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Un ojo contra los monstruos

Por: Yesenia Álvarez
Perú21, 31 de Marzo del 2023

Son alarmantes las cifras de violencia sexual contra menores en el Perú Según estadísticas del Programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre 2018 y lo que va de 2023 se han reportado 98.559 casos de violencia sexual en lo CEM- Centro de Emergencia Mujer, de los cuales el 70% es contra niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años Es decir, son 69 168 Casos de violencia sexual contra menores en cinco años y dos meses. Además, la cifra de 2018 se ha duplicado al 2022, de 8957 a 19867 casos. Y eso es solo lo que se logra reportar.

El peligro al que están expuestos los niños en el Perú es perturbador, convivimos con monstruos que los agreden y no estamos tomando conciencia de la real dimensión del problema. En esta semana, al caso de una niña de 11 años que se resistió a una agresión sexual y que se encuentra grave en UCI se le suma la muerte de un bebé de cuatro meses con aparentes signos de haber sido abusado sexualmente.

Leía el otro día en redes sociales a una madrina que llevo a pasear a una ahijada y que le impacto ver tantos niños sin supervisión en espacios públicos de entretenimiento. Me pasa lo mismo que ella y percibo que muchos padres no son conscientes de esas cifras. y que quizás no creen o no conocen que los depredadores sexuales van precisamente a esos espacios. Hay casos de ultrajes sexuales y desapariciones que se consuman en menos de tres minutos en lo que le toma a un adulto pagar un café en la caja mientras deja ir solo a su niño o su niña a los servicios higiénicos.

Familias, con esas tasas elevadas de violencia sexual es mejor ser exagerados en cuestión de proteger a los niños. La responsabilidad siempre será del violador, pero es difícil no llegar a juzgar el nivel de diligencia que deben tener quienes están a cargo de cuidar a los niños porque todos podemos poner un poco más de recelo en el cuidado de los nuestros y ayudar frente a actos sospechosos que amenacen a otros. Ante la inoperancia del Estado, desde la sociedad tenemos que luchar echando un ojo más contra los monstruos.




¿Otra reforma policial?

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Las reuniones y llamadas del actual jefe de la Policía Nacional con individuos del entorno corrupto de Pedro Castillo ponen en duda su idoneidad para el cargo. En realidad, todos los altos mandos de la PNP del último tiempo se han relacionado con la gavilla de delincuentes que ocupó el gobierno el 2021. Algunos se sometieron a cambio de prebendas, otros compraron sus cargos y varios aceptaron servir a esa camarilla y se convirtieron en cómplices de sus delitos a cambio de que les permitieran realizar sus chanchullos.

No obstante, no todos se sometieron. Un ejemplo notable es el del general Oscar Arriola, que como responsable de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) conocía la vinculación de Pedro Castillo y sus secuaces con Sendero Luminoso. Hubo otros también que con perfil bajo se mantuvieron al margen de la corrupción que se extendió como una mancha de aceite, y resistieron la embestida de los delincuentes socialistas del siglo XXI que trataban de controlar la PNP para usarla en función de sus intereses.

Recién cuando han aparecido informaciones y declaraciones de colaboradores que, en el curso de las investigaciones fiscales, han señalado las trapacerías de los jefes policiales, el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola ha reaccionado, a pesar que desde el 2021 se conocían casos escandalosos como el de la compra de ascensos y puestos a cambio de sobornos.

Entonces Otárola ha anunciado pomposamente una reforma de la PNP. En verdad, eso no tiene sentido. Es muy obvio que este gobierno no tiene ni las ideas, ni la fuerza, ni la decisión, ni las personas para hacer un cambio sustancial en la Policía. Es decir, se trata de palabrería para tratar de entretener a la ciudadanía y hacer creer que van a realizar grandes cambios. Además, eso genera rechazo en la PNP que está harta de reformas frustradas. Solo sirve para reforzar la sensación de inestabilidad e incentivar la pasividad en la institución.

Lo que sí podría y debería hacer el gobierno son unas pocas cosas indispensables.

En primer lugar, identificar a los oficiales que pagaron coimas para ascender y los que se beneficiaron con prebendas a cambio de ejecutar los designios de la gavilla delincuencial enquistada en Palacio. Y sancionarlos.

En segundo lugar, defender a los policías que han participado en la debelación de la asonada con la que los comunistas y delincuentes trataron de retomar el poder después de la defenestración de Castillo, y no lavarse las manos y dejarlos a merced de las ONG caviares y fiscales influidos por ellos.

En tercer lugar, equipar a la PNP que carece de lo más elemental para cumplir sus tareas, tanto para enfrentar la delincuencia como las algaradas que provocan los comunistas. Por ejemplo, el escuadrón de emergencia en Lima tenía unos 700 patrulleros en 2015 y ahora tiene unos 120 operativos, además de un precario sistema de comunicaciones debido a las compras corruptas realizadas en el gobierno de Ollanta Humala. O la carencia de carros rompe manifestaciones y vehículos para enfrentar turbas violentas, además de materiales anti motines.

En síntesis, en lugar de discursos grandilocuentes y promesas incumplibles, el gobierno debería trazarse unas pocas metas concretas que sirvan para restituir la institucionalidad corroída por el nefasto gobierno anterior (y por los de Francisco Sagasti y Martin Vizcarra) y permitan a la PNP cumplir con eficiencia su misión de combatir la delincuencia. Lampadia




“Raúl Alfaro fue el topo de Pedro Castillo”

Entrevista a Carlos Basombrío
Perú21, 22 de Marzo del 2023
Por: Mayra Calderón Cornejo

Carlos Basombrío fue ministro del Interior; para él, Raúl Alfaro, comandante general de la PNP hasta hace un par de días, fue un “topo” del exmandatario golpista.

¿Qué piensa de Alfaro?

No se pensó que un oficial con una carrera muy buena podría haber caído en un nivel de bajeza tan grande, fue una sorpresa. Eso se llama ser un “topo”; una persona que trabaja para otra y que logra esconder sus verdaderas intenciones y calaña. Afortunadamente cuando ‘El Español’ cae se sujetó a la colaboración eficaz. Tengo la sensación que aún no conocemos todos los detalles del comandante Alfaro, hoy prófugo de la justicia.

¿Cree que hay más policías implicados?

La actuación de Alfaro no se da en el vacío, forma parte de todo un esquema de penetración mafiosa de Castillo. Inicialmente, para objetivos económicos y políticos, con la compra de los ascensos policiales. El objetivo político era ir penetrando la institución para que se convierta en una herramienta al servicio del régimen y no al servicio del país. En la segunda etapa, la actuación de ‘El Español’ es más nítida y el rol que cumplen los policías involucrados también, por ejemplo: el comandante Alfaro, el comandante Vera. Ellos tuvieron tratos directos con ‘El Español’, claramente, es un esquema para proteger a un presidente corrupto.

¿Cómo confiar en una institución golpeada por malos elementos?

Hay muchas cosas que están pasando en la Policía, pero creo que a la vez hay una esperanza de regeneración ética y profesional en la actuación de los cuatro coroneles que conforman el equipo especial de investigación al poder. Ellos han demostrado un compromiso inapelable con la verdad, creo que ahí está la base de regeneración de la institución.

