debe volver a presentar toda la información de sus representantes, de los contratos anteriores, etc., información que el Estado ya tiene.

Los comités de adquisiciones favorecen la corrupción

Otro problema, señalado tanto por Morón como por Calderón, es la manera de contratar en los Ministerios. Estos encargan esa función a comités especiales formados por funcionarios que no tienen ningún incentivo para participar en ellos porque deben dedicarse a esa labor sin dejar su función principal, de modo que deben hacerlo fuera de horas de trabajo sin que le den a cambio un bono ni reconocimiento alguno en su carrera, pero sí corren el riesgo de afrontar luego denuncias hasta penales. Por supuesto, los funcionarios honestos no quieren participar en estos comités. Lo menos que puede ocurrir en estas condiciones es que el funcionario, al no tener tiempo para este trabajo, acepte el modelo de bases que le alcance un postor, por ejemplo. En general, son condiciones que favorecen situaciones de colusión o cohecho. O de demora, porque para curarse en salud, los miembros del comité le dan vueltas a las decisiones una y otra vez.

Es evidente que debe abandonarse la práctica de los comités y crear sea oficinas especializadas a tiempo completo en las compras y licitaciones, sea grupos o comités ad hoc a tiempo completo. ¿Por qué no se hace? Es incomprensible.

Proinversión detenida por condicionamientos inútiles

Proinversión tiene este problema resuelto porque tiene comités especializados y equipos de soporte permanentes encargados de cada proceso. En realidad, Proinversión es en sí mismo un mecanismo de licitación de APPs. Su problema es otro: depende de los ministerios para la formulación de los proyectos de APP, que pueden tomar mucho tiempo entre otras cosas porque ni los ministerios ni el MEF entienden que la formulación no tiene que ser al detalle, que si se pone objetivos claros de nivel de servicio que se quiere brindar, son los propios postores los que pueden proponer la mejor solución técnica para alcanzar esos objetivos. No sólo eso, según la norma, luego del contrato los estudios definitivos de ingeniería en una APP deben ser aprobados por el sector, y eso se puede demorar varios años con informes que van y vienen de todas partes, precisamente por temor a la Contraloría. Cuando se ha querido eliminar ese requisito, la Contraloría, cuando no, se ha opuesto. La alternativa sería el silencio administrativo positivo, pero nuevamente los ministerios y la Contraloría rechazaron la posibilidad. Esto sin considerar que el ministerio concedente, el MEF y el regulador opinan además sobre los hitos principales (contrato y bases).

Contratos NEC para cambiar la cultura de la sospecha

Las obras para los Panamericanos han puesto en evidencia un modelo de contrato y operaciones que podría inspirar una ley de contrataciones mucho más simple, flexible y menos formalista, basada en los contratos NEC que el gobierno británico aplica con sus proveedores.

Dichos contratos NEC se basan en una filosofía exactamente opuesta a la cultura de la sospecha, el papeleo y la rigidez formalista que funciona en el Perú. Sus características fundamentes son la flexibilidad, la colaboración mutua entre las partes, claridad en el lenguaje y adecuada asignación y manejo del riesgo. Son pocas cláusulas y una de ellas establece que las partes del contrato y quienes participan en éste “deberán desarrollar sus funciones según espíritu de confianza y cooperación mutuas”.[1] Eso implica comunicación constante y abierta entre el Estado y el contratista. Se establece, por ejemplo, que será esencial compartir la información de manera oportuna para evitar contingencias. ¿Cómo? Pues discutiendo y acordando verbalmente, y luego resumiendo los acuerdos por escrito y registrarlos.

Para ello, se establece en el contrato la necesidad de crear el ambiente para comunicación verbal informal y un sistema de reuniones regulares de reducción de riesgos y compensación. Exactamente lo contrario a la cultura de la distancia, la incomunicación y la sospecha que rige en el Perú. Por supuesto, esa nueva cultura no se basa solo en la buena fe. Morón nos explica que si el contratista advierte que si hay algún problema que no fue previsto, tiene que advertirlo en determinado plazo, de lo contrario el riesgo se le traslada a él. Y si lo hace antes de tiempo, recibe más bien un pago algo mayor. Se trata de contratos flexibles ante eventos no previstos, basados en incentivos a la colaboración entre las partes. No son inmodificables como acá.

Morón nos informa que a nivel internacional hay dos leyes modelo de contrataciones, aproximadamente en esa línea, que el Perú podría tomar: 

• Una es la “Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública”. La CNUDMI es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y se puede encontrar en el siguiente link:
  https://www.lampadia.com/assets/uploads_documentos/046a2-ley-modelo-de-la-cnudmi-sobre-la-contratacion-publica.pdf.
• La otra está en el Acuerdo Revisado sobre Contratación Pública, en el Anexo al Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre Contratación Pública, adoptado el 30 de marzo de 2012 en la OMC.

Por lo demás, pasar a una ley de contrataciones basada en la colaboración y no en la cultura de la sospecha, llevaría a reorientar a la Contraloría a revisar que se cumplan los esquemas cooperación para resolver las contingencias en lugar y diseñar mejor los proyectos en lugar de hurgar en qué papeles o requisitos formales faltan.

Recomendaciones

1. Cambiar el paradigma de control. Pasar de la auditoría de cumplimiento de normas a la auditoría de desempeño, de la mano con la gestión de desempeño y el presupuesto por resultados.
2. Eliminar el elevado pago por impugnar en las licitaciones estableciendo un plazo corto para resolver, de 10 días, aunque eso demande que el tribunal de la OSCE tenga más salas. A fin de denunciar las cartelizaciones.
3. El SEACE debe implantar un sistema de registro electrónico inteligente de ofertas de los postores con inteligencia artificial para emitir alertas cuando se presenten situaciones de aparente direccionamiento, cartelización, rotación de ganadores, simulación de competencia, precios muy altos o muy bajos, etc.
4. Abandonar la práctica de los comités de adquisiciones en las entidades públicas reemplazándolos por oficinas especializadas a tiempo completo o por grupos o comités ad hoc temporales a tiempo completo.
5. Simplificar la formulación de proyectos para las APPs en los ministerios estableciendo la meta y calidad de servicio que se quiere dejando a los postores proponer la mejor solución técnica. Eliminar el requisito de que los estudios definitivos de ingeniería en una APP deban ser aprobados por el sector, o establecer silencio administrativo positivo para ese fin.
6. Cambiar el paradigma de la ley de contrataciones: pasar a una ley inspirada en los principios de los Contratos NEC y en los modelos de las Naciones Unidas o de la OMC, desterrando la cultura de la sospecha y la enemistad como principio organizador. Lampadia

La Cuba socialista está planeando una serie de cambios que ellos afirman son “potencialmente trascendentales”, con una nueva constitución establecida para reconocer el libre mercado y la propiedad privada, mientras divide los poderes políticos entre un presidente y un primer ministro. Pero, cabe la duda de si es verdad todos estos cambios y cuáles serán sus límites.

En una reforma de la constitución de 1976, se afirma que los medios fundamentales de producción seguirán bajo control central, pero la inversión extranjera será reconocida como un estímulo importante para el desarrollo, según un informe del periódico Granma. Sin embargo, se aclara que el Partido Comunista seguirá siendo “la fuerza líder superior de la sociedad y del estado” y no dice nada sobre cómo funcionará el cargo de primer ministro o quién lo ocupará.

La verdad es la nueva Constitución no es más que un engaño, pues reafirma “el papel rector del Partido Comunista de Cuba como fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”. Como afirma Ian Vásquez en Reforma constitucional cubana, ja, ja, ja, “De ninguna manera se abandona el modelo. Lo que importa es la política del régimen y eso no ha cambiado. Siempre ha hecho lo menos posible en términos de reforma para poder mantener el control. Mientras que dice asegurar un papel al mercado, por ejemplo, el régimen ha restringido todavía más al ya pequeño sector privado. Recientemente, anunció más impuestos y regulaciones, la reducción de actividades en las que puede participar el sector privado y la limitación a solo un negocio por empresario.”

El sector privado

El proyecto de Constitución “añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada”, señaló un resumen del texto publicado en el diario oficial Granma. Ello permitirá la legalización de la pequeña y mediana empresa. Asimismo, agregó, admite “la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo económico del país”.

La autorización para que las personas trabajen en el sector privado fue una medida que casi fue suspendida. Ahora se va a reanudar, pero bajo estrictas regulaciones que parecen enfocarse más en controlar y restringir el sector privado emergente que en estimular la inversión y la creación de empleos, más preocupados por limitar la acumulación de riqueza que por aliviar la pobreza.

El pequeño sector privado de la isla ahora emplea a aproximadamente el 13 % de la fuerza laboral cubana. El sector privado creció dramáticamente en los últimos años, para incluir a casi 600,000 propietarios y empleados por cifras oficiales, con muchos cubanos más emprendedores trabajando informalmente.

