Berit Knudsen
Para Lampadia

La intromisión extranjera sigue agravando la crisis del país.  Dina Boluarte respondió a las declaraciones de Gustavo Petro sobre el Perú y nuestras fuerzas armadas: “lamento que ciertos presidentes, en este caso Colombia, tengan declaraciones tristes para el Perú. No es ajena para él la situación política que estamos viviendo, y desde afuera se viene azuzando a la población peruana. Rechazamos todo tipo de injerencia (…) le digo al señor Petro que se dedique a gobernar Colombia, que sus calles se están llenando de protestas, y que nos deje a nosotros, los peruanos, resolver las nuestras”.

La reacción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador no se hizo esperar anunciando su decisión de no entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al Perú ya que, en su opinión, el gobierno de Dina Boluarte es “espurio”. 

Cabe destacar que esta alianza –establecida en 2011– tiene por objetivo la integración económica y comercial de Chile, Colombia, México y Perú; la presidencia se alterna anualmente en orden alfabético y México debió entregarla al Perú a inicios de 2023.  El marco de esta alianza compromete al 35% del PBI, 50% del comercio y atrae al 45% de la inversión extranjera de América Latina. Hablamos de importantes intereses económicos que no pueden manipularse en forma caprichosa y des aterrizada.

El problema es la coalición de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina y Chile que actúan en bloque para defenderse mutuamente o atacar a quienes consideren adversarios.  Entre ellos se adulan, se condecoran y hacen oídos sordos a la pobreza, la corrupción y las crisis de sus países. En este escenario, el Perú se ha convertido en una obsesión, exigiendo restituir a Pedro Castillo.

Durante la última cumbre de la CELAC, desoyeron las aclaraciones de la Canciller peruana, victimizando al expresidente golpista.   Pero atacan a jueces si están en contra de Cristina Kirchner o toman partido contra el presidente Lasso en el referéndum ecuatoriano.

Organizaciones como Amnistía Internacional, agregan más leña al fuego mostrando una visión muy lejana de la realidad del país, afirmando: “Perú: La represión letal del Estado es una muestra más del desprecio hacia la población Indígena y campesina”.  Estas declaraciones no reflejan nuestro sentir, exacerban el conflicto, dificultando una solución pacífica.

El Relator de los Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Michel Forst, dijo que había observado patrones de amenazas y ataques que se repiten en Cajamarca, Piura, Cusco, Ucayali y Madre de Dios. “Sufren de criminalización, acoso judicial, estigmatización, intimidación y uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas sociales”.  Declaración que acrecienta la inestabilidad.

¿Y adonde esta la OEA en medio de esta crisis?  Porque no aplican la Carta Interamericana y el Articulo 19: Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere el motivo, en asuntos internos o externos de cualquier otro.  El principio anterior excluye… cualquier forma de injerencia del Estado, elementos políticos, económicos y culturales.

No se convoca al Consejo Permanente, el secretario general Luis Almagro no se pronuncia; con flagrante injerencia se viola la Carta Interamericana y con impasividad se vulneran principios internacionales; por ello la OEA va perdiendo autoridad, se va convirtiendo en un organismo débil y difuso.

La OEA está formada por 35 estados, 14 países han firmado una carta denunciando el plan para desestabilizar al Perú.  Están incluidos Italia, Polonia y España; quiere decir que –excluyendo al bloque–, 16 países no se han pronunciado.  Ese silencio –con la OEA incluida– y falta de apoyo a la democracia es lo que sigue envenenando a nuestra región. Lampadia

Sergio Pérez Ramírez
Oficial de Inteligencia – Consultor en Seguridad
Marina de Guerra del Perú
Para Lampadia

Existe una estrategia ideológica sumamente perversa que ya se viene implementando en sociedades de la región latinoamericana, en aquellas que poseen estabilidad, potencial, desarrollo económico, que ofrecen seguridad, bienestar y sobre todo LIBERTAD para sus ciudadanos. 

Ya la aplicaron hace unos años en Venezuela, con un resultado nefasto y cruel, cuya desgarradora experiencia de opresión, hambre y miseria no solo no podemos dejar de tomar atención, sino también, debe servirnos de claro ejemplo de lo que en este momento ya se encuentra sucediendo en Perú.

Mantenernos indiferentes ante esta nueva amenaza transnacional a la seguridad no es una opción, mucho menos aceptar su progresiva y perversa imposición; esta inhumana amenaza es compleja de entender, ya que su objetivo principal no fue realmente proyectado para funcionar como actualmente se viene ejecutando, pero lo que si es cierto es que ha conseguido trascender desde el ámbito de la seguridad propiamente dicha, para tomar real importancia e interés en las áreas y entidades vinculadas a la Inteligencia y Defensa Nacional.

¿Quiénes se encuentran atrás de todo esto?  

Existe un bloque conformado por Rusia, China, Siria, Irán, Cuba y hoy Venezuela, quienes poseen un denominador común, el ANTI – IMPERIALISMO, que a lo largo de los años ha evolucionado de forma conjunta con el CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL.

Ejemplo de esta criminalidad lo constituye el narcotráfico, grupos paramilitares, bandas de extorsionadores, contrabandistas, delincuentes vinculados a la minería ilegal, al tráfico de combustible, al tráfico de personas, entre otros. Quienes pasan a constituir los brazos armados y los generadores del terror urbano (de esta estrategia perversa), en los países en los que ya se tomó la decisión de desestabilizarlos y conquistarlos. En Perú, no podemos dejar de lado el trabajo de Evo Morales en el sur de nuestro país, que a través de la implementación de diversos “frentes” de supuesto apoyo al campesino, junto a la labor de médicos cubanos, que realmente son elementos del G-2 (inteligencia cubana), lograron manipular las mentes de las poblaciones indígenas del sur del país para sus nefastos propósitos.

Lo anterior explica el supuesto voto forzado, complaciente y sorpresivo que obtuvo Pedro Castillo en la primera vuelta electoral, que para el presente análisis, NO constituye un “voto de protesta”, como manifiestan algunos personajes públicos o analistas, sino la prueba plena del “lavado de cerebros” en contubernio con un fraude electoral anunciado pero a la vez desconocido por quienes no investigan o cambian sus paradigmas para lograr entender esta nueva amenaza; dejar de lado el fraude electoral por el cual Pedro Castillo entró al poder es además la demostración de un completo desconocimiento de esta letal estrategia que viene operando en el país en los últimos años.

La participación del “Foro de Sao Paulo” y del “Grupo de Puebla” es también parte de toda esta maquinaria, incluso sus objetivos trazados a corto, mediano y largo plazo son públicos, se difunden abiertamente en internet y van en total concordancia con lo que se encuentra sucediendo en Latinoamérica.