El hecho de poner a Alfaro al descubierto es positivo y es positivo el nombramiento del general Angulo frente a otros personajes de muy dudosa trayectoria. La victoria sobre Alfaro no hubiera sido posible si es que el grupo especial no conseguía identificar a tiempo un esquema que incluía la contratación de sicarios para eliminar a fiscales y policías de la investigación de Castillo. Gracias a la difusión que hizo Perú21 se salvaron vidas.

¿Qué lección nos deja?

La reflexión final es: qué peligroso es elegir gente como Pedro Castillo. El Perú ha sufrido mucho por elegir a un personaje tan incompetente, tan mafioso y tan corrupto. Ojalá nunca más vuelva a suceder una cosa así.




Un hombre bueno con un arma

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

La única manera de detener a un hombre malo con un arma, es un hombre bueno con un arma. La frase se la han atribuido a varios personajes, pero no deja de ser cierta, quien sea que la haya dicho.

Una comprobación práctica de esa expresión se vivió hace poco en un centro comercial de Greenwood, Indiana, EE.UU., cuando un individuo armado con un fusil y varios cargadores empezó a disparar contra el público. Por suerte estaba allí un hombre de 22 años, con un arma legal, que desenfundó de inmediato su pistola Glock y abatió al desquiciado a los 8 segundos de haber comenzado a disparar, evitando una tragedia mayor.

“El verdadero héroe del día es el ciudadano que portaba legalmente un arma de fuego en esa zona de alimentos y fue capaz de detener al agresor casi en cuanto comenzó”, dijo el jefe de policía, Jim Ison. (“Los Angeles Times”, 18/7/22).

En Canadá se ha ido limitando el derecho de los ciudadanos a poseer armas de fuego. En mayo, el primer ministro Justin Trudeau anunció otro proyecto de ley más restrictivo aún. Poco después un episodio trágico demostró la ineficacia de esas prohibiciones.

Dos sujetos asesinaron a 10 personas e hirieron a otras 18 a cuchilladas. (“Europa Press”, España, 7/9/22). Por desgracia, ninguna de las víctimas portaba un arma de fuego, con la cual hubiera podido defenderse y abatir a los agresores.

En Japón están prohibidas las armas de fuego, pero un fanático asesinó al ex premier Shinzo Abe con un arma de fabricación casera en julio.

Hace poco estuvo en el Perú John Lott, autor del libro “Más armas, menos crímenes”, invitado por la APPLAF (Asociación Peruana de Propietarios Legales de Armas de Fuego) para pronunciar una conferencia.

En su libro, Lott hace notar que en América Latina, en 2018, todos los países tienen tasas de homicidios más altas que los EE.UU. (salvo Chile, que es similar), y todos tienen leyes mucho más restrictivas. Varios países tienen tasas cinco veces más altas que los EE.UU.

Un caso notable es México, que casi no tiene propietarios legales de armas de fuego y cuya tasa de homicidios es 600% más alta que de la de los EE.UU. Como es público y notorio, los narcotraficantes y las bandas criminales están armadas hasta los dientes, tienen pequeños ejércitos privados. Al mismo tiempo, sus leyes están entre las más restrictivas del mundo. Solo había una tienda de armas legal en todo el país, un establecimiento militar en ciudad de México.

Lott cuenta que cuando testificó en el Senado mexicano, le dijeron que incluso ellos, los parlamentarios que recibían amenazas de muerte, no podían obtener una licencia.

Es decir, la típica hipocresía latinoamericana. Leyes muy estrictas que los delincuentes no cumplen y que solo perjudican a los que se atienen a la legalidad.

Brasil es otro ejemplo típico. En su conferencia en Lima (SNI, 10/8/22), Lott presentó el caso del Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro ha eliminado algunas de las restricciones. Las predicciones que hicieron los enemigos de las armas fueron apocalípticas. Y se equivocaron, por supuesto.

Bloomberg News decía que iban a aumentar los muertos por armas de fuego. Que en Sao Pablo un aumento de 1% de licencias iba a incrementar 2% la tasa de homicidios. También The Guardian, The New York Times y otros preveían un desastre. Ocurrió lo contrario.

En enero de 2019 había 330,000 licencias para armas en Brasil, dijo Lott. En enero de 2022, 1´680,000, un aumento de 409%. Y la predicción de los catastrofistas resultó al revés. La tasa de homicidios cayó 34% en ese periodo, una cifra realmente impresionante.

Pero la realidad nunca persuade a los ideologizados. Un artículo de “El Comercio” (7/9/22), usa cifras similares a las de Lott: las licencias para armas en Brasil han aumentado y los homicidios han disminuido. Pero los “expertos” que entrevista atribuyen eso a la buena labor de los gobiernos regionales para luchar contra el crimen.

El argumento es falso, naturalmente. Precisamente en su conferencia, Lott explicó que 4 de los 26 estados en Brasil habían aplicado las supuestas reformas que ayudaron a combatir el crimen, pero los homicidios cayeron en 25 de esos estados.

Pero esas necedades, sin ningún sustento, se repiten incansablemente (ver por ejemplo “Seguridad ciudadana y armas de fuego”, “Gestión”, 21/9/22). La ideología que impregna la mayoría de medios de comunicación en el Perú puede más que la evidencia.

Los izquierdistas y caviares de toda laya no descansan, tenazmente tratan de desarmar a los civiles sin importarles que los únicos favorecidos serán los delincuentes. Lampadia




Victimario y víctimas

Por: Rafael Rey
Expreso, 12 de Setiembre del 2022

Con ocasión del escándalo público por la exigencia del inmoral presidente Pedro Castillo para que el personal policial que lo resguardaba le amarrara los zapatos, la Asociación de Oficiales Generales de la Policía de Investigaciones del Perú – ADOGENPIP emitió un comunicado de protesta en el que con toda razón rechazaba tanto la acción de Castillo como las falsedades que el gobernante de turno había esgrimido para intentar justificar su actitud.

El comunicado tenía cinco párrafos. Cuatro de ellos plenamente justificados. Sin embargo, uno de ellos, el cuarto, contenía un equivocado respaldo a la apertura del proceso administrativo disciplinario que el alto mando de la PNP habría dispuesto para “sancionar ejemplarmente a los agentes policiales por haber atentado contra los principios éticos y morales inculcados” en la PNP.

Absurdo. ¿Creen los señores oficiales que lo “digno” hubiese sido que los efectivos policiales se hicieran los distraídos o que se negaran y le dijeran al presidente algo así como: “lo siento, presidente, amarrarle los zapatos no es parte de mi trabajo”? No seamos ingenuos, ni injustos, ni valientes “desde la barrera”.

Los efectivos no tienen culpa alguna. Castillo es el único que actuó mal. ¡Con la actitud propia del patán que es! ¡Con la prepotencia del que se cree con derecho a exigir pleitesía o vasallaje! ¡Con el típico comportamiento del empleado público que no entiende que el que debe de servir es él y no los demás a él!