Los nuevos controles requerirán que los dueños de negocios utilicen una cuenta bancaria para registrar todas las operaciones, pagar impuestos y demostrar que sus suministros se obtienen legalmente. Además, las licencias comerciales están limitadas a una por persona, para evitar la acumulación de riqueza personal, todo parte de planes para “actualizar” el modelo económico de la isla.

En contraste, el sector estatal se estancó y se descapitalizó aún más. De hecho, muchas empresas privadas comenzaron a competir con éxito contra entidades estatales, especialmente en restaurantes, bares y discotecas, hoteles, construcción y transporte. Los salarios pagados por las empresas privadas rentables a menudo superaban los salarios pagados a funcionarios del gobierno.

Las extensas regulaciones que entran en vigencia en diciembre son excesivamente burocráticas. Aprovechando una multitud de ministerios, los comités interinstitucionales nacionales, provinciales y municipales ahora estarán facultados para autorizar, inspeccionar e informar periódicamente a las empresas privadas bajo sus jurisdicciones. Las regulaciones están repletas de requisitos de rendimiento asombrosamente específicos e innumerables infracciones legales que parecen diseñadas para permitir a los funcionarios del gobierno una amplia discriminación para imponer fuertes multas (o extorsionar sobornos), suspender licencias e incluso apoderarse de propiedades.

Según unos informes de McKinsey, algunas de estas regulaciones son:

• Las guarderías deben asignar al menos dos metros cuadrados por niño, no tener más de seis niños por asistente
• Los taxistas privados deben documentar que están comprando combustible en las gasolineras del gobierno, en lugar de comprar en el mercado negro.
• Los funcionarios locales pueden denegar nuevas licencias basadas en “análisis previos”, incluso si el plan de negocios propuesto cumple con todas las especificaciones y pueden fijar los precios “cuando las condiciones lo justifiquen”.

Las regulaciones podrían ayudar a proteger a las empresas estatales de la competencia privada no deseada. Las autoridades cubanas han manifestado reiteradamente su interés en atraer inversión extranjera para compensar los cada vez menores ahorros internos. Sin embargo, es probable que los inversionistas extranjeros consideren que estas nuevas reglamentaciones son indicativas de una hostilidad hacia la empresa privada en general. Los inversionistas extranjeros también notarán que el gobierno cubano es bastante capaz de alterar precipitadamente las reglas del juego.

Las nuevas regulaciones dejan una cosa muy clara: el gobierno cubano, las empresas estatales y el gobernante Partido Comunista de Cuba no quieren arriesgarse a una competencia mayor para sus propios intereses. Lampadia

Nuestro querido país está atravesando por uno de sus momentos más difíciles. Estos días están signados por una serie de procesos negativos y desalentadores, como los escándalos de corrupción, la sensación de desgobierno, la parálisis de las inversiones y el estancamiento de la economía, la devaluación de las instituciones tutelares de la República, el desprestigio de la clase política, el abuso de autoridad, la ausencia de una verdadera clase dirigente, el carnaval de los medios de comunicación, y una pulsión tanática de la que nadie se salva.

Como hemos explicado en Lampadia (Ver: DS 003, fiducias, confusiones e irresponsabilidades), el gobierno, asesorado por Marisol Pérez se equivocó de cabo a rabo con la estrategia para manejar la corrupción llevada a niveles de escándalo por Lula Da Silva y sus brazos empresariales corruptores. Ver en Lampadia: Dios perdona el pecado, pero no el escándalo.

El Perú es el país que peor ha manejado esta situación, llegando a destruir inversión, empleos y crecimiento, innecesariamente. Después del DS 003, el Congreso, bajo la batuta de Fuerza Popular (FP), diseño el proyecto de ley 1410, peor aún que el 003.

Un año después, el ejecutivo tiene que apurar un proyecto de ley que podemos llamar como el de las fiducias. La reacción inicial del Congreso, otra vez en boca de FP, fue de falta de disposición para avenirse a ver el tema con la urgencia que tiene, más allá del hecho de que el MEF lo haya presentado tardíamente. Finalmente, se toma el asunto en las manos y lo que hoy tenemos en la puerta del horno es un proyecto de Ley Frankenstein.

Hoy tenemos un 003 con fiducias y otros múltiples requisitos regulatorios y procesales, que asigna al Ministerio de Justicia capacidades de decisión para las que no está, ni estará preparado. El espíritu de la norma es básicamente punitivo, y no cautela el mayor interés nacional, cuidar el empleo, la inversión, el crecimiento, sin perder, y más bien acrecentar, la capacidad del Estado para resarcirse de los daños de todo orden causados por el gran escándalo del Lava Jato.

Como dijimos hace unos días:

No se quiere entender qué es lo prioritario y cómo se puede investigar, castigar y cobrar, sin matar al conjunto de la economía.

• Lo primordial es preservar el valor de los activos involucrados en la investigación. Eso implica un doble cuidado: evitar que se devalúen o pierdan valor, y evitar que se fuguen a manos de los eventuales responsables de delitos.
• Es indispensable, mientras se hagan las investigaciones y se establezcan las eventuales multas y reparaciones, asegurar la continuidad de las empresas y proyectos involucrados.
• Para evitar la fuga de los recursos o activos, sobre los cuales se fijarán los cargos compensatorios, es esencial establecer los controles necesarios.
• La mejor manera de controlar dichos activos, es, como se propuso en Lampadia, designar interventores que cautelen el buen uso de los recursos, y de considerarse necesario, nombrar depositarios a los operadores responsables de las empresas y proyectos.

Lamentablemente, nuestros congresistas han caído en un proceso regulatorio muy lejano de los intereses de largo plazo de los ciudadanos, y aturdidos por la vorágine de la política para el aplauso fácil, se dejan llevar por el tradicional populismo latinoamericano.

Pero todavía estamos a tiempo para que los ‘Padres de la Patria’ no nos regalen un Frankenstein, que caería cómo lluvia sobre mojado. Ante tantos procesos destructivos, este es un momento para la ponderación y el compromiso con nuestra viabilidad de largo plazo. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Los escándalos de corrupción vinculados a la nefasta penetración económica y política brasilera amenazan con deslegitimar por completo la clase política, derribar el establishment y eventualmente vacar al propio presidente de la República, peligro que aún no ha cesado del todo. Es el momento de dar un giro de tuerca en las políticas y las acciones anti corrupción para mostrar que el sistema en su conjunto es capaz de reaccionar para que estas cosas no vuelvan a suceder y establecer mecanismos que permitan prevenir, disuadir y restar espacio para la corrupción en general en el país.  

ISO Antisoborno en las empresas privadas

En esa línea, Julio Luque, presidente de IPAE, recogió la propuesta de Oscar Espinoza Bedoya en el último CADE, y anunció una iniciativa que podría terminar siendo histórica: que uno de los cinco compromisos de esa institución, sobre el que se rendirá cuentas en el próximo CADE, será “conseguir que el mayor número posible de empresas en el Perú se comprometan con un Programa de Tolerancia Cero a la Corrupción”. Esto podría incluir que las empresas adopten el ISO Antisoborno (37001) que, dicho sea de paso, podría ser establecido como condición para contratar con el Estado.

Se ha formado un comité integrado por Oscar Espinoza, Ricardo Briceño y el propio Julio Luque. Dicho comité ha contratado una consultoría para que identifique los procesos anti soborno que las empresas que se comprometan deban implementar. Esto es lo que hace la diferencia y hace pensar que esta vez sí vamos en serio, porque de esa manera la adhesión o inscripción de las empresas no será solo declarativa, sino que se podrá “auditar” su comportamiento. La inscripción de las empresas se hará posiblemente a partir de marzo, cuando se tenga todos los procesos definidos.   

Un movimiento claro de las empresas grandes, medianas y pequeñas en esa dirección, sin duda ayudaría a cambiar la tendencia y crear un clima de integridad en el país que no tiene precedentes.

Sistemas de integridad y de denuncias en las entidades públicas

Ahora, para que ese impulso que viene del sector privado pueda tener máximo impacto en la creación de un ambiente nacional de honestidad, se requiere un decidido movimiento en la misma dirección de parte del sector público. Lo primero sería el establecimiento de la función de integridad en las entidades estatales. Es algo que se está trabajando en la propuesta del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 que elabora la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).[1] La idea es que en cada entidad pública haya una oficina o una persona que se encargue de monitorear todo lo relativo a transparencia, conflicto de intereses, política de regalos y atenciones, control interno, análisis de riesgos de corrupción, régimen disciplinario y sanciones.

