Por: Gabriel Sánchez Zinny

(El País, 01 de Agosto del 2014)

En la sociedad del conocimiento en la que vivimos en este siglo XXI, el capital humano es el principal activo de un país, de una empresa, de un individuo. En particular, en economías emergentes es la única forma de pasar a un nuevo estadio de desarrollo, que demanda mayor competitividad y productividad, es aumentar substancialmente los niveles de capital humano.

Sin calidad educativa, como es la situación en América Latina de acuerdo a los indicadores internacionales, y con enormes disparidades educativas según niveles de ingreso, es imposible acumular este capital, tan necesario para continuar con el crecimiento económico de la región y la disminución de la pobreza.

Generar capital humano es una responsabilidad de todos en una sociedad. Dada su profunda importancia, y el hecho de que la educación es un bien público, los Estados nacionales la garantizan, al menos el acceso a la escuela, aunque no logran igualdad calidad para todos. Todos los sectores económicos y sociales de un país deben considerar la educación como una prioridad.

Como dice Harry Patrinos, especialista del Banco Mundial, “en las economías emergentes, en países de bajos ingresos, demasiado se espera de los gobiernos. Estos son proveedores, financiadores, reguladores y también se les pide innovar. Esto no se requiere de los gobiernos en los países de la OECD”.

En particular el sector privado, con y sin fines de lucro, tiene un rol importantísimo que jugar. Por un lado, en general conforma el mayor demandante de recursos humanos en un país, y como tal, tiene un conocimiento particular de qué tipo de habilidades y capacidades el sistema educativo debería proveer. A pesar de eso, todos los estudios muestran una gran desconexión entre la demanda laboral y la oferta educativa. Es necesario que haya mayor diálogo entre gobiernos y el sector privado en lo que a educación se refiere.

El sector empresarial ha comenzado a involucrarse de muy diferentes formas. Por un lado, en las últimas décadas las empresas han aumentado sus presupuestos de responsabilidad social corporativa, con un especial énfasis en educación. Para citar solo un país, en Colombia, según la encuesta más reciente conducida por la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), la cual entrevistó a trescientos presidentes de distintas compañías, “lograr la educación primaria universal” es la prioridad del más del 40 por ciento de ellos.

La entrada de capital privado en las universidades lanza un debate sobre cómo impacta la salida laboral de los estudiantes y sus niveles de deuda posteriores

A su vez, el sector educativo está atrayendo mucho capital privado, en particular a nivel universitario. Empresas y fondos de inversión como Laureate, Whitney Education, Debry, han invertido más de 1 billón de dólares en comprar y expandir universidades en toda la región, generando algo de controversia en el camino, y lanzando un debate sobre cómo esto impacta en la calidad de la enseñanza, en la salida laboral de los estudiantes y sus niveles de deuda posteriores.

También se observa en la región mayores niveles de inversión social de impacto impulsada por instituciones como el Multilateral Investment Fund, y otros fondos como Acumem, Fundacion Inicia, New Ventures en Mexico, Velum en Colombia, conscientes de que hace falta mayor innovación en el sector educativo y de que emprendedores, con o sin ánimo de lucro, pueden generar una diferencia en iniciativas que pueden luego ser escaladas y masificadas por los gobiernos.

El sector privado está generando también una nueva ola de emprendimientos tecnológicos enfocados en la educación, que pueden ser importantes para servir a una creciente demanda de alumnos que están surgiendo en la región, debido al aumento de la clase media y al tan comentado bono demográfico.

Este aumento del capital privado en los sistemas educativos de América Latina está generando nuevos y viejos debates. Tal vez el primero se refiere a la calidad. Sabemos que los sistemas educativos no están generando calidad, ¿pero la generará el sector privado? A su vez, ¿qué regulaciones hacen falta para fomentar estos nuevos actores, estas innovaciones, pero asegurando igualdad de oportunidades para todos los estudiantes sin importar sus condiciones de ingresos? ¿Cómo lograr evaluaciones sistemáticas de maestros y alumnos, para que todo el sistema cuente con mayor información que le permita elegir mejor a las familias y alumnos?