Los efectivos no tienen culpa alguna. Su actitud fue de servicio, y un servicio, por indebido, injusto y abusivo que sea por parte de quien lo solicita o exige, no puede merecer castigo. El solo hecho de que se les haya iniciado un proceso disciplinario sancionador es otro abuso.

¿Cuándo aprenderemos a distinguir a la víctima del victimario?




“BASTA DE MALTRATAR A NUESTRA POLICÍA NACIONAL DE PERÚ”

“BASTA DE MALTRATAR A NUESTRA POLICÍA NACIONAL DE PERÚ”

Teniente General PNP ® José isidro BAELLA MALCA
Inspector General PNP 2020
Para Lampadia

El Perú vive una difícil crisis política, económica y social, y los peruanos estamos atraídos en un legítimo derecho, por los videos o audios de colaboradores eficaces, que confiamos serán el fin de la historia de este gobierno con evidentes visos de corrupción y posteriormente elegir un nuevo gobierno que nos permita cambiar de página en el país.

Sin embargo, los ciudadanos de a pie reclamamos en forma persistente y de acuerdo a las encuestas, que existe inseguridad ciudadana como un problema que nos agobia a todos, pero no tenemos presente que la principal causa de esta situación es la intromisión o manoseo de los políticos, que ven al Ministerio del Interior como un botín de guerra, para realizar experimentos desde el escritorio, con una institución histórica como la Policía Nacional del Perú, responsable en conjunto de la seguridad ciudadana de acuerdo a ley con el Ministerio Público, Poder Judicial, gobiernos regionales, provinciales y distritales.

Si realizamos un análisis de lo ocurrido en la Policía Nacional, existen evidencias de la intromisión política en la institución policial, lo cual se ha convertido en una práctica común, desde hace dos años, removiendo a sus “cuadros” para que no exista continuidad en el Comando, cuyo objetivo no cabe duda ha sido desestabilizarla e impedir que esta institución se desarrolle.

¿Qué institución puede resistir este maltrato y embate, si han cambiado a ocho Comandantes Generales en menos de dos años?

  • (2020) El Sr. Martín Vizcarra pasó al retiro al Teniente General PNP. José LAVALLE, que era Comandante General, en su deseo de colocar a un General menos antiguo y como no lo podía hacer porque la ley se lo impedía, lo nombró Ministro del Interior.
  • (2020) El Sr. Martín Vizcarra nombró al Teniente General PNP Max Iglesias, quien duró una semana en el cargo.
  • (2020) El Sr. Martín Vizcarra nombró al Teniente General PNP Héctor Loayza para el cargo, sólo duro cuatro meses, siendo relevado.
  • (2020) El encargado de la Presidencia Sr. Francisco Sagasti, pasó al retiro a 18 Oficiales Generales, descabezando y debilitando a la institución, para nombrar a un Comandante General, sin la experiencia y madurez para el cargo, cuyo único logro fue pertenecer al entorno del Ministro del Interior de turno.
  • (2021) Fue nombrado por el actual Presidente de la República Pedro Castillo para el cargo de Comandante General, el Teniente General PNP Javier Gallardo, permaneció en el cargo sólo cinco meses.
  • (2022) Fue nombrado por el actual Presidente de la República Pedro Castillo para el cargo de Comandante General al Teniente General PNP Vicente Tiburcio, permaneció en el cargo sólo cuatro meses.
  • (2022) Mediante la RS No.100-2022-IN (24 de mayo, 2022), es designado para el cargo de Comandante General PNP, el Teniente General PNP Luis Vera Llerena.

Los integrantes de la Policía Nacional son actores principales una serie de hechos trascendentes en la historia del Perú (Tráfico Ilícito de drogas, Terrorismo, Crimen Organizado, Inteligencia, Seguridad Ciudadana, etc.) y no merecen el maltrato ni debilitamiento de sus cuadros que se les viene dando.

Ellos necesitan: tecnología, infraestructura, buenas comisarias, capacitación permanente oficiales y suboficiales, definir sus especialidades, helicópteros y aviones, buen armamento, una sede para su Comandancia General, hospitales y sobre todo un marco legal que les permita cumplir su misión en defensa de la democracia y de todos los peruanos. Es el pueblo hecho ley.

¿Hasta cuándo durará el Teniente General PNP Luis VERA LLERENA, en el cargo de Comandante General? ¿Seguirá el maltrato a 140,000 efectivos y sus familias, que integran esta gloriosa institución? Exigimos respeto a la Policía Nacional del Perú y a sus integrantes.

“Donde exista el peligro, donde clame el dolor, siempre habrá un Policía presto a servir y listo a morir por el Perú”.

Lampadia




Un aplauso grande para la Policía Nacional del Perú (PNP)

Un aplauso grande para la Policía Nacional del Perú (PNP)

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 8 de enero de 2021
Para Lampadia

El aplauso grande que pido para la PNP es para reivindicarla de la humillación que sufrió últimamente – no sólo por las más altas autoridades del Gobierno… llámense Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, Rubén Vargas, entre otros – sino por la brutal falta de respeto de algunos ciudadanos – mejor dicho, vándalos – que insultaron vilmente a los policías, y – hasta – les lanzaron pintura y todo tipo de proyectiles como piedras, bombardas, contenedores de basura en llamas, bombas Molotov, y todo lo demás, durante las marchas de protesta que tuvieron lugar en Lima, Ica. Trujillo, y otras regiones del país.

También pido un aplauso grande para la PNP por haber repuesto el orden público y la seguridad ciudadana en toda la región Ica, tal como lo hizo durante mi gestión como Gobernador Regional durante el período 2015 – 2018.

Ciertamente, nadie pide un aplauso por los policías corruptos y abusivos infiltrados en la institución – tal como sucede en todas las instituciones del Estado y de la Sociedad Civil – para quienes pido el más severo castigo. Pero como alguien dijo alguna vez; las instituciones no son corruptas. Corruptas son las personas… algunas personas.

Volviendo entonces al tema institucional – efectivamente – la PNP tuvo varias intervenciones extraordinarias durante mi gestión pública en Ica. La más espectacular fue aquella en la que desarticuló a una inmensa banda criminal – Los Intocables de Ica – que se dedicaba a la comercialización de drogas en la provincia. ¡Impecable!

Adicionalmente, efectuó dos desalojos de gran trascendencia. Uno en el terreno denominado Golda Meier de propiedad del Gobierno Regional, y otro a lo largo de la ribera del río Ica donde – de acuerdo a ley – nadie podía asentarse… por ser zona de riesgo no mitigable.

Ambas invasiones fueron promovidas por traficantes de tierras… evidentemente articulados con funcionarios municipales corruptos. El hecho es que los dos desalojos fueron exitosísimos. Muchas personas fueron desalojadas, unos cuantos, detenidos, y ningún herido.

Por otro lado – gracias a la decidida intervención de la PNP – se acabó el caos de los areneros en Huacachina. Ahora los vehículos operan – fuera del ámbito del oasis – en condiciones mucho más seguras y formales que en el pasado. El hecho es que – hoy – Huacachina luce preciosa y tranquila… como en los buenos tiempos.