Si tenemos en cuenta que 14 gobernantes de países de América Latina son miembros de estos perversos espacios de izquierda radical, aunado a que en estos países se llevan a cabo acciones ilegales como la represión desmedida contra opositores del gobierno de turno, intromisión del Poder Ejecutivo en otros poderes del Estado, acciones que perjudican al régimen democrático, corrupción extrema, fuertes vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, politización de las Fuerzas Armadas, entonces nos daremos cuenta que nos encontramos ante una nueva amenaza que ha aprovechado la debilidad de nuestras instituciones y del sistema democrático para contaminar la región y ahora nuestro país. 

Venezuela es, geográficamente hablando, una especie de concentrador del crimen organizado para América Latina, una plataforma de despliegue para las actividades criminales que sostienen esta canallesca estrategia; en resumen, el operador logístico de esta maniobra, que NO proviene de Venezuela, ni de Cuba sino de Siria, tiene también una conexión con el Medio Oriente que es preciso entender para identificar lo que en este momento estamos viviendo; es un tema bastante complejo para explicarlo de forma breve pero necesario de analizar y conocer si es que queremos neutralizarlo completamente.

¿Qué es lo que busca esta putrefacta ideología?  

Busca, de forma sistemática y progresiva, apoderarse de un país a través de una estrategia ASIMÉTRICA. Para ello construyen un proyecto SOCIO-CULTURAL que sin el uso de las armas toma el poder a través del engaño y la desestabilización de las instituciones del estado.

Una estrategia que pone en funcionamiento, de forma silente, pero a la vez con suma contundencia, las siguientes maniobras:

(1) Infiltración progresiva de las entidades del Estado;
(2) En época electoral, financiamiento profuso a candidatos de izquierda radical o populistas;
(3) Narrativa FALSA de su discurso a la ciudadanía;
(4) Acciones de fuerza y desestabilización del orden interno;
(5) Toma del Poder y perpetuamiento de la gobernabilidad; todo ello apoyado por diferentes organizaciones y aparatos implementados para respaldar la perversa estrategia desde el interior del país e internacionalmente.

Y a todo esto, en el Perú, ¿qué nos están diciendo los medios de comunicación o especialistas en el tema?, pues NADA. Los medios de prensa y los más connotados investigadores o periodistas ni siquiera han investigado esta compleja situación, también hay que ser sinceros, no es muy fácil de entender más que de forma general, el detalle incluye una serie de acciones, personajes y proyecciones que sólo una Agencia de Inteligencia podría aclarar con mayor exactitud. Es evidente que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI), no viene actuando de forma proactiva y eso constituye y acrecienta el gran riesgo en el que se encuentra la nación peruana.

La Maquinaria de Criminalidad Transnacional ya está en Perú y hay que ser claros con respecto a las proyecciones y objetivos que desean alcanzar. No es saludable ni estratégico suavizar o maquillar este accionar; por el contrario, hay que identificar su actual forma de operación y conocerla en su verdadera magnitud para elaborar las estrategias adecuadas que puedan hacerle frente de forma contundente.

Por último, SE LOS DIRÉ DE OTRO MODO, si es que no se ha conseguido entender la actual problemática…. 

“Sendero Luminoso” sufrió, militarmente hablando, un duro revés hace unos años, hoy se han activado grupos criminales con similar ideología que provienen de esa organización terrorista del pasado, pero que actúan en paralelo con otras organizaciones criminales de diferente orientación ilícita que tienen como objetivo común el LAVADO DE ACTIVOS, de allí su necesidad de traspasar fronteras para proseguir con el blanqueo de sus capitales.

Al ser esta amenaza una nueva forma de CRIMINALIDAD TRANSNACIONAL entonces, y para mejor entendimiento del problema, debo decirles que nos enfrentamos a gente que planea, organiza, entrena, lava cerebros.

Dicen que van a atender las demandas sociales, dicen ser la solución para el país pero predican la violencia extrema, te dicen que si no piensas como ellos te enviarán a lo peor que tienen para que cambies de opinión, que accionan criminalmente y se camuflan actuando dentro de un “proyecto político”.

Conspirando a todo nivel e internacionalmente a través de congresistas, autoridades regionales o locales y diversos personajes mediáticos, todos ellos se juegan el TODO por el TODO en este momento.

La presente amenaza no es un asunto de izquierdas o derechas radicales, es un problema de criminalidad organizada al más alto nivel del gobierno.

Contra esta amenaza es contra quien debemos combatir HOY en el Perú. Lampadia

J. Eduardo Ponce Vivanco
Embajador ® y Ex Vice Canciller de la República
Para Lampadia

Es chocante ver al Jefe de Estado de un importante país latinoamericano quebrantar con impavidez e ignorancia normas positivas de Derecho Internacional y obligaciones contractuales expresamente contraídas por su país en numerosos tratados internacionales, como la Carta de las Naciones Unidas o el Pacto de Bogotá. La primera establece taxativamente que “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados” (art. 2, inc.), mientras la Carta de la OEA consagra el mismo principio en su artículo 3, inc. e).

Con intolerable prepotencia, el vulgar señor López está desmantelando la Alianza del Pacífico, un moderno y prestigioso esfuerzo de integración comercial y de inversiones (con el que Singapur firmó un TLC hace menos de un año).

El llamado AMLO cree que puede secuestrar la Presidencia Pro Tempore de la AP, porque no ha leído o no le importa, el Acuerdo Marco que México suscribió como su tratado constitutivo. Este es el texto literal de su Artículo 7: “La Presidencia Pro Témpore (…) Será ejercida sucesivamente por cada una de las Partes, en orden alfabético, por períodos anuales iniciados en enero”.  Nada estipula el tratado sobre su traspaso al Estado que le corresponde ni lo condiciona a procedimiento o protocolo alguno sobre la entrega de tan importante función.

Sirvan como ejemplo los sencillos procedimientos que siguen el conjunto de organismos nacionales que conforman el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP).  Ellos han permitido que el 22 de febrero pasado, el señor Erik Fisher Llanos, en nombre de la Asociación de Exportadores (Adex), asuma la coordinación (o Presidencia pro témpore de la CEAP) para coordinar la febril actividad de los empresarios del ese Consejo, que sesiona normalmente en Lima.

A la luz de estos precisos antecedentes, las declaraciones y actos del presidente mexicano evidencian que su conducta como Jefe de Estado afecta el normal funcionamiento de la Alianza del Pacífico, perjudicando los derechos e intereses de todos los países miembros y de la CEAP, el organismo que coordina la importante participación de las empresas privadas que reúne.

En vista que la irresponsable tozudez demostrada por el señor López al usurpar el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore que ya no le corresponde ejercer entorpece el funcionamiento de la organización, el cargo debería ser asumido de inmediato por el Perú, de acuerdo con la rotación anual y por orden alfabético que establece el artículo 7 del Acuerdo Marco de la AP, comunicándolo oficialmente a la los Estados Parte.

