La mayor fuente de petróleo en el Perú, el Lote 192, anteriormente denominado Lote 1AB, todavía no tiene un futuro claro. Esto es importante, ya que produce un 17% de la producción nacional de crudo. Este Lote 192 se encuentra al norte del Amazonas, cerca de la frontera con Ecuador, y según el MINEM tiene reservas probadas de 134 millones de barriles (volumen de dudosa rigurosidad, dados los condicionantes económicos de una operación muy marginal).

El operador anterior, la firma argentina Pluspetrol, se vio obligada a anunciar su retiro a principios de este año en medio de muchos conflictos sociales, principalmente protagonizados por las comunidades ‘disque’ locales sobre los daños al medio ambiente derivado de las operaciones de Oxidental Petroleum desde la década del 70.

Desde el 2001 Pluspetrol habría invertido algunos cientos de millones de dólares en el desarrollo de pozos de reinyección de agua para evitar su vertimiento a los ríos, lo cual previene la contaminación ambiental que era común antes del establecimiento de las normas fijadas en los años 90.

Según el experto petrolero y ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos del Solar, en declaraciones al diario Correo, cuando la empresa Occidental inició la explotación del Lote 192 (en 1971), no había  comunidades nativas conocidas en esa zona.

Por lo tanto, quienes ahora reclaman ser comunidades originarias de la zona, y han conseguido pasar una consulta previa que no correspondía a la realidad social, a pesar de contarse con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), están engañando a todo el país. A pesar de esto, el gobierno (MINAM) llevó a cabo el proceso de consulta previa, analizando las posibles afectaciones que podrían producir en los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y ahora, estas mismas comunidades insisten en que un nuevo proceso de licitación del contrato no se pudo abrir antes de que se cumplan sus demandas. 

Esta consulta previa trajo consigo muchísimos problemas y más conflictos, los cuales se realizaron a puertas del inicio de la licitación, desincentivando a los inversionistas. Ninguna de las tres empresas inicialmente interesadas en participar (Pluspetrol, la Canadian Pacific Rubiales y Perenco) presentaron ofertas al cierre de la licitación.

Esto no fue una sorpresa, dado que el precio del petróleo estaba por debajo de los US$ 50 por barril (hoy está en US$ 39 el barril) y se estima que se requerirá una inversión de alrededor de US$ 500 millones. Pero el desincentivo más fuerte es la incertidumbre que causan los conflictos por reclamos de comunidades que ni siquiera son originarios de la zona, sino migrantes de Ecuador que habrían llegado cuando empezó sus operaciones la Occidental y se abrieron oportunidades de trabajo.

Además, desde el punto de vista económico este lote no sería muy atractivo por sus altos costos de operación. Actualmente, de la extracción de los pozos el 98% es agua que hay que separar del petróleo (2%) y reinyectar a los pozos de reinyección. Además su petróleo es muy pesado (de alta densidad), por lo que para transportarlo a la costa hay que licuarlo con petróleo ligero y eventualmente con diluyentes importados. Lo que es más, luego hay que costear el alto cargo de transporte que impone Petroperú por el uso del oleoducto y finalmente venderlo por debajo de los marcadores de precio para petróleos ligeros, un estimado de 8 a 10 dólares por debajo del actual precio de US$ 39 por barril. Se estima que los costos de operación son del orden de US$ 40 por barril, por lo tanto, su volumen de reservas, que es un concepto económico, sería técnicamente inexistente.

Ahora muchos medios e instituciones se solidarizan con el reclamo loretano (donde muchos no son ni peruanos) y reclaman que el Lote 192 sea administrado por PetroPerú, a pesar de que después del fracaso de la licitación, se convocó a un proceso extraordinario en el cual se le otorgó la administración a la empresa canadiense Pacific Exploration & Production Corporation por dos años para luego poder hacer una nueva licitación por 30 años. Sin embargo, en Loreto insisten en que PetroPerú opere el lote, sin tener la capacidad técnica ni económica.

Lo que es más, en medio de la euforia del populismo en la que nos vamos deslizando como prolegómeno del proceso electoral, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) ha publicado un aviso solidarizándose con el reclamo nacionalista y el paro que pretende exigir por la fuerza que el lote 192 sea asumido por PetroPerú. Además, en el Congreso de la República se pretende asignar por ley el Lote a la empresa estatal, absurdo de absurdos.

El 2013, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó una ley (número 30130, artículo 6: Petroperú no emprenderá ningún proyecto que le genere pasivos [reales o a futuro], mientras no pague los préstamos por Talara) restringiendo cualquier papel de Petroperú en la esfera productiva ‘upstream o down stream’. Hasta ese momento parecía que Petroperú se haría cargo de una serie de lotes cuyos contratos con empresas privadas extranjeras estaban a punto de expirar, entre ellos el Lote 1A/B en Andoas (ahora conocido como Lote 192) y en Talara, que en conjunto representan la mayor parte del crudo producido actualmente en el Perú.

Además, la petrolera estatal no está en condiciones de asumir ese lote porque sus recursos deben (lamentablemente) ir a la modernización de la refinería de Talara (una inversiónde carácter político de más de US$ 3,500 millones), por lo que no podría (ni tendría los recursos) para asumir el Lote. El 2014 Petroperú perdió más de S/. 150 millones y sus auditores han emitido un dictamen calificado. No nos olvidemos que,hace algunas décadas, las empresas públicas fueron la causa de grandes forados fiscales y de la inflación desbocada que destruyó la clase media y la economía peruana. Según el estudio del IPE “Eficiencia del gasto en América Latina – Perú“, las pérdidas acumuladas por las empresas estatales al 1990 llegaron a US$ 17,738 millones (PPP 1998), monto equivalente al 67% del PBI de dicho año.

Debemos incentivar la producción petrolera, pero con seriedad. Es curioso que los anti extractivistas se opongan a la inversión privada en petróleo en nombre del ambiente, pero a la vez pretendan que el Estado la sustituya, sabiendo que su performance sería de pésimo nivel social y ambiental, tal como es con la gran estafa e inmoralidad de las empresas públicas de saneamiento, que dan un servicio que linda en lo criminal. Nuevamente se quiere hacer política con el tema petrolero. No nos dejemos engañar. Lampadia

Como explicamos en la Parte I,  Parte II y Parte III de esta sección, seguimos publicando una serie de artículos que nos permitan entender la minería peruana. En este caso se hace un análisis de la información cartográfica requerida por el Sector Energía y Minas y otros Sectores para planificar desarrollo.