¡Qué hermoso es ver a niños y jóvenes – subiendo y bajando las dunas – sin preocuparse por el cruce con un arenero loco! Y ¡qué placentero resulta leer un libro en la terraza de la Biblioteca Abraham Valdelomar y escuchar música… en vez de atronadores escapes libres!

Desde el inicio de mi gestión – en enero de 2015 – puedo dar fe de incontables ocasiones donde la PNP fue determinante para que el Gobierno Regional lleve a cabo sus proyectos y actividades… con total normalidad.

¡Cómo no reconocer la seguridad brindada al contratista que construyó las galerías filtrantes en Los Molinos, y que – ahora – captan agua limpia para 175 mil iqueños! ¡Qué efectivo resultó el pare que les hicieron a los matones de Construcción Civil que pretendían chantajear a los contratistas que construyeron el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Marcona, el Estadio de Pisco… entre otras obras de infraestructura urbana!

Ica le debe mucho a la Policía Nacional del Perú. Y los iqueños… más. La PNP fue – y sigue siendo – nuestra gran aliada. Gracias a la PNP, no tuvimos ningún bloqueo de carreteras durante mi gestión. Las huelgas magisteriales y de salud – tan frecuentes y vandálicas en el pasado – se llevaron a cabo de acuerdo a ley. Incluso… pasaron inadvertidas. En Ica – en esos años – no hubo turbulencia social.

Habiendo vivido en carne propia la gran labor de la PNP en Ica, quería dar cuenta de la estrecha – y fructífera – relación que tuve con ella, para todo lo relacionado con el orden público. El Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) fue un ejemplo de puntualidad y eficiencia. Sesionamos – religiosamente – cada 30 días. Nunca faltó quorum. Siempre asistieron las máximas autoridades de la PNP y demás instituciones.

Por todo ello – y mucho más – quería expresar mi gratitud, aprecio… y orgullo por nuestra Policía Nacional del Perú. Y pedir un aplauso grande para ella.




Polarizar a los peruanos… el gran logro de la corrupción

Polarizar a los peruanos… el gran logro de la corrupción

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 27 de noviembre de 2020
Para
Lampadia

La ciudadanía está enfrentada con la Policía Nacional del Perú (PNP). La juventud está enfrentada con las generaciones mayores. Los peruanos que estuvieron en contra de la vacancia de Vizcarra están enfrentados con los que estuvieron a favor. Y así por el estilo. Políticos, periodistas, abogados constitucionalistas, académicos… todos contra todos. La polarización se está dando – incluso – entre amigos entrañables, entre jóvenes de la misma generación, y entre miembros de una misma familia. Y todo por la corrupción enquistada en diversos ámbitos de nuestra sociedad… pero sobre todo en la política.

¿Qué pasó? ¿Porqué estamos así? Mi conclusión es que la corrupción es la madre del cordero. Muchos dirán que estamos polarizados por tal o cual política, o tal o cual ley, o tal o cual medida gubernamental. Seguramente hay algo de cierto en ello. Pero hurgando más en profundidad – les aseguro – siempre aparece la corrupción… agazapada.

Recapitulemos. ¿Porqué traicionó Vizcarra a PPK? ¿Acaso no tenía algo sucio que esconder? ¿Acaso la diosa coima no había deambulado por Moquegua durante su gestión como Presidente Regional? Y luego ¿para qué disolver al Congreso de entonces? Incluso ¿para qué seguir pechando al nuevo Congreso? ¿Acaso no había que distraer a la opinión pública para tapar sus fechorías moqueguanas? Primera conclusión: la corrupción del expresidente Vizcarra está detrás de todo este desmadre.

¿Y la mafia de las universidades bamba – y las demás mafias – enquistadas en el Congreso de la República? ¿Y la corrupción a nivel de municipalidades y Gobiernos Regionales? ¿Y los médicos y docentes corruptos? ¿Incluso los jueces y fiscales corruptos? ¿Y las mafias de los brevetes?  ¿Y los militares y policías corruptos?  ¿Acaso la corrupción no es la gran ganadora de todo este caos? Segunda conclusión: la corrupción de funcionarios públicos está – también – detrás de todo este desmadre político.

El problema – sin embargo – es que la gran pagana del caos político que vive el país es la PNP. ¡Qué injusticia! La corrupción en el Estado llegó a tal nivel de podredumbre que despertó la ira de la población civil… especialmente de la juventud. Y por ello surgieron las manifestaciones de protesta.

Frente a ello ¿qué querían?… ¿que la Policía no saliera a resguardar el orden público? Además, no se hagan los santurrones. Las protestas no fueron totalmente pacíficas. Como siempre ocurre en estos casos, el vandalismo se mimetizó con la muchedumbre y de allí salieron pedradas, bengalas, y sabe Dios qué otros proyectiles dirigidos contra la policía.

¿Y qué decir de las imágenes de jóvenes lanzando pintura a la policía inmóvil? ¿Acaso eso no es humillación? ¡Qué falta de respeto a nuestra Policía! ¿Y la imagen del contenedor de basura – en llamas – lanzado contra la policía? ¡No nos vengan con cuentos! Claro que hubo vandalismo infiltrado en medio de las manifestaciones de protesta. Y también hubo violencia injustificada de parte de ciertos policías intolerantes. Ante ello, solo queda exigir sanción a los vándalos y a los malos policías; pero sin generalizar a uno u otro bando.

A lo que quiero llegar es que nos hemos polarizado por causa de la corrupción. A ese respecto, la única polarización que cabe – o debe caber – es la moral. ¿Integridad o corrupción? Ahí sí cabe la intolerancia cero. Pero no. Nos hemos vuelto intolerantes frente a ideologías diferentes, culturas diferentes, y edades diferentes. Incluso, nos hemos polarizado por venir de regiones diferentes, y por tener razas, gustos, opiniones, y religiones diferentes… ¡peligrosísimo! Parece que la corrupción nos está ganando. Lampadia




De la turbulencia social… a un aplauso grande para la PNP

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 31 de agosto de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

El aplauso grande que pido para la Policía Nacional del Perú no sólo tiene que ver con el 30 de agosto – día central de la institución – sino por la extraordinaria labor que viene realizando por el bienestar de los iqueños.

Efectivamente, la PNP ha tenido varias intervenciones extraordinarias en Ica. La más espectacular… aquella en la que desarticuló a una inmensa banda criminal – Los Intocables de Ica – que se dedicaba a la comercialización de drogas en la provincia. ¡Impecable!

Adicionalmente, efectuó dos desalojos de gran trascendencia. Uno en el terreno denominado Golda Meier donde el Gobierno Regional está desarrollando un proyecto urbanístico de dos mil viviendas populares. Y otro a lo largo de la ribera del río Ica donde – de acuerdo a ley – nadie puede asentarse… por ser zona de riesgo no mitigable.

Ambas invasiones fueron promovidas por traficantes de tierras… evidentemente articulados con funcionarios municipales corruptos. El hecho es que los dos desalojos fueron exitosísimos. Muchas personas fueron desalojadas, unos cuantos detenidos, y ningún herido.

Por otro lado – gracias a la decidida intervención de la PNP – se acabó el caos de los areneros en Huacachina. Ahora los vehículos operan – fuera del ámbito del oasis – en condiciones mucho más seguras y formales que en el pasado. El hecho es que – hoy – Huacachina luce preciosa y tranquila… como en los buenos tiempos.