Esto supone, además, como parte de dicha política de integridad, que cada entidad pública implemente un efectivo sistema de denuncias. Para ello se dio el Decreto Legislativo N° 1327, reglamentado incluso mediante el Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, que establece procedimientos y mecanismos para facilitar e incentivar las denuncias realizadas de buena fe de actos de corrupción y sancionar las denuncias realizadas de mala fe, y define medidas de protección a denunciantes. El Ministerio de Justicia no ha terminado de dar los pasos necesarios para hacer lo que le corresponde como rector de este sistema. Este sistema, bien implementado, debería servir de base operativa para lanzar una campaña nacional de denuncias en todos los ámbitos.

[1] Esta propuesta se presentó en un taller en la GIZ a representantes de varias bancadas del Congreso. Para hacerla,toma como base en “Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente” (2017), y el “Informe de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo”, que presentó una propuesta de 100 acciones contra la corrupción en el Perú.

Obra pública

También se requeriría reformar la obra pública, haciéndola más predecible y transparente. La mencionada propuesta del Plan Nacional de Integridad contiene un conjunto amplio de medidas para prevenir la corrupción en la obra pública, tales como fortalecer con el más alto nivel profesional la Central de Compras Públicas (Perú Compras), aprobar un Plan Nacional de Infraestructura que transparente, y haga predecibles las decisiones públicas en los próximos veinte años, políticas de transparencia, entre otras. 

El congresista Javier Velásquez Quesquén ha propuesto la excelente idea de reducir el espacio para que municipalidades hagan obras por administración directa, donde hay mucha corrupción. Y sería bueno estandarizar las obras menores.

Recientemente el ministro de Transportes, Bruno Giuffra, ha anunciado la contratación internacional de un PMO (Project Manager Office) para estandarizar los procesos de licitación y contratación en Provías, sede de los presuntos arreglos denunciados al llamado “club de la construcción”, y para supervisar de manera permanente dichos procesos. También ha presentado al MEF una nueva estructura de personal y remuneraciones, en aplicación de la ley de servicio civil.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En el Congreso hay 16 proyectos de ley que, sumados a 4 ya aprobados, generan costos fiscales –menores ingresos tributarios- que pueden llegar a cerca de 5% del PBI. De aprobarse, estaríamos decretando el final de la estabilidad monetaria y fiscal, el retorno a la inflación y la imposibilidad de alcanzar el desarrollo integral. Sería el suicidio económico nacional.

Fuente: marcandoestart

Ya el Congreso avanzó el jueves con esta agenda aprobando una ley que restablece por 5 años los beneficios de la admisión temporal para las aeronaves y sus partes, con suspensión del pago de tributos hasta por 5 años, y permitiendo su nacionalización con la depreciación de la base imponible del 20% anual. Inicialmente la ley se iba a aplicar a todas las empresas aéreas, pero luego del debate se limitó a las micro, pequeñas y medianas. Esto reduce el daño, pero no lo elimina porque sólo servirá para incentivar el fraccionamiento y atomización de las empresas grandes para no pagar tributos. Según fuentes del sector economía, “una gran empresa podría crear una división de reparación con un RUC distinto y a partir de ésta realizar la importación temporal por 5 años y luego la compra de aeronaves”.

Según dicha fuente, la ley distorsiona la aplicación del régimen general de admisión temporal para reexportación pues “la deducción (depreciación) de la base imponible del 20% anual, implica en la práctica que el régimen general de admisión temporal para reexportación se convierta en un mecanismo destinado al no pago de tributos y no constituye un régimen aduanero suspensivo; por tanto, restablecer la vigencia de este mecanismo implicaría desnaturalizar el régimen de admisión temporal incorporando una exoneración del pago de tributos a la importación”.

Además, la Ley genera un tratamiento a favor del sector aéreo, lo que podría llevar al sector de transporte terrestre y a otros a solicitar el mismo beneficio.

Fuente: zestcapital.com

Pero el problema es mucho más grande. Como hemos señalado, hay en el Congreso 20 Proyectos de Ley que conceden beneficios tributarios y que ocasionarían altos costos fiscales. De esos, ya se han aprobado 4. Fuentes analíticas nos indican que el costo total de esas leyes y proyectos de ley ascendería a una cifra enorme que oscila entre S/ 27,067 millones (equivalente al presupuesto 2017 de los sectores educación y salud) y S/ 34,337 millones (equivalente al presupuesto 2017 de los sectores educación, transportes y vivienda). Lo que representa de 3.6% a 4.6 del PBI.

El más costoso de todos es PL 730/2016-CR, proyecto de ley que crea el Régimen Especial de Incentivos y Beneficios para compradores preferentes para las MYPEs, “Sello MYPE”.

Este es un proyecto de Fuerza Popular a iniciativa del congresista Edwin Vergara Pinto. Propone establecer un nuevo régimen especial de incentivos y beneficios para compradores preferentes de las MYPE — Sello MYPE. Se trata de beneficios tributarios para las empresas medianas y grandes que compren frecuentemente a las MYPE. Por ejemplo, se establece una deducción del 100% adicional de gastos para efectos del impuesto a la renta de los bienes muebles (exceptuando los vehículos automotores) adquiridos de las MYPE; un puntaje adicional en los procesos de selección que convocan las entidades del Estado; devolución en cinco días hábiles desde la presentación de la solicitud de saldos a favor de la exportación, drawback y pagos en exceso o indebidos, entre otros.

Las fuentes estiman que el costo del beneficio sobre la deducciónadicional degastos para efectos del impuesto a la renta para las compras efectuadas a MYPE por parte de las empresas medianas y grandes, ascendería entre S/ 5,310 millones (10% de las ventas de las MYPE) hasta aproximadamente S/ 10,619 millones (20% de las ventas de las MYPE).

La ley también excluye de los regímenes de retenciones y percepciones a las empresas que compren a las MYPES, lo que puede afectar la recaudación del IGV. Se calcula que el costo de la eliminación de ambos regímenes ascendería en S/ 735 millones. Fuera de que aplicar un esquema como el planteado requiere del desarrollo de un complicado sistema de información y control por parte de la administración tributaria.

En consecuencia, según las fuentes, el costo total estimando únicamente la deducción adicional de gastos para medianas y grandes empresas, así como la eliminación de los regímenes de retenciones y percepciones, ascendería potencialmente entre S/ 6,045 millones y S/ 11,354 millones.

El más inmediato de todos es el PL N° 626: Alertas Educativas, que ha sido observado por el Ejecutivo pero probablemente se aprobará por insistencia. Este proyecto obliga a la SUNAT a brindar una capacitación por cada infracción que cometa una microempresa antes de poder sancionarla por dicha infracción, y una vez por cualquier infracción en el caso de la pequeña empresa. El tema es que existen 64 infracciones posibles en el código tributario. Según el MEF, esto contraviene lo dispuesto en la Ley MYPE, que acota el acompañamiento tributario solo para las microempresas (Art. 42), condicionando ello incluso solo a las que se acojan al Registro de la MYPE (REMYPE). Asimismo, precisa que el acompañamiento es solo para cinco infracciones y solo por los tres primeros años desde la inscripción de la microempresa al REMYPE. Con este proyecto, en lugar de 5, serán 61/63 infracciones, sin pedir nada a cambio y de manera permanente.

Para el MEF no es solo que el proyecto aprobado requiere implementaciones operativas y de sistemas en SUNAT que excederán el plazo de 60 días dado por la norma para ello, y que se perderá algo de recaudación, sino el mensaje que estamos dando al contribuyente: es evidente que si le decimos que pueden cometer 50 o 60 infracciones antes de que se le ponga una multa, le comisen o le cierren su local porque por cada infracción, aunque esta sea muy grave, la SUNAT deberá primero darte una capacitación, estamos premiando su informalidad.

Esperemos que prime la cordura en el Congreso y se deseche este tipo de proyectos de ley. Mucho le ha costado al pueblo peruano alcanzar la estabilidad monetaria y fiscal para ponerla en peligro de esta manera. No nos podemos arriesgar al retorno de la inflación ni podemos sacrificar ingresos tributarios necesarios para mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios públicos, con normas de la mejor tradición populista latinoamericana. Lampadia

Hoy en día está en proceso de desarrollo ‘la buena SUNAT’ que ofreció el gobierno de PPK y encargó a Víctor Shiguiyama. Durante el gobierno del nacionalismo, se dio rienda suelta a los fiscalizadores para que encontraran nuevos pozos de eventuales recursos fiscales. Esto llevó a comportamientos disfuncionales, pues el personal del ente recaudador tenía beneficios monetarios directos vinculados a la recaudación.

La Metamorfosis de la SUNAT

Así fue que durante los últimos años, los fiscalizadores de la SUNAT empezaron a cuestionar todo tipo de normas tributarias y prácticas de supervisión, que al reinterpretarse por ellos, podían generar nuevas fuentes de recaudación. Lo mismo pasó con acciones de control menores, por las que se empezaron a cuestionar y observar multiplicidad de gastos.