En una situación tan inédita como la que enfrenta la AP, es aconsejable que los miembros evalúen seriamente la opción de invocar el Artículo 38. 1. del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, a las cuales deberá “aplicar: a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes” para demandar al Estado de México por su arbitrario incumplimiento del tratado internacional que constituye la Alianza del Pacífico, y que obliga a todas las Partes Contratantes – .

Al agredir a una mujer como la señora Boluarte, Presidenta Constitucional del Perú y calumniar a su gobierno  – vulnerando la célebre Doctrina Estrada sobre el principio de No Intervención acuñada por México -, López evade sus propias miserias: permisividad con el Cártel de Sinaloa y otros sindicatos del narco mexicano, las nutridas manifestaciones que lo acosan en más de 32 ciudades y las graves acusaciones que pesan sobre su gestión, que ni siquiera consigue disimular con sus diarias “conferencias de prensa mañaneras”,  regimentadas y soporíferas reuniones donde los periodistas deben escuchar la exasperante lentitud de su distorsionada retórica.

A pesar de su humilde origen, López ignora el ejemplo del gran Presidente Benito Juárez, indígena sabio que superó el analfabetismo propio del pastor de ganado que era en Oaxaca y se convirtió en el envidiable e ilustrado Jefe de Estado que tuvo México por más de un período de gobierno (1858 -1872), en las más difíciles circunstancias internas e internacionales.

Un fuerte contraste con la presidencia de AMLO que es una dolorosa deshonra para su país. Lampadia

Alejandro Deustua
21 de febrero de 2023
Para Lampadia

Los acuerdos regionales de integración, que hoy dan cuenta fundamental de parte del comercio global, fueron originalmente normados como excepciones a las reglas internacionales de comercio. Su propósito original fue el de favorecer el crecimiento de las economías menores, superar escenarios críticos (problemas de postguerra, p.e.) o, en el caso de CEPAL, ampliar el mercado para el arraigo de procesos nacionales de sustitución de importaciones.

Ellos debían generar bienestar y desarrollo en un marco de no discriminación a partir de zonas de libre comercio que transitarían a instancias superiores de integración.

Al tanto del poco dinamismo de la integración andina, que hoy registra bajísimos niveles de exportaciones intra-regionales, Perú, México, Colombia y Chile crearon, en 2011, la Alianza del Pacífico. Ésta debería promover, más flexiblemente, la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas y constituir un eficiente centro de articulación política y de generación de comercio, competitividad y proyección en la Cuenca del Pacífico.

El potencial de la Alianza quizás se debía menos a sus dimensiones que a su gran atractivo. Éste se basaba en la calidad de la membresía: democracias arraigadas (o en proceso de consolidación), eficiente libre mercado (estabilidad de las reglas de juego) y proyección geoeconómica en el escenario marítimo de mayor perspectiva.

El prestigio internacional de la Alianza se expresó en la gran proliferación de Estados observadores (eventualmente, 61) y su capacidad de atracción de inversiones (con 4.3% del total y 8o receptor mundial en 2014-2019) antes que en el volumen de su comercio intrarregional (escaso debido a economías de baja complementariedad).

Hoy, con la proyección de crecimiento de la economía mundial cayendo (2.9%) y la de Latinoamérica creciendo por debajo de la global (1.8%) (FMI), la Alianza del Pacífico debiera poder atenuar el impacto de un ciclo contractivo y asegurar un mejor futuro que el 2.1% de crecimiento que ofrece el 2024. Pero la Alianza ha decaído y se ha ensuciado.

Ello se debe a los estragos de la pandemia y de la guerra en Europa del Este. Pero también a la emergencia de gobiernos en Perú, México, Colombia y Chile (los socios de la Alianza) con vocación de romper las reglas de juego.

A ello se ha agregado la falaz recusación, por dos socios del grupo, del legítimo gobierno del Perú y a la ilegal negativa del presidente de México a entregar formalmente la presidencia pro témpore de la entidad a nuestro país. Además de ese acto irreflexivo e irracional, la actitud de ese mandatario implica la violación de la norma del Acuerdo Marco de la Alianza (que es un tratado aprobado por el Congreso) que establece ese traspaso es automático, anual y por orden alfabético.

Esclavo de su capricho e ignorancia, López Obrador no sólo pretende consultar a un fantasma (el Grupo de Río que dejó de existir) sino que el Consejo de Ministros de la Alianza (que debiera convocarse para evaluar el incumplimiento del Acuerdo por México) le importa un bledo.

Su desprecio por los principios de fiel cumplimiento de tratados y de no intervención (tan caro para la tradición mexicana de política exterior) es de tal naturaleza que pretende orquestarlo para sabotear al gobierno peruano y defender a Castillo.

Rebajado a ese nivel el respeto por un socio de la Alianza, debe recordarse que López Obrador no ejerce un gobierno suficientemente democrático (acusa de traición, como Ortega, a sus opositores -LAT-) ni es ciertamente impoluto.

En efecto, en medio de un pantano de carteles del narcotráfico, de la plaga homicida del crimen organizado (más de 72 mil asesinatos en los primeros dos años de gobierno de AMLO-El Economista-) y de la gran corrupción que envenena a México difícilmente puede decirse que López Obrador haya consolidado el Estado de Derecho en su país. En consecuencia, utilizar el caso peruano para pretender la defensa de la democracia no es más que un sangriento ardid.

Lo mismo puede decirse del Sr. Petro que pretende en Colombia -otro socio de la Alianza- la “paz total” con grupos terroristas y guerrilleros y que podría ser también un mecanismo de exculpación de propias tropelías. En efecto el Sr. Petro no sólo fue miembro activo del M19 cuando ese grupo terrorista hurtó de la espada de Bolívar que Petro exigió para su entronización, sino que su organización asaltó, en 1985, el Palacio de Justicia de su país (1985) al costo de las vidas de alrededor de un centenar de colombianos.

Estos no son detalles de baja política sino diagnóstico de criminalidad y de ausencia de Estado de Derecho en México y en Colombia.

En efecto, el Índice Global de Crimen Organizado de 2022 ubica a México y Colombia en los puestos 2 y 4, respectivamente, entre 193 países afectados por ese tipo de delincuencia (Perú aparece en el puesto 26 y Chile en el 125).

Si ello no habla bien de la Alianza del Pacífico, ciertamente descalifica a los presidentes de México y Colombia como examinadores del Estado de Derecho y la democracia en el Perú.

