El incremento de partos institucionales representa una mejora en las condiciones de dar a luz de las mujeres. Esto reduce las probabilidades de muerte del bebé en el nacimiento y de muerte de la madre por complicaciones.

(N.R. Se considera partos institucionales a aquellos que tienen lugar en un puesto o centro de salud, posta, policlínico u hospital perteneciente a MINSA, CLAS, ESSALUD o un consultorio médico o clínica particular)

 El gráfico muestra que Huancavelica fue la región que más aumentó sus partos institucionales con un avance de 56 puntos porcentuales del 2004 al 2011, seguido por Huánuco con un avance de 39 puntos porcentuales (considerando que ambas regiones tienen más de 40% de pobreza).

Casi todas las regiones (23) avanzaron y el Perú aumentó en 13.9 puntos porcentuales, sin embargo, más de la mitad de las regiones crecieron por encima de éste.

En Apurímac, el 100% de sus partos son institucionales en el 2011. Por el contrario, Ucayali cuenta con el menor porcentaje de partos institucionales (72%) y un lento avance de 3 puntos porcentuales.

Al momento en que cerramos esta edición, no queda claro el contenido del proyecto de ley de desarrollo docente. No solo porque el gobierno ha cometido el desacierto de mantener su confidencialidad en medio de tanta controversia (incluso cuando una supuesta versión del mismo ha circulado por todos los medios de comunicación), sino porque parece que ni siquiera coinciden sus mismos funcionarios en lo que este dispone. Un aspecto en el que esto ha sido cantinflescamente obvio es en lo que toca al papel que jugará el Sutep en la evaluación de los profesores dentro de la –supuestamente– nueva carrera meritocrática.

El sábado la ministra de Educación, Patricia Salas, confirmó en RPP que el Sutep formaría parte del comité evaluador del magisterio, que estaría encargado de determinar qué profesores podrán escalar en la carrera docente. Al día siguiente, sin embargo, el ministro de Trabajo, José Villena, declaró enfáticamente: “Jamás permitiremos que un sindicato sea el fiscalizador de los trabajadores”. Asimismo, ayer, el viceministro de Gestión Pedagógica, Martín Vegas, sostuvo que según el proyecto de ley del Ejecutivo el Sutep no participará en ningún comité ni será parte de la vigilancia en el proceso de evaluación de maestros. El viceministro, sin embargo, no supo cómo explicar las declaraciones contrarias de su superior, la ministra Salas.

Frente a este popurrí de oficiales aproximaciones a la realidad, no sabemos hoy a ciencia cierta qué dice el famoso (y clandestino) proyecto. De lo que sí estamos seguros, sin embargo, es que sería, siendo generosos, una pésima idea permitir que el Sutep evalúe a los profesores.

Las evaluaciones de los maestros deben tener como objetivo seleccionar a los mejores para que suban de categoría y obtengan un mayor salario, a fin de crear incentivos para elevar la calidad de su desempeño. Además, tan importante como esto, es que deben servir para detectar qué profesores no cumplen con las calificaciones mínimas requeridas para encargarles la educación de nuestros hijos y, consiguientemente, poder separarlos del magisterio. Por estos motivos, es claro que el proceso de selección tiene que ser lo más objetivo y técnico posible.

¿Puede ser objetivo y técnico el Sutep al momento de evaluar maestros? Obviamente no. Para empezar, se trata de una organización gremial, cuyos intereses se encuentran naturalmente sesgados hacia la defensa de los profesores y no del fin supremo del sistema educativo: los alumnos. Por eso, salvo que creamos que el gato puede hacer de despensero, no tiene sentido encargarles a los maestros que se evalúen a sí mismos.

Confiarle al Sutep la evaluación de los profesores tiene tanto sentido como dejarle a los productores nacionales de algodón la decisión sobre si poner aranceles a los productos importados. Y es que el abogado de parte nunca puede ser, al mismo tiempo, un juez imparcial.

Por otro lado, el Sutep es, según su propio estatuto, una organización que basa su accionar en la idea marxista de la lucha de clases, es decir, una plataforma ideológica que busca demagógicamente la igualdad de resultados entre sus miembros más allá de sus desempeños. Su naturaleza dista mucho de ser una organización técnica y sus principios (que hoy hasta la China comunista ya ha descartado) se encuentran en la esquina opuesta de la meritocracia. Y basta repasar su seguidilla de lobbies, robos de pruebas y violentas movilizaciones cada vez que se ha intentado establecer una jerarquía basada en los logros individuales en nuestra educación pública, para confirmar lo disciplinado que es este sindicato al momento de llevar sus principios a la práctica.

