La pesca ilegal en el Perú, además de que depreda su diverso recurso hidrobiológico – lastrando el potencial de la pesca formal – significa una pérdida anual de más de S/. 1,200 millones según la FAO, un monto nada despreciable en un contexto de recesión económica y contracción del comercio mundial, producto de la pandemia. En términos de divisas, solo en la cadena productiva de la pota, la pesca ilegal acarrea pérdidas del orden de US$ 85 millones anuales, socavando nuestra balanza comercial por lo que también afecta negativamente nuestra competitividad externa.

Si bien existen a la fecha iniciativas desde el estado para introducir sistemas de rastreo satelitales para monitorear que las embarcaciones que pescan dentro de las 200 millas estén autorizadas para hacerlo – a propósito del reciente y controversial avistamiento de barcos chinos en mar peruano – (ver Lampadia: Tolerancia cero) los esfuerzos todavía son limitados pues no se ha observado una caída sostenida en las estimaciones de la producción de la pesca ilegal en los últimos años.

Un reciente artículo de The Economist que compartimos líneas abajo incide en algunas medidas de política que podrían contribuir a aplacar significativamente o en el mejor de los casos desaparecer al sector, el cual tendría implicancias terribles no solo sobre la diversidad de especies marinas, sino también sobre la mano de obra empleada y sobre los negocios del narcotráfico y tráfico de armas, que muchas veces usan estas embarcaciones para expandir sus operaciones a mansalva.

Destacamos pues la propuesta de The Economist de incorporar mecanismos de machine learning a los sistemas de rastreo satelitales obligatorios y su énfasis en desarrollar coordinación entre países para monitorear todo tipo de embarcación inclusive aquellas que navegan en alta mar, algo que podría reducir los riesgos de pesca ilegal considerablemente. Esperemos que estas propuestas puedan ser sopesadas por los funcionarios del Estado e incorporadas a sus agendas políticas. Lampadia

Monstruos de las profundidades
La pesca ilícita devasta los mares y abusa de las tripulaciones

Acá se dice como pescar a las culpables

The Economist
22 de octubre, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

“Considere la sutileza del mar”, advirtió Herman Melville en “Moby Dick”; “cómo sus criaturas más temidas se deslizan bajo el agua … escondidas traicioneramente bajo los más hermosos tintes de azul”. Casi 170 años después, otro horror marino se está volviendo visible. Imágenes de satélite y otras han revelado “flotas oscuras” de barcos de pesca que apagan sus transpondedores y saquean la abundancia del océano. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada representa un asombroso 20-50% de la captura mundial. Es una de las razones por las que las poblaciones de peces están cayendo en picada: solo una quinta parte de las especies comerciales se pescan de forma sostenible. Los operadores ilegales roban a los estados costeros en su mayoría pobres más de US$ 20,000 millones al año y amenazan los medios de vida de millones de pequeños pescadores. Las aguas costeras de Corea del Norte han sido tan saqueadas que sus pescadores tienen que conducir sus desvencijadas embarcaciones hacia mares tormentosos para llenar sus redes. Miles se han ahogado.

También se realiza una gran cantidad de pesca ilícita en barcos con licencia. Pueden capturar más de su cuota, o declarar falsamente que su captura es abundante atún blanco en lugar del patudo más valioso. En el puerto, los inspectores de pesca están siempre sobrecargados. Si se captura a un operador, por ejemplo, pescando con una red demasiado fina, la multa y la confiscación se consideran un costo de hacer negocios. Muchos pagan y regresan directamente al mar.

El daño de la pesca ilícita va mucho más allá de las poblaciones de peces. Es probable que los operadores que cometan un tipo de delito también estén cometiendo otros: cortar las aletas de los tiburones o incluso administrar armas o drogas. Muchos también están abusando de sus tripulaciones. Decenas de miles de trabajadores migrantes, principalmente del sudeste asiático, tripulan las flotas del mundo. Muchos se afanan en el mar en condiciones viles con amos violentos, a veces durante años. Muchos de ellos están en servidumbre por deudas; y es mucho más difícil escapar de un barco de pesca que de una fábrica.

Con demasiada frecuencia, los beneficiarios finales de este comercio son difíciles de pescar porque se esconden detrás de empresas de placa de latón y turbios emprendimientos conjuntos. Perseguirlos requiere el mismo tipo de investigación involucrada en la represión de los sindicatos criminales. Una iniciativa liderada por Noruega para perseguir los delitos de pesca transnacional está ganando apoyo. Se necesita mucha más cooperación transfronteriza.

En el mar, la tecnología puede ayudar. El monitoreo electrónico promete una revolución tecnológica a bordo: las flotas australianas y estadounidenses están liderando el camino. Las cámaras combinadas con el machine learning pueden detectar comportamientos sospechosos e incluso identificar especies ilícitas que se incorporan. Deben ser obligatorias como condición para el acceso a las zonas económicas exclusivas que definen el control de un país sobre recursos como el pescado. También deberían ser obligatorias incluso cuando los barcos navegan en alta mar. Del mismo modo, los reguladores nacionales deberían establecer normas laborales básicas en el mar. Si los países no siguen las reglas, los estados costeros deberían prohibir el acceso a sus flotas pesqueras a sus aguas. Las naciones que se alimentan de pescado deberían permitir las importaciones únicamente de flotas responsables.

Sobre todo, los gobiernos deberían acordar en la OMC eliminar los subsidios que promueven la sobrepesca. De los US$ 35,000 millones anuales que se prodigan en la industria, unos 22,000 millones ayudan a destruir las poblaciones de peces, principalmente al hacer que el combustible sea demasiado barato. Eliminen los subsidios y el trabajo forzoso, y la mitad de la pesca en alta mar dejaría de ser rentable. Tampoco lo haría el arrastre de fondo devastador para el medio ambiente de China frente a la costa de África occidental. Tales abusos desaparecerían de la noche a la mañana. Parte del dinero que se ahorró podría ayudar a restaurar las pesquerías costeras para millones de pescadores en pequeña escala, suscribiendo moratorias temporales sobre la pesca y creando zonas de no captura. Y podría ayudar a establecer la piscicultura, alimentada por larvas de insectos. La pesca no tiene por qué ser un negocio sospechoso. Lampadia

Carlos E, Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

El Perú suscribió el acuerdo de Escazú en setiembre de 2018 y ahora, nos encontramos a muy pocos días de la probable ratificación del mismo por parte del Congreso de la República. Aunque lego, me he decidido a escribir este artículo, dado el altísimo nivel de desinformación de la ciudadanía peruana, puesto que, a pesar que han transcurrido dos años desde la firma, no se ha hecho el menor esfuerzo de difusión ni explicación de su alcance e impacto.

Efectivamente, es sólo desde que se empezaron a levantar algunas voces de protesta, ante la inminencia de la ratificación por el congreso peruano, que ciudadanos de Loreto, instituciones representativas de oficiales en situación de retiro de las Fuerzas Armadas, así como algunos colegios profesionales y otras organizaciones, que se van interesando en el tema y comenzado a discutirlo en diversos foros.