Sanear esos defectos sustanciales y rescatar a la Alianza, que tiene aún el potencial de beneficiar a sus integrantes en tiempos difíciles, debiera ser el trabajo prioritario de esos mandatarios. Pero su irracionalidad y deshonestidad se lo impiden. Lampadia

Eduardo Ponce Vivanco
Ex Vicecanciller y Embajador (r) del Servicio Diplomático
Para Lampadia

Es vital observar las interdependencias más fuertes en los ámbitos regional y vecinal. Concentrémonos en Chile, que ha sido el primer país emisor de turistas hacia el Perú, representando el 27% del total de arribos internacionales. En el 2019, se registraron 1´196, 234 llegadas, cifra que disminuyó 5 % respecto al año anterior. Los vacacionistas chilenos tuvieron una permanencia promedio de 6 noches y un gasto que ascendió a US$ 634 cada uno.  (Fuente: Promperu). Huelga decir que el sur: Cuzco, Tacna, Arequipa, Puno y Madre de Dios fueron los primeros beneficiarios de ese flujo sostenido en el tiempo.

En el plano de las inversiones, debe recordarse que fueron capitales chilenos los primeros en aprovechar la seguridad jurídica ofrecida en la Constitución de 1993, asumiendo el riesgo de invertir en un vecino con el que la relación bilateral parecía irreparablemente resentida por la Guerra del Pacífico y la prolongada invasión de sus tropas en el Perú.

Recuerdo que Saga Falabella y Ripley fueron las primeras en instalar sus grandes tiendas de departamentos y multiplicar sus sucursales en Lima y muchas ciudades del Perú. Otras empresas importantes siguieron el ejemplo, confiando en la Constitución que nació con el patrocinio de la OEA para reparar los estropicios institucionales provocados por el autogolpe de Fujimori en 1992. Según datos de la Embajada de Chile (publicados por La República), somos el segundo destino de las inversiones de nuestro vecino en el exterior, con un monto acumulado de US$ 20.048 millones de 1990 al 2020 proveniente de más de 400 empresas (lo que equivale a un 14,8% del total las inversiones chilenas en el mundo). Los empleos generados sobrepasan los 50 mil y el comercio bilateral llega a $3,000 millones anuales.

Si esta formidable evolución capitalista arrancó décadas antes de la elección del joven socialista Gabriel Boric a la presidencia de Chile –recuerdo temible de Allende –  habría sido razonable esperar un fuerte incremento de sus inversiones en el Perú, si el año y medio del desgobierno populista de Pedro Castillo no hubiera destrozado la gestión pública y la institucionalidad del aparato estatal, amenazando a nuestra maltratada democracia con la instauración de la lucha de clases para instalar un socialismo a la chola.

Decapitado Castillo por su autogolpe televisado en un tembloroso mensaje nacional, bastaría que Dina Boluarte se empeñe en demostrar que puede gobernar con eficiencia y decisión para que aumente el flujo de la inversión chilena, atemorizada por la inmadurez y el discurso socialista del joven Boric, así como por el vívido recuerdo del descalabro que su país sufrió a partir del furioso y destructivo levantamiento que lo sacudió a lo largo de 6 meses (octubre 2019 a marzo 2020), cambiando radicalmente la imagen de campeón latinoamericano de la estabilidad y el desarrollo. Por desgracia, la secuela que dejaron los disturbios y saqueos afectó profundamente la seguridad jurídica y la economía del país, que entró de lleno en una prolongada crisis constitucional que sólo terminará con el plebiscito para aprobar una nueva carta magna que se realizará el próximo noviembre.

Sin embargo, la potencialidad del turismo chileno al Perú está latente y nada sería más beneficioso para levantar la economía y el empleo en nuestras deprimidas regiones del sur, comenzando por el Cuzco, Arequipa, Tacna, Puno y Madre de Dios, si no fuera por la aguda convulsión social que las afecta severamente y que, por cierto, amenaza la seguridad de los turistas, creando una incertidumbre insuperable sobre sus movimientos y los tours que contratan.

Una vez más en nuestra frustrante historia, son los propios peruanos los que atentan contra nuestro país y provocan su empobrecimiento. Es una calamidad que solo puede ser superada por nosotros mismos. Lampadia

Alejandro Deustua
30 de enero de 2023
Para Lampadia

La pérdida de voluntad del gobierno de transición para cumplir sus obligaciones y la subsistente ideologización de los pronunciamientos de la OEA sobre la crisis peruana se han complementado para reclamar elecciones nuevamente adelantadas sin considerar si existen las condiciones para ello.

En el primer caso, la Sra. Boluarte, en franco proceso de rendición, ha reclamado al Congreso la precipitación para este año de comicios electorales que ya habían sido adelantados en primera instancia, para el 2014. Con anterioridad, la presidente se presentó protocolar, pero deslucidamente, ante el Consejo Permanente de la OEA para comprometer ese adelanto con ánimo contrito y sin reclamar en esa entidad por la injerencia en asuntos peruanos de algunos de sus miembros más escandalosamente adeptos a la deformación de la verdad.

Omitiendo en la cuantificación de daños toda referencia a las graves consecuencias de seguridad del golpe de Estado ocurrido el Perú, la presidente confirmó, sin fecha, el adelanto de elecciones. Ninguna apelación al Estado de Derecho antecedió a su compromiso democrático (como tampoco hubo explicación sobre la participación en ese ritual del embajador peruano que, durante el gobierno anterior, manufacturó el derrotero externo del nefasto Castillo).

Como consecuencia, y también sin alusión alguna a la crisis subversiva que vive el país, el Consejo Permanente de la OEA realizó un “firme llamado” a la convocatoria electoral en el Perú sin considerar al respecto las más elementales condiciones de viabilidad, orden y seguridad que debieran rodearla.

Adoptado en el marco de un escenario extraordinariamente informal, sin liderazgos políticos claros, ni partidos sólidos, ni disposición colectiva a confrontar a la insurrección criminal, ese compromiso devolverá al Perú a la sede de la OEA más temprano que tarde si un resultado de ingobernabilidad, como es probable, vuelve a instalarse en el país.

Para evitar, en alguna medida, que ello ocurra se requiere que el próximo gobierno genere la más amplia convocatoria, evidencie un compromiso real con el progreso social, con la aplicación de la ley y que, salvo lo que reclame la prudencia y las normas, revierta la inoperancia actual en el uso sensato de las atribuciones coercitivas del Estado.

El incumplimiento de esos requerimientos puede llevar al Perú a la fragmentación. Pero no a la que hoy se define como tendencia anti global que prospera en el mundo, sino a la que conduce a la quiebra nacional con el concurso de transnacionalizados agentes sociales, y a mayor fragmentación regional.

De proseguir ese curso que hoy se evidencia en el área, el fracaso de los grupos de integración convencionales y la contenciosa hegemonía de agrupaciones internacionales de poder populista contribuirán a la destrucción de los muy precarios mecanismos de cooperación y balance en la región, diluyendo los principios del sistema interamericano y el mínimo orden existente.

Si ello ocurre, quizás Suramérica retome, por las razones equivocadas, el interés geopolítico del que hoy carece en la percepción de potencias mayores cuyos líderes, en no poca medida, siguen encantados por el mito del buen salvaje latinoamericano tan bien representado hoy por los herederos del realismo mágico de las sabanas y el altiplano. 