¡Qué hermoso es ver a niños y jóvenes – subiendo y bajando las dunas – sin preocuparse por el cruce con un arenero loco! Y ¡qué placentero resulta leer un libro en la terraza de la Biblioteca Abraham Valdelomar y escuchar música… en vez de escapes libres!

Eso… en cuanto a operativos policiales recientes. Pero – desde el inicio de mi gestión – puedo dar fe de incontables ocasiones donde la PNP fue determinante para que el Gobierno Regional lleve a cabo sus proyectos y actividades… con total normalidad.

¡Cómo no reconocer la seguridad brindada al contratista que construyó las galerías filtrantes en Los Molinos, y que – ahora – captan agua limpia para 175 mil iqueños! ¡Qué efectivo resultó el pare que les hicieron a los matones de Construcción Civil que pretendían chantajear al contratista que estaba construyendo el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Marcona!

El Gobierno Regional de Ica le debe mucho a la Policía Nacional del Perú. Y los iqueños… más. La PNP ha sido – y sigue siendo – nuestra gran aliada. Gracias a la PNP, no hemos tenido bloqueos de carreteras. Las huelgas magisteriales y de salud – tan frecuentes y vandálicas en el pasado – se llevaron a cabo de acuerdo a ley. Incluso… pasaron inadvertidas. En Ica – en los últimos años – no ha habido turbulencia social.

Estando por terminar mi mandato público, quería dar cuenta de la estrecha – y fructífera – relación que tuve con la Policía Nacional del Perú, para todo lo relacionado con el orden público. El Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) ha sido un ejemplo de puntualidad y eficiencia. Sesionamos – religiosamente – cada 30 días. Nunca faltó quorum. Siempre asistieron las máximas autoridades de la PNP y demás instituciones.

Por todo ello – y mucho más – quería expresar mi gratitud, aprecio… y orgullo por nuestra Policía Nacional del Perú. Y pedir un aplauso grande para ella. Lampadia




La verdad… solo la verdad… y nada más que la verdad… de la basura en Ica

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 16 de junio de 2017
Para Correo Ica y
Lampadia

En nuestro país las funciones públicas están distribuidas entre los distintos niveles de gobierno. Hay funciones que hace el Gobierno Central… y solo el Gobierno Central. Otras que le corresponden al Gobierno Regional… y ninguna otra institución las podría realizar. Y lo mismo ocurre con las funciones de los Gobiernos Locales.

Por ejemplo; el ordenamiento del tráfico en las ciudades corresponde – exclusivamente – a los alcaldes municipales y distritales. En cambio, la educación y la salud pública sólo la ejercen los Gobiernos Regionales. ¿Quién combate y reprime la delincuencia? La Policía Nacional del Perú. Y así por el estilo… cada institución pública tiene sus funciones claramente establecidas y no está permitido que una se meta en el ámbito de las demás.

En esa línea de política pública, el recojo de la basura urbana es competencia exclusiva de los municipios distritales y provinciales. Entonces surge la pregunta: ¿quién es el responsable del recojo de la basura en el cercado de Ica? ¿Quién ha faltado a su función… el Gobierno Regional o la Municipalidad Provincial de Ica? ¿A quién hay que repudiar por la inmundicia callejera que agobia a los iqueños… al Presidente de la República, a la Ministra del Ambiente, al Gobernador Regional, o al Alcalde de Ica?

¡Que no se haga el loco… ya saben a quién me refiero! Y lo mismo va para los periodistas que lo encubren y justifican. Todos – periodistas y Alcalde – saben perfectamente quién es el responsable del recojo de la basura en Ica cercado, y quién ha fallado clamorosamente en el cumplimiento de su función pública.

Claro que – como Gobernador Regional – he tratado de intervenir en la solución del problema de la basura en Ica. ¡Cómo podría permanecer impávido ante tanta inmundicia y pestilencia callejera! ¡Cómo no reaccionar ante la plaga de ratas que provienen de los botaderos de basura que están dispersos por toda la ciudad!

Ante ello coordiné una reunión entre el Alcalde Provincial de Ica, la Ministra del Ambiente, los representantes de la empresa concesionaria para el recojo de basura de Ica, y mi persona. La idea era – obviamente – propiciar un entendimiento entre el Alcalde y la concesionaria, para reestablecer el servicio de recojo de la basura a la brevedad.

Y ¿qué pasó? Nada. El Alcalde se negó a pagar por el servicio de limpieza pública, a pesar de que la concesionaria no exigió el pago de los adeudos para restablecer el servicio. Y el resto es historia conocida. El Alcalde gestionó la donación de unos equipos usados procedentes de Europa, los cuales están en la Aduana del Callao. El problema es que siguen allí, porque los regidores municipales ¡rechazaron la donación! ¿Cómo pudo el señor Alcalde lanzarse a una importación sin contar – previamente – con el respaldo de sus regidores? Solo Dios sabe.

Después vino la alternativa que a la postre sería ILEGAL – así, con letras grandes – de que el Gobierno Regional aceptara la donación de las máquinas, las cuales – mismo carrusel – serían transferidas finalmente a la Municipalidad. Pues bien – como era de esperar – tal menjunje burocrático no prosperó, y los iqueños… mal, muy mal. Con la basura hasta el cuello.

Esta nota tiene por objeto exigir al Alcalde Provincial de Ica la limpieza de nuestra ciudad. No merecemos vivir en un medio tan insalubre y feo. Existe un contrato de concesión – legal y efectivo – que le permitiría cumplir con su función – y obligación – de mantener limpia la ciudad. De nada le vale zafar cuerpo en este entuerto. Es hora de asumir responsabilidades. Más vale tarde que nunca. Además, el Alcalde… solo el Alcalde… y nadie más que el Alcalde… podría restablecer el servicio de recojo de basura en Ica. Esa es la verdad de la milanesa. Lampadia

 

 




Un Sistema de Control va más allá de la Contraloría

Un Sistema de Control va más allá de la Contraloría

Walter Twanama
Sociólogo
Para
Lampadia

El duelo entre el Contralor de la República y el Ministro de Economía tiene como resultado previsible una víctima si no dos, pero si le creemos al recordado historiador Alfonso W. Quiroz, los males de la corrupción han infestado el Estado peruano desde su creación y no ha habido sistema de control que nos proteja bien de ellos.

Si realmente es así, tal vez como país nos serviría llevar la discusión hacia algo más general, por ejemplo responder a preguntas como ¿funcionan nuestros sistemas de control para lo que queremos de ellos? ¿qué éxito ha tenido la Contraloría en detectar la corrupción en su ya larga vida institucional? Y también ¿habrá otros mecanismos e instituciones que permitan disminuir y erradicar la corrupción?

Fuente: lapublica.org.bo

Intentemos responder a lo primero: el propósito principal de los sistemas de control del Estado es identificar hechos de corrupción para impedirlos y en lo posible prevenirlos. Podemos agregar otras funciones a estos sistemas, pero si no identifican y sirven para limitar la corrupción, no tienen sentido.

