Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Como explicamos anteriormente en Lampadia, una asamblea constituyente es como una Caja de Pandora, puede producir todos los males guardados de los seres humanos.

El caso chileno, en pleno desarrollo, es un ejemplo patético de como una sociedad que entra en modo de confusión, puede delegar en sus peores representantes una tarea que debería estar influida de nobleza y desprendimiento.

“La megalomanía de nuestra convención ha transformado lo que debe ser un sobrio texto jurídico en un libro gordo de petete que tendrá respuesta para todos nuestros infortunios”.

Gerardo Varela, presidente del Consejo Directivo de la Fundación para el Progreso y Ex ministro de Educación.

Este pernicioso proceso se agrava aún más si la política imperante se aleja de los intereses nacionales, para asumir causas políticas continentales, como el pluri-nacionalismo del socialismo del siglo xxi, auspiciado estos días desde el Foro de Puebla.

Por eso una sociedad seria y sus líderes más responsables, deben rechazar sin dudas ni murmuraciones, los intentos de abrir la Caja de Pandora del asambleísmo constituyente.

Aprendamos los peruanos, de la destructiva experiencia chilena.

Una convención megalómana

Fundación para el Progreso – Chile
Gerardo Varela
Publicado el 14.05.2022

La megalomanía -esa combinación de narcisismo, vanidad y delirio de grandeza- es entre los defectos del ser humano la que me parece más patética. La historia es pródiga en megalómanos, desde Nerón hasta Ghadaffi, pasando por Fidel, Stalin y Mao. Debe ser porque África es la cuna de la humanidad, que ha sido tan generosa en dictadores megalómanos inolvidables como Bokassa o Idi Amin. Todos dueños de sus países y de títulos honoríficos inmerecidos que sonrosarían a cualquier persona normal.

De los dictadores africanos destaca Macías Nguema Biyogo de Guinea Ecuatorial. Entre sus muchos títulos están los de: “Gran estratega contra el colonialismo en general y el español en particular”; “Impugnador de la constitución colonial española y hombre y líder que ha puesto la nueva Constitución con la igualdad de derechos al Pueblo Trabajador de Guinea Ecuatorial”. De todos los títulos que tenía Macías el que más me gusta porque me evoca a nuestra convención (CC) es el de: “Gran Hombre que devolvió la tierra, el bosque con sus animales, el espacio aéreo con sus aves, el mar territorial a la jurisdicción guineana con sus peces y todas las inmensas riquezas que posee el mar a sus propios dueños después de 200 años de usurpación explotación despiadada, rapiña chantaje de los colonialistas e imperialistas españoles”.

Si la constitución es aprobada, en vez del sobrio “presidente de la república con que designamos a nuestro primer mandatario, debiéramos agregar un título similar al de Macías que haga honor a la gesta de Rojas Vade, Linconao y Atria. Nuestro escudo podría cambiar al huemul por un dinosaurio y al cóndor por pikachu; y el: “puro chile” por el “plurichile” entonado bajo la ducha por el payador de la convención. Y por supuesto nuestro lema “por la razón la fuerza” deberá ser sustituido por esa frase de otra narcisista: Evita Perón: “ustedes, tienen el deber de pedir”. Total, pidiendo y reclamando es como progresan los países.

Los convencionales en el futuro desearán que nuestra constitución sea presentada como la carta magna “liberadora de los indígenas, salvadora de la naturaleza, redentora del feminismo; justiciera de los oprimidos, destructora del poder judicial, del senado y del presidencialismo”. 

Más que escribir una constitución la CC la ha perpetrado. So pretexto quijotesco de enmendar todas las injusticias de esta tierra ha redactado la constitución más larga y más mala de nuestra historia.

La megalomanía de nuestra convención ha transformado lo que debe ser un sobrio texto jurídico en un libro gordo de petete que tendrá respuesta para todos nuestros infortunios. La constitución no debe representar un proyecto político, sino que debe definir las reglas para que compitan distintos proyectos políticos.

La inmensa mayoría de los que votaron apruebo buscaban algo más modesto. Querían que la constitución restableciera la gobernabilidad del país destruida entre otras por la Cámara de Diputados; que un gran consenso político-jurídico pusiera término a la violencia y asegurara el estado de derecho y que se mantuvieran las bases del progreso económico mientras se aseguraba la creación de una sociedad de bienestar que asegurara que nadie se quedara fuera del desarrollo.

Bajo esos 3 conceptos esta constitución es pésima.

Empeora la gobernabilidad, sobreponiendo instituciones; debilitando el poder judicial y radicando el poder en la cámara de diputados -una cámara históricamente irresponsable y la de peor evaluación pública- agravará la violencia al alentar reivindicaciones territoriales y de deudas histórica inexistentes y que colisionarán con la propiedad y derechos de otros chilenos y genera odiosas castas raciales concediéndoles privilegios inaceptables a los indígenas (reales o impostores) que violentan la igualdad ante la ley y finalmente contra toda evidencia confiará al monopolio estatal y a su burocracia nuestro desarrollo económico.

Un filósofo español decía que “una sociedad es democráticamente madura cuando ha asimilado la experiencia que la política es siempre decepcionante”. Yo espero que Chile con esta experiencia de un galimatías redactado por una colección de megalómanos haya madurado.

Gerardo Varela
Presidente del Consejo Directivo de la Fundación para el Progreso. Ex ministro de Educación. Abogado de la Universidad de Chile. Consejero del Círculo Legal de ICARE y Officer del Power Committee de la International Bar Association. Ha sido reconocido por la publicación internacional Best Lawyers como el mejor abogado del año 2012 tanto en el área corporativa como fusiones y adquisiciones. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia

La justicia no es ciega. La justicia interamericana tampoco. El sistema interamericano de protección de derechos humanos mucho menos. Este sistema abre el ojo que le conviene. Casi siempre el ojo izquierdo.

En la década de los 90s, se planteó el debate acerca de la conveniencia de apartarse de la competencia contenciosa de la Corte, ya que esta limitaba los procesos de juzgamiento iniciados contra cabecillas terroristas y la legislación antiterrorista destinada a combatir a Sendero Luminoso y el MRTA.  La presión internacional y la corrección política interna impidieron tal denuncia y, tanto la Comisión, como la Corte, continuaron teniendo injerencia en los asuntos internos del Perú.