Está en manos de la gran mayoría de los peruanos que ello no suceda. Para ello deberán plantear a la OEA la exigencia de condiciones de orden y seguridad como requisito para convocar a elecciones, llamar al orden a los injerencistas de manera más seria y reconstituir nosotros el Estado de Derecho que garantiza la sobrevivencia de la comunidad nacional. Lampadia

Alejandro Deustua
23 de enero de 2023
Para Lampadia      

La necesaria participación de la presidente Boluarte en el Consejo Permanente de la OEA para hacer entender a los miembros del sistema interamericano la crítica situación peruana no ocurre en un escenario afable. La inédita hostilidad política y diplomática que varios de los socios suramericanos (y México) han reiterado en la CELAC, no se disipará en esa sesión hemisférica.

Para ablandar ese cerco irracional que afecta la inserción del Perú en su hábitat tradicional, la Presidente hace bien en persistir en el intento iniciado por la Canciller Gervassi en Buenos Aires aún a riesgo de que los representantes de los países hemisféricos (salvo Estados Unidos y Canadá) insistan en desconocer la realidad maciza del golpe de Estado perpetrado por Castillo y de sus secuelas.

Normalmente, la amplia brecha perceptiva entre lo que ocurre localmente y lo que se desea entender internacionalmente no debiera ser cerrada por un Jefe de Estado. Para ello están el Canciller y los embajadores (en este caso el Representante Permanente en la OEA). Pero el rango de incomprensión externa obliga a que la realidad peruana sea expuesta por la propia Jefe de Estado.

Si la naturaleza del mensajero y de su mensaje no es apreciada por los interlocutores entonces comprobaremos que el aparato perceptivo de estos últimos (especialmente el de los gobernantes de Colombia, México y Bolivia) esté tan condicionado por su ideología e intereses que confirmaría la existencia de una estrategia de predominio regional de la que ellos formarían parte.

En efecto, la persistencia en la CELAC de Petro, López Obrador (vía zoom) y Arce en omitir la realidad del golpe de Estado de Castillo evidenciada públicamente da señas de esa estrategia. Con gran soltura de huesos ellos han configurado hechos y sugerido conductas al Perú al punto de eludir el delito manifiesto y persistir en opciones de progresista y local destrucción institucional.

Entre ellas sobresale el respeto a “la voluntad de las urnas” (referencia a Castillo), el desconocimiento de la legitimidad de Boluarte, la identificación  del Congreso como golpista y  la del ex -presidente como víctima de hostigamiento y de racismo pituco (López, Petro). Por lo demás, la protesta violenta sigue siendo una lucha por recuperar la democracia (Arce) y los delitos imputados al ex -presidente son inexistentes por no probados aún (Prieto).

A ello se suma Boric que sugiere un “cambio de rumbo en el Perú” a propósito los caídos, y la de Brasil (en la OEA) que, luego de haber reconocido el gobierno de Boluarte, demanda premura en el trato judicial de Castillo.

En esta distorsión de los hechos puede reconocerse la frustración regional por la quiebra del dominio de los gobiernos de izquierda en Suramérica. Pero también mecanismos de pensamiento colectivo en estos gobernantes que no producen buenas decisiones ni llevan a buen puerto. El conjunto de esos errores de inédito impacto geopolítico (el aislamiento del Perú en la región no había sucedido en la historia contemporánea) debe ser contenido y quebrado.

En consecuencia, si luego de la presentación de la Canciller en la CELAC y de la presidente en la OEA, no hay un cambio de actitud (algo probable si las instituciones de la OEA no funcionan) el Perú, en estricta reciprocidad, debe considerar rebajar el nivel de sus relaciones diplomáticas. 

Especialmente si existen sospechas de asistencia extranjera en la organización y apertrechamiento de los manifestantes violentos que han causado destrozos en el país y agravado exponencialmente el conflicto interno.

Al respecto, debe recordarse la reacción de las potencias y organizaciones de Occidente sobre la crisis. En general, ellas han llamado al ejercicio de la libertad de protesta en condiciones pacíficas refiriéndose tanto a la contención de la fuerza coercitiva del Estado como de las personas que ejercen esos derechos.

Esas potencias (Estados Unidos, la Unión Europea) ha reconocido al gobierno de Boluarte dando cuenta de la realidad de manera diametralmente opuesta a lo ocurrido con los suramericanos y México. La ONU ha tenido un pronunciamiento similar.

Ese contraste revela no sólo la fractura regional sino la mayor relación que tienen algunos de nuestros países con Occidente.

Ello va acompañado de otra sorpresa: el recurso a los mecanismos de la “posverdad” (es decir, a la mentira) por los Estados del área y su disposición a “construir”  “narrativas”(en vez de versiones). Es decir, recurriendo a las mutaciones del lenguaje contemporáneo y de las “ciencias de la comunicación”, hoy los estadistas pueden mentir y convertir versiones de la realidad en historias con una impunidad escandalosa. Ello genera desconfianza entre los interlocutores, frustra negociaciones y crea conflictos donde no debiera haberlos. En ello han incurrido los jefes de Estado mencionados.

Bajo estos términos, que subliman la fantasía, no hay integración posible. Lampadia

Eduardo Ponce Vivanco
Ex Vicecanciller de la República
Para Lampadia

Si las oprobiosas intervenciones de los gobiernos de Colombia y Bolivia sobre la conflictiva situación social en el Perú han sido transgresiones inaceptables al principio de no intervención, las expresiones del Presidente de Chile en la Cumbre de CELAC en Buenos Aires deben ser calificadas de infraternas, desinformadas y maliciosamente concebidas. La atrevida inmadurez del Presidente Boric se evidencia cuando afirma temerariamente que “personas que salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas”.

Conociendo de sobra lo que ocurre en el Perú, retuerce las dolorosas decisiones que debieron tomar la Presidenta Boluarte y la Policía Nacional para contener el vandalismo terrorista de la ola de manifestaciones que tuvieron su epítome en la tristemente llamada “toma de Lima”.

Boric ha preferido olvidar el tremendo estallido social que sacudió a Chile desde enero de 2019 hasta marzo del 2020 con el saldo de 32 muertos y 3,400 civiles hospitalizados, 12,547 policías heridos y pérdidas de 3,300 millones de dólares, además de la quema de iglesias y la profanación de imágenes que todos vimos con estupor en la TV internacional (fuente: Wikipedia).

El exceso del mandatario vecino se suma a las condenables e ignorantes intromisiones de México, Bolivia, Colombia, la Venezuela chavista y, en menor medida, el Presidente argentino, las que se suman a la despreciable Declaración de Cuba y sus aliados del ALBA en favor del ex presidente Castillo.