Sin embargo, en algún momento la Contraloría decidió modernizarse y ampliar sus funciones, y orientó su quehacer  a validar y vigilar la naturaleza y el carácter de las acciones del resto del Estado: preocupándose no sólo por el tema de los recursos si no de la calidad del servicio a los ciudadanos y ciudadanas. Sonaría mejor si mínimamente hubieran cumplido alguna vez con éxito ese primer rol, de detectar y brindar la información para sancionar la corrupción; se le podría confiar tareas secundarias a quienes han cumplido con eficacia su tarea central.

La  Contraloría se ha empeñado por años en competir técnicamente con sus supervisados, sean quienes sean y sin importar la naturaleza de sus tareas. Esto lo ha hecho mediante la contratación de expertos que pudieran estar al mismo nivel de los expertos que tienen los supervisados, pero esos expertos no nos han ayudado en mejorar ningún proceso relevante al interior del Estado.

Esta voluntad de poder ha liquidado su vieja función si alguna vez la cumplió, los elefantes pasan por sus telarañas. Borges, citando a Spinoza, recuerda que toda cosa quiere perseverar en su ser, un supervisor multiplicará siempre el número de elementos a supervisar, de modo que garantice su propia existencia y valoración, sin otra finalidad que esa.

Así, mientras la Contraloría no han podido hacer casi nada contra la corrupción y tampoco mejorar las características técnicas de los servicios públicos, en cambio ha logrado acusar a innumerables funcionarios públicos por cosas como la falta de la vigésima copia del formulario XX que no se llenó, la pérdida del ticket del tranvía que llevara al abuelo al Callao, etc. Esos números permitían a los sucesivos contralores fingir un incesante combate contra la corrupción. En los hechos los procesos administrativos abiertos por motivos nimios finalmente cerraban –cierran- absolviendo al acusado, pero en el transcurso se perdió años, papel, y se pagó los sueldos de los controladores.

Vamos entonces a nuestra tercera pregunta: ¿se puede hacer algo en este escenario para controlar la corrupción?

Tipos De Corrupción

Un primer paso para hacerlo es identificar algunos tipos precisos que encontramos bajo el término general de corrupción; en ese sentido hay:

  1. La corrupción mayor del alto funcionario, desarrollada individualmente o en pequeño grupo, normalmente por algunos o muchos millones de soles o dólares
  2. La corrupción menor, la corrupción hormiga que día a día esquilma a los ciudadanos en ámbitos que en lo formal están a su servicio; es la corrupción que pide un poco de plata, o una botella de algún licor, o favores sexuales, o el primer sueldo de un nombramiento, o cualquier cosa que se le ocurra al funcionario que tiene la discrecionalidad de dar o facilitar el servicio. De paso, eso convierte el derecho del ciudadano o ciudadana en un privilegio, algo que no le corresponde sino que se le concede.
  3. El sentido común de la gente incluye a veces –creo que injustamente- como corrupción el simple cobro de los sueldos u honorarios de los empleados y funcionarios públicos cuando considera que estos son muy elevados.

Patrullas Y Alarmas De Incendios

Concentrémonos en los dos primeros tipos de corrupción. ¿Qué se puede hacer frente a ellos? Un par de politólogos americanos, Matthew McCubbins y Thomas Schwartz, vienen en nuestra ayuda: Ellos acuñaron en 1984 una distinción entre dos formas de monitoreo que se puede emplear para ejercer la supervisión sobre el trabajo del poder ejecutivo: a una de las formas la llamaron “vigilancia tipo patrullaje policial” (police patrol oversight)  y a la otra “vigilancia tipo alarma de incendios” (fire alarm oversight), muy en el estilo coloquial americano, poco ampuloso.

¿Cuál es la distinción entre unas y otras?

La metáfora que usaron no fue escogida al azar: una patrulla policial recorre un barrio o un distrito, puede variar su ruta periódica o aleatoriamente, pero sus procedimientos son típicos, se fija más o menos en las mismas cosas siempre; su personal y equipo generan costos, puede tardar en llegar y, como es la experiencia de mucha gente en el Perú, puede agrandar el problema en vez de resolverlo. El costo social mayor en un sistema de este tipo, más que sueldos o patrullas,  es la propia existencia de la agencia (la policía) con sus posibles deformaciones.

Por otro lado, un sistema de “alarma de incendios” puede distribuirse por toda la ciudad, basta con que haya un teléfono a disposición, puede ser operada por cualquiera, y, si hay un sistema eficiente de respuesta, puede resolver problemas; no tiene los costos del patrullaje ni la posibilidad de deformarse, pero en cambio puede ser abusada por falsas alarmas. Además, respecto a la corrupción, puede haber desde incentivos y beneficios hasta temores y amenazas para no hacer sonar la alarma.

Por dar un ejemplo, la Contraloría es un sistema de patrullaje (quitemos la palabra policial para ahorrarnos las connotaciones) mientras que una Oficina de Quejas es un equivalente del sistema de alarmas (de incendios).

Aunque McCubbins y Schwartz plantearon su distinción específicamente para la forma como el poder legislativo vigila al ejecutivo, y tenían una preferencia muy fuerte hacia los sistemas de “alarma”, nosotros podemos extenderla a cualquier actor concernido; si queremos vigilar y controlar la corrupción podemos usar  sistemas de patrullaje o alarmas de incendios sin necesidad de ser congresistas.

El Patrullaje, como su nombre lo indica, vigila la marcha de las instituciones del ejecutivo y los problemas en la implementación siguiendo sus planes y programas, haciendo notar en cada punto cada paso que no se cumpla como establecen los procedimientos. Requiere siempre un sistema centralizado  bajo alguna forma institucionalizada. Reposa en procesos de investigación largos, audiencias, estudios por consultoría, etc.

Las Alarmas se activan en cambio cuando ciudadanos, organizaciones de ellos o grupos de interés, reaccionan a la forma en que se les brinda servicios, cuando los medios exponen el abuso de los ciudadanos, o el desperdicio de recursos; en estos casos los ciudadanos al reportar sus problemas, muestran fallas en los servicios, sean estas ocasionales, accidentales o propias del diseño o de la implementación. Esto funciona de modo no centralizado, reposa en la posibilidad de que cualquier actor haga sonar la alarma, y está mucho más ligado a los resultados que obtiene la gente del servicio que a los procedimientos internos para brindarlo.

Mientras el Patrullaje supone un cuerpo especial vigilando uso de recursos, procedimientos, etc. en la Alarma toman la palabra los ciudadanos y sus organizaciones para manifestar que algo no funciona bien, obviamente sobre la base de ciertas reglas y procedimientos que los habilitan a hacerlo.

E insistimos, no decimos que un método sea mejor que el otro, dependiendo del caso se puede escoger una forma u otra de vigilancia o una combinación de ambas según se necesite.

La Propuesta

En concreto, parece razonable creer que los niveles de corrupción baja, lo que se denomina acá Hormiga, puede manejarse con un esquema del tipo Alarma. ¿Por qué? Los ciudadanos son quienes lo sufren directamente y están muy informados respecto a sus detalles, saben quiénes les piden coimas, quienes los chantajean, quienes los presionan para obtener recursos indebidos. La detección es fácil, si al ciudadano se le escucha y responde en su queja se hará oír, pero el sistema tiene que estar listo para responder a este tipo de denuncia rápida y efectivamente a la demanda, llamado o alarma activada por los ciudadanos.