Condenaron al Estado Peruano en más de una ocasión.
Ordenaron reparaciones para terroristas y también dejaron de atender miles de casos de propietarios, pensionistas, trabajadores y otros ciudadanos cuyas historias no eran del interés de la Comisión.

Hoy, 30 años después, cuando este mismo “sistema interamericano de derechos humanos” abre los ojos para revisar una decisión del Tribunal Constitucional Peruano referida al indulto a Fujimori, era de esperar que dicho sistema iba a opinar y, como ha sucedido en este caso, impedir que se ejecute la decisión del Tribunal Peruano.

El “sistema interamericano de derechos humanos” tiene amigos, aliados, intereses, orientaciones y, según algunos, cometidos explícitos. La derecha latinoamericana y sus líderes, ciertamente no están entre ellos y Fujimori, mucho menos. Lo sabía hace 30 años. Las libertades ciudadanas, tampoco.

Allan Brewer Carías, un reconocido jurista y perseguido político por el régimen venezolano, denunció en Lampadia como la Corte le denegó justicia para favorecer al Régimen de Hugo Chávez: Corte Interamericana de Derechos Humanos – Los tentáculos judiciales del socialismo del siglo XXI.

En el caso Tulio Álvarez Ramos vs Venezuela, si bien la Corte condenó a Venezuela por violación de los derechos humanos de este periodista en agosto de 2019, el “sistema interamericano” tardo 15 años en emitir una condena. 15 años que se otorgaron al chavismo para delinquir y destruir ese país y sus libertades. ¿Tardará otros 15 años en emitir las resoluciones de supervisión de este caso? Sin duda que no, ya las debe haber emitido, con la misma celeridad que se vio frente a la decisión del Tribunal Constitucional Peruano.

En el caso José Gremorio Mota Abarullo y otros por la muerte de 5 internos de un penal de menores, la Comisión se tomó “14 años” para presentar su informe a la Corte. Los hechos ocurrieron en junio de 2005. El informe fue presentado a la Corte en abril de 2019. La Corte resolvió el 2020, 15 años después. Entre tanto, en Venezuela miles de opositores han seguido muriendo en las prisiones.

En el caso Leopoldo López contra Venezuela, presentado en el 2008 por violación de los derechos políticos y garantías judiciales, la acción de la Corte y su decisión del 2011 no impidió la arbitraria detención por años de este político opositor, ni sus torturas en prisión. Mucho menos hizo posible su liberación, que fue consecuencia de una asonada política que quedó a medio camino.

¿Tiene dudas de la diferencia de “tiempos” que toma el “sistema interamericano de derechos humanos” para los casos de sus países y regímenes amigos?

Aquí le doy un dato.

El caso Vladimiro Roca Antúnez y otros contra Cuba, por violaciones de los derechos a la vida, la libertad y otros, fue denunciado en 1999. ¿Sabe cuando salió el Informe de la Comisión? casi 20 años después. El informe en el caso 12.127 se presentó el 24 de febrero de 2018. Dos décadas de demora que permitieron una vez más a la dictadura cubana seguir torturando, desapareciendo y encarcelando opositores. A juzgar por los tiempos de la Comisión, los 127 ciudadanos cubanos arbitrariamente sentenciados en marzo pasado por las protestas de julio de 2021, deberán esperar hasta el 2042 para que la Comisión emita un informe en contra de Cuba. Seguramente salga cuando los nietos de Fidel o los hijos de Díaz Canel estén gobernando esa Isla.

Ni qué decir de los años que esperan los miles de propietarios, empresarios, trabajadores o ciudadanos latinoamericanos cuyos casos no “son del interés de la Comisión” y que, por lo tanto, no llegaron jamás a la Corte. Esos ciudadanos no son amigos de la Corte.

Nota final: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos seguirá teniendo injerencia en nuestros asuntos internos como ya lo anuncian sus comunicados de prensa 063-2022 sobre la Vacancia y 71-22 sobre la Consulta Previa. La Vacancia será revisada por la Comisión porque esta se considerará lesiva del debido proceso (como se lee entre líneas del comunicado en mención) y lo que diga el Tribunal Constitucional en otras materias, como la consulta previa, será cuestionado en dos días por la Comisión y sancionado, en menos de un mes por la Corte, a través del “derecho de supervisión de sus decisiones” que se aplica, como ya hemos visto, con distintos tiempos según se trate de los amigos o no de la Corte. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Las frustraciones de una región que siempre se queda a medio camino del desarrollo, hacen que una y otra vez abandonemos el difícil y arduo proceso de alcanzar la prosperidad, para voltear hacia falsas soluciones mágicas e inmediatistas.

La prosperidad de los países latinoamericanos, signada por el desarrollo económico, social e institucional, pasa por un proceso de décadas, que en nuestro caso es más penoso, por ejemplo, del que atravesaron los tigres asiáticos; puesto que nuestros países, desordenados, indisciplinados, inconstantes; han tenido avances y retrocesos, con liderazgos pobres que no han sabido marcar el norte.

Así como hace décadas abrazamos la teoría de la dependencia, la tercera vía, la sustitución de importaciones y el desarrollo hacia adentro, ahora, frustrados por no lograr convertir nuestro potencial en realizaciones, a pesar de evidentes avances, nuestra población vuelve a escuchar los cantos de sirena de las izquierdas que esta vez nos venden el ‘buen-vivir’, el pos-extractivismo, o como ahora en Chile con su izquierda decolonial, el abandono de la modernidad.

“La izquierda decolonial utiliza una serie de conceptos que son nuevos en la discusión pública chilena, como buen vivir, plurinacionalidad, decrecimiento, derechos de la naturaleza. Estos términos aparecen en la Convención y tienen su origen en una teoría social que se desarrolla desde los años 80 y 90 en adelante, especialmente con autores latinoamericanos”.

Estas teorías se están terminando de articular en la Convención chilena, de la mano de un indigenismo forzado, justicias afirmativas y hasta el alejamiento de la promoción de los derechos humanos. (Ver líneas abajo la entrevista a Aldo Mascareño).