Estas prácticas determinaron que por algún tiempo, las empresas terminaran pagando más impuestos que los determinados por las tasas  nominales del impuesto a la renta. Pero, además, en algunos casos (como el que analizamos líneas abajo), se generaron conflictos mayores por la incidencia de cambios de  reglas de juego que tenían altos impactos económicos en una serie de empresas.   

El sistema de incentivos que se estableció en la SUNAT distorsionó completamente la gestión de la institución y contrarió su misión.

La SUNAT ha llegado incluso a poner en entredicho la sacrosanta vigencia de los contratos de estabilidad tributaria, que en contra de los relatos de los enemigos de la economía de mercado, no exoneran del pago de ningún impuesto, solo establecen que las  normas tributarias vigentes a la firma del contrato se mantengan por el plazo de los mismos. En otras palabras, si los impuestos suben, las empresas con convenios seguirán pagando lo establecido al momento del contrato y, si los impuestos bajan, las empresas seguirán pagando las tasas más altas, a no ser que renuncien a los contratos. Estos contratos establecen garantías que promueven la inversión privada y no pueden ser modificados ni dejados sin efecto unilateralmente por el Estado.

La siguiente sumilla explica la importancia de dichos contratos:

Contratos de estabilidad tributaria

A inicios de los años 90, el Reino Unido (RU) devaluó la Libra Esterlina en 15%, los inversionistas consideraron que el ajuste había corregido los desbalances y se volcaron a invertir.

Al mismo tiempo, Brasil hizo una devaluación de 15%, pero ésta fue considerada el inicio de un problema mayor, y los inversionistas salieron de sus posiciones.

¿Qué explicó la diferencia en el comportamiento de los inversionistas? – La historia. Mientras el RU tenía una reputación impecable y merecía la confianza de los inversionistas, Brasil llevaba atrás una larga historia de incumplimientos que lo hacían un país no confiable.

Como sabemos los peruanos, cuando en los años 90, en el Perú se crearon las condiciones internas para atraer inversiones mineras y otras, teníamos que establecer un mecanismo que permitiera que nuestra mala historia crediticia, no inhibiera inversiones de largo plazo. Solo en los años 80 tuvimos dos cortes del pago de la deuda externa, primero con Belaunde el 82, y luego con García el 86.

Fue así como el Perú recurrió a establecer ‘Convenios de Estabilidad Jurídica’ y ‘Contratos de Estabilidad Tributaria’, que permitieron una gran dinamización de las inversiones y toda la recuperación económica y social del Perú hasta la primera década del 2000.

Hasta hace pocos años, el respeto de estos contratos ha sido clave para mantener el prestigio del Perú como un serio receptor de inversiones extranjeras.

Si esta anotación no es suficiente para hacer notar la necesidad de garantizar predictibilidad tributaria a los inversionistas, veamos el primer antecedente histórico en el Perú:

Velasco Alvarado hizo el primer contrato de estabilidad tributaria en el Perú  con Southern Copper Corporation, entonces propiedad de la compaña estadounidense, Asarco, para el desarrollo del proyecto de Cuajone en Moquegua.

Hoy día, producto de la ‘mala SUNAT’, uno de los casos contenciosos más importantes y notorios es el de la compañía minera Cerro Verde. Veamos:

• En los últimos 20 años se celebraron 24 convenios entre el Estado e inversionistas.
• Estos trajeron inversiones superiores a US$ 17 mil millones.
• Cerro Verde firmó su contrato en 1998 con vigencia hasta el 2013.
• El 2004, se crearon las regalías mineras.
• Las regalías mineras no eran aplicables a Cerro Verde, pues su contrato tenía vigencia hasta el 2013.
• Desde el 2013, la SUNAT le exigió a Cerro Verde el pago de las regalías supuestamente dejadas de pagar.
• Cerro Verde inició procesos judiciales para que se declare la nulidad de las resoluciones que desconocían el Contrato de Estabilidad.
• El Juzgado Constitucional de Arequipa desestimó una acción de amparo de Cerro Verde.  
• Los procesos judiciales están pendientes.
• Los gobiernos de García II y Humala comprometieron a Cerro Verde a realizar aportes adicionales mediante el Programa de Solidaridad con el Pueblo, llamado Aporte Voluntario y el Gravamen Especial Minero (GEM), además del impuesto a la renta y del reclamo de las regalías.
• El Aporte Voluntario se diseñó para que las compañías con Contrato de Estabilidad no sujetas al pago de las regalías, las compensaran.
• Lo mismo sucedió con el Gravamen Especial Minero.

Lógicamente, el cobro de regalías, pretendido por el fiscalizador, en adición a los pagos del Aporte Voluntario y del Gravamen Minero se convertían en un pago doble.

Vista de las instalaciones mineras con el Misti, Chachani y Pichu Pichu al fondo. Fuente: www.mineriaonline.com​

Además de las obligaciones tributarias, Cerro Verde desarrolló un importante programa de ‘inversiones sociales’ en Arequipa como una Planta de Agua Potable, el cofinanciamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el Cono Norte de Arequipa, la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR La Enlozada). En los diversos programas de inversión no productivos, desarrollados en la Región Arequipa, entre el 2005 y 2016, Cerro Verde aportó hasta US$ 190 millones.

Planta de agua de La Tomilla

En los documentos adjuntos se puede apreciar la descripción de las operaciones de Cerro Verde, el detalle de sus aportes no productivos y el impacto del proyecto en Arequipa y el Perú:

Más allá del caso específico de Cerro Verde, es importante hacer notar que este tipo de litigios hacen mucho daño a todas las partes:

• Impacto directo en las empresas involucradas en los largos y complicados reclamos judiciales.
• Dañan de manera muy importante el prestigio del país, lo que determina un mal ambiente de inversión que redunda en menores inversiones y mayores costos de inserción global.
• Daña importantemente la consolidación de la  ‘la buena SUNAT’ en proceso de desarrollo. 

Es muy claro que el Estado necesita recursos fiscales para afrontar las muchas tareas pendientes en su mochila, pero estos no se pueden obtener de cualquier manera, y menos dañando el largo plazo del sector productivo y el prestigio del Perú como un buen destino de inversiones. Ojalá, la actual dirección de ‘la buena SUNAT‘ se avenga a colaborar en la resolución de este tipo de conflictos, no originados por sus actuales directivos. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 23 de junio de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

Sí se podía mejorar el servicio de salud en la región. Ya eliminamos las colas en el Hospital Regional de Ica y en el de Nasca. Y estamos a una ñisca de lograr lo mismo en el Hospital del Socorro. Allí – gracias a Fundación Telefónica – hemos implementado un aula hospitalaria, para que los niños no pierdan clases mientras permanezcan internados.

Hemos triplicado el número de camas en la sección de ginecología del Hospital Regional; simplemente trasladando camas sobrantes de otras secciones. Con el Instituto Nacional Materno Perinatal, hemos implementado un servicio de “parto humanizado” en el Socorro. Y en convenio con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, nuestros hospitales están brindando tratamientos oncológicos a pacientes de cáncer.  

Pues bien, hay gente que no reconoce ningún mérito en nuestra gestión. Ciertamente cometemos errores… y lo reconocemos. Pero nadie puede negar el esfuerzo que hacemos para corregirlos. Por ello… yo no estoy de acuerdo con esa gente negativa y pesimista. Yo visito nuestros hospitales todas las semanas y veo mejoras. Los pacientes perciben la mejor atención de nuestros médicos, enfermeras y personal administrativo, y expresan su satisfacción de manera sincera y emotiva. Yo puedo dar fe de ello.

Fuente: www.mensajespositivos.net

No obstante, estamos sancionando a médicos que abandonaban sus guardias – subrepticiamente – para atender a pacientes en clínicas privadas. Y otros que le robaban al Estado sustentando gastos reembolsables con facturas falsas. ¡Miserables!

Pero sigamos. Sí se podía mejorar la educación pública en Ica. Las pruebas PISA que miden el aprendizaje de nuestros escolares de 8 años, denotan una mejora sostenida en los últimos años. A este respecto, es evidente que el accionar de Empresarios por la Educación en la capacitación de directores de instituciones educativas, ha tenido un impacto muy positivo. En el ámbito artístico, 650 niños vienen participando en “SINFÓNICA” – un coro de angelitos de 5 a 13 años – dirigido por Sinfonía por el Perú de Juan Diego Flórez… una maravilla. El fútbol escolar está progresando a través del Centro de Alto Rendimiento – para las categorías Sub 14 y Sub 16 – bajo la dirección de la Federación Peruana de Fútbol. Y con el Instituto Peruano del Deporte estamos promoviendo el atletismo, a través del programa “En Busca de la Bala Chinchana”.