SISTEMA DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN

Por: Henry Luna Córdova

Especialista en Recursos Naturales

Catedrático de la Universidad Católica del Perú

El título preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería establece que todos los recursos minerales pertenecen al Estado, cuya propiedad es inalienable e imprescriptible.

De igual manera establece que el Estado evalúa y preserva los recursos naturales, debiendo para ello desarrollar  un sistema de información básica para el fomento de la inversión; norma la actividad minera a nivel nacional y la fiscaliza de acuerdo con el principio básico de simplificación administrativa.

El sistema de información básica para el fomento de la inversión  en el Sector Energía y Minas está a cargo de diferentes Direcciones Generales del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y entidades del Sector Energía y Minas: Perupetro, Petroperú, IPEN, OSINERGMIN, INGEMMET, entre otras.

Rol del Ministerio de Energía y Minas:

El MINEM, es el organismo central y rector del Sector Energía y Minas, y forma parte integrante del Poder Ejecutivo. Tiene como finalidad formular y evaluar, en armonía con la política general y los planes del Gobierno, las políticas de alcance nacional en materia del desarrollo sostenible de las actividades minero – energéticas. Así mismo, es la autoridad competente en los asuntos ambientales referidos a las actividades minero – energéticas. 

El MINEM promueve el desarrollo integral de las actividades minero – energéticas, normando, fiscalizando y/o supervisando, según sea el caso, su cumplimiento; cautelando el uso racional de los recursos naturales en armonía con el medio ambiente.

Con relación al Sistema de Información Básica, entre las funciones del MINEM destacan las siguientes:

• Ejecutar y evaluar el inventario de los recursos mineros y energéticos del país;
• Orientar y fomentar la investigación científica y tecnológica en el ámbito de su competencia;
• Coordinar y promover la asistencia técnica en electricidad, hidrocarburos y minería;
• Otorgar, en nombre del Estado, concesiones y celebrar contratos, según corresponda, para el desarrollo de las actividades minero – energéticas de conformidad con la legislación sobre la materia;
• Fomentar el uso eficiente de la energía y el aprovechamiento y desarrollo de los recursos energéticos renovables;
• Ejecutar y evaluar el inventario de los recursos minero – energéticos del país;
• Mantener relaciones de coordinación sobre la gestión del desarrollo sectorial sostenible con los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales;
• Otras vinculadas al ámbito de su competencia.

Rol de PERUPETRO:

PERUPETRO S.A. es la Empresa Estatal de Derecho Privado, que en representación del Estado Peruano, se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú.

Uno de los objetos de Perupetro es formar y administrar a través de terceros el Banco de Datos con la información relacionada a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, pudiendo disponer de ella para promocionarla con la participación del sector privado, así como para su divulgación con fines de promover la inversión y la investigación.

Perupetro  promueve de manera transparente e informa sobre el impacto económico de la actividad petrolera y de gas en todo el territorio nacional, asimismo, sobre contratos y genera diversos mapas de información relacionados con la que los difunde a través de su página web diferentes Mapas: de lotes, Noroeste, Pozos Exploratorios del Perú, Pozos Exploratorios del Nor Oeste, Sísmico del Perú, Sísmico del Nor Oeste, Shapefile (capas de información SIG o GIS) de los lotes de contratos, entre otros.

http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site/Informacion%20Relevante/Mapa%20de%20Lotes/Mapa%20de%20Lotes

Rol de Petroperú:

Petroperú es una empresa de propiedad del Estado y de derecho privado dedicada a la exploración, explotación, transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo.

La misión de Petroperú es Abastecer al mercado de hidrocarburos y energía con productos de óptima calidad y servicios competitivos, actuando de manera segura, rentable, de acuerdo con los estándares internacionales de la industria, con responsabilidad socio ambiental y contribuyendo como empresa del Estado a maximizar la renta petrolera a favor del desarrollo sostenible del país.

Rol del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET:

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET, es el  Organismo Público Técnico Descentralizado del Sector Energía y Minas del Perú, que tiene como objetivo la obtención, almacenamiento, registro, procesamiento, administración y difusión eficiente de la información investigación y aquella relacionada a la geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el ambiente.

Asimismo, el INGEMMET tiene como objetivo conducir el Procedimiento Ordinario Minero, incluyendo la recepción de petitorios, el otorgamiento de concesiones mineras y su extinción según las causales fijadas por la ley, ordenando y sistematizando la información georeferenciada mediante el Catastro Minero Nacional, así como la administración y distribución del Derecho de Vigencia y Penalidad.

Entre las funciones del INGEMMET vinculadas con el sistema de información básica destacan las siguientes:

• Realizar y fomentar la investigación de los recursos minerales, energéticos e hidrogeológicos del país; generar y actualizar el inventario de los mismos y promover su conocimiento y desarrollo;

• Desarrollar, mantener y actualizar la Carta Geológica Nacional y sus derivaciones temáticas, en coordinación con los organismos competentes.
• Administrar el inventario nacional de los recursos no renovables del subsuelo;
• Otorgar títulos de concesión minera;
• Administrar el Catastro Minero, el Pre catastro y el Catastro de Áreas Restringidas a la Actividad Minera;
• Incorporar y mantener en el Catastro Minero Nacional la información proveniente de los Gobiernos Regionales en materia de procedimientos mineros, según competencias;
• Otras funciones.

CATASTRO MINERO NACIONAL

El Catastro Minero Nacional es un instrumento básico para administrar los derechos mineros en el Perú y generar información gráfica y estadística relacionada con dichos derechos.

El otorgamiento de concesiones mineras tiene su base legal en las Ordenanzas de Minería y el Código de Minería de 1900 y disposiciones modificatorias y complementarias.

En el pasado para la graficación de los derechos mineros tenían que realizarse levantamientos de campo catastrales que estaban a cargo del ministerio de Energía y Minas. En la actualidad se usa la información cartográfica vigente.

Todos los vértices de los derechos mineros están identificados con coordenadas UTM referidas al datum PSAD56 (Provisional Sudamericano de 1956) y en un futuro se identificarán en el sistema de coordenadas UTM WGS84 (World Geodesic System). 

LA LEY DE CATASTRO MINERO

En el año 1996 se promulgó la Ley N° 26615 que crea el “Catastro Minero Nacional” y otorga valor jurídico a las coordenadas UTM que identifican los vértices de las concesiones de los derechos mineros.