En el Perú, el gobierno de Castillo, Perú Libre y sus cómplices de izquierda, ya ni siquiera pueden articular un programa político, y se están contentando con destruir nuestras instituciones republicanas y nuestra economía; para luego cosechar en la pobreza y el desconcierto, su espacio político excluyente.

Estamos a punto de ver el nombramiento de un quinto gabinete, que sin dudas será tan malo y dañino como los primeros cuatro. Y seguramente también, estamos ad-portas de la salida de Castillo del gobierno.

La alternativa a este desastroso gobierno no es el vacío, la alternativa es la prosperidad, para lo cual debemos fortalecer nuestra economía social de mercado, cuidando su orientación incluyente, y como dice Carlos Meléndez, también debemos afirmar una descentralización sin corrupción y avanzar en una reforma política que nos de una mejor estructura y performance del Estado.

A diferencia de los miembros de los gabinetes y nombramientos del gobierno que agoniza, el Perú tiene ciudadanos muy capaces y honestos que pueden presentarse ante el llamado de la Patria. Lampadia

“En la Convención hay una izquierda decolonial que abandona la modernidad”

CEP – Centro de Estudios Públicos – Chile
Aldo Mascareño
Opinión Ex-Ante
Martes 5 de abril de 2022

Entrevista al investigador y editor de la revista Estudios Públicos, Aldo Mascareño.

-En el ensayo “Abandonar la modernidad”, planteas que hay una tendencia importante en la Convención que llamas izquierda decolonial. ¿Cuál es su origen y fundamentos?

-La izquierda decolonial utiliza una serie de conceptos que son nuevos en la discusión pública chilena, como buen vivir, plurinacionalidad, decrecimiento, derechos de la naturaleza. Estos términos aparecen en la Convención y tienen su origen en una teoría social que se desarrolla desde los años 80 y 90 en adelante, especialmente con autores latinoamericanos.

En la Convención hay una izquierda decolonial que abandona la modernidad. Ese pensamiento es una teoría social bien predominante y bien constituida. Varios de esos conceptos son los que las y los convencionales emplean.

– ¿Nace como una alternativa al marxismo?

-Sí. Esto es paradójico, porque nace de una incomodidad con la teoría crítica europea, que va desde Marx, sigue con Adorno y llega a Habermas. La principal diferencia con el marxismo es que pone un foco en el proceso de colonización, que sabemos generó genocidio de los pueblos indígenas, una explotación económica y política. Walter Mignolo, autor argentino, dice que América Latina es el primer espacio de colonia moderna.

Puede ser que el colonialismo en términos administrativos haya concluido, pero ellos plantean que lo que aún se mantiene y oprime es el colonialismo epistémico, en las formas de producir conocimiento. En la forma de comprenderse. Estos autores buscan formas alternativas a la modernidad y así llegan a las cosmovisiones indígenas.

La conclusión es que tanto la teoría crítica europea, como cualquier pensamiento europeo, están impregnados de colonialismo epistémico que subsume a las cosmovisiones indígenas. Los invisibiliza y por lo tanto la misión del decolonialismo es desenmascarar esa dominación. Y generar un proyecto político.

– ¿Cuál es tu principal crítica a esta corriente?

-Que desconoce todo lo que ha sido el pensamiento moderno y buena parte del pensamiento social latinoamericano. El decolonialismo presenta como original, algo que la propia modernidad ya ha desarrollado.

Por ejemplo, los derechos humanos, el decrecimiento, la socioecología. La modernidad ha sido profundamente crítica y reflexiva sobre sí misma y ha generado múltiples instituciones para superar la desigualdad con los pueblos indígenas y las comunidades subalternas como las llaman.

– ¿En la Convención subyace una lógica decolonial del todo o nada?

-Sí. El pensamiento decolonial genera una situación binaria, en el sentido en que cualquier cosa que provenga o tenga un sabor a europeísmo, no propiamente indígena, tiene que ser descartada, porque constituye colonización del pensamiento. Eso pasa incluso con los derechos humanos. Los DDHH no les son útiles: no son un elemento que pueda contribuir al proceso de emancipación local, porque justamente los derechos humanos provienen de una matriz europea colonial.

En reemplazo de los DDHH, se propone la idea de derechos vivos o vivientes, derechos de comunidades más pequeñas que surgen de prácticas locales. El problema es que con eso se pierde el universalismo. Es blanco o negro: todo lo que huela a colonial se rechaza. El pensamiento decolonial invita a un reemplazo de la producción moderna de DDHH, por estas formas más locales de convivencia.

– ¿Existe un riesgo en esta opción particularista en vez de universal?

–El problema está en que, si los ponemos en un plano de igualdad, los DDHH y las culturas particulares, se genera, de nuevo, la lógica de esto o lo otro. Y deja de existir la primacía de los DDHH, porque se exige que los DDHH sean interpretados interculturalmente. Esa interpretación intercultural puede resultar en una relativización de los principios universales de DDHH. Ahí hay consecuencias complejas de esta lógica detrás del pensamiento decolonial de todo o nada.

-Aunque han actuado a veces como aliados, ¿hay un conflicto latente entre el decolonialismo con premisas modernas como la socialdemocracia o la izquierda marxista?

-Por supuesto. La socialdemocracia y la izquierda marxista son hijas de la modernidad. Por ejemplo, en el caso de Marx el sujeto universal es el proletariado. Para el pensamiento decolonial eso es sencillamente inaceptable. Ellos creen que la emancipación no va a venir por un agente universal, sino por agentes locales, particularizados, de carácter culturalistas.

Como estamos viendo en la Convención el pensamiento decolonial rechaza cualquier tipo de universalismo, salvo que sea anclado en culturas locales y en comunidades particulares. Eso es lo contrario a lo que la modernidad liberal o progresista ha formulado. Cuando el pensamiento decolonial pone en duda a los DDHH, pone en duda no sólo el liberalismo, sino al progresismo y al marxismo. Los marxistas son muy críticos del pensamiento decolonial, porque favorece a comunidades particulares, con criterios culturalistas. Para la izquierda es necesario el universalismo.

– ¿Dónde se observa evidencia de esta tendencia en las normas propuestas?

-Está en muchas de las propuestas, aunque algunas en el pleno se han ido rechazando.