Sí se podía establecer la “Hermandad del Agua” entre Ica y Huancavelica, a través de un proceso de diálogo con respeto, equidad, justicia y sostenibilidad ambiental, que permitirá a ambas regiones compartir recursos y conocimientos. Ya empezamos la construcción de reservorios y la plantación de bosques en las alturas de nuestras cuencas, para que todos nuestros valles – de arriba a abajo – tengan agua todo el año.

Sí se podía mejorar la dotación de agua potable en la ciudad de Ica. Desde enero pasado, 175 mil iqueños cuentan con este servicio las 24 horas del día. Antes, apenas tenían agua por horas.

Sí se podía salvar a La Huacachina del abandono e indolencia de nuestras autoridades municipales. Después de tomar control de la situación – que era de horror – hemos restablecido el espejo de agua a sus niveles ancestrales, y con el apoyo de vecinos del lugar, estamos manteniendo el orden y la limpieza del espacio más querido y emblemático de Ica.

Sí se podía combatir a las mafias que estaban enquistadas en todas nuestras dependencias. La Dirección Regional de Transportes – nuestra abanderada en la lucha contra la corrupción – no solo ha derrotado a la más brava de todas las mafias, sino que está entregando brevetes ¡en el mismo día del examen de manejo… y sin coimas de por medio!

Sí se podía bajarle el moño a congresistas y consejeros que en vez de fiscalizar o legislar en favor de la región, más se dedicaban a pedir favores para beneficiar a sus allegados.

Por último, sí se podía gobernar sin ceder al chantaje de periodistas que – moralmente – no valen nada.

Conclusión: Sí se podía gobernar para el bienestar del pueblo. Era cuestión de liderazgo, decencia, profesionalismo y vocación de servicio. En Ica – afortunadamente – tenemos mucha gente que reúne esas cualidades. Gracias a ellos, Ica avanza y avanza… ¡contra viento y marea! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 16 de junio de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

En nuestro país las funciones públicas están distribuidas entre los distintos niveles de gobierno. Hay funciones que hace el Gobierno Central… y solo el Gobierno Central. Otras que le corresponden al Gobierno Regional… y ninguna otra institución las podría realizar. Y lo mismo ocurre con las funciones de los Gobiernos Locales.

Por ejemplo; el ordenamiento del tráfico en las ciudades corresponde – exclusivamente – a los alcaldes municipales y distritales. En cambio, la educación y la salud pública sólo la ejercen los Gobiernos Regionales. ¿Quién combate y reprime la delincuencia? La Policía Nacional del Perú. Y así por el estilo… cada institución pública tiene sus funciones claramente establecidas y no está permitido que una se meta en el ámbito de las demás.

En esa línea de política pública, el recojo de la basura urbana es competencia exclusiva de los municipios distritales y provinciales. Entonces surge la pregunta: ¿quién es el responsable del recojo de la basura en el cercado de Ica? ¿Quién ha faltado a su función… el Gobierno Regional o la Municipalidad Provincial de Ica? ¿A quién hay que repudiar por la inmundicia callejera que agobia a los iqueños… al Presidente de la República, a la Ministra del Ambiente, al Gobernador Regional, o al Alcalde de Ica?

¡Que no se haga el loco… ya saben a quién me refiero! Y lo mismo va para los periodistas que lo encubren y justifican. Todos – periodistas y Alcalde – saben perfectamente quién es el responsable del recojo de la basura en Ica cercado, y quién ha fallado clamorosamente en el cumplimiento de su función pública.

Claro que – como Gobernador Regional – he tratado de intervenir en la solución del problema de la basura en Ica. ¡Cómo podría permanecer impávido ante tanta inmundicia y pestilencia callejera! ¡Cómo no reaccionar ante la plaga de ratas que provienen de los botaderos de basura que están dispersos por toda la ciudad!

Ante ello coordiné una reunión entre el Alcalde Provincial de Ica, la Ministra del Ambiente, los representantes de la empresa concesionaria para el recojo de basura de Ica, y mi persona. La idea era – obviamente – propiciar un entendimiento entre el Alcalde y la concesionaria, para reestablecer el servicio de recojo de la basura a la brevedad.

Y ¿qué pasó? Nada. El Alcalde se negó a pagar por el servicio de limpieza pública, a pesar de que la concesionaria no exigió el pago de los adeudos para restablecer el servicio. Y el resto es historia conocida. El Alcalde gestionó la donación de unos equipos usados procedentes de Europa, los cuales están en la Aduana del Callao. El problema es que siguen allí, porque los regidores municipales ¡rechazaron la donación! ¿Cómo pudo el señor Alcalde lanzarse a una importación sin contar – previamente – con el respaldo de sus regidores? Solo Dios sabe.

Después vino la alternativa que a la postre sería ILEGAL – así, con letras grandes – de que el Gobierno Regional aceptara la donación de las máquinas, las cuales – mismo carrusel – serían transferidas finalmente a la Municipalidad. Pues bien – como era de esperar – tal menjunje burocrático no prosperó, y los iqueños… mal, muy mal. Con la basura hasta el cuello.

Esta nota tiene por objeto exigir al Alcalde Provincial de Ica la limpieza de nuestra ciudad. No merecemos vivir en un medio tan insalubre y feo. Existe un contrato de concesión – legal y efectivo – que le permitiría cumplir con su función – y obligación – de mantener limpia la ciudad. De nada le vale zafar cuerpo en este entuerto. Es hora de asumir responsabilidades. Más vale tarde que nunca. Además, el Alcalde… solo el Alcalde… y nadie más que el Alcalde… podría restablecer el servicio de recojo de basura en Ica. Esa es la verdad de la milanesa. Lampadia

En la región Ica, el concesionario de distribución de gas, CONTUGAS, viene aplicando mecanismos de facturación por el abastecimiento de gas, que responden a su antojo y no a la naturaleza de su Contrato ‘BOOT’ con el Estado y lo establecido por el regulador, OSINERGMIN.

No solo ello, ante los reclamos de algunos usuarios de gas del área de concesión, y contraviniendo disposiciones de OSINERGMIN, CONTUGAS pretende imponer precios abusivos recurriendo al Poder Judicial   mediante una Acción de Amparo, que ha originado una muy cuestionable medida cautelar que llega a suspender las capacidades de OSINERGMIN como regulador.

Fuente:  gym.com

Este desarrollo escandaloso tiene graves consecuencias económicas para consumidores cautivos en un área de concesión y para el sistema regulatorio de los servicios públicos establecido por nuestras leyes:

• Cobros indebidos a los consumidores de gas que caen en escala a todos los agentes económicos de la región, configurando daño económico y una suerte de apropiación indebida.
• Con la medida cautelar, el Poder Judicial ha invadido el espacio de decisiones otorgado por la Constitución a los reguladores de servicios públicos, creando un nefasto precedente.

En las siguientes horas se estará viendo, en la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, en segunda y definitiva instancia, este caso que impide a OSINERGMIN supervisar, fiscalizar y solucionar controversias, dejando desamparados a los usuarios del servicio.

Veamos algunos elementos que nos permitan evaluar la gravedad de esta situación:

El Concesionario

CONTUGAS, forma parte de la Empresa de Energía de Bogotá es una sociedad colombiana cuyo accionista mayoritario es el Municipio de Bogotá. En el 2008 firmó con el Estado peruano, un Contrato BOOT de concesión para la distribución de gas en la Región Ica.

Además, firmó un contrato de distribución con EGASA, la empresa que distribuye energía eléctrica producida en base a gas.

Fuente: loshidrocarburosenelperu.org

Este contrato y otros, bajo firmados bajo la modalidad de facturación por capacidad, se firmaron antes de que se normara el modo de facturación, sin embargo,  estaban sujetos a la decisión del regulador. Para ello, CONTUGAS debió de haber presentado la propuesta en el primer año de su contrato. Lo hicieron 5 años después y cuando OSINERGMIN definió como el mecanismo de facturación aplicable, ellos desconocieron lo estipulado por el regulador, que a la fecha les ha impuesto multas del orden de 10 millones de soles.

CONSUGAS decidió, de motu propio, mantener la facturación por capacidad (instalada) y no por consumo efectivo, según lo establecido en el Contrato BOOT con el Estado y ordenado por OSINERGMIN.

Este sistema de facturación alcanza a otros usuarios como EGESUR y Aceros Arequipa (CAASA), pero CONTUGAS exime, arbitraria y discrecionalmente, a los usuarios residenciales, mediante la aplicación de un bono de descuento, de los mayores cobros, presumiblemente, para jugar a una suerte de Robin Hood, sin embargo, de confirmarse la sentencia de primera instancia a favor del concesionario, estos usuarios pasarán a estar igualmente abusados y desamparados.