En su artículo primero la  Ley N° 26615, establece que  el Catastro Minero Nacional comprende:

1. El Sistema de Cuadrículas a que se refiere el Artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (TUO), aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM.
2. Las concesiones mineras vigentes otorgadas y las que se otorguen como consecuencia de denuncios formulados al amparo de legislaciones anteriores al Decreto Legislativo Nº 708, que cuenten con coordenadas Universal Transversal  Mercator (UTM) definitivas según lo dispuesto en la presente Ley.
3. Las concesiones mineras vigentes otorgadas y que se otorguen al amparo del TUO y que cuenten con resolución consentida.
4. Las concesiones de beneficio, de labor general y de transporte minero que cuenten con coordenadas UTM definitivas, según lo dispuesto en la presente Ley.

CRITERIOS CONSIDERADOS PARA LA GRAFICACIÓN CATASTRAL

La información que genera y administra el Catastro Minero Nacional no se limita solamente al INGEMMET sino que se integra con el Ministerio de Energía y Minas, con las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) de los Gobiernos Regionales (GORE) y con los Registros Públicos y en un futuro con el Sistema Nacional de Catastro de Predios Integrado al Registro (SNCP). 

En el aspecto cartográfico se adecua a estándares nacionales geodésicos y cartográficos establecidos por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) tomando como referencia la Carta Nacional y el Sistema de Cuadrículas Nacional en el proceso de evaluación y tramitación de derechos mineros.

Usa la cartografía de límites de centros poblados, distritales, provinciales y departamentales elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  

Mediante convenios se obtiene la información cartográfica de las áreas naturales protegidas que administra el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP); zonas arqueológicas a cargo del Ministerio de Cultura (Ex – Instituto Nacional de Cultura – INC); Ordenanzas de Gobiernos Locales donde se delimitan las Zonas Urbanas y de Expansión Urbana; Proyectos de Irrigación que estuvieron a cargo del EX – INADE y que hoy están a cargo de la Presidencia de Consejo de ministros (PCM) y los Gobiernos Regionales; entre otras importantes fuentes de información.   

Para administrar este sistema de información geográfica de los derechos mineros se tienen que desarrollar diferentes actividades:

• Recepción de petitorios en las Mesas de Trámite Documentario a cargo del INGEMMET y de todos los Gobiernos Regionales.
• Identificar los petitorios mineros con un código único
• Ingresar la información numérica y alfa numérica contenida en la solicitud de los petitorios mineros.
• Escanear todos los folios contenidos en la solicitud del petitorio para la visualización gráfica del expediente minero.
• Ingresar los datos de los petitorios mineros al Sistema de Graficación;

 

• Evaluar técnica y legal de la solicitud de concesión minera;
• Mantener e incorporar el Catastro Minero Nacional de las concesiones mineras;
• Ingresar, mantener e incorporar al Catastro Minero Nacional las concesiones que se encuentran a cargo del Ministerio de Energía y Minas: beneficio, labor general y transporte minero;
• Coordinación con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) respecto a la titularidad de los derechos mineros.
• Evaluar, ingresar y mantener la información cartográfica generada por otras instituciones del Estado requeridas durante el proceso de evaluación de un expediente minero (áreas naturales protegidas, áreas urbanas y de expansión urbana, zonas y sitios arqueológicos, proyectos especiales, zonas de reserva turística y otros); en coordinación con las entidades competentes.
• Ingresar el mapa político digital del Perú elaborado por el Instituto nacional de Estadística – INEI, que contiene  información gráfica y alfanumérica de las jurisdicciones político administrativos del Perú a nivel distrital, provincial y departamental;
• Elaborar y mantener el Atlas Catastral Minero y Geológico a nivel nacional y Regional;
• Producir planos catastrales;
• Difundir el Catastro Minero Nacional, Catastro de Áreas Restringidas a la actividad minera, demarcación territorial y otras capas de información a través de diferentes programas de Graficación que se difunden a través de la página web del INGEMMET: e-Catastro Minero Nacional; GEOCATMIN, Catastro Google Earth, entre otros
• Coordinar con las instituciones que integran el Sistema Nacional de Catastro de Predios Integrado al Registro (SNCP) con la finalidad de que en el futuro el Perú cuente con un Catastro Integrado de diversos sectores del Estado.
• Entre otras actividades.

Los ciudadanos y los titulares mineros pueden obtener de manera gratuita información catastral y de expedientes mineros a través del sistema de información geográfica del INGEMMET.

CONTENIDO DE UN PLANO CATASTRAL MINERO

El INGEMMET pone al servicio de los ciudadanos y entidades públicas y privadas planos catastrales en los que generalmente se muestran las siguientes capas de información:

1. Derechos Mineros en Trámite: Identificados con color verde
2. Derechos Mineros Titulados: Identificados con color azul
3. Derechos Mineros Extinguidos: Identificados con color negro
4. Plantas de Beneficio, Canteras y Otros: Identificados con color rojo

 

 

5. Información de otros Sectores: Esta información es proporcionada por diferentes entidades públicas generadoras de información cartográfica especializada: Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), Zonas Arqueológicas (Ministerio de Cultura), Zonas Urbanas (Municipalidades), Proyectos Especiales, entre otros.

6. Demarcación distrital, provincial y departamental: Se toma como referencia las capas de información contenidas en el software UBIGEO elaborado por el INEI.

Adicionalmente, se realizan planos especiales en los que se integra la información catastral generada por el INGEMMET con información generada por la Dirección General de Minería (DGM) y la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del MINEM que tienen a su cargo las actividades de exploración, explotación minera, estratos mineros, estadística minera e información ambiental de los proyectos mineros.

La integración del INGEMMET con el MINEM permite identificar la cantidad y área de concesiones mineras que se encuentran en la etapa de exploración y explotación, conocidas como zonas con actividad minera.

 

 

Zonas con Actividad Minera: Se identifica de manera referencial en el Plano Catastral con una marca de un color los proyectos mineros en etapa de exploración y con otro color las unidades mineras en etapa de explotación o producción.

Opcionalmente los titulares mineros pueden solicitar que se superponga su plano de derechos mineros a la Carta Nacional elaborada por el IGN o la Carta Geológica Nacional elaborada por el INGEMMET.

Planos Especiales: El titular minero también puede adquirir bajo la modalidad de Planos Especiales la información contenida en un Plano Catastral Minero superpuesta a una Carta Nacional o una carta Geológica Nacional.