Se observa claramente su influencia en el proceso de unidad que se está produciendo entre identidades culturales, no sólo indígenas, y formas territoriales. Este ejercicio de autonomías comunales, territorios especiales, territorios indígenas y de regiones, lo que tiene de fondo es una identificación entre el particularismo local, cultural y territorial con una arquitectura política administrativa.

Otras propuestas con rasgos decoloniales están en la plurinacionalidad, el pluralismo jurídico, los derechos de la naturaleza. Los convencionales usan esta semántica, que a su han traspasado a muchos otros convencionales y han quedados reflejadas en al texto constitucional. Hay que ver cómo se articulan en la práctica política, cuando la constitución esté en ejercicio. Ahí van a venir los problemas como ya lo han demostrado los casos de Bolivia y Ecuador, donde este tipo de semántica decolonial ha aparecido en los procesos constitucionales.

– ¿Es una corriente democrática?

-Hay una diferencia muy fuerte entre la democracia representativa, con criterios más universalistas, y una democracia particularista como la que propone el decolonialismo. Si uno confía en la práctica política chilena quizá podamos establecer un nexo entre esa democracia liberal y progresista que hemos construido con estos criterios más particularistas y locales. Pero es un ejercicio muy complejo de realizar.

– ¿Puede generar problemas a futuro?

-Tiene riesgo, porque esas democracias particularistas tienen la capacidad de generar mucha fragmentación política. Un elemento problemático es que se igualen los movimientos sociales con los partidos. El texto presentado habla de organizaciones políticas. Cuando se ponen al mismo nivel partidos y movimientos lo que hay es una particularización de las experiencias locales, que el decolonialismo privilegia.

Y eso puede crear una lucha agónica y de fragmentación constante entre las distintas fuerzas, sumado a la forma en que pueden chocar el pensamiento moderno y este pensamiento que descarta los principios de modernidad. Eso sería un problema futuro. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Chile está en un problema acaso mas grave que el Perú, por dos razones. La primera es que su presidente, Gabriel Boric, es mucho más articulado, preparado e ideologizado que el presidente Castillo. Por lo tanto, puede ser más exitoso en la aplicación de sus propuestas de gobierno. Pese a que se ha moderado en relación con su mensaje de campaña, mantiene cuando menos tres reformas que afectarían el crecimiento chileno más allá de lo que ya fue afectado con las reformas de la segunda Bachelet, y que formó parte de la causa eficiente del estallido chileno. Estas son:

• Reforma laboral, que incluye entre otras cosas la reducción de la jornada laboral.
• Reforma tributaria, subiendo los impuestos a las personas de mayores ingresos, a la minería y a otras empresas.
• Fin del sistema privado de pensiones, y cierre de las AFP.

El problema que tiene Boric para sacar adelante su agenda es que carece de mayoría en el Congreso. El Nuevo Pacto Social y Apruebo Dignidad, las dos bancadas oficialistas, apenas suman 65 de 155 diputados y 19 de 50 senadores.

Pero lo que no pueda sacar por el Congreso, se lo dará, y con creces, la nueva constitución que está produciendo la Convención Constituyente, si es aprobada en el referéndum.

El grave problema para Chile, entonces, está en su Convención más que en el gobierno. Veamos, por ejemplo, el Artículo 1°, que ya ha sido aprobado:

“Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado”.

Bolivia, modelo de Chile. Chile pasa de un Estado centralizado y claramente unitario a un Estado conformado prácticamente por “naciones” que se autogobiernan, donde ya no se sabe bien qué facultades tendría el Estado central. Es lo que podemos ver en el artículo 2:

Artículo 2.- De las Entidades Territoriales:

“El Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Las regiones autónomas, autonomías territoriales indígenas y las comunas autónomas cuentan con personalidad jurídica, estatuto y patrimonio propio, con las potestades y competencias necesarias para autogobernarse, teniendo como límite el interés general y la delimitación de competencias establecidas de acuerdo con la Constitución y la ley…”.

Chile marcha hacia la desintegración. José Rodríguez Elizondo señala que estas entidades “están concebidas como naciones, con sus propios gobiernos, jueces, presupuestos, territorios y “maritorios”. Se inspira en la Constitución boliviana de 2009 que reconoce a las naciones y pueblos indígenas originarios “su dominio ancestral sobre sus territorios” y su libre determinación, y que tuvo como su ideólogo al vicepresidente de Evo Morales, Álvaro García Linera, quien argumentaba que debe liquidarse el Estado-nación soberano y “neoliberal”, con los pueblos indígenas en la vanguardia.

Estamos, entonces, como señala Rodríguez Elizondo, ante un Estado de nuevo tipo, que incluso podría “compartir territorios con los de otros Estados plurinacionales. Una plurinacionalidad chilena en el marco de una América Latina Plurinacional. Es decir, la propuesta de Runasur, liderada por Evo Morales, que no pudo ver la luz en el Cusco meses atrás gracias a la protesta de excancilleres y vicecancilleres del Perú.

Chile marcha al suicidio. Esta ruta desintegradora se inició años atrás con la reforma política que pasó del sistema de distritos electorales binominales, a un sistema plurinominal, que incentiva la fragmentación partidaria y la multiplicación de los partidos. Optaron por algo parecido al modelo peruano. El sistema que tenían apuntaba al bipartidismo, a un bipartidismo de alianzas, de bloques políticos. Ahora esos bloques estallaron. Pronto quedará poco del Estado chileno.

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Las sociedades esperan que sus líderes estén a la altura de los retos que les toca asumir. Y muchas veces nos sorprendemos con actuaciones descollantes en medio de situaciones adversas, por parte de personas que no estaban preparadas para enfrentarlas.

El caso reciente más notorio es el del presidente de Ucrania, Volodímir Oleksándrovich Zelenski​. Un licenciado en derecho ​ que antes de su carrera política fue actor, guionista, productor y director de cine y televisión. Zelenski ha sorprendido a propios y extraños con el tamaño de su liderazgo ante la guerra criminal emprendida por Putin y su camarilla estaliniana.

Pero así como hay hombres que se crecen ante los retos, también hay los que se empequeñecen. Un ejemplo de esta lamentable falla de liderazgo es la del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, que ante las angustias que genera el muy politizado proceso constituyente, declara que “Cualquier resultado será mejor que una Constitución escrita por cuatro generales”, mintiendo y distorsionando la naturaleza de la actual constitución chilena y dando una suerte de cheque en blanco a la asamblea. Mal comienzo para alguien llamado a atemperar las furias políticas.