La primera pregunta es; ¿por qué no se ha actuado con la transparencia debida y se ha suscrito este acuerdo casi subrepticiamente? ¿Por que el Estado peruano no divulgó con toda amplitud y en diferentes foros, antes de setiembre 2018, el contenido, alcances e implicancias futuras del acuerdo? Este acuerdo tendrá un gran impacto respecto a las acciones y proyectos productivos y de infraestructura a desarrollarse en todo el territorio nacional, pues cubre desde el litoral hasta la selva, pasando por la costa y la sierra.

Haciendo un poco de historia, el nombre “Acuerdo de Escazú”, es en honor a la ciudad de Costa Rica, donde se adoptó el mismo, el 4 de marzo de 2018, abriéndose a la firma el 27 de setiembre del mismo año. No obstante, tiene su origen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible que se celebró en Río de Janeiro (Brasil) en junio de 2012, en lo que también se llama “Río+20”, pues la primera ocasión en que se propuso el tema fue en Río en 1992, poco tiempo después de la caída del muro de Berlín, a sólo dos años del Foro de São Paulo. Y, en “Río+20”, 10 gobiernos de América Latina y el Caribe reafirmaron su compromiso con los tres temas; “acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”. El proceso de diseño del acuerdo ha requerido 9 reuniones auspiciadas por la CEPAL, habiendo sido la primera en Santiago de Chile, en Chile el 2015, durante la presidencia de Michelle Bachelet.

Historias aparte, lo serio de este acuerdo, consiste en lo siguiente; el acuerdo junta el derecho ambiental con los derechos humanos, es un acuerdo al que el país se somete sin reservas, que contempla el “principio de no regresión” y tiene progresividad, a lo que hay que agregar, que tiene supremacía sobre las leyes nacionales.

Consecuentemente, un país no se adhiere a un cuerpo legal conocido, sino que de antemano se somete a las variaciones sucesivas e inciertas en el tiempo.

Se crea la categoría de ciudadanos defensores del medio ambiente, que están por encima de la autoridad nacional. Con esto se destruye el principio constitucional de igualdad ciudadana ante la ley. Las ONGs tienen atribución de denunciar ante “posibles alteraciones ambientales”, sin necesidad de demostración científica y pueden aplicar derecho precautorio, esto es que, se invierte la carga de la prueba. No es necesario demostrar en la denuncia el posible daño ambiental, sino que ante la suposición de un daño, el denunciado debe demostrar que tal riesgo no existe.

Escuchando a los defensores peruanos de la ratificación del acuerdo, uno puede encontrar en internet a la exministra del ambiente y firmante del acuerdo, Fabiola Muñoz, resaltando, que la adhesión del Perú al acuerdo, abre el camino para nuestra incorporación a la OCDE, aunque lo curioso es que ningún país miembro de la OCDE es suscriptor de este acuerdo. Seguro me dirán que muchos de esos países se han adherido al Tratado de Aarhus, pero si bien ese tratado es el antecedente de éste, no tiene las características draconianas de Escazú.

Entonces la pregunta es; ¿qué problema nos resuelve Escazú? ¿No cuenta el Perú con legislación ambiental de última generación? ¿No tiene el Perú legislación de protección a los derechos humanos y sometimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Se está poniendo en duda la legislación de defensa de derechos y seguridad? Si ese es el punto, debiéramos ya declararnos un Estado fallido y tercericemos de una vez por todas; sus funciones legales, judiciales, policiales, ambientales y de protección a los derechos humanos, puesto que, a la sola demanda de una persona, nuestras diferencias deberán ser definidas en un tribunal internacional. Es más, tendremos que ir adecuando nuestro cuerpo legal a las disposiciones de los miembros del Acuerdo de Escazú.

Un país con tantos recursos naturales en todo su territorio y extensión marítima, que además tiene aún pendiente la construcción y desarrollo de infraestructura; carreteras, puentes, puertos, sistemas de agua, eléctricos, red de transmisión de datos, aeropuertos, sólo por mencionar algunos distintos a los temas agrícolas, ganaderos, mineros o pesqueros, ¿puede darse el lujo de quedar paralizado, ante cualquier demanda por plazos y criterios fuera de nuestro control?

Para poner las cosas en contexto, sólo mencionar que Chile, uno de los promotores iniciales del acuerdo y miembro de la OCDE, no lo ha suscrito, al igual que nuestros otros dos socios en la Alianza del Pacífico; México y Colombia. Tampoco Brasil, Paraguay y Uruguay. Sólo países cómo; Antigua y Barbados, San Cristóbal y Nieves, San Vicente, Granadinas, Guyana, El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Panamá lo han ratificado y, en mi humilde opinión, el potencial del Perú no es comparable con el de los nueve mencionados, ni podríamos comparar las amenazas a nuestro desarrollo futuro con el de estos países.

Uno de nuestros competidores cercanos para atraer inversiones y generar prosperidad es Chile, país que luego de evaluar los términos del acuerdo, ha optado por no ratificarlo, bajo los siguientes argumentos:

“(i) El acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental.

(ii) El acuerdo podría implicar cambios inciertos en nuestra legislación, dada su autoejecutabilidad, generando incertidumbre jurídica.

(iii) El acuerdo introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas, que dificultan su cumplimiento.

(iv) El acuerdo expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas”.

Siguiendo básicamente estos cuatro criterios, ninguno de los miembros de la Alianza del Pacífico lo ha ratificado y, tal como ha sido mencionado, ningún país importante, medido en términos de su desarrollo y potencial económico, población, así como necesidad de competir por atraer inversiones para relanzar su economía, lo ha ratificado tampoco.

Dicho esto, ¿cuál sería la razón para que el Perú ratifique este acuerdo?

Señores congresistas y miembros del gobierno, si algún amor les queda por el Perú y preocupación por las generaciones futuras, los invoco a no ratificar Escazú en el Perú. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 20 de septiembre de 2020
Para Lampadia

El famoso hashtag – #LávateLasManos – resultó más una ofensa, que una sana recomendación. Efectivamente ¿acaso el Gobierno no sabía que millones de peruanos no tenían agua… ni para lavarse las manos? Peor aún ¿no sabía que 1´600,000 familias – o sea, 8 millones de peruanos – no tenían casa para cumplir el #YoMeQuedoEnCasa? Me refiero – por supuesto – a viviendas con agua, desagüe, luz, etc.

Por otro lado ¿acaso no sabe el Gobierno que en esta época del año – entre mayo y octubre de cada año – millones de agricultores y ganaderos languidecen por falta de agua? Más aún ¿no sabe que durante las temporadas de lluvias – entre noviembre y abril de cada año – se pierde cualquier cantidad de agua dulce en el mar?