LISTADO DE DERECHOS MINEROS

Los planos catastrales generalmente están acompañados con un listado de derechos mineros que contiene la información de los derechos mineros ubicados en el área solicitada por el titular minero; código, nombre, sustancia (metálica o no metálica), titular referencial de la persona natural o jurídica solicitante del derecho minero (se recomienda verificar estos datos actualizados en la Superintendencia Nacional de Registro Públicos – SUNARP), fecha de formulación, hectáreas, estado (titulado, en trámite o extinguido) y datos de ubicación (departamento, provincia y distrito).

INFORMACIÓN QUE MUESTRA EL CATASTRO MINERO NACIONAL

El “Catastro Minero Nacional”, identifica las concesiones mineras solicitadas a nivel nacional en sus diferentes estados (trámite, titulado y extinguido), asimismo, las concesiones de beneficio, labor general y transporte minero.

El “Catastro Minero Nacional” grafica de carácter referencial información de otros sectores con los que el INGEMMET ha realizado convenios de cooperación, dando lugar a lo que se denominado como Catastro de Áreas Restringidas a la Actividad Minera – (CAR).

El “Catastro Minero Nacional” permite graficar de carácter referencial las concesiones mineras que se encuentran en Etapa de Exploración o Explotación. Ésta información es administrada por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

También, podría graficar la información contenida en la presentación de Declaración Jurada Anual de Coordenadas UTM (PSAD 56) aprobada por Resolución Ministerial Nº 209-2010-MEM-DM, que tiene como objetivo contar con la información que contribuya a la identificación de las áreas que están efectivamente bajo actividad y uso minero. Actualmente esta información es administrada por la Dirección General de Minería y la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM.

 

 

 

INFORMACIÓN A CARGO DE OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO

De acuerdo a la Ley Orgánica de recursos Naturales existe información especializada generada por diversas entidades del Estado que tienen a su cargo el recurso: suelo, forestal, agua, biodiversidad, entre otros.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades las municipalidades tienen a su cargo el Catastro Rural y Urbano a nivel distrital y provincial y mediante convenio pueden solicitar el apoyo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) cuya misión es  Fortalecer la gestión de los Gobiernos Locales y regionales proporcionándoles el Catastro de Propiedad de sus respectivas jurisdicciones para un eficiente y eficaz desarrollo de sus localidades en términos de Desarrollo Urbano, Transpone. Ecología y Medio Ambiente. Seguridad Ciudadana, Recaudación Tributaria, entre otros.

El Ministerio de Agricultura (MINAGRI) ha recuperado las competencias de elaborar y generar información catastral y estadística de información catastral predial agrícola  y de comunidades campesinas y nativas. Este programa estuvo en el pasado a cargo del Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT) y COFOPRI.

Es importante que MINAGRI muestre de manera transparente en su portal la información catastral de predios agrícolas y de comunidades para evitar innecesarios conflictos que  han generado Organismos No Gubernamentales (ONG) para confundir a las comunidades. 

El “Catastro Minero Nacional” no identifica predios ni propiedades. Los  agrícolas y linderos de comunidades campesinas o nativas están a cargo del Ministerio de Agricultura – MINAG; tampoco identifica terrenos eriazos o del Estado a cargo de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales – SBN; predios urbanos a cargo de las municipalidades distritales y provinciales.

En un futuro, la información catastral generada por diferentes Sectores del Estado se difundirá en el Sistema Nacional de Catastro de Predios Integrado al Registro – SNCP, que actualmente lidera la Superintendencia Nacional de Registro Públicos y COFOPRI.

CONCLUSIÓN

• El “Catastro Minero Nacional”, identifica las concesiones mineras solicitadas a nivel nacional en sus diferentes estados (trámite, titulado y extinguido), asimismo, las concesiones de beneficio, labor general y transporte minero.
• El “Catastro Minero Nacional” grafica de carácter referencial información de otros sectores con los que el INGEMMET ha realizado convenios de cooperación, dando lugar a lo que se denominado como Catastro de Áreas Restringidas a la Actividad Minera – (CAR).
• El “Catastro Minero Nacional” se difunde por internet bajo diferentes softwares o modalidades: E-CATASTRO MINERO, CATASTRO GOOGLE EARTH, SIDEMCAT, GEOCATMIN.
• Existe una versión digital del “Catastro Minero Regional y Nacional” a la que se puede acceder de manera digital en la página web del INGEMMET denominada “Atlas Catastral Minero y Geológico del Perú”.

 

 

 

• El “Catastro Minero Nacional” no identifica las concesiones forestales a cargo del MINAGRI ni las concesiones eléctricas, geotérmicas y Lotes Petroleros a cargo del Ministerio de Energía y Minas y Perupetro.
• El “Catastro Minero Nacional” tampoco identifica la información catastral de predios urbanos (a cargo de más de 1800 municipalidades a nivel nacional), agrícolas (MINAGRI) o del Estado (a cargo de la Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN) ni los linderos de las comunidades campesinas y nativas a cargo de otras entidades.

 

 

Los precios del petróleo han bajado de más de 30% desde junio (ha llegado a cotizarse por debajo de US$ 75 el barril WTI), y parece que no va a subir pronto. (Ver en Lampadia (L): El efecto de la caída de precio del petróleo en la economía mundial). Esto causaría una gran tensión financiera en los países exportadores de petróleo. Leonardo Maugeri, profesor de la Universidad de Harvard, asegura que lo más probable es que entremos en un ciclo de 4 o 5 años en el que el precio del petróleo oscile entre US$ 65 y US$ 80 dólares por barril.

La baja en su cotización podría plantear un desafío devastador para los países productores de petróleo que dependen de las exportaciones petroleras para sustentar gran parte de los ingresos de sus gobiernos.

Un punto de referencia para evaluar el impacto relativo del nivel de precios en un país específico, es el punto de equilibrio fiscal (déficit cero) que determine la cotización del petróleo. Según el Fondo Monetario Internacional, en el 2013 los países exportadores de petróleo del Medio Oriente mantenían el equilibrio con una cotización por barril, mayor en US$ 38 que la que requerían el  2008. Esta tendencia al alza de los requerimientos de precio, representan los crecientes problemas financiero so restricciones fiscales que enfrentan algunos países.

The Economist, en su edición impresa del 25 de Octubre del 2014, publicó un gráfico (ver abajo) que muestra punto de equilibrio fiscal de los países productores de petróleo en función a la cotización internacional, o “break even”. El gráfico muestra los datos basado en el índice Brent (el marcador de precios europeo), en vez del usado en nuestra región, el WTI (West Texas Intermediate). Durante los últimos años, el WTI ha sido mayor al Brent en rangos de 4 a 10 dólares por barril.