Esta vasta convergencia de las izquierdas evidencia su amarga resaca por haber perdido un valioso alfil al centro del Pacífico sudamericano. No es menos lo que representaba el régimen de Perú Libre y Vladimir Cerrón, heridos de muerte por la recuperación de la democracia en el Perú en la persona de la única Vicepresidenta Constitucional existente. Dina Boluarte fue elegida en la misma plancha de quien decidió protagonizar el ridículo golpe de Estado de 7 de diciembre en la televisión nacional, profiriendo temblorosamente las órdenes de cerrar el Congreso, el Ministerio Público y tomar todos los poderes e instituciones nacionales. Su único y patético efecto fue provocar risa y compasión, además de su propia destitución y la pena de cárcel que corresponde a la flagrancia de un delito tan absurdamente cometido.

Todavía sufrimos la turbulenta marea de manifestaciones violentas, estado de emergencia y toques de queda que tomará algún tiempo superar.  Pero con todos los defectos inherentes a una coyuntura tan inesperada, es evidente que la administración gubernamental mejorará progresivamente por los importantes apoyos que está logrando sumar, especialmente fuera de la región.

Frente a las agresivas posiciones de vecinos como Colombia, Bolivia y Chile, en la configuración predominantemente izquierdista de América Latina, el manejo del frente externo tiene una importancia decisiva. No solo se trata de contrarrestar su negativa convergencia, sino de compensarla con un tratamiento esmerado de nuestra relación con EEUU, la Unión Europea, China, el Reino Unido, Japón, Corea del Sur y la India, así como de nuestra política en los principales foros de la diplomacia multilateral.

La recuperación progresiva de nuestra economía, la prioridad que reclama el  apoyo del gobierno central a Puno y la macrorregión sur, el positivo relacionamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, el aliento eficiente a la inversión privada nacional y extranjera así como la relación con gremios como la CONFIEP y las Cámaras de Comercio e Industrias – hasta ahora silentes -, son  elementos vitales a los que el gobierno de transición debería conceder la vital importancia que merecen para retomar el camino del desarrollo y restaurar la convivencia y la paz social que el Perú reclama con verdadera urgencia. Lampadia

Por: Alejandro Deustua
Gestión, 5 de Enero del 2023

“En un escenario de división interna, el consenso necesario para recuperar la paz social y mejorar la suerte de los marginados será difícil de lograr”.

Lula ha iniciado su tercer período presidencial con un épico llamado a la reconstrucción nacional. Esa convicción no alcanzó, sin embargo, a la recuperación del rol internacional del Brasil.

Aunque la prioridad local sea evidente y sensata, la naturaleza del discurso del 1 de enero no pareció convergente con la amplia convocatoria que éste debía merecer. En efecto, reconociendo que el electorado brasileño está dividido entre dos visones del mundo, Lula se ha presentado como representante de los valores de la solidaridad y la civilidad democrática que se opone a los del individualismo, la negación de la política y la destrucción del Estado que representa Bolsonaro.

Con esa percepción maniquea en que los demócratas confrontan a autoritarios y fascistas, Lula pareció dirigirse sólo al 50.9% que votó por él en segunda vuelta olvidando que dentro del 49.1% que prefirió a su rival hubo millones que votaron así sólo por no optar por el sindicalista.

Como en el caso de Castillo que recibió los votos de los que no desearon optar por Fujimori, Lula olvidó decir que asumía como presidente de todos los brasileños mientras que su cuestionado rival, refugiado en Florida, se negaba a los protocolos de entrega del cargo.

En ese escenario de división interna, el consenso necesario para recuperar las instituciones, la paz social y mejorar la suerte de los marginados será difícil de lograr. Peor aún con un Congreso fuertemente fragmentado.

Especialmente si la prioridad social asumida reclamará mayor gasto en subsidios para “terminar” con el hambre y atenuar la pobreza entre otras prioridades redistributivas mientras la inversión pública reclamará mayor endeudamiento y la recuperación del Estado implicará el final de las privatizaciones y la restauración indiscriminada de empresas y banca públicas.

En tanto los lineamientos económicos señalados en el discurso mostraron disconformidad aparente con el presupuesto logrado en el Congreso para el gasto social (quizás debido al sobredimensionamiento del margen expansivo que permite un déficit fiscal e inflación bajando a 4.5% y 5.7%) mientras se radicalizaba el rol económico del Estado, el mercado bursátil cayó -3.1% y el real se depreció.

Por lo demás, el efecto externo de la corrupción vinculada a las empresas públicas brasileñas durante los anteriores mandatos de Lula y la Sra. Rousseff (Petrobras, BNDES) tampoco fue considerado. Esa omisión no puede pasar desapercibida en el Perú ni en la región.

Especialmente cuando la referencia a la política exterior brasileña fue raquítica. Unas cuantas líneas para referirse al combate de la deforestación amazónica y a otras obligaciones ambientales, a la integración escurridiza (salvo con Argentina); al UNASUR hoy tan disfuncional como sus fundadores; a sus relaciones con Estados Unidos, China y los BRICS que tiene efectos sistémicos fueron un descuido mayor. La esperanza de que Brasil desempeñe un rol de balance político en la región tan necesario para el Perú sigue en pausa.

Por: Andrés Oppenheimer
El Comercio, 19 de DIciembre del 2022

“América Latina no debe tolerar ningún golpe de Estado, sea de derecha o de izquierda”.

La hipocresía política de los presidentes de México, Argentina, Colombia y algunos otros países latinos es alucinante: denuncian airadamente a los golpistas de derecha, lo que está muy bien, pero toleran felizmente a los golpistas de izquierda.

Eso es exactamente lo que sucedió, una vez más, cuando cuatro países emitieron una lamentable declaración conjunta el lunes 12 de diciembre en apoyo al derrocado presidente izquierdista del Perú, Pedro Castillo.

El expresidente, que fue elegido el año pasado con la plataforma de un partido marxista, fue derrocado el 7 de diciembre después de anunciar en la televisión nacional que disolvería el Congreso de mayoría opositora y que gobernaría por decretos. Horas después, el Congreso ordenó su destitución por abrumadora mayoría de votos y lo reemplazó su exvicepresidenta, Dina Boluarte.

El intento de golpe de Castillo fue una clara violación de la Constitución peruana. Fue un autogolpe para obtener poderes absolutos, exactamente lo que había hecho el expresidente peruano de derecha Alberto Fujimori en 1992 antes de ser destituido legítimamente de su cargo y enviado a la cárcel.

Pero mientras la izquierda autoritaria de América Latina apoyó la destitución de Fujimori en ese momento, ahora critica la destitución de Castillo. Vía declaración conjunta, México, Argentina, Colombia y Bolivia emitieron expresa “alarma” por la destitución de Castillo y se refirieron al exmandatario como “Presidente de la República del Perú”. La declaración también llama al Perú a “priorizar la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas”, sugiriendo que Castillo debe ser reinstalado en el poder.