Un sistema así tiene requerimientos indispensables: responder en serio y no desechar las denuncias de los ciudadanos, sancionar ejemplar y drásticamente a quienes entran en asuntos turbios, cuidar al denunciante. Por esto la tarea de respuesta debería ser función de un sistema que se encargue de cuidar la calidad de los servicios que ofrece el Estado. Ese sistema sería mucho más interesante en términos de combatir a la corrupción y mejorar el bienestar de los ciudadanos que, por ejemplo, el seguimiento detallado, necesario, de la papelería interna de las instituciones supervisadas. Y una buena noticia: cada institución puede crear o reforzar su propio servicio de mejora de la calidad y la satisfacción del usuario sin esperar a que venga una agencia central a vigilar cada uno de sus pasos. En cambio, desde la centralidad del Estado se podría supervisar los avances de estos sistemas de calidad y mejora del servicio. Disminuir la corrupción en este nivel debería tener una correlación directa con la sensación de las personas respecto a su satisfacción en el uso de estos servicios.

Respecto a la corrupción mayor, ¿funcionaría un esquema tipo Alarma? Creemos que no, más bien sus características sugieren emplear el Patrullaje, un sistema centralizado que vigile la actividad financiera de un conjunto relativamente pequeño de altos funcionarios, digamos de directores generales para arriba, en el gobierno central unas quince mil personas. Esa vigilancia nuevamente tiene algunas condiciones: renuncia al secreto bancario, financiero y de compras e inversiones  personales  y de su entorno cercano, por un periodo de años a determinar. Si bien los seres humanos preferimos mantener algunas cosas en secreto, un funcionario pagado aceptablemente, que quiere servir a su país y que además no tiene voluntad de delinquir podría aceptar estas condiciones si en cambio se le asegura que se le evaluará por los resultados de su trabajo, por encima de cualquier omisión administrativa menor y menos aún del ejercicio de su conocimiento técnico, como se intenta hacer ahora.

Esta labor, el “Patrullaje” de los funcionarios públicos, suena muy drástica, pero responde a la situación actual, en la que la corrupción parece inundar el país. Estas labores no se parecen a lo que hoy hace contraloría, y está más cercano de las tareas que cumple la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros, sólo que esta última instancia no se concentra en los funcionarios del Estado pues cubre un universo más amplio. Especializar una rama de esa entidad, la UIF, o separarla y darle autonomía, podría ser la solución a los (pocos, en proporción al total de ellos) funcionarios públicos que vemos enriquecerse repentinamente.

Esta incidencia de los tipos de corrupción puede representarse en la tabla siguiente; el mayor volumen de la corrupción hormiga requiere eficientes sistemas de Alarma que puede tomar la forma de mejorar de la calidad del servicio; el volumen de la corrupción de altos funcionarios requiere en cambio un sistema de Patrullaje de funcionarios.

Estas dos propuestas permitirían una mejor manera de enfrentar el tema de la corrupción.

¿Y la Contraloría?

De cumplirse este escenario, ¿qué rol le quedaría a la actual Contraloría? Siempre queda la necesidad de verificar que los procedimientos se hayan seguido ordenada y cumplidamente; lo que no tendría es el absurdo poder de amenazar penalmente a funcionarios públicos por faltas u omisiones que no afectan ni los fondos públicos ni las metas públicas sean estas físicas o financieras.

Pero además, Contraloría tiene tres tipos de control respecto a las operaciones del Estado: previo, concurrente (o sea durante el proceso), y posterior. Tal vez modificando la manera de ejercer el control concurrente la Contraloría  podría convertirse en un proveedor de servicios dentro del Estado, en un rol más proactivo, una especie de asistencia técnica sobre procedimientos y paperwork, alertando sobre alguna omisión importante.

Esta labor no es nada despreciable si se hace con honestidad, pues como dicen en el teatro, no hay papeles pequeños sino actores pequeños. Sin embargo, ¿por qué los contribuyentes tendríamos que pagar por todo un aparato nacional permanente, cuando esta especie de chequeo podría hacerse por consultoría  y puntualmente? ¿Por qué regalarle un mercado cautivo a una institución ineficaz? Contraloría es una solución mala para un problema mayor del país; no ha impedido goles de la corrupción y ha estorbado los pocos avances del resto del Estado.

Nunca hizo un gran partido y sería hora de que cuelgue los chimpunes. Lampadia

 




Metas de reducción de la delincuencia

Metas de reducción de la delincuencia

Como sabemos, en el Perú, la distancia de la letra y la realidad es sideral. Nos sobran leyes que no se cumplen. Muchos delitos contra la propiedad pública y privada, e incluso contra la vida, quedan impunes en la maraña de un sistema judicial que al final termina consagrando la ilegalidad.

El Ministro del Interior está produciendo normas muy ambiciosas para enfrentar la delincuencia. Como indicamos con ocasión del primer paquete de medidas  (ver La gran apuesta del gobierno contra la corrupción policial), sus logros tienen ciertos requisitos. En este caso, como en el anterior, se necesita lograr un sustancial apoyo por parte de la clase política y de los altos mandos de la Policía Nacional.  

Esperamos que en medio de los barullos políticos que estos días toman toda la atención de la sociedad, se puedan focalizar estos esfuerzos con la prioridad que merecen. Lampadia 

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Fuente:  laotravozdigital.com

Victimización por delincuencia, homicidios y extorsiones

Por primera vez tenemos metas concretas en reducción de delincuencia: ¿son alcanzables?

Jaime de Althaus
Para
Lampadia

Debe resaltarse un hecho sin precedentes: el ministerio del Interior ha anunciado unas metas de reducción de la delincuencia a fines del 2018, y el ministro ha asegurado que si no se cumplen, él renuncia. La más importante de ellas es la reducción de la victimización por delincuencia de 31.1% a 24% (ver gráfico):

Como sabemos, en el Perú el principal problema es la victimización por delincuencia, es decir, el delito común, la inseguridad ciudadana en las calles y las casas, que es la más alta en las Américas según el Barómetro de las Américas. La tasa de homicidios, sin embargo, es relativamente baja (7.2 por 100 mil versus un 21.2 en América Latina según la OEA), pero hay cinco ciudades en el Perú que sobrepasan ese promedio latinoamericano y hay 14 que tienen una tasa superior a 10 por 100 mil (ver siguiente gráfico). Por eso el ministerio se ha propuesto como meta a fines del 2018 reducir a la mitad el número de ciudades con tasas de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Lo que tenemos en esas ciudades, de la costa norte y central principalmente, es el avance preocupante del crimen organizado, el sicariato, la extorsión, etc. Son mafias dedicas a la usurpación de inmuebles y terrenos, a la extorsión de obras y negocios, al control de grandes empresas azucareras con fines delincuenciales, etc., y que suelen operar en conexión con policías, fiscales y jueces. Por eso, allí el tema es cualitativamente muy grave. El ministerio se ha propuesto reducir de 6 a 0 el número de capitales de región con una tasa de extorsión de empresas superior al 25%, que sigue siendo inaceptablemente alto. (ver siguiente gráfico) Hay varias ciudades en el Perú donde más del 50% de las empresas están siendo extorsionadas. Es insoportable.

