La utilización del caso Máxima Acuña como mecanismo de hostilización a la gran inversión minera se mantiene con el beneplácito de gran parte de la prensa nacional que -en el mejor de los casos- ejercen el papel de tontos útiles de ONGs anti-mineras que han armado una farsa[i] alrededor de un caso fundamentado en mentiras fragantes y medias verdades. Ahora han dado rebote mediático a la campaña “Máxima No está Sola” desplegada por Amnistía Internacional[ii].

Lamentablemente varios medios de comunicación y líderes de opinión que han tratado el tema se han comportado de dos maneras. Por un lado están aquellos que divulgan la versión del caso Máxima, planteando que los anti-mineros creen que están defendiendo a una mujer víctima de abusos, pero que no han realizado el más mínimo esfuerzo por verificar si aquello es verdadero o es una farsa. Estos medios están renunciando a la aplicación de las buenas prácticas periodísticas y en especial al principio de escuchar a ambas partes[iii]. En este grupo se incluyen a periodistas que no comparten la ideología Pos-extractivista pero deciden quién es la “victima” y quien el “victimario” en función a las quienes son los protagonistas. El caso se presenta como el de una gran empresa minera trasnacional (Yanacocha) contra una mujer campesina (Maxima Acuña). Tan apegados están al guión que les resulta irrelevante que las evidencias estén del lado de la empresa, y que la mujer campesina resulte diciendo mentiras  sistemáticamente. Para estos líderes de opinión las identidades de las partes enfrentadas determinan quien tiene la razón y la realidad no es algo a constatar. Están tan convencidos que la empresa minera es, por definición un ente malvado, que no consideran necesario conocer su versión, es sorprendente que tampoco les interese comunicarse con los campesinos de la zona, que conocen muy bien quién es la señora Máxima Acuña y de qué vive, para saber cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira en la historia que están propalando.

Por otro lado están quienes apoyan la campaña “Maxima no Está Sola” a sabiendas de que se trata de una gran mentira. En este grupo se encuentran aquellos que están involucrados en el tema por razones ideológicas. Dadas las sólidas evidencias de que el caso Chaupe es un fraude, es muy difícil que alguien que investigue el caso no se dé cuenta de que se trata de un montaje. Este grupo, que incorpora a ONGs que se definen como “defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente” y su entorno, impulsa el caso Máxima Chaupe en la medida en la que el mismo les permita avanzar en el logro de sus intereses ideológicos y económicos.

En su esquema ideológico consideran que el propagar el caso Máxima es un mecanismo de “visibilización” ante el gran público, de los “ejes de injusticia” que consideran intrínsecos al desarrollo capitalista. Ideas como: abusos del patriarcado, el extractivismo, el colonialismo eurocéntrico y el capitalismo transnacional pueden comunicarse al público en una manera simple entendible y emocionalmente efectiva a un amplio público, con la figura de una persona. Para estos grupos el caso Máxima es una efectiva herramienta para la lucha política en contra del modelo económico de libre mercado. Para ellos sacrificar la verdad es un precio menor que se justifica frente al “bien mayor” de impulsar las transformaciones sociales deseadas, una especie de maquiavelismo mediático.

A los grupos ideologizados, ligados al pos-extractivismo, no se les puede demandar que dejen de ser cómplices de la mentira. Ellos son “mercaderes de la moralidad” y la invención de mitos es parte importante de su negocio. Dejar de hacerlo implicaría renunciar a su razón de ser, sacrificar su imagen, alejarse de sus redes sociales, abandonar su posicionamiento social e incluso su bienestar económico. Sin embargo, la propagación de mentiras perniciosas como las de Máxima Acuña, también depende de quienes, siendo parte de los medios de comunicación, no practican los principios del periodismo independiente para beneficiarse con el facilismo de historias del abuso del grande versus el pequeño. Sorprendentemente, no les importa que de ellos, termine dependiendo la campaña de deslegitimación de un modelo de desarrollo que  impacta favorablemente en el bienestar de la población, reduciendo la pobreza y la desigualdad, y abriendo nuevas posibilidades de futuro para el Perú. Lampadia