La institucionalidad del agua en nuestro país – tal como está – no tiene remedio. Por ello, mi propuesta al respecto es blindar los asuntos del agua, y alejarlos lo más posible de la política. Mejor dicho, de la politiquería. Una autoridad autónoma – tipo Banco Central de Reserva (BCR) – debe ocuparse de los quehaceres del agua. SEDAPAL no debería depender del Ministerio de Vivienda. Y el agua potable en todo el país no debería estar en manos de los municipios provinciales y distritales.

¿Por qué? Pues porque han fracasado. Por otro lado, los Ministros de Vivienda cambian a cada rato. En los escasos dos años de gobierno del presidente Vizcarra ha habido cinco Ministros de Vivienda. Y los alcaldes cambian cada cuatro años. El hecho es que, con los cambios de ministros y alcaldes, cambian también los directorios – y hasta las gerencias – de las empresas de agua.

Por ello, las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), y las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) se han convertido en antros de corrupción… y clientelismo político. Conclusión; millones de peruanos no tienen agua.

En el agro, la situación es igual… o peor. La institucionalidad del agua para riego – bajo el ámbito del Ministerio de Agricultura – no sirve. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) y sus derivadas locales; incluso las Juntas de Usuarios de Agua de Riego (privadas) son un fracaso. El pésimo manejo de las aguas de lluvia, la escasez de agua en los estiajes, y la proliferación de pozos ilegales – entre mil otras deficiencias – son una muestra palpable del fracaso institucional en cuestión.

La autoridad autónoma propuesta debería ocuparse del agua, en todos sus aspectos. Es decir, del agua para consumo humano; y del agua para la agricultura, ganadería, energía, minería, industria, turismo, medio ambiente, pesca, etc. La clave está en que la nueva institución no dependa de los políticos de turno… ni ministeriales, ni municipales. Repito. Que sea autónoma, como lo es el BCR.

Las empresas de agua potable pueden seguir siendo de propiedad estatal. Pero la gestión del servicio debe recaer en empresas especializadas. Pocas empresas – debidamente supervisadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) – deben gestionar eficientemente el servicio del agua potable y alcantarillado en todo el país.

La solución al problema de escasez de agua radica en la Siembra y Cosecha de Agua. Reservorios en las cabeceras de cuencas – miles de pequeños y medianos reservorios –, plantaciones forestales y pastizales – millones de hectáreas de bosques y pastos –, andenes, zanjas de infiltración, cochas, etc. Es decir, todo lo que retenga las aguas de lluvia arriba, para disponer de ellas en los estiajes… aguas abajo. La Siembra y Cosecha de Agua debe aplicarse a lo largo de toda la Sierra… desde Cajamarca hasta Puno. Esa debiera ser una de las principales labores de la autoridad autónoma del agua.

Y en cuanto al uso del agua para fines agrícolas… el énfasis debería estar en el riego tecnificado. Es decir, sacarle el máximo provecho al agua… aprovechando hasta la última gota. La idea es tener agua todo el año. Sobre todo, en las comunidades alto andinas.

¡No a la politiquería en los asuntos del agua! Como dice la Doctora Nicole Bernex del Instituto Científico del Agua (ICA). Un mundo sin agua no es posible. El agua es nuestro ADN. Por ello, hay que blindarla de los políticos. Lampadia

Cayetana Aljovín
Presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería
Para Lampadia

Han transcurrido más de 120 días desde que la pandemia generada por el COVID-19 llegó al país y los resultados son conocidos por todos: por un lado, la ansiada meseta nunca llegó y nuestro sistema de salud sigue aún sin poder atender a los miles de peruanos enfermos por este virus, produciendo diariamente muertes que nos duelen a todos; y por otro, una  economía que algunos consideran decrecerá entre 10 y 15%.

Sin embargo, en esta columna no nos quedaremos en el diagnóstico. Superada finalmente la dicotomía absurda entre salud y economía, es momento que los principales sectores de la economía sigamos trabajando sin desmayo en lograr que la caída de la economía sea de un dígito y no dos. Ello, a fin de poder brindar los recursos necesarios para que el sector salud pueda hacer frente a las necesidades de los peruanos que lo requieren, pero además, para que no se sigan perdiendo más puestos de trabajo. Preservar el empleo debe ser una meta en la que todos debemos contribuir.

Por ello, desde el sector pesca planteamos una serie de medidas que permitirían lograr este doble objetivo.

En primer lugar, urge un shock de confianza que impulse la inversión privada. En ese sentido, la designación del Gabinete Cateriano parecería brindar la tranquilidad que se respetará por lo menos los requisitos mínimos para promover la inversión: estabilidad, predictibilidad y seguridad jurídica.

Pero ello no es suficiente. Para hacer competitiva la industria pesquera y así preservar los más de 112, 000 empleos que ésta genera, a los cuales se deben sumar los empleos indirectos que según el Instituto Peruano de Economía se debe multiplicar por 3; resulta necesario eliminar los sobrecostos en la actividad pesquera, los cuales en los últimos años se incrementaron en casi un 400%. Para ello, debería empezarse por la reducción del costo del programa de control y vigilancia, el cual pasó de costar US$ 1 dólar por TM descargada cuando se instauró a US$ 4.2 dólares por TM descargada en el 2020.  Ello, se lograría si se realizase un plan de automatización, empleando la tecnología disponible, con lo que podría reducirse el costo del mismo en casi un 30%.

Asimismo, resulta necesario dictar políticas que permitan volver a capturar la anchoveta en el sur en lugar de que esta sea captada por el vecino país del Sur. Para darnos una idea, en el año 2019 mientras que Perú capturó 209 mil toneladas métricas (TM), Chile pescó 553 mil TM, cuando hacía 10 años atrás las capturas peruanas superaban de forma importante las del país sureño. Ello permitiría que regrese la inversión al sur y se genere más de 6,000 puestos de trabajo, que son los que se perdieron por la variación del régimen del Sur.

Pero la agenda pesquera no se limita a la anchoveta. Perú podría ser también muy competitivo en jurel, caballa y atún.

Así, en el caso del jurel, es importante anotar que esta especie ha regresado a nuestro mar y tenemos que hacer los esfuerzos para asegurar su sostenibilidad, pero también acceder a este recurso cuando las condiciones están dadas, como sucede en la actualidad. En tal sentido, es necesario que se amplíe la cuota de jurel este año. Con ello, se podría contribuir a elevar las cifras de exportaciones y la de las divisas que ésta pesquería genera, así como dotar a las mesas peruanas de un recurso altamente nutritivo y de precio accesible.

De otro lado, si tuviésemos la capacidad de dejar atrás dogmas que no conducen a nada, se podría impulsar la industria atunera nacional, estableciendo un sistema de reintegro del ISC al combustible que utilizan los barcos, a fin de ser competitivos frente a la flota atunera ecuatoriana, que paga tres veces menos por el combustible que consume. Ello, además en un contexto donde los costos de operación de la industria conservera se han incrementado en un 25%, como producto de la pandemia. De darse esta modificación podríamos generar más de 70,000 empleos en la zona norte del Perú en los próximos años y exportar más de 1 millón de conservas, generando importantes divisas para el país; y promoviendo el consumo de atún peruano en lugar de importar atún tailandés para los programas sociales como Qali Warma.