Líneas abajo compartimos el artículo de Juan Lagos de la Fundación para el Progreso sobre este ‘deliz’ de Boric.

Curiosamente, en el Perú tenemos un caso que no encaja entre los que se crecen, ni entre los que se empequeñecen. El presidente Castillo es un caso suigéneris, pues él mismo se ha calificado como alguien no preparado para gobernar, pero que pretende aprender. Cosa que hasta ahora no logra. Ocho meses después de tomar el cargo, sigue pensando en aprender, sin mostrar ningun progreso. Sigue haciendo nombramientos de personajes corruptos e incapaces, sigue actuando en la oscuridad, y sigue pretendiendo dividir a los peruanos para sembrar resentimientos y frustración.

Que malos tiempos para la política latinoamericana. ¡Que vidriera! Amlo, Fernandez, Ortega, Boric, Arce y Castillo, más Petro y Lula en el partidor. Lampadia

¿La Constitución de los cuatro generales?

Fundación para el Progreso – Chile
Juan. L Lagos
Publicado en El Dínamo, 29.03.2022

Del presidente de la República todos esperamos ejemplaridad en su actuar y rigor intelectual en sus palabras. Por desgracia, esto último no ocurrió cuando Gabriel Boric, en defensa del cuestionado actuar de la Convención Constitucional, nos dijo que «cualquier resultado [que saliera de la Convención] sería mejor que una Constitución escrita por cuatro generales». Esta afirmación no es efectiva; ni un sentido literal ni en un sentido metafórico.

En un sentido literal, controvierte a lo expresado por Boric el contenido material de nuestra actual Constitución. En septiembre de 2020, el profesor de la Universidad de los Andes, Jaime Arancibia, se dio a la tarea de rastrear el origen y trazabilidad de las normas de la Constitución desde 1812 hasta esa fecha. Un 12, 37% de los párrafos de nuestra Carta Fundamental provienen del período 1812-1925, un 10,21% del período 1925-1973, un 31,04% del período 1973-1989 y un 46,36% del período 1989-2020. Si bien a la fecha estos porcentajes se han modificado por posteriores reformas, esto refuerza la idea de que la mayor parte de la Constitución actual ha sido escrita luego de vencido el Gobierno Militar en el Plebiscito de 1988.

Pero tampoco es de recibo lo afirmado por el presidente en un sentido metafórico. Esta Constitución no fue hecha por cuatro generales. Esta Constitución es el resultado de décadas de participación popular y deliberación política que el presidente Boric no puede menospreciar. Esta Constitución fue firmada por Ricardo Lagos en 2005, por medio de una reforma constitucional tan significativa que en su discurso de promulgación el presidente Lagos nos dijo: «Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile». «Chile cuenta desde hoy con una Constitución que ya no nos divide, sino que es un piso institucional compartido, desde el cual podemos continuar avanzando por el camino del perfeccionamiento de nuestra democracia. Nuestra Constitución no es más que un dique en la vida nacional, la vida nacional puede fluir ahora como un río por este cauce institucional».

Además, no debemos olvidar que esta Constitución fue aprobada por 6.069.449 personas en el Plebiscito Nacional de 1989. Sigue siendo hasta el día de hoy la opción electoral más votada de la historia de Chile. Con más votos que el “Apruebo” de 2020 y que los obtenidos por Gabriel Boric en la segunda vuelta de 2021, incluso a pesar de contar con menos votantes que los dos comicios más recientes.

Compartimos con el abogado Álvaro Iriarte que, gracias al Plebiscito de 1989: «la nueva etapa política comenzó con una Constitución consensuada, ratificada abrumadoramente en un plebiscito y aceptada explícitamente por la oposición democrática». Este fue solo el comienzo de una serie de cambios, desde la Ley N° 18.825 —que contenía las reformas plebiscitadas en 1989— hasta la Ley N° 21.432 —reforma que permitió la renuncia de Rodrigo Rojas Vade— se han efectuado exactamente 1.000 modificaciones a la Constitución por medio de 55 leyes. Todo este dinamismo institucional, político y democrático se ha realizado en medio de un ambiente generalizado de paz y progreso, con alternancia en el poder y en resguardo de los derechos y libertades más esenciales de los chilenos.

Además, “cualquier resultado”, como dijo el presidente Boric, no es la alternativa que esperamos y merecemos los chilenos. Tampoco garantiza que será mejor que lo que tenemos. Todo parece indicar que la Convención Constitucional nos entregará un proyecto que nos separará todavía más, privilegiando a unos por sobre otros por razones identitarias, o que incluso subordinará a la política muchas actividades que hoy cuentan con la activa participación de la sociedad civil o que son desarrolladas por instituciones independientes del poder político.

Llegó el momento de evaluar con seriedad las normas del proyecto de nueva Constitución que ya nos está proponiendo la Convención. Para esto necesitamos un diálogo racional, sin distorsiones ni caricaturas, libre de chantajes y manipulaciones históricas como las presentadas por el presidente Boric. Lampadia

Rafael Venegas
Para Lampadia

Basados en relatos y documentación de los países sometidos por el foro de Sao Paulo, es que se puede presagiar lo que podría suceder en los países que están en proceso, como Perú, Chile y Colombia.

Por eso y sólo con el ánimo de que estemos atentos a lo que nos puede pasar en los próximos meses y años, es que escribo este artículo. ¡Critíquenlo, discútanlo, pero difúndanlo!

Sabemos que el objetivo de los líderes del socialismo del siglo XXI es tomar el poder a como de lugar, perpetuarse en él y convertirse en multimillonarios a través del crimen organizado.   

Prueba de esto es que la lista de multimillonarios a nivel mundial se ha incrementado en los últimos años con los Castro, Chávez, Cabello, Maduro, Ortega, Kirchner, Morales y sus respectivas cúpulas.

Para cumplir este malévolo objetivo, estos delincuentes se escudan bajo el paraguas de la doctrina socialista/comunista para desplegar su infame plan. En él se pueden distinguir cinco etapas que se han implementado en los países ya sometidos:

1. Adoctrinamiento popular a través del control de la educación y los sindicatos.
2. Control total del Estado vía el copamiento y sometimiento de todas sus instituciones, incluyendo a las FFAA.
3. Manipulación psicológica de la población y control de la prensa.
4. Control del sector financiero y sometimiento de la empresa privada vía expropiaciones o amedrentamientos regulatorios.
5. Etapa final: Sometimiento de la población y reino del terror.