Por Jaime de Althaus

Para Lampadia

Ha sido una pésima noticia el reciente fallo de la Sala Penal de Bagua que absolvió a 52 nativos de los cargos de asesinato de 12 policías ocurrido en la Curva del Diablo el 2 de junio del 2009, como parte de los enfrentamientos que derivaron en la muerte de 24 policías y 9 nativos conocido como el “baguazo”. Pésima noticia porque transmite el mensaje de la impunidad,  de que en nuestro país es posible inventar mitos expoliadores para movilizar irresponsablemente a las poblaciones con consecuencias fatales, y no pasa nada. De que es posible matar policías y no hay consecuencias penales.

Vergonzosa sentencia

Esta es una muy mala señal al inicio de un gobierno que podría tranquilamente fracasar jaqueado por movilizaciones basadas también en falsedades inventadas o en medias verdades que son peores que las mentiras porque son más difíciles de desmontar.

Porque eso fue lo que tuvimos en este caso. El “baguazo” fue el punto culminante de una larga movilización de comunidades nativas que fueron convencidas por ONGs, Obispos, antropólogos, periodistas, políticos y por sus propios dirigentes, de que el gobierno, digitado por las transnacionales de las industrias extractivas, había promulgado diez decretos legislativos para despojarlos de sus tierras y bosques. Y, por supuesto, ante tal amenaza, era lógico que las comunidades se pintaran la cara de rojo y se lanzaran a la guerra para defender sus posesiones.

Por eso, aquí no se trata de juzgar y castigar sólo a los que ejecutaron los disparos que cegaron la vida de doce policías. Hay que hacerlo, si es que existen las pruebas, sin dudas y sin miramientos culturales, porque ninguna cultura admite el asesinato. Pero también hay que identificar y juzgar a quienes inventaron y difundieron el mito expoliador de los decretos legislativos. ¿Se configura acá la modalidad de Autoría Mediata?

Es verdad que ese mito pudo alcanzar vuelo gracias a una historia de abusos, pérdidas y amenazas que las comunidades habían sufrido desde la época del caucho. Pero el mito debió tener una fuerza de atracción muy grande para  lograr el poder movilizador que tuvo, que llevó a que comunidades nativas, hasta ese entonces casi desconocidas o ignoradas, muchas en una economía paleolítica, pudieran doblegar al Estado obligándolo a derogar algunos de los decretos legislativos mencionados luego del saldo fatal de 24 policías muertos. Acaso el psicosocial más cruentamente eficaz de la historia contemporánea.

Las comunidades nativas de la selva se movilizaron, efectivamente, contra diez decretos legislativos[1] que fueron promulgados entre marzo y junio del 2008 al amparo de facultades legislativas pedidas por el Ejecutivo con la finalidad de dar las leyes necesarias para adaptar la legislación a los estándares demandados por el tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos y aprobado por el Congreso el 2006. El espíritu de esas leyes era conseguir una explotación sostenible y formalizada, controlable, de los recursos forestales de la selva, preservando los derechos de los nativos. Pero los nativos fueron persuadidos de lo contrario, de que la intención aviesa de las leyes era despojarlos de sus tierras y bosques.

Es cierto que uno de esos decretos legislativos contenía una disposición que podía eventualmente ser aprovechada para esos fines protervos, es decir, para adquirir tierras comunales. Era el 1015, dado el 19 mayo de 2008, que permitía a las comunidades campesinas y nativas de la Sierra y Selva vender sus tierras sólo con la aprobación de la mitad más uno de los miembros de la comunidad presentes en la asamblea, lo que, en la práctica, significaba que la comunidad podía enajenar sus tierras por decisión de una fracción pequeña de sus miembros, que podían haber sido comprados por alguna empresa capitalista. Pero resulta que este decreto legislativo ¡ya había sido ya derogado por el Congreso diez meses antes de Baguazo, en agosto del 2008!, y, por lo demás, tampoco era aplicable a los bosques de las comunidades porque éstos no son propiedad de las comunidades nativas sino de la nación, según la Carta Magna, de modo que las comunidades no podían venderlos.