Los presidentes de México y Argentina también habían defendido un golpe de izquierda cuando apoyaron al expresidente boliviano Evo Morales después de que este último permaneciera en el poder mucho más allá de su mandato constitucional y hubiera hecho un fraude electoral en el 2019.

Como era de esperar, las dictaduras de Cuba y Venezuela también salieron en defensa de Castillo. En un tuit que parece un chiste viniendo de un régimen que no ha permitido elecciones libres en casi 63 años, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel se quejó de que la oligarquía peruana había “subvertido la voluntad del pueblo”.

Cynthia McClintock, experta en Perú que enseña en la Universidad George Washington, me dijo que no hay duda de que Castillo violó la Constitución con su llamado a disolver el Congreso. “Fue un autogolpe clásico, como el autogolpe de Fujimori”, me dijo McClintock. “Muchos dicen que el Congreso quería tumbar a Castillo desde el principio, pero nada de eso oscurece el hecho de que Castillo dio un golpe de Estado”.

Samuel Abad, profesor de derecho constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Perú y la Universidad del Pacífico, me dijo que la declaración conjunta de México, Argentina, Colombia y Bolivia es absurda. “Es una declaración claramente política que no tiene base legal”, me indicó Abad. Lo que hizo Castillo “es el delito más grave que puede cometer un presidente”.

Las manifestaciones a favor de Castillo de grupos radicales de izquierda se han cobrado varios muertos. Boluarte ha prometido celebrar elecciones anticipadas a fines del 2023 o principios del 2024 en un esfuerzo por restaurar la calma.

El Perú necesita mejorar su sistema electoral para permitir que los presidentes sean elegidos con mayor apoyo popular. Suele tener demasiados candidatos presidenciales y los ganadores son elegidos por una minúscula minoría de votantes, lo que dificulta que formen coaliciones de gobierno. Castillo obtuvo en la primera vuelta solo el 19% de los votos.

Tal vez sea hora de que el Perú adopte tres rondas electorales si ningún candidato alcanza el 30% de los votos en la primera vuelta, como ha propuesto McClintock.

Pero no hay duda de que el Congreso del Perú hizo lo correcto al defender las instituciones democráticas y derrocar a Castillo.

América Latina no debe tolerar ningún golpe de Estado, sea de derecha o de izquierda. Los mandatarios de México, Argentina, Colombia y Bolivia no solo están apoyando a un golpista, sino que también se están disparando al pie ellos mismos al legitimar los intentos de golpe. La declaración que emitieron es vergonzosa por donde se la mire.

–Glosado y editado–

© El Nuevo Herald. Distribuido por Tribune Content Agency, LLC

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia 

Manuel López Obrador de México
Alberto Fernández de Argentina
Gustavo Petro de Colombia
Luis Arce de Bolivia
Nicolás Maduro de Venezuela
Daniel Ortega de Nicaragua
Miguel Díaz-Canel de Cuba 

Los presidentes comunistas o filo comunistas de Latinoamérica expresaron su apoyo al expresidente Pedro Castillo a pesar de las evidencias de corrupción de su gobierno y del golpe de estado con el que decretó, en vivo y en directo, el cierre del Congreso, la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, El Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia. 

Se pretendía así, gobernar por decreto, imponer una asamblea constituyente chavista, tomar el poder absoluto y tapar los actos de corrupción del nefasto gobierno de Castillo-Cerrón-Perú-Libre. 

Estos abrazos de oso de los compinches regionales de Castillo y compañía, prueban absolutamente el carácter del gobierno, comprometido con el comunismo latinoamericano, con las maniobras antidemocráticas con las que varios de ellos sustentan su poder y sus conexiones con el narcotráfico y otras actividades delictivas, como la minería ilegal, la tala ilegal y el contrabando.   

A pesar de todo lo que hemos visto estos últimos meses y días, los tontos útiles del gobierno de Castillo-Cerrón-Perú-Libre, han vuelto a desenterrar las objeciones a los críticos de ese patético gobierno, calificando de terruqueo sus asertos políticos.

La crisis actual está permitiendo identificar a todos los enemigos del Perú, en el Congreso, en la Defensoría del Pueblo, en los medios de comunicación y entre los opinólogos que siembran dudas y confusión. 

Lamentamos las muertes de ciudadanos empujados en los conflictos por dirigentes que se aprovechan de ellos y que nunca ponen el pecho.

La violencia desatada por los compinches de Castillo tiene que ser rechazada sin matices ni aguas tibias. Tenemos que apoyar al gobierno constituido y a nuestras Fuerzas Armadas y Policiales, en la sacrificada labor de pacificar el país. 

También tenemos que felicitar la correcta reacción de nuestras instituciones democráticas y militares, apegada a los preceptos constitucionales y ejecutada con sobriedad y templanza. 

El Perú está probando nuevamente su grandeza y resiliencia. Así como nuestra economía ha soportado 10 años de deterioro creciente de las condiciones que alientan la inversión y el empleo, ahora está probando tener reservas institucionales muy positivas.  

Del mismo modo, es alentador ver el rechazo de la población al golpe de estado y las marchas por la paz que se está organizando en Ayacucho, Cusco, Arequipa, Huancayo, y en muchas otras localidades.

El Perú es infinito. Con un buen gobierno, brota el bienestar y la prosperidad. Recuperemos la confianza en el futuro, la unión de todos los peruanos, la inversión y el empleo. Lampadia

Fundación para el Progreso – Chile
Axel Kaiser
Publicado en El Mercurio
18.11.2022

En su visita reciente a Chile, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz afirmó que Milton Friedman “no tuvo problema” en trabajar con el dictador Augusto Pinochet para imponer sus ideas “tóxicas” al pueblo chileno. Friedman, según Stiglitz, no era un economista, sino más bien un “ideólogo de derecha” desinteresado en los hechos. La verdad, sin embargo, es que Friedman nunca “trabajó” con Pinochet y criticó explícitamente la falta de libertad política durante su régimen. Stiglitz, por otro lado, ha estado más que dispuesto a apoyar y defender a los peores demagogos y dictadores socialistas de América Latina. El presidente Boric, quien se ha autodefinido como “marxista” y ha prometido “enterrar el neoliberalismo” es solo la mascota más reciente del activismo tóxico del economista norteamericano.

La amistad de Stiglitz con la corrupta dinastía Kirchner en Argentina es de larga data.