Como OSINERGMIN, le dio la razón a EGASA, CONTUGAS no vio nada mejor que recurrir al Poder Judicial, donde el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima, dejó sin efecto el pronunciamiento de OSINERGMIN.

Los consumidores

Los consumidores más importantes de gas en Ica, EGASA, EGESUR y CAASA, plantearon sus reclamos a OSINERGMIN.

Ante la Acción de Amparo del concesionario, el Poder Judicial invade el ámbito regulatorio y suspende lo establecido por OSINERGMIN, a quién se le ordena que suspenda su proceso de fiscalización en el área de su concesión. Esto afecta de mayor manera a EGASA y EGESUR, pues ambos habían firmado contratos de distribución que contemplaban un sistema de facturación por capacidad, lo que presuntamente habría dado origen al problema. Sin embargo, esta disposición era válida mientras OSINERGMIN, no regulara el mecanismo de facturación.

OSINERGMIN determinó, de acuerdo a sus facultades regulatorias, que el sistema de facturación debía ser por consumo efectivo, según lo establecido en el Contrato BOOT. El incumplimiento del concesionario con lo dispuesto por el contrato y el regulador, afecta económicamente a los consumidores.

Veamos por ejemplo, el impacto de la sobrefacturación en el perfil del costo de gas de CAASA:

El regulador

OSINERGMIN es la institución pública que supervisa que las empresas formales eléctricas y de hidrocarburos brinden un servicio de electricidad y gas permanente, seguro y de calidad, y que las empresas mineras realicen sus actividades de manera segura.

Su Misión es regular y supervisar los sectores de energía y minería con autonomía y transparencia para generar confianza a la inversión y proteger a la población.

Entre las funciones de OSINERGMIN están:

• Supervisar que las empresas eléctricas del Perú brinden sus servicios de manera segura y confiable.
• Establecer las tarifas de la electricidad y del transporte del gas natural.
• Resolver en segunda instancia los reclamos de los usuarios de la electricidad y el gas natural.

OSINERGMIN tiene autonomía para desarrollar la funciones establecidas por el Estado y resuelve en ‘segunda instancia’ los reclamos de los usuarios.

El Poder Judicial

Como todos sabemos y lamentamos, el Poder Judicial peruano adolece de graves fallas de eficiencia y efectividad, además de mostrar niveles de corrupción cuestionados permanentemente por la sociedad.

Muchas veces, sus procedimientos son usados por agentes económicos para cubrir actos indebidos, como sucede frecuentemente con las consecuencias de medidas cautelares.

En el caso que reseñamos, el Poder Judicial ha llagado a suprimir las facultades regulatorias de OSINERGMIN, creado por el Estado para regular con autonomía los aspectos encomendados a su cuidado, y específicamente, los mecanismos y niveles de facturación de los concesionarios de distribución de gas.

Invocación

Invocamos al Poder Judicial que respete el ámbito de los entes reguladores con la finalidad de que ejerzan sus actividades con autonomía y orientación técnica,  caso contrario el Poder Judicial estaría suplantando a todos los reguladores, en temas de agua, puertos, comunicaciones, etc., labor que en los últimos 25 años se ha venido realizando sin interferencias.

Esperamos que el Gobierno haga valer los contratos Boot debidamente firmados e imponer el respeto al Estado de Derecho. Los concesionarios de servicios públicos y sus respectivos reguladores cumplen un rol vital en una economía de mercado, y deben establecer los equilibrios necesarios para fomentar las inversiones de largo plazo y cuidar los precios, condiciones y calidad de los servicios que se ofrecen a los usuarios, rol en el que complementan las prerrogativas del Estado. Lampadia

Walter Twanama
Sociólogo
Para Lampadia

El duelo entre el Contralor de la República y el Ministro de Economía tiene como resultado previsible una víctima si no dos, pero si le creemos al recordado historiador Alfonso W. Quiroz, los males de la corrupción han infestado el Estado peruano desde su creación y no ha habido sistema de control que nos proteja bien de ellos.

Si realmente es así, tal vez como país nos serviría llevar la discusión hacia algo más general, por ejemplo responder a preguntas como ¿funcionan nuestros sistemas de control para lo que queremos de ellos? ¿qué éxito ha tenido la Contraloría en detectar la corrupción en su ya larga vida institucional? Y también ¿habrá otros mecanismos e instituciones que permitan disminuir y erradicar la corrupción?

Fuente: lapublica.org.bo

Intentemos responder a lo primero: el propósito principal de los sistemas de control del Estado es identificar hechos de corrupción para impedirlos y en lo posible prevenirlos. Podemos agregar otras funciones a estos sistemas, pero si no identifican y sirven para limitar la corrupción, no tienen sentido.

Sin embargo, en algún momento la Contraloría decidió modernizarse y ampliar sus funciones, y orientó su quehacer  a validar y vigilar la naturaleza y el carácter de las acciones del resto del Estado: preocupándose no sólo por el tema de los recursos si no de la calidad del servicio a los ciudadanos y ciudadanas. Sonaría mejor si mínimamente hubieran cumplido alguna vez con éxito ese primer rol, de detectar y brindar la información para sancionar la corrupción; se le podría confiar tareas secundarias a quienes han cumplido con eficacia su tarea central.

La  Contraloría se ha empeñado por años en competir técnicamente con sus supervisados, sean quienes sean y sin importar la naturaleza de sus tareas. Esto lo ha hecho mediante la contratación de expertos que pudieran estar al mismo nivel de los expertos que tienen los supervisados, pero esos expertos no nos han ayudado en mejorar ningún proceso relevante al interior del Estado.

Esta voluntad de poder ha liquidado su vieja función si alguna vez la cumplió, los elefantes pasan por sus telarañas. Borges, citando a Spinoza, recuerda que toda cosa quiere perseverar en su ser, un supervisor multiplicará siempre el número de elementos a supervisar, de modo que garantice su propia existencia y valoración, sin otra finalidad que esa.

Así, mientras la Contraloría no han podido hacer casi nada contra la corrupción y tampoco mejorar las características técnicas de los servicios públicos, en cambio ha logrado acusar a innumerables funcionarios públicos por cosas como la falta de la vigésima copia del formulario XX que no se llenó, la pérdida del ticket del tranvía que llevara al abuelo al Callao, etc. Esos números permitían a los sucesivos contralores fingir un incesante combate contra la corrupción. En los hechos los procesos administrativos abiertos por motivos nimios finalmente cerraban –cierran- absolviendo al acusado, pero en el transcurso se perdió años, papel, y se pagó los sueldos de los controladores.

Vamos entonces a nuestra tercera pregunta: ¿se puede hacer algo en este escenario para controlar la corrupción?

Tipos De Corrupción

Un primer paso para hacerlo es identificar algunos tipos precisos que encontramos bajo el término general de corrupción; en ese sentido hay:

1. La corrupción mayor del alto funcionario, desarrollada individualmente o en pequeño grupo, normalmente por algunos o muchos millones de soles o dólares
2. La corrupción menor, la corrupción hormiga que día a día esquilma a los ciudadanos en ámbitos que en lo formal están a su servicio; es la corrupción que pide un poco de plata, o una botella de algún licor, o favores sexuales, o el primer sueldo de un nombramiento, o cualquier cosa que se le ocurra al funcionario que tiene la discrecionalidad de dar o facilitar el servicio. De paso, eso convierte el derecho del ciudadano o ciudadana en un privilegio, algo que no le corresponde sino que se le concede.
3. El sentido común de la gente incluye a veces –creo que injustamente- como corrupción el simple cobro de los sueldos u honorarios de los empleados y funcionarios públicos cuando considera que estos son muy elevados.

Patrullas Y Alarmas De Incendios

Concentrémonos en los dos primeros tipos de corrupción. ¿Qué se puede hacer frente a ellos? Un par de politólogos americanos, Matthew McCubbins y Thomas Schwartz, vienen en nuestra ayuda: Ellos acuñaron en 1984 una distinción entre dos formas de monitoreo que se puede emplear para ejercer la supervisión sobre el trabajo del poder ejecutivo: a una de las formas la llamaron “vigilancia tipo patrullaje policial” (police patrol oversight)  y a la otra “vigilancia tipo alarma de incendios” (fire alarm oversight), muy en el estilo coloquial americano, poco ampuloso.

¿Cuál es la distinción entre unas y otras?

La metáfora que usaron no fue escogida al azar: una patrulla policial recorre un barrio o un distrito, puede variar su ruta periódica o aleatoriamente, pero sus procedimientos son típicos, se fija más o menos en las mismas cosas siempre; su personal y equipo generan costos, puede tardar en llegar y, como es la experiencia de mucha gente en el Perú, puede agrandar el problema en vez de resolverlo. El costo social mayor en un sistema de este tipo, más que sueldos o patrullas,  es la propia existencia de la agencia (la policía) con sus posibles deformaciones.