Brent Blend – Alrededor de dos tercios de todos los contratos de crudo en todo el mundo se referencian con el marcador Brent.

West Texas Intermediate (WTI) – WTI se refiere al petróleo que se extrae de los pozos de Texas y el sur de Oklahoma en los EE.UU. Es el marcador de referencia principal para el petróleo que se consume en Norte América y en resto de la región americana.

Como se puede observar en el gráfico, hay grandes perdedores como Venezuela y Ecuador entre nuestros vecinos, e Irán y Rusia en el resto del mundo, que enfrentarán fuertes déficits fiscales a los precios actuales y previstos en el futuro inmediato. Por ejemplo, Irán es muy vulnerable, ya que necesitaría una cotización de US$ 136 el barril para financiar sus planes de gasto.

Los analistas caracterizan el escenario a la baja de los precios del petróleo, persistentemente, como el “acantilado del gasto de capital” (Capex Cliff), un escenario en el que las empresas estatales y privadas de energía tendrían que recortar drásticamente sus gastos. Se estima que la incidencia será mayor en las empresas estatales, que en su mayoría operan con precios subvencionados o proveen recursos financieros para cubrir requerimientos fiscales de sus  programas políticos, cuando no, por corrupción abierta.

El Deutsche Bank tiene estimados de equilibrio similares a los de The Economist, como se puede ver en el siguiente gráfico.

Si el precio se mantiene bajo, estos países o bien se verán obligados a pedir un préstamo para cubrir sus déficits fiscales o tendrá que dar marcha atrás en las promesas de gasto. En los casos de Rusia y Venezuela, conseguir un financiamiento podría ser muy costoso ya que ambos países son considerados actualmente como de alto riesgo por los inversionistas internacionales.

En el caso de Venezuela, por ejemplo, el precio del petróleo tendría que casi duplicarse para poder mantener un orden fiscal. Y, en un país en el que sus políticas populistas y de penetración y cooptación internacional son financiadas por el petróleo (el 95% de sus exportaciones son petroleras, un auténtico país primario exportador), esto le causaría muchos problemas, dado que el gasto público se está desbordando. El gobierno venezolano ya ha pedido formalmente a la OPEC que se tomen medidas en respuesta a la caída de los precios del petróleo, asunto que se verá en su siguiente reunión del 27 de noviembre próximo.

Cabe recordar que PDVSA, la empresa petrolera estatal venezolana, después de su estatización ha sido prácticamente destrozada: Ha perdido más de un tercio de su capacidad de producción. Subsidia exageradamente el petróleo, generando pérdidas al gobierno, por US$12,500 millones al año. Perdieron a sus mejores cuadros técnicos. Despidieron 20,000 trabajadores con un equivalente de 300 mil años de experiencia y conocimientos. La planilla  aumentó de 42,000 a 140,000. Vende un tercio de su producción actual a países “amigos” a largo plazo y precios rebajados, como a Cuba, por ejemplo. Ha comprometido importantes despachos futuros para el repago de deudas contraídas con China, para cubrir sus déficits de balanza de pagos. Últimamente, acaba de celebrar otro contrato de futuro con Rusia. Además, se estima que la empresa cubre buena parte de la escandalosa corrupción del chavismo.

Otro país que necesita un alto precio del petróleo es Brasil, para poder financiar las inversiones necesarias para el desarrollo del proyecto de reservas submarinas  profundas, que debe atravesar la capa pre-sal. Ya han tenido que abandonar todas sus inversiones en el exterior (como en el caso del Perú), para concentrar sus disminuidas capacidades en Brasil. Petrobras, como tantas compañías petroleras estatales (modelo y aspiración de nuestra izquierda tradicional), sigue cayendo en los insondables abismos de la corrupción. Una empresa que por algún tiempo prestigió al PT partido de gobierno brasileño de Lula y Rousseff, ex presidenta de Petrobras, puede ahora terminar de hundirlo en el rechazo popular. Ver en L: Petrobras en Problemas y La reelección de Rousseff y el oscuro porvenir brasileño.

En el Perú se insiste en potenciara Petroperú hacia actividades upstream y downstream (exploración y perforación, las operaciones de mayor riesgo, y distribución y venta,  respectivamente). Por ahora el gobierno peruano está embarcado en el proyecto de ampliación de la refinería de Talara (midstream) con un dispendioso presupuesto de US$ 3,500 millones. Esperamos que después de la debacle de PDVSA y Petrobras, se aquieten las aguas por acá. El Perú tiene prioridades clarísimas en los campos sociales y de infraestructuras, la aventura petrolera debe ser apoyada como actividad de riesgo privado. Lampadia

En su último artículo en La República, Humberto Campodónico, ex presidente de Petroperú, nos ayuda a entender mejor lo que se debe y no se debe hacer en Talara, una planta que trata 62,000 barriles diarios de petróleo. Como es de conocimiento público, durante su corta presidencia se terminó de cuantificar la inversión para la desulfurización, modernización y ampliación de Talara (3,450 millones de dólares), ícono de las ambiciones empresariales de aquellos que aun añoran construir empresas con el dinero del Estado.

En el artículo referido, Campodónico nos informa de las inversiones de otras refinerías para la necesaria desulfurización, por ejemplo, La Teja, de Ancap, la empresa estatal uruguaya, acaba de invertir US$ 400 millones para desulfurizar (a 50 partes por millón – ppm) unos 45,000 barriles diarios de petróleo. Enap, la petrolera estatal chilena ha invertido desde el 2004 unos US$ 900 millones para procesar unos 300,000 barriles diarios con un estándar de 15 ppm de azufre. Por su lado,  la refinería de La Pampilla en el Perú, tiene un programa de inversión de unos US$ 800 millones para desulfurizar a 50 ppm sus productos refinados, con el fin de procesar 102,000 barriles por día.

Según Campodónico Petroperú planea invertir, solo para la desulfurización US$ 900 millones para 62,000 barriles por día. Mientras tanto, en el caso de Uruguay son US$ 400 millones para 45,000 barriles y La Pampilla US$ 800 millones para 102,000. El caso chileno es más difícil de comparar, se trata de inversiones más antiguas y de otro estándar.

Petroperú, planean invertir además otros US$ 1,800 millones en “modernización” y otros US$ 700 millones en una ampliación.

Como si fuera poco, los amigos de hacer inversiones empresariales con la plata del Estado, sueñan con un Petroperú que tome los campos petroleros, que tenga su cadena de grifos y que arriesgue dinero en exploración; dicen que a cambio de menores regalías, como si eso no fuera dinero contante y sonante.