Finalmente, tenemos un potencial enorme en la Acuicultura. Es momento de promover esa industria en lugar de seguir obstaculizándola con trámites innecesarios que impiden su desarrollo.
Arranquemos de una vez. Lampadia

Las reservas económicas que hoy nos permiten ayudar a los más necesitados en esta tragedia del Covid-19, han sido producto de una política macro fiscal eficiente, basada en la filosofía de nuestra Constitución, que permitió el crecimiento de las empresas pequeñas, medianas y grandes. Sus impuestos y aportes han generado ese colchón de recursos que hoy le permite al Estado subsidiar y ayudar a ciudadanos y empresas.

Esa clase empresarial, hoy tan vapuleada por algunos, es la que, con sus inversiones y los impuestos, nos permite afrontar la crisis en mejores condiciones que muchos otros países de la región o el mundo.

Nos hubiera ido mucho mejor aún si hubiéramos apoyado el desarrollo de grandes proyectos como Conga, Tía María, y las irrigaciones. O se hubiera promovido la actividad pesquera en la zona sur del país, o por lo menos se hubieran respetado las recomendaciones del Imarpe para explotar recursos pesqueros en forma sostenible, en lugar de escuchar a países que se quejan por lo que pescamos en nuestro mar territorial, o se hubiera aprobado la ley de promoción agraria por 30 años incluyendo en ese plazo las inversiones forestales y acuícolas. Nada de eso hicimos. Nos bombardeamos desde adentro, los resultados no han sido malos, pero pudieron haber sido mucho mejores y hasta espectaculares.

Hoy tenemos la oportunidad, frente a la crisis, de realizar reformas, pero además tenemos la oportunidad de desarrollar actividades económicas con absoluta seguridad sanitaria a gran escala. La minería, la pesca y la agroindustria, pueden seguir siendo los motores de desarrollo, necesitamos que operen, que se les aprueben los más altos estándares de seguridad sanitaria y que, aporten con sus impuestos y regalías, que generen trabajo, que exporten, necesitamos que jalen otras cadenas productivas asociadas y repliquen su experiencia.

Lamentablemente habrá trabajadores que se contagien pese a las medidas de seguridad que se adopten, pero de hecho serán atendidos y podrán superar la enfermedad si es que son detectados y tratados a tiempo, siempre que no sean parte del grupo de mayor riesgo. Pero este riesgo, no puede ser pretexto de ciertas autoridades, acostumbradas a regalar dinero ajeno, para no encender nuestros motores de desarrollo.

Los peruanos y las empresas peruanas y hemos sacado adelante al país, pese a un Estado ineficiente e ineficaz. ¡Estamos seguros que podremos volver a hacerlo!

Lampadia

El sector pesquero peruano tiene mucho que aportar en momentos como los que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus. Nuestros ciudadanos necesitan alimento saludable y accesible como puede aportar la pesca, necesitamos generar y mantener puestos de trabajo, además de generar inversiones que inyecten dinero a nuestra economía.

Lamentablemente, hay un gran vacío de comunicación entre Produce y los actores del sector privado, incluyendo desde luego, a los sindicatos de trabajadores pesqueros. Además, y conforme lo hemos expuesto en anteriores entregas, se está cometiendo una serie de errores de acción y omisión en la gestión del sector pesquero en general.

Un ejemplo actual es que, se acaba de autorizar la pesca de jurel por parte del sector artesanal, excluyéndose absurdamente, al sector industrial, cuando el país necesita buenas fuentes de alimento, de trabajo y de divisas. Adicionalmente a ello, mientras Chile acaba de reiniciar la pesca de anchoveta en condiciones adecuadas a las circunstancias, en el Perú aún seguimos esperando se dé inicio a la Temporada de Pesca de anchoveta en la Zona Sur, hablamos del mismo stock y de situaciones oceanográficas y de pandemia muy similares, sin embargo, PRODUCE aún no reacciona a las necesidades de la industria y del país.

Veamos por ejemplo como Chile compatibiliza sus necesidades de salud y del desarrollo pesquero:

El sector, tanto desde el espacio empresarial, como sindical, ha propuesto una serie de medidas para llevar adelante las operaciones, cautelando la salud del personal y de la cadena de suministro. Se han dirigido sendas cartas a la viceministra de Pesca y Acuicultura, a la ministra de la Producción, a la ministra de Economía, al Primer Ministro, por parte de la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros y al presidente de la República, por parte del Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú; pidiendo medidas concretas y de emergencia para garantizar el desarrollo del sector y permitir que, se aproveche su importante potencial.

Pero parece que todo cae en oídos sordos, no nos extraña lo que ocurre, en situaciones normales la actual Ministra de Producción, Sra. Rocía Barrios, siendo Viceministra de Pesquería del Presidente Humala, adopto decisiones contrarias al desarrollo de la industria y el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos, fue justamente ella, quien derogó el régimen de las ventanas de penetración en el sur de nuestro país, fue durante su gestión que se incrementó significativamente el desvío de anchoveta para el consumo humano hacia la producción de harina ilegal, además de la reciente intentona de intervención política del IMARPE, entre otras acciones u omisiones que originaron una baja en la productividad del Sector, que afectó no sólo la recaudación o las utilidades que se hubieran podido percibir, sino que significo millones de soles dejados de pagar a los trabajadores y sus familias. Finalmente, y con mayor gravedad, si es que el Gobierno actual pretende liderar la lucha contra la corrupción, es la acusación fiscal que ha formulado el Ministerio Público en contra de la Sra. Barrios por presuntos actos de corrupción, derivados de un informe de la Contraloría General de la República, acusándola de apropiarse dinero del Estado. Sabemos que éste no es el momento para crear distancias, sino para trabajar todos juntos, aprovechando nuestras capacidades, por eso necesitamos a los mejores profesionales a cargo de nuestros sectores estratégicos, profesionales que no generen anticuerpos, sino que sean capaces de convocar a todos los actores para sacar adelante el Sector, su honestidad no puede ser cuestionada en ningún ámbito, menos por el Sistema Nacional de Control, ni por el Ministerio Público. Lampadia

La desaceleración que viene experimentando nuestra economía en los últimos meses ya es un hecho palpable y comprobable en los datos. Como informó el INEI en los últimos días, en enero pasado la producción nacional registró un magro crecimiento de 1.58% con respecto al mismo mes en el 2018. Como se observa en el siguiente gráfico, de repetirse estas desalentadoras caídas en las tasas de crecimiento, se terminaría de configurar una tendencia bajista en el comportamiento anual de la actividad económica.