Por otro lado, un sistema de “alarma de incendios” puede distribuirse por toda la ciudad, basta con que haya un teléfono a disposición, puede ser operada por cualquiera, y, si hay un sistema eficiente de respuesta, puede resolver problemas; no tiene los costos del patrullaje ni la posibilidad de deformarse, pero en cambio puede ser abusada por falsas alarmas. Además, respecto a la corrupción, puede haber desde incentivos y beneficios hasta temores y amenazas para no hacer sonar la alarma.

Por dar un ejemplo, la Contraloría es un sistema de patrullaje (quitemos la palabra policial para ahorrarnos las connotaciones) mientras que una Oficina de Quejas es un equivalente del sistema de alarmas (de incendios).

Aunque McCubbins y Schwartz plantearon su distinción específicamente para la forma como el poder legislativo vigila al ejecutivo, y tenían una preferencia muy fuerte hacia los sistemas de “alarma”, nosotros podemos extenderla a cualquier actor concernido; si queremos vigilar y controlar la corrupción podemos usar  sistemas de patrullaje o alarmas de incendios sin necesidad de ser congresistas.

El Patrullaje, como su nombre lo indica, vigila la marcha de las instituciones del ejecutivo y los problemas en la implementación siguiendo sus planes y programas, haciendo notar en cada punto cada paso que no se cumpla como establecen los procedimientos. Requiere siempre un sistema centralizado  bajo alguna forma institucionalizada. Reposa en procesos de investigación largos, audiencias, estudios por consultoría, etc.

Las Alarmas se activan en cambio cuando ciudadanos, organizaciones de ellos o grupos de interés, reaccionan a la forma en que se les brinda servicios, cuando los medios exponen el abuso de los ciudadanos, o el desperdicio de recursos; en estos casos los ciudadanos al reportar sus problemas, muestran fallas en los servicios, sean estas ocasionales, accidentales o propias del diseño o de la implementación. Esto funciona de modo no centralizado, reposa en la posibilidad de que cualquier actor haga sonar la alarma, y está mucho más ligado a los resultados que obtiene la gente del servicio que a los procedimientos internos para brindarlo.

Mientras el Patrullaje supone un cuerpo especial vigilando uso de recursos, procedimientos, etc. en la Alarma toman la palabra los ciudadanos y sus organizaciones para manifestar que algo no funciona bien, obviamente sobre la base de ciertas reglas y procedimientos que los habilitan a hacerlo.

E insistimos, no decimos que un método sea mejor que el otro, dependiendo del caso se puede escoger una forma u otra de vigilancia o una combinación de ambas según se necesite.

La Propuesta

En concreto, parece razonable creer que los niveles de corrupción baja, lo que se denomina acá Hormiga, puede manejarse con un esquema del tipo Alarma. ¿Por qué? Los ciudadanos son quienes lo sufren directamente y están muy informados respecto a sus detalles, saben quiénes les piden coimas, quienes los chantajean, quienes los presionan para obtener recursos indebidos. La detección es fácil, si al ciudadano se le escucha y responde en su queja se hará oír, pero el sistema tiene que estar listo para responder a este tipo de denuncia rápida y efectivamente a la demanda, llamado o alarma activada por los ciudadanos.

Un sistema así tiene requerimientos indispensables: responder en serio y no desechar las denuncias de los ciudadanos, sancionar ejemplar y drásticamente a quienes entran en asuntos turbios, cuidar al denunciante. Por esto la tarea de respuesta debería ser función de un sistema que se encargue de cuidar la calidad de los servicios que ofrece el Estado. Ese sistema sería mucho más interesante en términos de combatir a la corrupción y mejorar el bienestar de los ciudadanos que, por ejemplo, el seguimiento detallado, necesario, de la papelería interna de las instituciones supervisadas. Y una buena noticia: cada institución puede crear o reforzar su propio servicio de mejora de la calidad y la satisfacción del usuario sin esperar a que venga una agencia central a vigilar cada uno de sus pasos. En cambio, desde la centralidad del Estado se podría supervisar los avances de estos sistemas de calidad y mejora del servicio. Disminuir la corrupción en este nivel debería tener una correlación directa con la sensación de las personas respecto a su satisfacción en el uso de estos servicios.

Respecto a la corrupción mayor, ¿funcionaría un esquema tipo Alarma? Creemos que no, más bien sus características sugieren emplear el Patrullaje, un sistema centralizado que vigile la actividad financiera de un conjunto relativamente pequeño de altos funcionarios, digamos de directores generales para arriba, en el gobierno central unas quince mil personas. Esa vigilancia nuevamente tiene algunas condiciones: renuncia al secreto bancario, financiero y de compras e inversiones  personales  y de su entorno cercano, por un periodo de años a determinar. Si bien los seres humanos preferimos mantener algunas cosas en secreto, un funcionario pagado aceptablemente, que quiere servir a su país y que además no tiene voluntad de delinquir podría aceptar estas condiciones si en cambio se le asegura que se le evaluará por los resultados de su trabajo, por encima de cualquier omisión administrativa menor y menos aún del ejercicio de su conocimiento técnico, como se intenta hacer ahora.

Esta labor, el “Patrullaje” de los funcionarios públicos, suena muy drástica, pero responde a la situación actual, en la que la corrupción parece inundar el país. Estas labores no se parecen a lo que hoy hace contraloría, y está más cercano de las tareas que cumple la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros, sólo que esta última instancia no se concentra en los funcionarios del Estado pues cubre un universo más amplio. Especializar una rama de esa entidad, la UIF, o separarla y darle autonomía, podría ser la solución a los (pocos, en proporción al total de ellos) funcionarios públicos que vemos enriquecerse repentinamente.

Esta incidencia de los tipos de corrupción puede representarse en la tabla siguiente; el mayor volumen de la corrupción hormiga requiere eficientes sistemas de Alarma que puede tomar la forma de mejorar de la calidad del servicio; el volumen de la corrupción de altos funcionarios requiere en cambio un sistema de Patrullaje de funcionarios.

¿Y la Contraloría?

De cumplirse este escenario, ¿qué rol le quedaría a la actual Contraloría? Siempre queda la necesidad de verificar que los procedimientos se hayan seguido ordenada y cumplidamente; lo que no tendría es el absurdo poder de amenazar penalmente a funcionarios públicos por faltas u omisiones que no afectan ni los fondos públicos ni las metas públicas sean estas físicas o financieras.

Pero además, Contraloría tiene tres tipos de control respecto a las operaciones del Estado: previo, concurrente (o sea durante el proceso), y posterior. Tal vez modificando la manera de ejercer el control concurrente la Contraloría  podría convertirse en un proveedor de servicios dentro del Estado, en un rol más proactivo, una especie de asistencia técnica sobre procedimientos y paperwork, alertando sobre alguna omisión importante.

Esta labor no es nada despreciable si se hace con honestidad, pues como dicen en el teatro, no hay papeles pequeños sino actores pequeños. Sin embargo, ¿por qué los contribuyentes tendríamos que pagar por todo un aparato nacional permanente, cuando esta especie de chequeo podría hacerse por consultoría  y puntualmente? ¿Por qué regalarle un mercado cautivo a una institución ineficaz? Contraloría es una solución mala para un problema mayor del país; no ha impedido goles de la corrupción y ha estorbado los pocos avances del resto del Estado.

Nunca hizo un gran partido y sería hora de que cuelgue los chimpunes. Lampadia

De un tiempo acá, marcadamente en Lima, se viene configurando una suerte de irritación a flor de piel, que ante cualquier evento presentado por la política o por los múltiples canales de información mediática, desatan reacciones violentas e incontenibles, con ataques destructivos y apurados, que forman tormentas en las que tirios y troyanos son arrastrados a estados de alteración lejanos de lo civilizado y lo razonable.

No estamos hablando de turbamultas populares que lleven a las calles a ciudadanos de a pie. Estamos hablando de alteraciones que se expanden por los espacios de opinión, por los medios (tradicionales y modernos), en los que de pronto se destrozan de mala manera a personas, instituciones y empresas. Estamos hablando de estados de excitación que  capturan a la mayoría de políticos y que los lleva a legislar en una suerte de estado de pánico, donde de la noche a la mañana pueden causar daños al conjunto de la sociedad y, curiosamente, a los ciudadanos más pobres.

Así pasó con la reforma de las AFPs y la ley que permitió el retiro del 95.5% de los fondos; o con los ataques a las empresas constructoras peruanas que desarrollaron obras con los brazos empresariales del imperialismo brasileño, condenando al desempleo a miles de peruanos ajenos a la corrupción; o, más recientemente, con el caso del Ministro de Economía y el Contralor; con el escándalo de ‘la leche que no era leche’.

Pero, como publicó Federico Salazar: Ups, ¡sí era leche! 