En el Perú, la primera etapa que es de largo plazo, ya está cumplida y la segunda está en estado muy avanzado. La cuarta y quinta se explican sólo con sus enunciados y se implementaran cuando las otras tres se hayan completado. En este artículo trataré brevemente sobre la tercera, que es la que está en pleno despliegue en nuestro país.

Para cumplirla, el ¨gobierno¨ viene ejecutando varias tácticas, que le vienen dando resultados a su favor. Esto es así porque están aprovechándose de la vulnerabilidad y desinformación de una parte de la población, así como de la indiferencia y pasividad de la otra. Las principales son:

1.  MENTIRA Y CINISMO.

Típica de los movimientos totalitarios, que el ¨gobierno¨ está utilizando exagerada y burdamente.

• ¨Una mentira repetida muchas veces, se convierte en verdad¨ (Lenin-comunismo)
• ¨Cuanto mas grande es la mentira, mas gente la creerᨠ(Goebbels-nazismo)
• ¨Nunca intentes ganar por la fuerza lo que puedes conseguir con la mentira¨ (Consejo de Maquiavello utilizado por los Borgia).

2.  DIVISIONISMO Y ODIO

Basada en otro consejo de Maquiavello: ¨Divide y vencerás¨. Sus discursos están plagados de frases que propician agresivamente el divisionismo y la lucha de clases. ¨Los ricos vs. los pobres¨, ¨Los dueños vs. los trabajadores¨, ¨Los provincianos vs. los limeños¨, ¨La derecha vs. la izquierda¨, entre otras patéticas mentiras que repiten como slogans. Esto se puede contrarrestar con una agresiva y decidida campaña en medios, pero no se está haciendo.

3.  VICTIMIZACIÓN

Muy utilizada en los discursos populares, para que la población sienta lástima y se identifique con ellos. ¨La derecha no me deja gobernar¨, ¨La derecha golpista me quiere vacar¨, ¨Los ricos no quieren que un provinciano del pueblo sea presidente¨, etc. Esto también se puede contrarrestar con campaña de medios, pero no se está haciendo tampoco.

4.  ODIO VISCERAL AL ENEMIGO COMÚN

Esta es muy efectiva y sirve para unir a la población en torno al odio visceral hacia un enemigo en común. En nuestro caso, han sido sumamente efectivos creando un monstruoso odio al fujimorismo. Lo que no se comprende es por que el fujimorismo genera mayor odio, frente a casos mucho peores, como la década de la junta militar comunista de Velazco o el sanguinario terrorismo de sendero luminoso. La respuesta es porque estos han sido generados por movimientos de izquierda. Ya es tiempo que pasemos la página y dejemos atrás el tema Fujimori y este terrible rencor que nos divide estúpidamente.

5.  DISTRACCIÓN MASIVA.

Se utiliza para mantener a los enemigos entretenidos en temas picantes de menor importancia, mientras ellos siguen avanzando con sus planes. Esto explica el espectáculo circense que vivimos a diario. Señores de la prensa y del Congreso, no sean ingenuos y no sigan cayendo en este juego.

6.  SATANIZACIÓN DE LA PRENSA.

Consiste en enfrentar a la población con la prensa de manera violenta. ¨Prensa mentirosa¨, ¨Prensa corrupta¨, ¨Prensa mermelera¨, ¨Prensa de los ricos¨, etc. El fin obviamente, es la toma y control de los medios de comunicación. Esto tiene que ser defendido con mucha firmeza y valentía por los medios privados. Los mercenarios serán identificados y señalados por la población.

Esta muy claro que una vez que tengan el control total del Estado, las FFAA y la prensa, pasarán a las siguientes dos tácticas y consolidaran el sometimiento de la población y la perpetuidad en el poder.

Muchos estarán pensando que este artículo es exagerado. Sin embargo, los invito a que recorran los pasos que se dieron en los países ya sometidos y los comparen con los que se están dando aquí y se darán cuenta que estamos en ese camino.

Por eso es necesario que despertemos y comencemos a participar activa y patrióticamente. Tenemos que ejercer nuestro derecho constitucional de revocar a las malas autoridades, vía la protesta y la insurgencia y presionando firmemente a nuestros representantes del congreso.

¡No sólo tenemos el derecho, sino también el deber patriótico de hacerlo! Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

El Perú necesita un Senado por muchas razones y el debate al respecto debe hacerse con la mayor seriedad y análisis.

Que el Presidente Martín Vizcarra haya puesto el tema en agenda, siendo impopular, de carácter estructural y lejano de la coyuntura, es un excelente mensaje: un Presidente que no está al tun-tun del típico cortoplacismo de la política peruana.

Lamentablemente, de forma inmediata saltaron los proverbiales opositores de establecer un Senado, con los mismos argumentos de siempre, y en todos los casos, sin hacer un análisis integral, como se amerita. “Que significa gastar más plata”. “Que ya existe una segunda instancia, que hay que hacer respetar”. “Que sería la misma vaina que los diputados”. Etc., etc.

Veamos:

Mucho más que una segunda instancia

Un Senado debe ser mucho más que una segunda instancia. Es una instancia de otra naturaleza, de otra visión, y de otro ‘tempo’.

Desde el proceso de descentralización, como se ha explicado infinidad de veces, se ha desarticulado la estructura del Estado. Las definiciones de las instancias de gobierno de las regiones y municipios, no forman parte de una estructura de gobierno que articule las acciones de gobierno de nivel nacional con las de nivel regional y municipal. Se han roto las conexiones entre lo regional y lo nacional, creándose innumerables espacios de vacío de poder, sobre-posiciones y conflictos.

La cámara única, con su sistema electoral basado en la representación de las regiones, trae al parlamento las mismas visiones sub-nacionales de los gobiernos sub-nacionales. Por lo tanto, se pierde la posibilidad de que la importante labor legislativa se inspire en una visión compartida del país que debe moldearse y construir.

Un Senado debe ser la amalgama que le dé contenido político al Perú ‘unitario’.