Los rezagos del estatismo, del que algunos no se curan, a pesar de nuestras costosas experiencias, ya han impregnado la política energética del país, al punto de estar perdiendo capacidad de producción y de desechar una serie de proyectos de exploración, ya sea por la presencia de la mano negra del Estado o por los trámites y trampas burocráticas que ha denunciado recientemente la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.

Dicho sea de paso, el modelo chileno que Campodónico masajea, Enap, anda en problemas financieros muy graves y en esencia, es un fracaso. Ya tuvo que vender parte de sus inversiones extranjeras, como la de Primax en el Perú. Los mismos problemas aquejan a Ancap y, no hablemos ya del colapso de PDVSA.

El Perú tiene unos déficits de inversión inmensos, ya sea en infraestructuras, incluyendo las de carácter social, como la de escuelas y centros de salud, o en capacitación de nuestros trabajadores públicos. No nos podemos dar el lujo de invertir en aventuras empresariales. Hay mucho que hacer desde el Estado, pero no jugar al gran empresario.   

Los objetivos anuales y quinquenales (2013-2017) establecidos por el gobierno para Petroperú son una lista de buenos deseos sin asidero en la realidad, ni sustento en nuestro ordenamiento constitucional. Pocas veces se ve alguna empresa que haga un pedido desproporcionado y arbitrario a Papa Noel Estado, cómo se ha planteado, en esta ocasión, para nuestra empresita petrolera.

La lista de objetivos es un ejercicio de ambiciones desproporcionadas, que pretende darle a una empresa débil, no sujeta a ningún control por parte de las instituciones del Estado, desarrollos que no tiene como financiar ni administrar. El bendito plan está incompleto, pues carece del indispensable análisis de capacidades y de esquemas de financiamiento. Incluso, el anuncio de listar un 8% de sus acciones al 2017, es un saludo a la bandera, pues con ese nivel de apertura del capital, no se podrá conseguir recursos financieros suficientes, ni un sistema sólido de gobierno corporativo.

La resolución del Ministerio de Energía y Minas del 31 de julio establece la siguiente visión para Petroperú: “Ser la empresa de hidrocarburos y energía del Estado, integrada y competitiva, que crea el valor compartido, líder en el mercado nacional y con participación creciente en el mercado internacional…” Es decir, una auténtica “súper empresa”, según el viejo recetario populista de América Latina, pero, ¿no existe acaso una contradicción de esta misión de Petroperú con la Constitución? Nuestra Carta Política establece claramente el rol subsidiario del Estado en la economía, sin embargo, otra vez se desempolva la vieja de idea de que una empresa estatal lidere un sector económico.

En contraste con el ejemplo de otras empresas petroleras de la región, Petroperú anuncia que listará en la BVL un ridículo 8% de sus acciones.Por ejemplo, en Brasil, cerca del 50% de las acciones de Petrobras son del sector  privado, que se cotizan en Sao Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires. Ecopetrol de Colombia cotiza un 20% de sus acciones en bolsa de Nueva York, Toronto y Lima.Con solo 8% de acciones en la bolsa, Petroperú pretende seguir manejando la empresa sin ningún tipo de supervisión, sin transparencia y sin gobierno corporativo, pero esta vez pretendiendo manejar 10 veces más activos que hoy, con una manota en el bolsillo del Estado peruano.

En vez de apurar la promoción de los gasoductos del sur y el desarrollo de la petroquímica con la participación del sector privado, el MEM se dedica a diseñar un monstruo de mil cabezas, imposible de financiar, que terminaría, justamente, alejando la inversión privada y retrasando el propio desarrollo petrolero que se “quiere alentar”. ¿Qué le pasa al MEM?

Enap, la empresa petrolera estatal del país estrella de la región, Chile, atraviesa por una delicada situación financiera originada por una acumulación de deudas que amenazan con precipitar una rebaja adicional desu clasificación de riesgo crediticio, según informó el diario El Mercurio. Como se recordará, esta empresa petrolera chilena ha sido usada en el Perú para justificar las eventuales aventuras empresariales del Estado peruano en actividades petroleras.

Los problemas financieros de Enap son tan apremiantes que su directorio se reunirá este martes 25 de junio para decidir la posible venta de sus acciones en la cadena de estaciones de combustibles Primax, que opera en el Perú y Ecuador. Enap mantiene el 49% de las acciones de Primax en el Perú, en asociación con el Grupo Romero.

Según El Mercurio, la mayoría de los directores de la petrolera estatal estarían de acuerdo con vender las acciones de Primax, para obtener los fondos que necesita la compañía para resolver sus problemas financieros y evitar la nueva caída de su clasificación de riesgo. En marzo pasado Moody’s le bajó esa clasificación de “Baa2” a “Baa3”, quedando a un solo escalón del grado especulativo.

La posibilidad de vender las acciones de Enap en Primax surgió hace varios meses, cuando ya se perfilaba su actual problema financiero. Como primera medida, el directorio decidió hacer una valorización de todos los activos prescindibles de la empresa, con miras a que fuese necesario venderlos para resolver la crisis. Además de las acciones en Primax se dispuso valorizar un pozo petrolero que controla en Egipto.

La valorización de las acciones de Primax, basada en su potencial de generación de caja, indica que su valor de mercado llega a US$ 310 millones. Esto le daría, al conjunto de la empresa un valor de mercado del orden de US$600 millones. Recordemos las especulaciones recientes sobre la valorización de los activos de Relapasa (Repsol), para la que se mencionaban valores sustancialmente menores, a pesar de contar con una cadena de estaciones de servicio más grande que la de Primax.

Como hemos comentado en anteriores oportunidades(ver Gadafi, Chávez y Petroperú), la experiencia mundial indica que cuando los estados controlan las empresas petroleras, sustrayéndolas del mercado, muchas veces estas se convierten en fuente de dictaduras, genocidios y corrupción generalizada. En el caso de Enap, singularizado hasta ahora como una excepción y un buen ejemplo a seguir, vemos que las finanzas no cuadran. Aquilatemos la experiencia de nuestros vecinos y vacunémonos de una vez por todas contra el virus del estatismo petrolero.

Después de dos semanas de incertidumbre e intenso debate, el gobierno, a través de Petroperú, anunció la cancelación del proyecto de compra de los activos de la empresa Repsol. De esta manera, ha prevalecido la razón.

Lamentablemente es muy fácil romper la confianza, pero muy difícil construirla y, más difícil aún, recuperarla. Toca ahora, a tirios y troyanos, superar esta situación.