¿Qué ha motivado este decaimiento del crecimiento de la producción nacional? ¿Obedece puramente a un factor estacional o se debe a una creciente debilidad por parte del gobierno para reactivar los diversos motores de nuestra economía, como hemos venido advirtiendo previamente en anteriores publicaciones (ver Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad, Perú crece por debajo de su potencial?

Desagreguemos el crecimiento del PBI de manera sectorial y analicemos.

Como se observa en la siguiente tabla, los sectores que estarían determinando el comportamiento desfavorable del PBI en enero son los sectores primario, compuestos por el sector pesca y minería e hidrocarburos, que cayeron en -31.33% y -1.26% respectivamente, y secundario, arraigados a la demanda interna y compuestos por la construcción y la manufactura, que crecieron 0.90% y -5.64% respectivamente.

Vayamos uno a uno:

• En cuanto a la caída del sector pesquero, esta fue explicada principalmente por una menor captura de anchoveta para consumo humano directo (-56.02%), la cual se deriva de una fuerte declinación de la captura de este recurso en la segunda temporada de pesca. Según la misma entidad estadística, es relevante señalar que las condiciones del mar a 30 millas de la costa afectaron gravemente la distribución de este abundante recurso.

• En cuanto a la caída del sector minería  e hidrocarburos esta se explica en mayor y menor medida por un desempeño desfavorable de algunos componentes de la minería metálica – como el hierro (-39.10%), la plata (-14.03%), el oro (-9.40%), entre otros- y  la menor extracción del petróleo crudo (-21.78%). Analicemos con mayor detalle las razones de la caída de estos subsectores:

• Por el lado de la minería metálica, si bien una parte de la menor producción de estos concentrados obedece a menores tonelajes tratados y a la paralización temporal de algunas minas, también existe un factor de agotamiento de reservas existentes como es el caso de las operaciones auríferas de la Minera Barrick Misquichilca. Este agotamiento sí es responsabilidad directa del gobierno puesto que de haberse dado luz verde a proyectos mineros de envergadura como Conga y particularmente, Tía María, del cual ya se tiene permiso de construcción, probablemente el sector no hubiera registrado cifras negativas.

• En el caso de la fuerte caída en la producción de petróleo crudo, también se trataría de responsabilidad directa del gobierno. Ella obedecería a la paralización de las operaciones de explotación en el Lote 192 por parte de Pacific Stratus desde diciembre pasado, afectadas por la inoperatividad del Oleoducto Norperuano, ante la ruptura del ramal norte efectuada por una comunidad nativa de Loreto con el consecuente derrame de miles de barriles de este recurso.  Como es de conocimiento, la reacción del gobierno ante estas manifestaciones violentas fue escandalosamente tardía, que posteriormente terminó cediendo ante muchos de los requerimientos de esta comunidad para darle “supuesto fin” al conflicto.

• En el caso de la manufactura, su caída está explicada por un desempeño desfavorable del subsector fabril primario (-27.51%), ante una contracción del sector de metales no ferrosos (-46.22%), elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (-32.76%) y azúcar (-14.9%). Aquí la responsabilidad del gobierno es indirecta. Si bien no podría adjudicársele la responsabilidad por el lado de la caída del sector de conserva de pescado, ya que arrastra el mal resultado del sector pesca anteriormente mencionado; en el caso de la minería, el agotamiento de las reservas por el poco empuje hacia nuevos proyectos mineros desde el Ejecutivo, ha terminado por producir una menor producción a refinar, perjudicando así a la industria. Asimismo, es menester señalar que si bien el sector fabril no primario, otro importante componente de la manufactura, creció 3.49% en enero, uno de sus subsectores, la producción de bienes de capital, registró una fuerte caída de -19.01%. Esta fuerte caída se debió a la contracción en la producción de máquinas para la explotación minera y canteras así como para obras de construcción (-57.10%). Este constituye un caso adicional en donde el poco impulso hacia la minería por parte del Ejecutivo termina afectando otros sectores de alto valor agregado de la economía.

• Finalmente, en el caso de la construcción su magro crecimiento ubicado en 0.9%, se explica mayormente por la fuerte contracción en el avance físico de las obras, ubicado en -9.43%. Muchos podrían argumentar que este hecho se habría dado por la coyuntura política, caracterizada por la llegada de las nuevas autoridades a los Gobiernos Regionales y Locales. ¿Es este pues un factor estacional propio del cambio del ciclo político? La respuesta es parcial. Si uno desagrega el avance físico de las obras, no son los Gobiernos Regionales los que han restringido su gasto de inversión en construcción, ya que ellos han experimentado un crecimiento del 38.06% en este indicador. Por el contrario, han sido el Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales los que han contraído su gasto en este concepto en el orden de -17.73% y -19.50%, respectivamente. En ambos conceptos se observan claras falencias y faltas de capacidades por parte de ambos niveles del Estado para lidiar con los atrasos de las  obras de infraestructura vial y de vivienda, así como de mejoramiento de las redes de agua y alcantarillado, en la zona norte del país, aún afectada por el Niño Costero.

Es menester señalar que este débil crecimiento de la actividad económica no es reciente pues se da en un contexto de desaceleración pronunciada en las tasas de crecimiento del PBI acompañada de una caída en la inversión (ver gráficos a continuación), que, como advertimos en Lampadia: El Perú se aleja de los circuitos internacionales de inversión, Aterrizaje en la mediocridad, viene desde los años 2011-2012, producto de una animadversión hacia la inversión privada, con especial énfasis, hacia la inversión minera.

Esta es pues la nefasta herencia que nos dejó el gobierno nacionalista de Ollanta Humala que no pudo ser reversada por el actual gobierno de PPK-Vizcarra.

De seguir promoviendo este enfoque anti-inversión y no darle solución a los cuellos de botella anteriormente mencionados, no podremos seguir con nuestra tarea de generación de empleo y reducción acelerada de la pobreza que nos caracterizó en la década pasada. Nuestros compatriotas exigen pues dicho cambio. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 9 de marzo de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

El VII GORE EJECUTIVO quedará grabado por siempre en mi corazón. El evento que reúne – cada dos meses – a Gobernadores Regionales, Ministros y Presidente de la República, sirve para monitorear el quehacer de las regiones.

El broche de oro del evento fue la firma del acuerdo entre los Gobiernos Regionales de Ica y Huancavelica, y el Ministerio de Agricultura para llevar a cabo la “La Hermandad del Agua”.  

Es decir, una serie de proyectos de afianzamiento hídrico en: (1) la cuenca del Río San Juan en Castrovirreyna y Chincha, (2) la cuenca del Río Pisco en Huaytará y Pisco, (3) la cuenca del Río Ica en Huaytará e Ica, y (4) la cuenca del Río Grande en Huaytará, Palpa, y Nasca.

“Agua Grande” – nuestro proyecto estrella – ya tiene licencia social. A partir de ahora – y por siempre – ¡Ica y Huancavelica somos Hermanos de Agua!