Sin mayor innovación será muy difícil alcanzar a los países más desarrollados en sus niveles de acumulación de capital humano, y pareciera que el sector privado es el mejor preparado para traer esa innovación al sector, pero no puede hacerse sin un Estado que asegure un acceso a estas nuevas oportunidades para todos los estudiantes de la región.

Esta semana se reanudará en el Congreso la discusión del proyecto de ley Nº 2102/2012-CR, que propone la creación de un organismo regulador de precios de medicamentos. Indecopi ha presentado objeciones al respecto, pero estas parecen no haber sido suficientes para convencer al Congreso. La propuesta, que “busca poner  los medicamentos al alcance de todos los ciudadanos”, muestra un total desconocimiento de los fundamentos más básicos de la teoría económica y tendría el efecto contrario, como lo hemos explicado antes en el artículo Normas Contra-Propósito.

Uno de los argumentos expuestos en el proyecto de ley a favor de un organismo que controle los precios de los medicamentos es que “existe un oligopolio encubierto por los grandes laboratorios farmacéuticos que fijan el precio de venta”. Argumento errado de por sí pues este tipo de prácticas se encuentran reservadas para los monopolios naturales (servicios públicos).Más aún, como señala Augusto Rey, presidente de ALAFARPE (Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos), a la fecha no existe ninguna prueba que sustente tal afirmación. La Comisión de Libre Competencia del INDECOPI concluyó en enero del año en curso una investigación orientada al mercado de productos oncológicos, señalando que no existían indicios que sugirieran la existencia de prácticas colusorias que afectarán el precio de medicamentos.

El proyecto tampoco toma en cuenta que un paciente no puede cambiar libremente un medicamento por otro. Por ejemplo, un paciente a quien se le ha recetado ácido valproico para tratar un desorden bipolar no puede sustituirlo por paracetamol (distribuido por GlaxoSmithKline bajo el nombre Panadol). Sucede que en el mercado de medicamentos existe un concepto que quienes proponen esta ley parecen no conocer: la patente. La idea detrás de las patentes es otorgaral laboratorio que desarrolla el medicamento un monopolio temporal para su comercialización. Dado que los laboratorios de investigación necesitan realizar grandes inversiones para desarrollar una nueva molécula que dé origen a un nuevo fármaco, es necesario que luego perciba ingresos que le permitan recuperar la inversión del producto exitoso, pero también de los que no lo fueron. De lo contrario: ¿por qué alguien invertiría en un negocio en el cuál sabe que va a perder dinero?

Por un lado, entonces, una entidad reguladora que controle los precios de los medicamentos terminaría impidiendo el acceso a fármacos de última generación. Por el otro, resulta redundante para medicamentos de uso terapéutico pues existe amplia competencia, lo que ha tenido como consecuencia una caída constante en los precios de adquisición para la seguridad social y el MINSA.

Si no hay incentivos para entrar al mercado, los medicamentos más recientes simplemente dejarían de comercializarse. Como sucedió durante el tiempo en que hubo control de precios en el Perú, quedarían en el mercado solamente los medicamentos de bajo costo y mala calidad, o aquellos que maneje el mercado negro, excluyéndose los medicamentos de última generación y de buena calidad, tal como declaró anteriormente para Lampadia Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la UPC (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas). Esta norma terminaría por afectar más a los pobres, que no pueden traerlo por Courier o en sus maletas, como una familia acomodada.

Durante el control de precios se generó un éxodo de laboratorios que recalaron en Colombia y Chile, y el desabastecimiento de los fármacos de última generación. Mientras tanto, los programas del gobierno de turno no hacían sino apelar al precio más bajo posible sin considerar la calidad, plantea Rey. ¿Por qué no contar en el Perú con productos innovadores, además de medicinas genéricas de calidad, compartiendo un mercado público y privado que promueva la competencia? De lo contrario se estaría condenando a los pacientes que necesitan estos medicamentos a no poder acceder a los tratamientos adecuados.