A continuación presentamos el comunicado de Petroperú.

¿La posible compra de los activos de Repsol por Petroperú se convertirá en el parteaguas ideológico del gobierno de Ollanta Humala? ¿Se cayó la careta de la Hoja de Ruta y volvemos a la Gran Transformación? ¿El “Compromiso por la Democracia y contra la Dictadura”, del que Toledo y Vargas Llosa fueron garantes, es mero papel mojado en tinta? Estas y otras preguntas han rondado los corrillos políticos y empresariales esta semana; pero para gente más pragmática, como el ex presidente de Petroperú Jaysuño Abramovich, sería mejor seguir el consejo que el célebre informante Deep Throat les diera a los periodistas Woodward y Bernstein cuando investigaban el caso Watergate: “follow the money” (sigan el dinero).

Por Mario Camoirano

Correo: ¿Por qué cree usted que el Estado peruano está interesado en la compra de la refinería La Pampilla y los grifos de Repsol?

Jaysuño Abramovich: Las cosas ocurren en el Perú como en otros países por razones de intereses sectoriales. Acuérdese de la guerra de Irak. ¿Quién se encarga de la reconstrucción? Contratistas americanos, entre ellos (y sin licitación de por medio) Halliburton, la empresa donde Dick Cheney (el vicepresidente de George Bush) fue delegado consejero. ¿Y quién pagó la factura? ¡Todos! La crisis financiera del 2008 contiene en parte esa factura. Los negocios mueven la economía y no al revés. Ni usted ni yo podemos cambiar esa realidad pero sí podemos denunciarla. Lo que está pasando es que personas, que han coadyuvado a que quienes hoy gobiernan estén allí, están justificando “técnicamente” que el Estado adquiera activos a un precio muchísimo más alto que el que realmente tienen a nivel mundial.

C: ¿Cómo puede estar seguro de ello?

JA: Porque la refinación es uno de los peores negocios que existen hoy en el mundo. Tanto así que las refinerías de PDVSA (la petrolera venezolana) están en Estados Unidos. Encima, La Pampilla requiere cerca de $900 millones para desulfurizar los combustibles que hoy produce. Por qué el Estado Peruano tiene que rescatar a los españoles.

C: Bueno, lo cierto es que Repsol es como cualquier propietario que desea vender un activo. Le da lo mismo quién sea el comprador, lo importante es que tenga el dinero.

JA: Es cierto, pero recuerde que siempre en todo intercambio de cierto valor hay alguien que se lleva su comisión. Recuerdo cuando no terminaba de sentarme en la presidencia de Petroperú me vino a visitar un vicepresidente de Enron, que acababa de comprar a la Belco, a la que García expropió plataformas petroleras en 1985. Me dijo que si yo acordaba con él la compensación, tendría mi vida arreglada. Le digo algo más, la misma tecnocracia que ayudó a los militares de la “Revolución Peruana” de Velasco Alvarado a estatizar el petróleo, las minas, la pesca, la electricidad, etc. fue la misma que ayudó a Fujimori a privatizar. Hablo de Joy Way, Loret de Mola, Lerner Ghitis y Quijandría. Todos son ahijados del mismo padrino.

C: ¿Y alguno de ellos sería el gran comisionista de esta posible compra a Repsol?

JA: El mismo que ahora sostiene que esa compra es un asunto “técnico” y no “ideológico”. ¿Cómo puede ser técnica la compra de una empresa quebrada? Aquí las razones son personalísimas. Como decía Proudhon, “detrás de toda gran fortuna está el robo”.

C: ¿Hablamos del ex primer ministro Salomón Lerner Ghitis?

JA: Sí claro, Salomón Lerner está detrás de este negocio. Es su estilo.

C: ¿Pero acaso no fue expectorado del entorno de Palacio de Gobierno?

JA: No lo sé. Pero si usted fuera Presidente lo lógico sería poner esto a cargo de alguien estructuralmente corrupto, a quien aparentemente ha botado (pero que financió su campaña), para que haga el negocio que no puede hacer abiertamente. ¿Usted cree que está en la Unasur para encargarse del problema paraguayo?

C: ¿Estructuralmente corrupto?

JA: Usted sabe cómo pasó de vivir en una quinta en Jesús María en 1978 a tener una espectacular residencia en Camacho, en 1988. Manejando el 33% del comercio exterior peruano de la época. No solo la exportación de harina de pescado (EPCHAP) sino la importación de leche, arroz y azúcar (ENCI). Muchos lo llaman empresario, pero según Joseph Schumpeter, empresario es aquel que arriesga. Él nunca arriesgó nada, aparte de poder ir preso. Es una persona que ha tenido éxito para hacer dinero a través del poder, haciendo que este sirva a sus intereses.

C: ¿No estará hablando por la herida? Lo digo porque alguna vez fueron socios y luego él se quedó con la empresa.

JA: Mire, usted está hablando con un muerto. Hace dos años tuve un ataque cardiaco y estuve clínicamente muerto. Me revivieron y ahora mi corazón trabaja al 24% de su capacidad. Así que aquí no me motivan revanchas personales, pero sí el genuino deseo de que no se desperdicie el dinero que debería servir para que no se estafe una vez más a los pobres del Perú. Mi inspiración viene de Emile Zola y su carta abierta “J’Accuse” (Yo acuso). Cuando yo estudiaba Derecho en San Marcos, practicaba en el estudio de uno de los mejores penalistas de aquel entonces. En una ocasión se asumió la defensa de un acusado de asesinato y estupro y el abogado me dijo: “Gringo, al juez le gustas. Una reunión en la oficina, unos tragos, un bailecito…”. Terminé la carrera para no defraudar a mi madre, pero paralelamente estudié Sociología con Matos Mar. Por algo soy de los pocos ex presidentes de Petroperú que jamás tuvieron una objeción de Contraloría y eso que no había día en que no me pidieran fondos para la “caja chica”. La corrupción es el peor crimen que se puede cometer en un país pobre y por eso mismo, deberíamos invertir el dinero que se quiere desperdiciar en La Pampilla en sanear el sistema de justicia, porque un país donde los ciudadanos en lugar de sentirse protegidos por sus jueces contra los abusos del poder, temen a sus jueces porque son instrumentos del poder, a esto nunca podrá llamarse una democracia.