En realidad, este hermanamiento empezó hace 3 años cuando ambos Gobernadores asumimos funciones. El contacto inicial fue tenso por la larguísima historia de luchas y desencuentros por el agua. Pero las tensiones se disiparon rápidamente cuando establecimos las pautas para nuestro hermanamiento:

1. Respeto mutuo. Nadie es más que el otro.
2. Equidad. En los Consejos de Cuencas. En la Mancomunidad Birregional Huancavelica – Ica. Etc.
3. Justicia. En el uso compartido de las aguas. En el pago por servicios eco-sistémicos. Entre otros.
4. Sostenibilidad ambiental. Los bofedales no se tocan… por ejemplo. Y así sucedió.

Ahora… bienvenidos los reservorios y bosques para almacenar aguas de lluvias. Bienvenidos los canales y pozas de infiltración para recargar acuíferos. Bienvenidas todas las fuentes de financiamiento para la Siembra y Cosecha de Agua: fondos públicos, iniciativas privadas, cooperación internacional, pagos por servicios eco-sistémicos, etc.

Pero hay más. En estos días se abrirá el tramo Pisco – San Andrés de la autopista Chincha – Ica. Al evitamiento de Chincha, se suma ahora el evitamiento del semáforo de Pisco. Gracias a esta obra, medio Perú es más moderno y seguro, más rápido y fluido, más eficiente y competitivo. ¡Eso es progresar!

La concesionaria a cargo de la modernización del Puerto General San Martín de Pisco acaba de iniciar obras. Para tales efectos invertirá US$ 260 millones durante los próximo 30 meses. Similar al caso anterior, medio país contará – en breve – con un modernísimo puerto multipropósito en Pisco. ¡Chau Puerto del Callao! Queremos mucho a los limeños y chalacos, pero detestamos su tráfico infernal.

Más al Sur está diseñándose el Mega Puerto San Juan de Marcona. Una inversión privada de US$ 600 millones permitirá la construcción de un puerto que embarcará más de 30 millones de toneladas de minerales por año. Si le sumamos la carga de importación, Marcona será el puerto más grande del país. ¡Más grande que El Callao! ¿Año de inicio de operaciones? 2021.

Pero lo más-más viene por el lado ferroviario. Además del Tren de Cercanías Barranca – Ica, viene el Tren Cotabambas (Apurímac) – Marcona (Ica). Ambos proyectos están en fase de diseño, así que paciencia y buen humor. ¿Habrá que esperar 4, 6, 8 años? No sé. La cosa es avanzar… no parar. Respaldemos al Gobierno Central y – como Gobierno Regional y Municipios – demos todas las facilidades para que los inversionistas hagan su trabajo sin demoras.

Entre paréntesis, me parece estar escuchando las críticas berrinchudas de mis adversarios. Mentiroso, inepto, corrupto, abusivo. Todo eso – y mucho más – dicen de mí mis detractores. Ante ello ¡sólo queda ponerle luto a la bacinica!

El hecho real y concreto es que Ica avanza a lo grande. Porque detrás del “Agua Grande” y detrás de esta infraestructura logística de primer mundo viene más minería, más agricultura, más pesca, más industria, más turismo, y – sobre todo – más pisco del bueno. En síntesis… más trabajo y bienestar. Por todo ello ¡salud! Lampadia

La pesca es una actividad productiva muy significativa para el Perú y un sector importante de exportación. En esta ocasión, queremos entrar al debate de los aportes de la pesca a nuestra economía. Para esto, hemos utilizado el análisis de las Cargas tributarias y obligaciones legales de EY Perú (Ernst & Young), titulado “Comparación de cargas tributarias y algunas obligaciones legales del sector pesquero”.

Este informe, realizado por encargo de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) realizó “un análisis comparativo de las cargas de carácter tributario que asume una empresa pesquera que hipotéticamente representa los resultados totales del sector pesca – solamente respecto de consumo humano indirecto relacionado a la venta de harina y aceite de pescado –, y los que en similares condiciones de ingresos y costos asumiría esa empresa si le fuese aplicable el régimen impositivo general del sector minero.”

EY Perú concluyó que en un escenario de 4 millones de toneladas métricas (TM) de captura anual de anchoveta, las empresas pesqueras llegan a pagar contribuciones por el 50.4% de su utilidad operativa. Se trata de un análisis sobre los distintos pagos, incluidos impuestos, que realizan las empresas productoras de ingredientes marinos con relación a su utilidad operativa (utilidad bruta menos costos y gastos de operación).

Primero, recordemos cuáles son las cargas tributarias y obligaciones legales del sector pesquero:

Además del Impuesto a la Renta y del denominado derecho de pesca, que representa el 27% de todos los pagos, también existen pagos obligatorios al fondo de jubilación, al Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero y todo lo relacionado con la fiscalización pesquera.

En su análisis, EY Perú consideró dos escenarios de volúmenes de captura de anchoveta, para evaluar el peso de las cargas impuestas al sector:

Escenario 1: Captura de anchoveta por 6 millones (en adelante “MM”) de toneladas métricas (en adelante “TM”) en un año.

Escenario 2: Captura de anchoveta por 4 MM de TM en un año.

En el caso del primer escenario, que es un escenario poco probable de captura de anchoveta de 6 TM por año, las empresas pesqueras pagan el 46.6% de su utilidad operativa. Al disminuir el volumen de extracción, las obligaciones aumentan su incidencia porcentual.

Cabe recalcar que este escenario es tan solo una referencia ya que, en los últimos años, la industria pesquera extrajo por debajo de ese umbral. En 2014, la extracción de anchoveta alcanzó los 2.3 millones de TM, en 2015 fue de 3.7 TM; en 2016 se extrajo 2.7 TM y en 2017, 3.2 TM.

Según la SNP: “En el periodo 2008 a 2016, los pagos realizados por la industria de ingredientes marinos se multiplicaron casi por cuatro, al pasar de US$ 4 a US$ 15 por TM de anchoveta. Además, como empresas formales, pagan el Impuesto a la Renta (29.5%) y la repartición de utilidades a los trabajadores (10%)”.

EY Perú acentúa que: “Las cargas de naturaleza tributaria y obligaciones legales se han calculado como un porcentaje de la utilidad operativa, antes de las cargas de naturaleza tributaria y obligaciones legales, para establecer la carga de cada sector y hacer la comparación, según se indica en la lámina 10. Además, se han calculado en un segundo escenario como un porcentaje de las ventas.”

Por su lado, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Elena Conterno, afirmó que: “En los últimos cuatro años, a raíz de la caída de los desembarques del recurso anchoveta, las principales empresas y, en general, el sector ha reportado pérdidas. A pesar de ello, las empresas han cumplido con el pago de los distintos aportes”, comentó.