No había, por lo tanto, razón. Los demás decretos legislativos eran inocuos. Nunca resultó claro, durante el debate público y mediático que se desarrolló los meses y semanas anteriores al baguazo, qué artículos o disposiciones de los famosos decretos legislativos pudieran afectar, en su aplicación, los derechos indígenas. Cuando se pedía que se precisara cuáles eran, se evadía la respuesta y se insistía en demandar la derogatoria de todos los decretos ya no por su contenido sino porque no habían sido consultados tal como lo exigía el Convenio 169 de la OIT suscrito por el Estado peruano, convenio del que ni el Estado tenía mayor conciencia y que no había sido reglamentado y, por lo tanto, no podía ser aplicado.

No obstante, recién después de la tragedia aparecieron algunos intentos de señalar artículos potencialmente amenazantes en los decretos. El informe en minoría de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua, firmado por Carmen Gómez Calleja y Jesús Manacés Valverde, señala que los decretos legislativos 994 y 1064 introdujeron un concepto ampliado de tierras eriazas destinadas a la inversión privada: ya no sólo las tierras improductivas por falta de agua, sino también las que tienen exceso de agua y no están tituladas, sugiriendo que por esta vía se pretendía despojar a las comunidades nativas de sus tierras. Pero si se revisa el decreto legislativo 994, vemos que, si bien dice que “son tierras eriazas con aptitud agrícola, las no explotadas por falta o exceso de agua” (Art. 3) (la misma definición está en el 1064), también precisa que está dirigido sólo a “promover la inversión privada en proyectos de irrigación de tierras eriazas con aptitud agrícola de propiedad del Estado” (Art. 2), excluye “aquellas sobre las que exista título de propiedad privada o comunal inscrito en los registros públicos” (3.2), y establece que “no se considera tierras eriazas con aptitud agrícola… las tierras forestales y aquellas con capacidad de uso mayor forestal” (3.3.e). De modo tal que si estas últimas, sean o no de propiedad comunal, no eran materia de concesión al sector privado para proyectos de irrigación, quedaban automáticamente a salvo gran parte de los territorios de las comunidades nativas.

El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP), en un documento publicado días después de los sucesos de Bagua, señala que en la Amazonía las tierras consideradas eriazas por exceso de agua, como los aguajales y zonas ribereñas donde se recolecta huevos de tortuga, sirven de sustento a las comunidades. Pero, francamente, es imposible imaginar que alguien quiera hacer una irrigación en un aguajal, de modo que el 994 no se aplica a esas tierras. Sólo se aplicaría, entonces, acaso, a aquellas tierras ya deforestadas y de uso agrícola –no forestal- y que, además, no estuviesen tituladas y fuesen aptas para ejecutarse en ellas proyectos de irrigación. Si las comunidades nativas poseen áreas que reúnen todas esas particulares condiciones, pues, sí, debió incluirse un artículo que precisara que en esos casos no podría haber adjudicación al sector privado mientras no culminara el proceso de titulación a la comunidad, o algo por el estilo. Con una frase se arreglaba el problema. Nadie del lado de los nativos quiso identificar la frase.