Ahora bien, ¿podrá el gobierno alcanzar estas metas a fines del 2018? Comencemos con la relativa a bajar la tasa de victimización a un 24%. Sería  una reducción de 7 puntos en dos años, aunque sólo nos serviría para pasar del puesto 1 en victimización al puesto 5 de un total de 25 países encuestados. De todos modos, es un primer paso importante.

Para eso se necesita más policías en las calles, mas patrullaje, mejor integración con los serenazgos, mejor coordinación entre comisarías repotenciadas, la municipalidad y la comunidad,  incluso para desarrollar la “inteligencia comunitaria”[1]. Y acciones preventivas.

El Ministerio, en efecto, ha comenzado por dar el decreto legislativo 1253, que les permitirá a las municipalidades recaudar los arbitrios para financiar el serenazgo por medio de los recibos de luz, con un monto mensual máximo de 3.50 soles por vivienda. Esta medida entraña un facilismo, pues exonera a las municipalidades de la tarea de recaudar ellas mismas, que es uno de los déficit estructurales en el país, pero asegura los recursos necesarios para que las municipalidades urbanas pobres puedan comprar y gestionar vehículos de serenazgo, cerrando en alguna medida la brecha de recursos para combatir la inseguridad con las municipalidades de distritos más acomodados.

Al mismo tiempo, el Ministerio ha dispuesto implementar el “Patrullaje Integrado” en el 90% de los vehículos de los municipios. Y, sobre todo, ha reforzado de manera consistente la relación entre la Policía, las municipalidades y la comunidad, para cuyo efecto ha dado el decreto legislativo 1316, que modifica la ley nº 27933, ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

La disposición principal de este decreto legislativo (art. 13) es la que establece una sanción de suspensión de sus funciones por el plazo de treinta días calendario al gobernador regional, alcalde provincial o alcalde distrital que no instale el comité de seguridad ciudadana en el plazo legal, o que no lo convoque para sesionar, o que no disponga la formulación del plan de seguridad ciudadana. (Ver en Lampadia: Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana).

Como se sabe, estos Comités Regionales, Provinciales o Distritales de seguridad ciudadana formulan y evalúan los planes y directivas de seguridad ciudadana ejecutados en sus jurisdicciones. La norma establece que los Comités Regionales se reúnen trimestralmente de forma ordinaria y los Comités Provinciales y Distritales se reúnen una vez al mes. Sus presidentes son el gobernador regional o el alcalde respectivos, y son responsables de implementar los respectivos planes de seguridad ciudadana.

Además, el Decreto precisa que así como la Policía Nacional brinda el apoyo requerido por la municipalidad, el efectivo policial a cargo puede solicitar apoyo o participación del personal de serenazgo, bajo su dirección. La Policía, a su vez, organiza  el patrullaje integrado.

La Comisaría también está obligada a integrar la información con las municipalidades sobre los lugares de su jurisdicción donde se concentran focos de comisión de delitos, actualizando el mapa del delito, y proponiendo las acciones que correspondan en materia de prevención social. Y, a solicitud de las municipalidades, debe programar capacitaciones al personal de serenazgo incluso “en el uso de armas no letales, menos letales o potencialmente letales o de otros implementos”.

Es decir, el decreto mejora claramente la ley de Seguridad Ciudadana precisando los roles y las obligaciones respectivas entre Policía y Municipalidades. Y sanciona el no funcionamiento de los Comités de Seguridad Ciudadana. La coordinación entre Policía y Municipalidad para prevenir el delito y organizar el patrullaje integrado resulta ahora obligatoria.

Ahora bien, fuera de esto, el Ministro ha anunciado varias políticas complementarias: los Comisarios serán elegidos mediante concurso y serán capacitados, se fortalece las Oficinas de Participación Ciudadana en comisarías, que son las encargadas de relacionarse con las juntas vecinales, rondas campesinas y otras organizaciones locales para organizar rondas, actividades preventivas y facilitar la “inteligencia comunitaria”. Las Comisarías tendrán una estrategia de “servicio al cliente”. Además, se ha lanzado, el programa Barrio Seguro o “Pa’barrio, yo”, que consiste en una intervención integral en barrios críticos, con participación de varios sectores (Educación, Salud, Ambiente, Cultura, etc.).  Este programa se aplicará en los  100 barrios más peligrosos del país, ya hay 5 pilotos lanzados: La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora en Trujillo, Chocoy en Barranca y San Agustín en Chincha. Recientemente se han incorporado tres más en Ica. Y está en proceso un crédito y asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo para este fin.

Dentro de la meta general de reducir a 24% la victimización, se ha fijado la de bajar de 14.8% a 10.5% la victimización por robo (ver siguiente gráfico). A este fin ayudará considerablemente el Decreto Legislativo 1338 que crea el Registro Nacional De Equipos Terminales Móviles y en buena cuenta haría que un celular robado ya no se pueda usar. En la medida en que el robo de celulares es el de mas alta prevalencia, su disminución influirá en la caída de dicha tasa.

Y habrá también un  sistema de comandos de control, comunicación y cómputo para lo cual se está negociando un crédito con el BID también.

Ahora bien, para alcanzar las metas de reducción de la tasa de homicidios y de los porcentajes de extorsión en las ciudades, el Ministerio ha puesto en práctica varias estrategias. Una es el Programa Nacional de Recompensas, con la idea de llegar a no menos de 6,000 requisitoriados con recompensas, con 1,500 de ellos detenidos. La segunda es la ejecución de no menos de 150 mega operativos contra la organizaciones criminales en toda la costa, y la ejecución de no menos de 300 operaciones cerrojo contra portadores de armas ilegales, que tienen ahora pena de cárcel.  Además, por supuesto, el Ministerio se propone el fortalecimiento de la investigación criminal como tal, reclutando y especializando investigadores, intensificando el uso de tecnología, modernización los laboratorios de criminalística y formando equipos especiales para el seguimiento y solución de casos complejos.

Lo que hace pensar que este conjunto de metas podría alcanzarse, es no solo la consistencia de las políticas propuestas, sino el conjunto de reformas que se está introduciendo para la lucha contra la corrupción interna (ver en Lampadia: La gran apuesta del gobierno contra la corrupción policial) y para mejorar y modernizar la gestión de los recursos materiales y humanos, lo que le daría soporte a las políticas de línea. Al respecto se está planteando tercerizar los servicios de mantenimiento de locales y vehículos, geo-referenciar los vehículos para asegurar que se esté patrullando según los recorridos establecidos y que no haya robo de gasolina, y modernizar los sistemas de compras y adquisiciones.

Estaremos atentos a la evolución de los indicadores para ver el avance hacia la consecución de las metas. Es que por primera vez tenemos efectivamente unas metas concretas que podemos monitorear y exigir. Eso solo ya es un gran avance. Lampadia

[1] Ver “La Gran Reforma”, Planeta, de Jaime de Althaus