Comparación con el minero

Luego, EY Perú hizo un análisis comparativo de cargas tributarias y obligaciones legales sobre utilidad operativa y sobre las ventas entre el sector pesquero y el sector minero, un sector acusado de no pagar impuestos, pero que soporta cargas totasles muy pesadas.Como se puede observar, los aportes del sector pesquero son incluso mayores que los de la minería, sobre su utilidad operativa (46.6%), que de hecho ya paga más que  la mayoría de las empresas mineras de los países mineros:

Ojalá esto ayude a desmentir la falsa creencia de que la industria pesquera solo paga los denominados derechos de pesca, ya que lo cierto es que este aporte solo representa el 27% de todos los pagos que deben realizar las empresas pesqueras. Además de los derechos de pesca, se paga obligatoriamente aportes extraordinarios al fondo de jubilación, al Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero y todo lo relacionado con la fiscalización pesquera. Lampadia

El océano representa una riqueza incalculable para todo el planeta. Sin embargo, nuestras acciones están lo poniendo cada vez en mayor peligro. Los océanos y los mares representan el 71% de la superficie terrestre. Son verdaderos reguladores climáticos, ya que produce alrededor de 70% del oxígeno que respiramos y absorben un tercio del dióxido de carbono que producimos.

Fuente:  theguardian.com

El campeón mundial de buceo libre Umberto Pelizzari levanta una bandera para representar el Objetivo 14: ‘Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible’ en la costa de Formentera, España.

Campaña de los Objetivos Globales / Enric Sala

Aunque su riqueza representa un enorme activo económico, su declive tiene un impacto negativo en la vida de millones de personas que dependen directamente de las actividades marítimas para vivir y prosperar. Debido a su gran extensión, a veces es difícil comprender el efecto negativo de la actividad humana sobre los océanos y sus frágiles ecosistemas. Cada año, más de 8 millones de toneladas de plástico son liberadas al océano. Esto amenaza a numerosas especies de peces.

La semana pasada la ONU llevó acabo su primera conferencia oceánica internacional, en la que representantes de diversos sectores marítimos de todo el mundo se reunieron en Nueva York del 5 al 9 de junio con un único objetivo: preservar nuestros mares y océanos.

Fuente:   verema.com

Esto también lo recogió el Economist Espresso, afirmando que:

La Reunión Marítima de la ONU

El océano toma protagonismo hoy en Nueva York mientras científicos, funcionarios, ejecutivos y expertos discuten cómo salvarlo. La pesca excesiva (casi el 90% de las poblaciones marinas han sido pescadas más allá de los límites sostenibles), la contaminación plástica (a mediados del siglo, el océano podría contener más plástico que peces) y la difícil situación de los arrecifes de coral (la mayoría de los cuales lucharán para sobrevivir las próximas tres décadas). El aumento de las emisiones de dióxido de carbono está cambiando la química del océano y la temperatura. El mar tiene una temperatura alrededor de 0.7 °C más cálida en promedio de lo que era en el siglo XIX. El mayor intento de reducir los cambios climáticos, el acuerdo de París sobre el clima, se verá debilitado por la retirada de Estados Unidos, anunciada la semana pasada por Donald Trump. Se espera que ninguno de los funcionarios de alto rango de su administración asista a la Conferencia Oceánica.

Reconociendo que el bienestar de las generaciones presentes y futuras está inextricablemente ligado a la salud y a la productividad del océano, los países que asistieron han acordado colectivamente en el llamado a la acción (Call to Action) a “actuar de manera decisiva y urgente, convencidos de que nuestra acción colectiva hará una diferencia significativa a nuestro pueblo, a nuestro planeta y a nuestra prosperidad”.

Si bien los diálogos se centraron en los múltiples problemas y desafíos que enfrenta el océano, todos los participantes ofrecieron soluciones y compromisos para revertir estos desafíos. En este ‘Llamado a la Acción’, los países acordaron implementar estrategias sólidas y duraderas para reducir el uso de plásticos y microplásticos, como bolsas de plástico y productos de un solo uso. Los países acordaron también desarrollar e implementar medidas efectivas de adaptación y mitigación que aborden la acidificación oceánica y costera, el aumento del nivel del mar y el aumento de la temperatura de los océanos, y que apunten a otros impactos perjudiciales del cambio climático en el océano.

El llamado a la acción también incluye medidas para proteger los ecosistemas de carbono costero, como manglares, praderas marinas y arrecifes de coral y ecosistemas interconectados, así como mejorar la gestión sostenible de las pesquerías, incluyendo el restablecimiento de las poblaciones de peces en el menor tiempo posible (al menos a niveles que puedan producir un rendimiento máximo sostenible). Se pide a los países que prohíban de manera decisiva ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyan al exceso de capacidad y a la sobrepesca y eliminen los subsidios que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Fuente:  broadwayworld.com

Los compromisos, a su vez, abordan todas las cuestiones necesarias para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de ‘Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos’. Según la ONU, los resultados de la conferencia fueron los siguientes:

• Los compromisos asumidos en la Conferencia indican que el mundo está bien encaminado a proteger más del 10% de las áreas marinas del planeta para 2020. Los compromisos asumidos durante la conferencia añaden el 4.4% de las áreas marinas al número existente.
• Muchos países anunciaron medidas para reducir o eliminar varios plásticos de un solo uso, como bolsas de plástico, que en última instancia, encuentran su camino hacia el océano.
• Numerosos países anunciaron que estaban intensificando sus esfuerzos para reducir la cantidad de aguas residuales y la contaminación que entraba en el océano de actividades terrestres.
• Muchos compromisos se centraron en ampliar el conocimiento científico sobre el océano y desarrollar y compartir tecnologías innovadoras para enfrentar los desafíos oceánicos.
• Hubo nuevos compromisos para proteger y gestionar la pesca. Algunos países anunciaron “zonas de prohibición de pesca” para cierta pesca.
• Se hicieron compromisos para establecer sistemas que permitan a los consumidores obtener pescado sostenible.
• También se adoptaron nuevos compromisos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y para reducir los subsidios a la pesca que están trabajando para agotar las poblaciones de peces.

Los problemas en los océanos significan problemas para la población en todo el mundo. El bienestar humano y la salud, la prosperidad económica y un clima estable dependen de océanos sanos. Esperamos que estas medidas ayuden en la promoción del desarrollo sostenible, lo cual es crítico para un mundo de mayor bienestar y desarrollo. Lampadia

La pesca es una actividad productiva muy significativa para el Perú y un sector importante de exportación. Por el momento, sin embargo, no explotamos todo nuestro potencial. Mientras que en el mundo el 50% de la pesca es extractiva y el resto acuícola, en el Perú tenemos 98% de pesca extractiva y sólo 2% acuícola.

El clima estable durante la mayor parte del año y la diversidad de cuerpos de agua continentales proveen condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad acuícola. Con cerca de 2,500 kilómetros de costa, la fría corriente de Humboldt es el hogar de una gran diversidad de especies de peces, moluscos, crustáceos, equinodermos y algas. Además de las aguas saladas, tenemos otro frente con importante potencial productivo en los ríos de la selva y las cochas de la sierra.