Por lo tanto, la instancia del Senado, elegido por distrito nacional, debe agregar valor a la función legislativa, a través de una visión nacional.

Más nos cuesta tener un Congreso cojo y disperso

La objeción de los mayores costos que traería la creación de un Senado tiene mil respuestas. Desde, que se podría mantener el número total de congresistas, como, digamos, 100 diputados y 30 senadores, con el mismo costo; hasta afirmar no hay nada más costoso que tener un Congreso que legisle sobre la base de la negociación de visiones parciales, y que asume con la suficiente madurez como para evaluar sus normas en una segunda instancia en la que afloren criterios más acabados que los de las ardorosas negociaciones previas.

Lo que si es cierto es que los congresistas le cuestan demasiado al país, en soles absolutos sin incluir el costo de los daños por malas normas.

Por alguna razón que desconozco, es difícil acceder al presupuesto del Congreso, pero de la información disponible, desactualizada, he encontrado que el costo anual total del Congreso supera los 500 millones de soles. Tomemos ese monto para el análisis:

Este costo, que en realidad es aún mayor el claramente excesivo, por sí mismo y en comparación con los costos de los congresistas de países vecinos como Chile y Colombia.

En sí mismo, el costo es muy alto, por la estructura de servicios para los congresistas. A diferencia de otros países, cada uno de los congresistas peruanos tiene asesores y oficinas propios, con todo tipo de facilidades. En otros lugares, los asesores son de la bancada y no se dispone de grandes oficinas individuales.

Ya anteriormente, en Lampadia publicamos unas interesantes comparaciones de costos entre países, veamos:

• El costo de legislar – Ahora queremos resultados (diciembre 2012)

• Alto gasto y bajísima performance: una ecuación que debemos corregir – El costo del Congreso no está a la altura de sus realizaciones (enero 2015)

Es pues imprescindible analizar y debatir la creación del Senado de la República, con información y seriedad, y aprovechar para definir las facilidades que los peruanos pagamos a los congresistas.

Como se puede ver de las cifras, las remuneraciones de los congresistas no son el problema, y es evidente que, si se incorporan a la función parlamentaria un número razonable de senadores, no necesariamente costaría más.

Debatamos pues este tema pronto y con altura. Lampadia 

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 20 de abril de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

El compromiso político que propició nuestro triunfo en las elecciones regionales pasadas fue “gobernar en el nombre del agua, la salud, la educación, y la justicia”. Algo parecido a la Santísima Trinidad del Cristianismo: Padre, Hijo, y Espíritu Santo.

En el caso del Gobierno Regional de Ica – como si se tratara de una religión – nuestra “señal de la cruz” tiene 4 grandes prioridades: agua, salud, educación, y justicia. Inclusive, nos persignamos cuando la pronunciamos en voz alta.

En artículos anteriores me he referido – ampliamente – al agua, la salud, y la educación. Y aunque se les pudra el hígado a nuestros detractores, no pueden negar que hemos tenido logros importantes en esos tres ámbitos. Obviamente, queda un largo camino por recorrer, pero es un hecho incuestionable que tenemos más agua, gracias a los reservorios que hemos construido en la Sierra. Es – también – incuestionable que tenemos más agua potable en los hogares; que la atención en nuestros hospitales ha mejorado; que hemos reducido los casos de Dengue; y que la educación ha mejorado mucho. Incluso, nuestros logros en deporte, cultura y ciencia están claramente cuantificados en nuestro medallero olímpico escolar.

¡Pobres criticones! A regañadientes han tenido que tragarse varios sapos. Tantos que hasta tufo a batracio les ha salido. En fin… ¡allá ellos con sus rabias e indigestiones!

Ahora – más bien – quisiera referirme a la 4ta. gran prioridad de nuestro compromiso de gobierno: la JUSTICIA… rubro en el cual también tenemos logros importantes. Si no, que lo digan los 30 funcionarios corruptos que hemos destituido del Gobierno Regional. Y otros tantos que hemos suspendidos temporalmente… sin goce de haberes.

A ese respecto se podría decir que el “Sistema de Justicia” no funciona como debiera. Me refiero a instituciones como la Policía, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario. Incluso, el Congreso de la República y los Consejos Regionales. A los que habría que agregar otras instituciones como los Colegios Profesionales, la Prensa, y toda una gama de Asociaciones y ONG’s que – supuestamente – ejercen JUSTICIA en nuestro país.

Pues bien – repito – ese “Sistema de Justicia” no funciona como debiera. Prueba de ello… la corrupción. Y su prima hermana… la impunidad. Peor aún, todas las instituciones antes mencionadas están infiltradas por gente corrupta. CORRUPCIÓN… “ese virus social que lo infecta todo”. (Palabras del Papa Francisco).

La única JUSTICIA que funciona – al menos en el Gobierno Regional de Ica – es la “Justicia Administrativa”. O sea, la que nos ha permitido sancionar – rápidamente, y con todas las de la ley – a decenas de servidores corruptos que se juraban intocables. Médicos que abandonaban sus guardias y cobraban como si nada. Funcionarios que cobraban viáticos con facturas falsas. Trabajadores que “vendían” todo tipo de licencias o permisos. Enfermeras que lucraban con medicamentos robados. Jefes que cobraban cupos a sus subalternos. Coimeros que sobrevaloraban todo tipo de compras y contrataciones inútiles. Y muchos etcéteras más.

Ninguno de los delitos antes mencionados fue detectado – y menos sancionado – por ninguna de las instituciones del “Sistema de Justicia”. Al contrario… ¡algunos congresistas y consejeros regionales se pusieron del lado de los corruptos! ¡Cuántos policías y fiscales forman parte de las mafias de la corrupción! Y ¿Qué me dicen de los dirigentes del Colegio Médico de Ica y los periodistas chantajistas? ¡Son unos pandilleros!

Las cosas claras y el chocolate espeso. El problema No. 1 de nuestro país es la corrupción. Y el No. 2 la impunidad. El “Sistema de Justicia” no funciona. Lo único que funciona – cuando existe la voluntad y las agallas para aplicarla – es la Justicia Administrativa. En ese sentido, vamos a seguir sancionando la corrupción con el máximo rigor. ¡Así ejercemos JUSTICIA en favor de la ciudadanía!