(Tomado de Correo, 28 de abril, 2013)

Las declaraciones del domingo del Presidente Ollanta Humala, a un solo medio, no lograron calmar los ánimos y justificadas críticas que ha desatado la decisión del gobierno de evaluar la compra de los activos de Repsol. Si bien el jefe de Estado pretendió bajar el voltaje informando que Petroperú compraría la refinería La Pampilla, los grifos y la envasadora de gas Solgas en calidad de socio minoritario de un “inversionista privado”, la reacción de la sociedad ha mostrado que el país no está para aventuras populistas.

El presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, habló con base y firmeza luego del pronunciamiento presidencial. Señaló que el jefe de Estado no lo había convencido y que “nos habíamos salido de la hoja de ruta”, enfatizando que la eventual compra de los activos de Repsol “confirma la decisión política del Estado en interferir en un mercado donde trabajan los privados”.

El sábado pasado el gobierno  publicó el Decreto Supremo 012 de Energia y Minas, sin la firma del ministro de Economía, mediante el cual reglamenta la ley 28840, de julio del 2006, precisando la figura de los encargos especiales, que facilitaría la compra de los activos de Repsol. El artículo 3 del reglamento establece que  estos encargos serán dictados solo por el Ejecutivo mediante Decreto Supremo. Es decir, para comprar los activos de Repsol no se necesitaría ya  una ley expresa del Congreso.

El reglamento tiene otras perlas: ratifica la exclusión de Petroperú del ámbito del Fonafe, del SNIP y de las normas generales de adquisiciones del Estado. Además señala que los trabajadores de la petrolera estatal no serán considerados funcionarios públicos.

El Estado a su “mínima expresión”

El presidente Humala sostiene que se requiere una economía “más equilibrada” entre la experiencia estatista de los setenta y “la reducción del estado a su mínima expresión” actual. ¿Qué tipo de equilibro puede desearse entre el modelo estatista que desquició nuestra economía y empobreció al 60% de los peruanos, y el modelo de economía de mercado que trajo al Perú un círculo virtuoso de reducción de la pobreza, la desigualdad y la desnutrición infantil?  El Presidente ha dicho que quiere un Estado “fuerte”, pero parece estar atrapado por la ideología. El modelo que redujo al Estado a su “mínima expresión” fue el estatismo del pasado, en tanto que el Estado del siglo XXI, el que abrazó la economía de mercado es probablemente el más fuerte de nuestra historia. (Ver algunas cifras).

El estatismo de los años setenta hizo añicos al propio estado, lo redujo a polvo. El estado llegó a perder control sobre la moneda nacional por la hiperinflación. El déficit fiscal, el crecimiento de la deuda pública, la caída de la presión tributaria convirtieron al Estado en un No-Estado. No solo no controlábamos nuestra moneda sino que ya no ejercíamos el monopolio de la violencia con la irrupción del senderismo y otros grupos armados.

Las reformas económicas de los años noventa nos permitieron reconstruir el Estado desde sus  escombros. No solo han mejorado todos los indicadores económicos y sociales, incluso hemos recuperado la confianza en el futuro y el entusiasmo con el porvenir. Donde no hemos avanzado al mismo ritmo es en el Estado, pero no por ser pequeño y débil, sino por ineficiente e indolente. El Estado peruano tiene hoy capacidades de regulación que nunca existieron, empezando por una Sunat muy poderosa y otras instituciones como Indecopi y los reguladores de servicios públicos. Sus carencias no tienen que ver con los procesos productivos, ni de bienes, ni de servicios, se deben a los atrasos en educación, salud, infraestructuras, y a las debilidades institucionales en seguridad y justicia.

El ex ministro de Economía y Finanzas Pedro Pablo Kuczynski ha puesto los puntos sobre las íes al comentar el plan del gobierno de destinar parte de los escasos recursos públicos a comprar la refinería la cadena de grifos Repsol y la refinería La Pampilla. Les presentamos a continuación lo que dijo PPK en una reciente entrevista en Radio Programas del Perú (RPP)

PPK.- Tengo algunas preocupaciones que de repente podemos compartirlas ahora y una de ellas se refiere a Repsol a la refinería de la Pampilla…

Cayetana Aljovín (CA): ¿Te refieres a Repsol o a la preocupación de que Petroperú compre los activos de Repsol?

PPK.- Exactamente lo segundo. Y los oyentes saben que hay rumores, no son nada más que rumores, pero si fueran ciertos constituyeran algún elemento de verdad, realmente es preocupante y quiero explicar por qué: La refinería ya existe, los grifos de Repsol ya existen, si el estado peruano va a gastar centenares de millones de dólares para comprar algo que ya existe, no en una nueva inversión, no en una nueva construcción que va a traer más trabajo ¿qué estamos haciendo con estos escasísimos recursos que deberían estar invertidos en educación, en infraestructura, en obras que realmente necesitamos? Si Repsol no puede vender esto, por razones que no conozco. ¿Qué motivación tiene el gobierno peruano para ayudar a Repsol? Ninguna, no…

CA: Bueno, el ministro de Energía y Minas ha señalado que lo que se busca con esto es prácticamente regular el precio de los grifos? Lo que ha señalado es que con esto se bajarían los precios de los combustibles…

PPK.- Bueno miremos un poco lo que ha pasado en Argentina con este tipo de políticas. Lo que ha pasado es que hoy Argentina, que era un exportador de gas y combustibles, se ha transformado en un inmenso importador, no puede abastecerse, la exploración ha decaído. Es una mala política, claro que todo el mundo quiere que, si hay picos de precios por una guerra en Corea, o algo así, eso se vaya pues morigerando, se vayan estabilizando los precios. Por eso se creó el fondo de combustibles en la época que creo yo era ministro o después, no lo recuerdo exactamente. Pero de ahí a subsidiar precios, eso es otra cosa y es bien peligroso. Es una mala motivación y vamos a gastar -no sé si lo vamos hacer o no- pero si lo haríamos gastaríamos centenares de millones de soles, cuando todavía en el Perú hay 10 millones de personas sin agua potable en su casa…

CA: Se estima que estima que esta compra demandaría recursos por 1,500 millones sin que Petroperú los tenga, porque tampoco tiene el dinero justamente para componer la planta de Talara?

PPK.- Claro, Petroperú puede endeudarse por supuesto, plata hay, el problema es a qué se destina la plata y la plata debe destinarse a cosas que no existen. Si Petroperú quiere arreglar la refinería de Talara que está muy venida a menos eso es otra cosa, pero la refinería de la pampilla ya existe, los grifos existen. En los grifos hay un negocio prosperísimo de vender snaks, whiskys, cerveza, Inka Kola ¿el Estado va a estar en este negocio? Vamos, creo que hay que aterrizar un poco y realmente oponerse a esta idea.