Incluir al Sutep como evaluador de los maestros finalmente sumaría un indicio más a aquellos que apuntan a que la ministra Salas viene negociando con el sindicato para entregarle una tajada de la torta que lo mantenga endulzado y le evite complicaciones al gobierno. Recordemos que su decisión de abandonar la Ley de Carrera Pública Magisterial fue anunciada luego de afirmar tramposamente que la iba a relanzar, salteándose al Consejo Nacional de Educación, pero conversándolo paralelamente con el Sutep.

Sobran, entonces, las razones para no entregarle al gremio este poder. Especialmente, cuando reparamos en que cada pedazo de la torta que le entregamos al Sutep se la arrancamos de las manos a los niños que hoy sufren con una de las peores educaciones del mundo.

La semana pasada informamos que el Ministerio de Economía y Finanzas había suscrito un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$20 millones para agilizar proyectos en las zonas con mayor índice de pobreza en el país. Así las cosas, el Proyecto de Mejoramiento de la Inversión Pública Territorial, como ha sido titulado por el ministerio, se concentrará en regiones como Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Puno.

Lo destacable: servirá para formar equipos técnicos multidisciplinarios con experiencia en pre-inversión, ejecución y contrataciones, que trabajarán con los funcionarios de los gobiernos regionales para desentrampar la ejecución del gasto público.

Como se sabe, buena parte de lo que hoy se encuentra atorado en dicha trampa son los proyectos de infraestructura (no es casual que el BID calcule que nuestra brecha en este rubro rodee los US$45.000 millones). Pero algo de lo que no todo el mundo es consciente es que este problema no solo afecta la competitividad del país, sino además –y de manera fundamental– la superación de la pobreza. Pruebas de ello podemos encontrar en el reciente documento de trabajo elaborado por el Banco Mundial titulado “Perú en el umbral de una nueva era”, que demuestra cómo dicha situación afecta principalmente a los más necesitados.

Cuando se compara la costa (donde se ubican los polos de mayor desarrollo) por un lado con la sierra y selva por el otro, se encuentra que existe una brecha de 20% en el acceso a los servicios de electricidad, agua y saneamiento. De hecho, en 18 regiones del país más del 10% de la población no tiene acceso a ningún servicio (las otras 7 coinciden con las más pobladas y prósperas de la costa). Y en Amazonas, Puno, Cajamarca y Huánuco esta situación afecta al 40% de las personas.

Para el caso del acceso a agua limpia, la realidad del Perú es que solo alrededor del 83% de sus ciudadanos tiene acceso a ella, cuando el promedio de América Latina y el Caribe es de 90%. La consecuencia es mucho más que una enorme incomodidad para millones, pues la incidencia de enfermedades infecciosas (y, por lo tanto, la expectativa de vida) se encuentra directamente relacionada con el acceso a agua limpia y desagüe.

Con la tasa de electrificación sucede algo similar. Según el informe del Banco Mundial, en el 2006 (último año con cifras comparables en la región) el 73% de los peruanos tenía acceso a electricidad frente al 78% de América Latina y el Caribe. El problema es especialmente grave en zonas rurales de nuestro país, donde dicha tasa no pasa del 32% de la población. Así, las familias de tales lugares tienen menos oportunidades de utilizar herramientas modernas que aumenten su productividad, gozar de mejores condiciones de vida (y hasta refrigerar la leche de sus hijos).

De la calidad vial, por otra parte, tampoco hay mucho de qué estar orgullosos: solo 6 kilómetros por cada 100 kilómetros cuadrados de superficie son caminos, mientras que el promedio en América Latina y el Caribe es de 17 kilómetros; y el porcentaje de caminos pavimentados solo es de 18%, cuando el promedio regional es de 23%. Esto supone que a los ciudadanos de las zonas más excluidas les cuesta más comerciar sus productos, ir al trabajo o enviar a sus hijos al colegio. De alguna manera, la falta de desarrollo vial los tiene atrapados en la miseria.

Revertir esta situación tendría un impacto importante en el combate a la pobreza. Según Escobal y Torero, el ingreso de los hogares aumenta en un 13% cuando acceden a agua y electricidad, en un 23% si tienen acceso además a saneamiento y en un 36% si a eso le suman acceso a telecomunicaciones. Además, estos autores han comprobado que cuando se rehabilitan los caminos rurales el ingreso de estas familias aumenta en un 35% por tener un mercado más grande a su alcance.

Por todo esto, desarmar la trampa en la que ha caído la infraestructura debería ser uno de los principales programas de desarrollo nacional. Y no solo por sus beneficios inmediatos para los más necesitados sino porque, además, a diferencia de los programas asistencialistas, el agua, la electricidad o los caminos sí ayudan a que la gente salga adelante por sí misma.