• Ya en 2005, el profesor de la Universidad de Columbia se reunió con el presidente Néstor Kirchner en Buenos Aires para apoyar su agenda “antineoliberal”. Durante años, Stiglitz ha respaldado la narrativa kirchnerista de que otras entidades, especialmente el FMI, tienen la culpa del desastre económico de Argentina. En enero pasado, Stiglitz llegó a proclamar que las políticas económicas del actual régimen de Fernández-Kirchner durante la pandemia del covid eran un “milagro económico”, generando rechazo de diversos colegas en Europa y EE.UU. El gobierno que defiende Stiglitz es el mismo que terminará 2022 con una tasa de inflación de más del 100% y una tasa de pobreza de casi el 40%.
• En 2006, cuando el presidente boliviano Evo Morales necesitaba a un economista internacional para dar credibilidad a la nacionalización de los campos de gas y petróleo, Stiglitz estuvo feliz de complacerlo. En una columna para Project Syndicate, Stiglitz elogió la decisión de Morales a pesar de que significó una violación directa de los contratos que el Estado boliviano había negociado con empresas privadas. Pero Stiglitz además visitó Bolivia en 2006 para ofrecer apoyo directo al proyecto socialista autoritario de Morales. Tras el encuentro con miembros del gobierno, el propio Morales celebró el apoyo entusiasta de Stiglitz a su populismo. En Twitter, Morales escribió: “Se me informó que el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien estaba de visita en Bolivia, dijo que apoya las reformas de nuestro proceso. Solo el imperio y las organizaciones capitalistas internacionales rechazan el derecho de los países a administrar su propio patrimonio y recursos naturales”. Como era de esperar, los programas de nacionalización de Morales destruyeron cualquier incentivo para la inversión privada adicional dirigida a explorar y desarrollar nuevas reservas de petróleo y gas. Según el exministro de Hidrocarburos y Energía Álvaro Ríos, si no se modifica el modelo de Morales, en 10 años Bolivia podría verse obligada a importar gas para satisfacer las necesidades de su población.
• En 2007, Stiglitz viajó a Ecuador para reunirse con miembros de la administración de Rafael Correa para discutir políticas económicas. Durante su visita, el premio Nobel respaldó plenamente la narrativa de Correa de que el “neoliberalismo” basado en las privatizaciones y el libre mercado había fracasado y aconsejó al régimen que continuara su curso populista. Stiglitz llegó a proponer terminar paulatinamente con la dolarización de la economía ecuatoriana para darle mayor poder al gobierno. Gracias a los precios récord del petróleo, Correa acumuló decenas de miles de millones de dólares para derrocharlos en sus políticas populistas disfrutando inicialmente de buenas cifras de PIB. Sin embargo, una vez que los precios del petróleo cayeron en 2015, la economía se estancó. Cuando Correa dejó el cargo, la deuda pública se había duplicado al 45% del PIB, el déficit fiscal estaba en el 6,7% del PIB, la economía estaba en recesión y el desempleo era el más alto desde la crisis financiera mundial de 2008. Como resultado de la mala gestión económica de Correa avalada por Stiglitz, su sucesor, Lenín Moreno, un político de izquierda, tuvo que pedir un rescate al FMI.
• En 2007 Stiglitz también viajó a Caracas para reunirse con Hugo Chávez y felicitarlo personalmente por el gran trabajo que estaba realizando en el frente económico y de políticas públicas. Durante su visita, celebró la masiva redistribución populista de la renta petrolera afirmando que “no era un objetivo revolucionario, sino innovador”. Stiglitz insistió en la idea de que Chávez estaba ayudando a los pobres: “El presidente Chávez parece haber tenido éxito en llevar salud y educación a la gente de los barrios pobres de Caracas, a los que antes veían pocos beneficios de la riqueza petrolera del país”, dijo. Luego continuó argumentando que los tratados de libre comercio eran malos para América Latina y que la iniciativa absurda de Chávez de crear un Banco del Sur que pudiera competir con el Banco Mundial y el FMI era una “buena idea”. Stiglitz, incluso, llegó a respaldar la reforma constitucional de Chávez para socavar la autonomía del Banco Central de Venezuela, argumentando que no era bueno que un banco central tuviera un margen de maniobra excesivo.
• Pero en ningún lugar se reflejó más claramente el desprecio de Stiglitz por la democracia liberal, la verdad y los derechos humanos que en sus visitas a Cuba en 2002 y 2016. En 2016, en Cuba, reflexionó públicamente sobre su encuentro con el dictador Fidel Castro en los siguientes términos: “Recuerdo vívidamente la visita que realicé a la Asociación de Contadores y Economistas de Cuba (ANEC) cuando esta organización me invitó para festejar mi cumpleaños el 9 de febrero de 2002, y la fascinación que me produjo que Fidel conociera mi onomástico y me felicitara personalmente. Fue extraordinario contar con su presencia, y en los tres siguientes días nos reunimos con él”. Según medios cubanos, en su visita de 2016, Stiglitz también elogió los éxitos de Cuba en el desarrollo de la salud y la educación. Es más, Stiglitz llegó a argumentar que Cuba estaba “económicamente preparada para enfrentar los cambios tecnológicos que se estaban produciendo en la economía global”. Una de las principales mentiras que difunde el régimen es precisamente la que celebró Stiglitz según la cual la salud en la isla es de primer nivel. La verdad es que muchas de las estadísticas del sistema de salud de Cuba son manipuladas. La proporción de médicos como parte de la población, por ejemplo, es una de las más altas del mundo. Sin embargo, la mitad de ellos son explotados en el exterior como fuente de ingresos de la dictadura. En general, el programa de esclavitud de médicos de Cuba genera alrededor de 7 mil millones de dólares cada año para el régimen. Mientras tanto, los médicos de la isla ganan alrededor de 50 dólares al mes. La situación de salud de los cubanos en la isla además es grave. En 2010, The Wall Street Journal reportó que los cubanos deben llevar sus propias jeringas, toallas y sábanas cuando acuden a los hospitales. Las mujeres evitan los exámenes ginecológicos para prevenir infecciones causadas por equipos y prácticas antihigiénicas. Y en lo que se refiere a la calidad de los médicos, aquellos que huyen a Estados Unidos descubren que su formación a menudo no está al nivel necesario para obtener una licencia para ejercer la medicina. Como resultado, muchos se convierten en enfermeros. Otros investigadores han descubierto que la verdadera tasa de mortalidad infantil es al menos el doble de la cifra oficial del régimen.

En lugar de haber confiado en las estadísticas oficiales de un régimen totalitario, hubiera sido mejor para Stiglitz haber visitado los centros médicos reales donde los cubanos reciben tratamiento y ver por sí mismo cómo estaban funcionando las políticas que admira. Pero preocuparse por los hechos no debe parecer necesario para un activista ideológico cuyo radicalismo pudo incluso impresionar a Fidel Castro.

Con motivo de la visita de Stiglitz a Cuba en 2002, Castro le presentó a Stiglitz al periodista español Ignacio Ramonet, un comunista acérrimo, diciendo: “Es economista y estadounidense, pero es el mayor radical que he visto en mi vida. Junto a él, soy un moderado”. Lampadia