Pues, obviamente, el objetivo de ese decreto no era despojar de sus tierras a las comunidades nativas. Era fomentar proyectos de irrigación en tierras eriazas, la mayor parte de las cuales están en la Costa. Pero este decreto fue relacionado al 1090, la Ley Forestal y de Fauna, que establecía que “el cambio de uso debe ser autorizado por la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre basado en un expediente técnico que principalmente garantice la sostenibilidad del ecosistema” (art. 25), de modo que la interpretación era: quienes quieran apoderarse de tierras comunales pues buscarán el cambio de uso para declararlas agrícolas y de esa manera solicitar su adjudicación para proyectos de irrigación. Esa era la supuesta estrategia del despojo.

La suspicacia podía tener sentido en un país en el que, con alguna frecuencia, las normas se han dado para favorecer intereses particulares. Pero aquí estamos en el supuesto negado de que existen tierras comunales no tituladas en la selva en las que se pueda realizar proyectos de irrigación. ¿Proyectos de irrigación en la selva? Aun admitiendo lo imposible, dicha atingencia se podía resolver también muy fácilmente, con una frase o un artículo. De hecho, el Congreso, atendiendo a este y otros asuntos, dictó, el 13 de enero del 2009, cinco meses antes del baguazo, la ley 29317, que introducía modificaciones a la ley Forestal contenida en el decreto 1090. Respecto de este punto, que era más sensible, dispuso lo siguiente:

“No habrá cambio de uso en las tierras que pertenecen al patrimonio forestal cualquiera sea su categoría, salvo cuando se trate de proyectos declarados de interés nacional en cuyo caso la autoridad encargada de determinar la procedencia del cambio de uso es el Ministerio del Ambiente en coordinación con la entidad del sector público correspondiente. Dichos proyectos deben cumplir con lo establecido en la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y su Reglamento” (art. 6).

Fuente: Exitosa

Es decir, la nueva redacción establecía garantías mucho más fuertes para el cambio de uso, que complicaban extremadamente la posibilidad de una arbitrariedad. Pero tampoco fue suficiente. La demanda maximalista de derogar todos los decretos legislativos se mantuvo.

Lo increíble, es que la propia Defensoría del Pueblo había cuestionado la constitucionalidad del mencionado decreto legislativo 1090, con argumentos discutibles y poco equilibrados, acaso ideológicamente sesgados, que legitimaron y dieron alas a las movilizaciones indígenas. Pero esto es algo que veremos en la próxima entrega.

Nota: Este artículo toma elementos del capítulo 11 del libro “La Promesa de la Democracia” de Jaime de Althaus

Lampadia

Entrevista a Flemming Rose

Por Sebastián Salazar Núñez

(El Comercio, 04 de Abril de 2015)

Por los shorts cargo y medias alzadas podría confundírsele con un turista cualquiera. Sin embargo, el séquito de seguridad que lo acompañó en Lima despejó esa imagen inmediatamente.

¿Qué lo llevó a publicar esas caricaturas?

Creo que es bastante importante decir que estas caricaturas no aparecieron de la nada. No se trataba de ofender a musulmanes y ver cómo reaccionarían. No. Fue en respuesta periodística a un fenómeno que vimos que sucedía.

¿Cuál era el contexto?

En aquel entonces hubo un debate en Dinamarca sobre autocensura relativa al islam. Hubo varios casos de autocensura y para averiguar si existía en realidad este fenómeno, comisionamos las caricaturas. Solo cuatro de las 12 mostraban al profeta.

¿Publicaron inmediatamente las caricaturas?

Luego de comisionar las caricaturas, las recibimos y tuvimos una discusión sobre si había suficiente evidencia periodística para escribir una historia en torno a ella. Encontramos varios casos similares respecto del islam: uno en Dinamarca, uno en Suecia y dos en Londres. En todos ellos, el miedo a las consecuencias generaba una autocensura. Todo esto en el lapso de 10 días.

¿Cómo ve la tendencia ahora?

Creo que hoy la gente se inclina más hacia la autocensura por el miedo. Hay ejemplos en Francia. Museos que cancelan exhibiciones, obras en teatros que salen de cartelera. Y esa sensación de intimidación creció después de lo que pasó en “Charlie Hebdo” y en Copenhague.