Ni la ministra ni los funcionarios ni los congresistas leyeron las normas por las que el producto Pura Vida y otros sí pueden y deben llamarse “leche”. Es muy claro: ¡porque sí son leche!

¿Y todo el escándalo? ¿Acaso todos se equivocaron? Sí, todos se equivocaron. Nadie hizo su trabajo. Nadie documentó su posición.

Parece que muchos creyeron que no se trataba de leche porque tenía una composición “parcial”. Si pretendiéramos que el 100% de la lata fuera leche, el tarro costaría lo que cuesta el tarro azul.

Quitar del mercado estos productos, sin que haya habido fraude alguno o hallazgo de un tóxico en el contenido, es un atentado brutal contra la economía de la gente.

Lo que han hecho es dejar sin leche evaporada al que no puede pagar por las unidades de mayor costo. ¿Cuál es su alternativa? ¿El té? ¿A eso quieren condenar a los más pobres? ¿A tomar té?

Para traer algo de razón al tema de la leche, queremos compartir con nuestros lectores parte de la información que presentó anoche Jaime de Althaus en la Hora N (el único programa de la televisón peruana que no ha sido capturado por los caseritos filo-populistas con tendencias anti economía de mercado; un necesario espacio liberal abierto a las ideas de la modernidad).

Veamos información relevante para la formación de mejores juicios de valor:

En primer lugar, llama la atención la persistencia del sambenito que acusa a la industria lechera de abusar de los ganaderos. Según el siguiente gráfico, durante los últimos 20 años la producción de leche en el Perú se ha más que duplicado, con un crecimiento promedio anual de 4%. No hace sentido que un abuso supuestamente mantenido por un largo plazo, genere semejante crecimiento de los abusados.

Además, durante los últimos 20 años, el precio pagado por la industria a los ganaderos se incrementó en 2.5% anual, sumando un incremento de 60%. Lo que, otra vez, debilita la tesis del abuso.

Desde una perspectiva internacional, como podemos apreciar en el siguiente gráfico, el precio que reciben los ganaderos peruanos es mayor  al de los ganaderos de Nueva Zelanda, la Unión Europea, Colombia, México, Chile, Uruguay y Argentina. En la región solo los brasileños reciben mejores precios.

Del total de la producción lechera peruana, la industria formal adquiere solo el 50%, el 40% se consume en lecherías y queserías artesanales y el 10% se queda en auto consumo directo de porongo y de cría.

Para cubrir la demanda global de productos lácteos industrializados, se importa leche en polvo por el equivalente de 325,000 toneladas de leche fresca por año, en un  15% del consumo total o el equivalente de un millón de latas por día.

Volviendo a nuestro comentario sobre el nivel de irritación que nos embarga, por ahora solo podemos aportar algunos temas que pueden explicar esta suerte de frustración que se pasea por nuestras vidas:

• Furia por la corrupción
• El enfriamiento de la economía
• El estancamiento de los ingresos
• La inseguridad ciudadana
• La devaluación generalizada de los líderes
• La pérdida de confianza en el futuro
• La impunidad de los poderosos
• La ausencia de liderazgo
• La debilidad institucional
• La polarización política
• La crisis política
• La invasión de las redes sociales
• La manipulación de la información
• Los malos periodistas
• La vulgarización de los programas periodísticos y de entretenimiento

Ojalá que esta lista  de debilidades de nuestra sociedad nos ayude a reaccionar y entender la necesidad de tener mayor aplomo y seriedad para enfrentar nuestros tiempos y exigir a los líderes políticos que asuman un mejor comportamiento. Lampadia  

La mayor amenaza para los Estados Unidos en este momento no es el terrorismo o la economía. La mayor amenaza es Donald Trump, el actual presidente de EEUU. “Europa incluye a Trump entre las mayores amenazas externas” (El País de España, 1 de febrero, 2017). En Lampadia lo dijimos el 30 de junio del 2015 (hace 18 meses, aproximadamente): “Debemos declarar a Donald Trump persona non grata a la humanidad”.

En nuestra opinión es necesario hacer frente a este tipo de personajes apenas aparecen. Si continúa actuando como lo ha hecho en sus primeros 15 días, este impetuoso y descarrilado líder causará un gran daño a toda la humanidad.

Como afirma un artículo de The Economist titulado ‘Un insurgente en la Casa Blanca’ (4 de febrero, 2017):

Washington está ad portas de una revolución. La sombría cadencia de la inauguración del mes pasado aún circulaba en el ambiente cuando Donald Trump lanzó el primer cóctel molotov de políticas y órdenes ejecutivas contra los pórticos blancos y brillantes de la capital. No se ha detenido. Renunciando a la Asociación Transpacífica, exigiendo una renegociación del TLCAN y un muro con México, refrendando la inmigración, mostrándose amistosamente con Gran Bretaña y Rusia, enfriándose con la Unión Europea, defendiendo la tortura y atacando a la prensa: Dejando los escombros de la opinión pública ardiendo en su estela.

Así se presenta a Trump en las revistas más serias del mundo

Su más escandalosa medida fue una reforma migratoria que prohíbe a personas de siete países (Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen) de entrar a Estados Unidos. ¿Su motivo? El documento presidencial aduce razones de seguridad, afirmando que “numerosos individuos nacidos en el extranjero han sido condenados o implicados en delitos relacionados con el terrorismo desde el 11 de septiembre de 2001”. Ver en Lampadia: La historia del efímero “caballo loco” global

Y es que, como dice The Economist, “Trump ya está probando los límites de la propiedad presidencial y el poder. Los tribunales pueden emitir estancias para detener las acciones ejecutivas. Pero podría tomar más de un año para que el desafío de los estados llegue a la Corte Suprema. Para entonces, Trump podría haber cambiado tanto el sistema de inmigración de Estados Unidos que el veredicto de los jueces sería, en gran medida, irrelevante”.

Otra publicación de The Economist, ‘El sistema de pesos y contrapesos de EEUU puede crujir para contener a un déspota’, (que glosamos a continuación), nos dice: “La interpretación más preocupante de la orden ejecutiva que Donald Trump firmó el 27 de enero, prohibiendo temporalmente a los visitantes de siete países principalmente musulmanes, no es que el presidente quiera cumplir sus promesas de campaña. Es que encontrará maneras de hacerlo aun cuando lo que prometió -en este caso, mantener a los musulmanes fuera de América- es ilegal”.

“¿Qué hacer? La primera tarea es limitar el daño”.

“Todo esto es preocupante. Sin embargo, el lamentable estado del sistema de controles y equilibrios de Estados Unidos, una red de poderes mutuamente comprometidos tejidos, empeora las cosas por miedo a los tiranos alrededor de la presidencia, el Congreso y el poder judicial. “No estamos en el código azul”, dice Norm Ornstein, del American Enterprise Institute. “Pero definitivamente estamos en la sala de emergencias y nos dirigimos a la unidad de cuidados intensivos”.               

“Es sorprendente que tales grandes cambios no hayan causado más inquietud. Eso probablemente refleja el hecho de que mientras los partidos se alejaban, Estados Unidos continuó eligiendo presidentes que eran más centristas que sus partidos”.

“¿Acaso el sistema, que puso a un demagogo en la Casa Blanca, es ahora capaz de controlarlo?” Pregunta Ackerman. -No lo sabemos. Pero puedo decir que en el último medio siglo su capacidad de contención se ha reducido drásticamente”.

“El final del mundo”. (Fuente: Der Spiegel​)

Según The Economist, “La política del conflicto [en EEUU] se aprovecha de una visión del mundo que rechaza décadas de política exterior estadounidense. Sin el apoyo y la participación activa de los Estados Unidos, la maquinaria de la cooperación mundial podría fracasar. La Organización Mundial del Comercio no sería digna de este nombre. La ONU caería en desuso. Innumerables tratados y convenciones serían socavados”. El ascenso de Trump ha fomentado un sentimiento anti globalización y anti libre comercio, a través de un discurso (populista) que promete proteger a los trabajadores de EEUU y a la industria nacional e impedir el ingreso de bienes que fabrican las empresas de EEUU en el extranjero. Ver en Lampadia: Parece que EEUU se gobernará a ‘Trumpeadas’ y Mayor globalización generará mayor bienestar

En pocos días ya está en problemas con México, China, Japón, y hasta Francia. En Gran Bretaña ya han firmado más de 1.6 millones de personas exigiendo no se le reciba. Las protestas por el tema migratorio se multiplican todos los días en EEUU y el resto del mundo. Ver en Lampadia: ¿Cuál es el futuro del comercio mundial?

Como hemos comentado anteriormente, el mundo necesita buenos líderes. La tragedia de nuestro tiempo es que los mejores hombres y mujeres no están en la política. Hay que hacer de la política un mejor espacio de desarrollo personal. Lampadia