El Grupo Hochschild ya exporta paiche al mercado europeo

Fuente: Diario Gestión

Los mares del mundo ya están muy estresados por los volúmenes de pesca extractiva y se espera que la acuicultura pueda seguir creciendo en proporción del total de la pesca para que la humanidad aproveche la excelente calidad de la proteínas ictiológicas.

Acuicultura de Huaura (Acuahuaura), empresa del Grupo Redondos, que se dedica al cultivo Super intensivo de Tilapia

La acuicultura, después de estar décadas como entenada del sector pesquero proyecta convertirse en uno de los nuevos motores de nuestro crecimiento económico. Según el Viceministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Requejo, “con la reciente (fines del 2015) aprobación de inversiones acuícolas por más de S/. 92 millones y la ampliación de la frontera acuícola para nuevas inversiones en casi 25,000 hectáreas, en los próximos cinco años podríamos tener un crecimiento lo suficientemente importante como para aportar el 15% del PBI”.

El Perú es el primer exportador de harina y aceite de pescado en el mundo. Se trata de productos que se distribuyen a más de 100 países en los cinco continentes, entre los que destacan China, Alemania, Japón y Chile. Uno de sus principales aplicaciones es justamente la base de alimentación en los desarrollos de acuicultura.

Entre los años 2003 y 2014 el valor de las exportaciones pesqueras se incrementó en 165%,  alcanzando los 2,724 millones de dólares; de los cuales el 62% correspondió a productos para el segmento de CHI (consumo humano indirecto) y el 38% restante al segmento de CHD (consumo humano directo). Ver en Lampadia: Sembrando peces para cultivar oportunidades.

El enfoque del gobierno actual para el manejo del sector pesquero no ha sido el más feliz. En Lampadia lo hemos criticado con mucha fuerza. Ver: Graves fallas del ordenamiento pesquero y Más sobre el ordenamiento pesquero.

Sin embargo, ahora, así como criticamos al Ministro de la Producción Piero Ghezzi por lo indicado líneas arriba, hoy debemos celebrar su compromiso con el desarrollo de la acuicultura. Con el fin de impulsarla, creó una Mesa Ejecutiva Sectorial Acuícola de la mano con el sector empresarial, la cual rápidamente identificó 24 barreras tales como el elevado riesgo sanitario, sistema de trazabilidad débil y poco confiable e informalidad, entre otros. Ver más información sobre las reformas y logros de esta mesa en la sección Documentos de Lampadia:  Mesa Ejecutiva Sectorial Acuícola.

Fuente: Ministerio de la Producción

Para abordar estas barreras, se organizaron reuniones descentralizadas y plenarias. Por ejemplo, en Piura, se ha conformado el grupo de trabajo de Sechura que viene abordando el ordenamiento, los problemas ambientales y sanitarios de la bahía, para temas de la concha de abanico.

Según Ghezzi, el SANIPES (Organismo Nacional de Sanidad Pesquera), creado en este gobierno, permitirá la apertura de mercados al sector pesquero. Esto se debe a que este realizará un trabajo similar al del SENASA  con las  agroexportaciones, que apoya en el ingreso de nuestros productos a diversos mercados globales. Confirmando el incipiente desarrollo de la acuicultura en el Perú, Piero Ghezzi afirmó: “Mientras que en el mundo el 50% de la exportación pesquera es por la actividad acuícola, en el Perú solo llegamos a 1.5%, el resto es por la actividad extractiva”.

La multiplicación de los peces puede haber sido un milagro hace dos mil años, pero hoy día sabemos que está a nuestro alcance cotidiano, se llama acuicultura. Por fin estamos empezando a aprovechar esta gran oportunidad que representa una magnífica contribución a las necesidades de alimentación de calidad de la humanidad. Lampadia

Editorial

Muchos reclaman y otros se preguntan estos días ¿cómo es posible que los trámites y los procesos electorales sean tan absurdos, detallistas y complejos? ¿Qué les pasa a los Magistrados del Poder Electoral para exigir tantos requisitos y demorar tanto sus laudos?

Pues los Magistrados del sistema electoral no están desquiciados, no son torpes, no son la exageración del burocratismo. Solo tienen que aplicar las leyes, normas y procedimientos que se han ido dictando para complicar todo, para crear una ‘urdimbre regulatoria’ (urdimbre = maniobra, intriga, maquinación, enredo, etc.) de la cual solo se puede salir cambiando las normas y mientras tanto, nos guste o no, aplicando leyes y procedimientos. ‘Dura es la ley, pero es la ley’.

Exactamente lo mismo se ha tejido para las relaciones de los ciudadanos con el Estado en sus trámites con la burocracia, con el Poder Judicial, con los municipios, etc.

Igualmente sucede con las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Así es el ‘vía crucis’ para sacar una licencia, ya sea del letrero de un nuevo negocio, las inspecciones de Indeci, las licencias municipales, la aprobación de un nuevo programa universitario, la autorización para poner una clínica, un colegio, un centro comercial, una fábrica, una antena de celulares, un proyecto minero, pesquero, maderero, etc., etc., etc.

Esa es la locura que se ha urdido a pulso con el afán normativo de los funcionarios públicos, fundamentalmente desde el gobierno de Paniagua, con distintos ritmos de creatividad, hasta el ultra-paralizante gobierno de Humala.

Sí queridos lectores, por eso es que todo demora, por eso es que se frenó el crecimiento de la economía, por eso es que la corrupción está a la orden del día, detrás de cada requisito. Por eso cayó la inversión privada y la productividad de la economía. Ver el siguiente gráfico:

Como hemos dicho muchas veces, la inversión de la nueva minería ha sido uno de los motores más importantes del crecimiento, no solo por sus impactos directos, también por los indirectos, producto de su encadenamiento con los demás sectores de la economía. Veamos en los siguientes dos gráficos, la evolución de la normativa minera:

Lo mismo que determina la dinámica del sistema electoral y del sector minero, afecta todas las inversiones y la vida de todos los ciudadanos.

Evidentemente, esta frondosa realidad tramitológica origina que muchos ciudadanos y empresas opten por la informalidad. Pero ese no es el camino, ni de los partidos políticos, ni de las empresas. El camino es emprender una poda masiva y generalizada de las ligaduras que están asfixiando la economía nacional y la sociedad en conjunto.

El camino no es el del irrespeto que registra el comportamiento del partido político ‘Todos por el Perú’ (que está dando un ejemplo clamoroso de falta de civismo). El camino es la reforma institucional detrás de una visión compartida de desarrollo integral que nos lleve a recuperar la capacidad de ser una sociedad exitosa en el mundo que nos toca vivir.

Estamos por elegir nuevas autoridades nacionales, aprovechemos la experiencia que el proceso electoral ha puesto a la luz, para entender nuestros males y comprometernos con el rediseño institucional. Es un mandato urgente del que ahora nadie puede esconderse. Lampadia