¿Se arrepiente de su decisión?

No me arrepiento de haber comisionado esas caricaturas. El periodismo trata de poner el foco en temas importantes. Y la publicación de esas caricaturas inició un debate muy importante: el papel de la libertad de expresión en una sociedad multicultural y multiétnica. Por supuesto que me arrepiento de la violencia, las matanzas y no creo que una caricatura valga una vida humana, pero la cuestión es qué hacer cuando muchas otras personas creen que está bien matar por una caricatura.

¿Cómo ha cambiado su vida?

Ahora tengo que vivir con seguridad y entiendo que probablemente tendré que vivir con eso el resto de mi vida. Estoy en el top 10 de personas que deben asesinarse de Al Qaeda. Es indignante, es … increíble.

¿Cuáles son entonces, a su juicio, los límites de la libertad de expresión?

Creo que hay tres tipos de limitaciones. El más importante es incitación a la violencia. La gente no debería estar permitida de incitar a la violencia. En segundo lugar, la difamación. No se debería ser libre de deliberadamente mentir para arruinar la reputación de otras personas. Y finalmente, creo que las personas en una democracia tienen derecho a su privacidad. Que la prensa no debe tener el derecho de escribir lo que quiera sobre las vidas privadas de los ciudadanos. Esos son los tres tipos de limitaciones que defendería.

¿Cómo ha afectado a las personas que le son cercanas?

Por suerte, mi esposa es rusa [ríe], así que es dura. Mis hijos son mayores y no viven en casa y doy gracias por eso. Claro que están preocupados, pero nunca me han dicho que deje de hacer lo que hago, a pesar de las consecuencias. Habría sido muy difícil para mí si lo hubieran hecho.

¿A qué cree que se debe este fenómeno de autocensura?

Bueno yo lo llamo “fundamentalismo de agravio”. Cada vez más gente sinceramente cree que tiene derecho a no ser ofendida. En una democracia se tiene varios derechos: votar, libertad de religión, de movimiento etc., pero el único derecho que no se debería tener es el de no ser ofendido. Pero más gente cree que tiene ese derecho y ‘juega’ la carta de la ofensa cada vez más. En todo el mundo. Pero no es solo con el islam. En Europa es el islam, pero en la India son nacionalistas hindúes, en Rusia, por ejemplo, Pussy Riot. Es un fenómeno mundial creciente.

¿Por qué cree que esto ocurre?

Creo que se basa en políticas de identidad, ya que a las personas en un mundo globalizado les resulta muy difícil responder a la pregunta: “¿Quién soy?”. Todos buscamos identidades para protegernos y tener un sentido propio. Cuando encontramos una identidad, la queremos proteger contra cualquier ofensa. El resultado es que al final se vuelve más importante qué nos distingue de los demás que aquello que compartimos con otros seres humanos. En mi libro exploro mi experiencia con este fenómeno, pero no me limito a Dinamarca o Europa. Se trata de lo que pasa en otras partes del mundo con distintas religiones e ideologías y sobre distintos períodos de la historia. Sobre las guerras de la religión en Europa, sobre el comunismo en Rusia soviética, la Alemania de Weimar y diferentes episodios históricos en los que se revisa la libertad de expresión, las limitaciones de esta y, más ampliamente, de la libertad.

¿Cómo se debería dar pelea en ese campo?

Es un desafío para la sociedad completa. No es una batalla que los periodistas puedan ganar o perder solos. Esa es una de las cosas que aprendí con mi experiencia. Yo me sentía seguro en un periódico grande y con reputación y pensé que podíamos ganar la batalla. Pero tengo que reconocer que no podemos ganar la batalla sin amplio soporte. Se necesita el apoyo de la mayoría de la sociedad para ganar esta batalla que concierne a la libertad de expresión. No es solo para la prensa o para los políticos, sino también para la sociedad civil.