En el nombre del agua, la salud, la educación… y la JUSTICIA. ¡Amén! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Aunque son cosas distintas, la denunciada compra de votos mediante obras públicas que provocó la renuncia del Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República, ha puesto bajo los reflectores de la luz pública una supuesta práctica de algunos congresistas para conseguir la inclusión de obras patrocinadas por ellos en el presupuesto de inversión pública.

La variante más corrupta sería la que aparece graficada en el audio del funcionario Fredy Aragón, cuya secuencia es la siguiente: el congresista le ofrece al alcalde incluir un proyecto grande de la municipalidad en el presupuesto de la república a cambio de un 5% del monto de la obra, para lo cual el congresista cuenta con los servicios de este funcionario quien le ofrece conseguirle la programación de la obra en el MEF. Esta sería toda una cadena, una industria de la corrupción.

Se sabe asimismo que hay congresistas que tienen empresas de construcción o tienen amigos constructores que formulan proyectos para la municipalidad o para el gobierno regional y que luego ellos gestionan ante los ministerios o logran que se incluyan en la ley de presupuesto.

También puede ocurrir que el congresista visite a los ministros para presionar por la inclusión de las obras de sus alcaldes, sin que haya corrupción de por medio.

Las municipalidades ejecutan algo más del 40% de la obra pública. El presupuesto que manejan es, entonces cuantioso. Y si agregamos los gobiernos regionales, llegamos a un 65% de la inversión pública. ¿Qué porcentaje de ese total se manejará de esta manera corrupta? No lo sabemos. ¿En qué porcentaje intervienen los congresistas apoyando a sus alcaldes? Tampoco lo sabemos. Pero la ex ministra Claudia Cooper calculaba que cuando menos el 80% de los congresistas gestionan proyectos ante los ministerios. Es una parte más importante de su actividad como congresistas.

Ahora bien, la labor de gestión ante los ministerios debe diferenciarse de la asignación directa que hacen los congresistas en la Comisión de Presupuesto del Congreso. En ambos casos, sin embargo, hay que precisar que los proyectos deben cumplir con ciertos requisitos para que puedan ser presupuestados.  

Como sabemos, el 30 de agosto el Ejecutivo envía al Congreso el anteproyecto de ley de presupuesto que contiene un anexo con los proyectos de inversión a ser ejecutados el año que viene. Allí se incluyen los proyectos enviados por los ministerios y los gobiernos regionales y locales que hayan pasado los filtros. El primero de ellos es que sea priorizado, para lo cual el criterio principal, desde el modelo diseñado por Thorne, es que cierre brechas. Además, los proyectos no deben estar fraccionados, ni sobredimensionados, ni deben duplicarse, y debe cumplir con las normas técnicas sectoriales. En el último presupuesto, por ejemplo, fueron rechazados el 59% de los proyectos remitidos, porque no cumplían estas reglas.     

Entonces, cuando los congresistas van a abogar por ciertos proyectos, el ministro tiene que decirles que esos proyectos serán considerados si es que cumplen con los requisitos señalados.

Ahora bien, de todos modos, en el anteproyecto de presupuesto que se envía al Congreso queda un pequeño margen de libre asignación, de aproximadamente 800 millones de soles según nos informa Cesar Liendo, ex viceministro de Economía, respecto del cual los congresistas asignan proyectos. Pero ese monto es apenas alrededor del 2.5% del monto total de la inversión pública, que está alrededor de los 32,000 millones de soles, aunque pueda representar un 6 o 7% del monto municipal.

Según la viceministra de Hacienda, Rossana Polastri, ese monto no es tampoco una bolsa, no lo es por definición. “Lo que ponen los sectores en su presupuesto es una partida para financiar estudios de pre inversión. Cuando el legislativo propone incluir proyectos, estos entran contra esa partida. Sustituyen la asignación que habíamos puesto para pre inversión”. 

En realidad, entonces, esos mismos proyectos que los congresistas incluyen directamente en el presupuesto, tienen que pasar también los filtros señalados. Este año ha ocurrido, por ejemplo, que solo el 15% del monto asignado por los congresistas cumplía los requisitos. Se ha dado 15 días más para ver si se puede subsanar las deficiencias, pero de no hacerlo el monto en cuestión queda sin asignarse o termina siendo redistribuido por medio de algún crédito suplementario que reasigna esos recursos a proyectos que no estaban en el presupuesto y que están listos para ejecutarse.

Medidas

Entonces, una medida para asegurar cuando menos la idoneidad de los proyectos escogidos en el Presupuesto, debería ser reforzar los criterios de priorización y selección. Para ello, el MEF ha elaborado un proyecto de ley de priorización de proyectos de inversión pública, que ya envió al Congreso. Liendo nos explica que hoy existen procedimientos y requisitos técnicos para seleccionar un proyecto de inversión pública, pero son solo directivas de ministerios. La idea es darles rango de ley para que tengan un mayor blindaje legal.

Otra posible medida sería establecer estándares para las obras referidas a inversiones recurrentes, fijando diseños, metrados, costos unitarios y márgenes de supervisión, para las diversas zonas del país. Este esquema puede usarse con facilidad para la construcción de escuelas, postas médicas, hospitales, caminos, etc.

Lo otro es consolidar de una vez el Plan Nacional de Infraestructura, a fin de que haya menos espacio para la asignación arbitraria o política de proyectos. Lo que tenemos ahora es la llamada Programación Multianual de Inversiones, que tiene un alcance de tres años. En este momento hay una versión preliminar del Plan Nacional de Infraestructura que está siendo validado con los sectores.

Pero según la ministra Cooper, la mayor parte de la corrupción no está en la programación sino en la ejecución de la obra, desde la confección de las bases, que con frecuencia se orientan a beneficiar determinado postor. Una idea era que la OSCE pudiera designar funcionarios que elaboren esas bases, lo que demandaría un presupuesto apreciable. Por supuesto, el hecho de que los jefes de las oficinas de control interno de las municipalidades y gobiernos regionales vayan a ser pagados desde este año por la propia Contraloría, ayudará a mejorar el control.

Diversas formas de participación de la sociedad civil en alianza con la Contraloría deberían ayudar. Es algo que el nuevo gobierno podría impulsar. Lampadia